STC743-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC743-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2022-00395-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n que se formul\u00f3 frente al fallo proferido el 13 de diciembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovieron Julio C\u00e9sar Morato Ortiz, Carlos Arturo Reyes Rodr\u00edguez y Renso Alexander Garc\u00eda Parra contra la Asamblea Departamental del Tolima y el Consejo Nacional Electoral. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas a la igualdad, debido proceso, \u00abderecho fundamental aut\u00f3nomo de oposici\u00f3n\u00bb y \u00aba la no discriminaci\u00f3n por opini\u00f3n pol\u00edtica\u00bb, que dicen vulneradas por las autoridades accionadas, por lo que pidieron \u00abrevocar [la] elecci\u00f3n de los miembros de la mesa directiva de la Asamblea Departamental del Tolima\u00bb, por tanto, \u00abdejar sin efectos la votaci\u00f3n convocada\u2026 para la elecci\u00f3n de la Mesa Directiva\u2026, realizada el 12 de octubre de 2022\u00bb; y \u00abexhortar a las Mesas Directivas, Secretar\u00edas y miembros de la Asamblea [accionada]\u2026 a respetar la voluntad y autonom\u00eda de los partidos declarados en oposici\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
2. Como soporte de tales pretensiones, expresaron los promotores, en resumen, lo siguiente: <\/p>\n
2.1. Frente al Gobierno Departamental del Tolima, \u00abse encuentran declaradas en oposici\u00f3n las organizaciones pol\u00edticas Partido Liberal Colombiano y Partido Alianza Verde\u00bb. <\/p>\n
2.2. En la elecci\u00f3n de la mesa directiva de la Asamblea accionada para el a\u00f1o 2020, \u00abse postul\u00f3 por unanimidad por los partidos declarados de gobierno al diputado Marco Emilio Hincapi\u00e9\u2026, desconociendo el derecho de ser ocupado este cargo por alguno de los miembros de los\u2026 partidos declarados en oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.3. En la elecci\u00f3n de la mesa directiva para el a\u00f1o 2021, se postul\u00f3 \u00abpor unanimidad por los partidos declarados en oposici\u00f3n a [un] diputado del Partido Liberal Colombiano\u2026 para ocupar la\u2026 primera vicepresidencia\u00bb. <\/p>\n
2.4. En la elecci\u00f3n de la mesa directiva para el a\u00f1o 2022, \u00abpor unanimidad los partidos\u2026 de gobierno postularon a la diputada Rosemery Mart\u00ednez\u2026, diputada por el Partido Cambio Radical, pero su curul fue obtenida dado a las disposici\u00f3n del Estatuto de la oposici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2.5. El 12 de octubre de 2022, en sesi\u00f3n de la Asamblea Departamental del Tolima, se eligi\u00f3 al diputado Felipe Ferro, como presidente de la mesa directiva, \u00abmiembro del Partido Centro Democr\u00e1tico por la postulaci\u00f3n que\u2026 hicieron los partidos declarado como\u2026 de gobierno\u00bb. Respecto a la primera vicepresidencia se eligi\u00f3 al diputado Fabi\u00e1n Felipe Moreno, \u00abintegrante del Partido Conservador, que hace parte de la bancada de gobierno\u00bb y, en cuanto a la segunda vicepresidencia, \u00abvulnerando el Estatuto de Oposici\u00f3n, fue elegido el diputado Maxjonny Barrios de la bancada de gobierno\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 21 de octubre de 2022, \u00abse elev\u00f3 solicitud al Consejo Nacional Electoral para que ejerza el control que le brinda el Estatuto de Oposici\u00f3n\u00bb, sin que, al momento de presentarse la tutela, se hubiese \u00abrealizado notificaci\u00f3n del reparto realizado para garantizar el derecho conculcado\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Consejo Nacional Electoral destac\u00f3 que \u00ablas organizaciones pol\u00edticas que consideren que les han sido vulnerados los derechos protegidos por el estatuto de oposici\u00f3n, pueden presentar ante [esa entidad] la acci\u00f3n de protecci\u00f3n de derechos de la oposici\u00f3n que para tal efecto trae consigo el art\u00edculo 28 de la Ley 1909 de 2018\u00bb, por lo que el mecanismo constitucional resulta improcedente. <\/p>\n
Adicionalmente, inform\u00f3 que la acci\u00f3n que formularon los promotores \u00abfue asignada por\u2026 reparto de la Subsecretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n, el d\u00eda viernes 21 de octubre de 2022\u2026, al Despacho del Magistrado Benjam\u00edn Ortiz Torres\u00bb, quien manifest\u00f3 impedimento para tramitar dicho asunto, por lo que las diligencias fueron remitidas \u00abal Magistrado que le sigue en orden alfab\u00e9tico de apellidos, esto es, al Despacho del Magistrado \u00c1lvaro Hern\u00e1n Prada Artunduaga, para que presentara ponencia de resoluci\u00f3n a la Sala Plena de la Corporaci\u00f3n\u00bb, quien \u00abpresent\u00f3 ponencia, la cual fue aprobada mediante Resoluci\u00f3n No. 5013 del 02 de noviembre de 2022, por la Sala Plena\u00bb. <\/p>\n
2. La Asamblea Departamental del Tolima defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n pedida, \u00abtoda vez que los accionantes, est\u00e1n utilizando este mecanismo de protecci\u00f3n en forma paralela a la acci\u00f3n de protecci\u00f3n de los derechos de oposici\u00f3n que trae el Estatuto de Oposici\u00f3n reglamentada en el art\u00edculo 28 de la Ley Estatutaria 1909 de 2018\u2026\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Los gestores manifestaron que \u00abel Tribunal no tom\u00f3 en consideraci\u00f3n el \u201cOficio de Informe en Acci\u00f3n de Tutela Rad: 2022-00395-00\u201d remitido\u2026 el\u2026 2 de diciembre de 2022, en el cual se anexa material probatorio referente a la procedencia por falta de diligencia en el amparo de los derechos fundamentales por parte del Consejo Nacional Electoral\u00bb, comoquiera que el reparto de su solicitud se hizo por fuera del t\u00e9rmino previsto en el art\u00edculo 28 la ley 1909 de 2018. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00absi bien es cierto que el Consejo Nacional Electoral es el juez natural\u2026 para garantizar\u2026 los derechos vulnerados, es m\u00e1s que evidente que act\u00faa en el presente proceso de manera incompetente y su actuar es nada diligente al momento de cumplir con los presupuestos facticos establecidos en la ley que lo regula\u00bb; y que \u00abes improcedente aguardar a un tr\u00e1mite resolutorio por parte del juez natural ya que este ha incumplido y quebrantado los t\u00e9rminos legales que lo facultan, ocasionando la procedencia para hacer uso de las acciones subsidiarias correspondientes al caso\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. Bajo esa \u00f3ptica y analizada la controversia suscitada, de los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias se anticipa la improcedencia del resguardo impetrado, comoquiera que los actores cuentan con otro mecanismo de defensa para exponer las quejas que por esta v\u00eda esgrimen, del cual, incluso, ya hicieron uso. <\/p>\n
Y es que, como lo consider\u00f3 el fallador de primer grado, para la protecci\u00f3n de los derechos de la oposici\u00f3n, en situaciones como la denunciada por los promotores, el legislador contempl\u00f3 el procedimiento que consagra el art\u00edculo 28 de la ley 1909 de 2018, mecanismo del que aquellos hicieron uso y est\u00e1 pendiente de resoluci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior traduce que como el referido medio de defensa est\u00e1 en curso, el juzgador constitucional no puede anticiparse a las decisiones que son del resorte exclusivo del fallador natural, ya que ello equivaldr\u00eda a invadir injustificadamente sus privativas funciones y competencia. <\/p>\n
Al respecto, reiteradamente ha sostenido la Sala que: <\/p>\n
\u2026 resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CJS STC6999, 27 may. 2016, rad. 2016-00436-01). <\/p>\n
3. En este punto, cabe a\u00f1adir, que no desconoce la Sala la demora que se ha suscitado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n que conoce el Consejo Nacional Electoral (CNE), por las vicisitudes propias de dicho tr\u00e1mite. <\/p>\n
Sin embargo, ello no hace viable el resguardo, a\u00fan como mecanismo transitorio, teniendo en cuenta que al interior del prenotado procedimiento ordinario (del que conoce el CNE) y con miras a cesar de inmediato los efectos de la actuaci\u00f3n que pregonan irregular, los demandantes cuentan con la posibilidad de solicitar el decreto de medidas cautelares, conforme se contempla en el literal g) del referido art\u00edculo 28 de la ley 1909 de 2018, herramienta de la que, se debe anotar, no aparece demostrado que hayan hecho uso. <\/p>\n
Entonces, no puede predicarse, como lo hacen los impugnantes, que el tr\u00e1mite que adelantan ante el CNE resulte ineficaz para la protecci\u00f3n de las garant\u00edas que acusan trasgredidas, pues lo cierto es que ni siquiera han utilizado la totalidad de mecanismos contemplados en la ley 1909 de 2018, para la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos. <\/p>\n
4. Basta lo dicho para confirmar la sentencia de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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