STC745-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC745-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00432-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el primero de diciembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 Mario Restrepo contra el Juzgado Segundo Civil Circuito de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, que dice vulnerado por la sede judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 que se le ordene \u00abconceder la alzada as\u00ed sea extempor\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del resguardo los que a continuaci\u00f3n se sintetizan: <\/p>\n
2.1. Sebasti\u00e1n Colorado promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Davivienda SA (radicado 2021-00130), que se decidi\u00f3 con sentencia del 15 de septiembre de 2022. Contra esa decisi\u00f3n el demandante interpuso apelaci\u00f3n, cuya concesi\u00f3n fue negada por el estrado acusado con auto del 9 de noviembre siguiente. <\/p>\n
2.2. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que \u00abel tutelado consigna en la acci\u00f3n popular radicada 2021 00130 00, que no concede [su] apelaci\u00f3n por ser extempor\u00e1nea\u00bb, pero que \u00abolvida\u2026 que no gusta cumplir los t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone la ley 472 de 1998 para el tr\u00e1mite constitucional\u00bb, entonces, \u00abc\u00f3mo puede el juzgador negar la apelaci\u00f3n, aduciendo que la apelaci\u00f3n es extempor\u00e1nea, pese a que no cumple t\u00e9rminos perentorios de tiempo que le impone la ley 472 de 1998 para tramitar la acci\u00f3n popular\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La Alcald\u00eda Municipal de Pereira dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, comoquiera que \u00abno existe responsabilidad [suya] en la presunta vulneraci\u00f3n de derechos al actor; el Municipio de Pereira no es responsable ni debe ser parte involucrada en la presente actuaci\u00f3n, atendiendo los argumentos f\u00e1cticos y normativos planteados\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira inform\u00f3 que el auto de 9 de noviembre de 2022, que neg\u00f3 la concesi\u00f3n de la alzada que se interpuso contra el fallo de primera instancia, \u00abfue corregido conforme al art\u00edculo 286 del C\u00f3digo General del Proceso, dado que en la providencia se se\u00f1al\u00f3 como actor popular a\u2026 Mario Alberto Restrepo, sin embargo, quien funge como accionante es\u2026 Sebasti\u00e1n Colorado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abMario Alberto Restrepo carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en raz\u00f3n a que el tutelante no intervino como parte en el proceso objeto de amparo, ya que no fue quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n popular y mucho menos particip\u00f3 en el proceso siquiera como coadyuvante\u00bb. Por lo dem\u00e1s, defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda de esa misma localidad solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, \u00abporque la situaci\u00f3n planteada\u2026 [le] es ajena\u2026\u00bb. <\/p>\n
4. Banco Davivienda SA manifest\u00f3 que \u00ablas decisiones judiciales atacadas cursaron con el lleno de los requisitos legales propios del proceso en que se originaron\u00bb, por lo que solicit\u00f3 desestimar el resguardo. <\/p>\n
5. La Procuradur\u00eda de Instrucci\u00f3n Regional Risaralda resalt\u00f3 que \u00abla acci\u00f3n popular aludida no fue promovida por la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n – Procuradur\u00eda Regional Risaralda ni este despacho ha tenido participaci\u00f3n alguna dentro de ella\u00bb y, adicionalmente, que \u00abel accionante no ha presentado ante esa Procuradur\u00eda\u2026 ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional y que haya ameritado intervenci\u00f3n ante el juez respectivo por parte de esa agencia del Ministerio P\u00fablico\u00bb. <\/p>\n
6. La Procuradur\u00eda Provincial de Instrucci\u00f3n de Pereira rindi\u00f3 informe. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal deneg\u00f3 el resguardo, por cuanto su promotor \u00abcarece tanto de la legitimaci\u00f3n por activa\u2026\u00bb, habida cuenta que \u00abno es parte ni tercero interesado en la acci\u00f3n popular No.2021-00130-00 que reprocha\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Expres\u00f3 el accionante que \u00aben estado, apareci\u00f3 [su] nombre y por ello tutel\u00f3, al ver [su] nombre como accionante, si existi\u00f3 un error fue inducido por el tutelado\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso sub examine, advierte la Corte que, como lo concluy\u00f3 el a quo, la solicitud de resguardo est\u00e1 llamada a fracasar, habida cuenta que su gestor, carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en el proceso fuente del reclamo, por no haber sido parte de esa contienda, pues quien promovi\u00f3 tal libelo fue Sebasti\u00e1n Colorado en contra del Banco Davivienda S.A., que no el ac\u00e1 actor, as\u00ed como tampoco aquel fue reconocido como interviniente en el referido asunto, conforme lo inform\u00f3 el estrado acusado. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n, que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes integran alguno de los extremos del litigio o fueron reconocidos como intervinientes. <\/p>\n
Al respecto, la Sala precis\u00f3: <\/p>\n
En un asunto de contornos similares al presente\u2026 que \u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct., rad. 2012-00171-01; reiterado en STC2689-2015, 11 mar., rad. 2015-00421-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se advierte que el promotor no ostenta la calidad de parte en la acci\u00f3n popular criticada, por lo que no puede promover el resguardo a t\u00edtulo personal, sin que tal conclusi\u00f3n se vea modificada por el hecho de que su nombre, err\u00f3neamente, se hubiese consignado en algunas piezas procesales, pues ello no lo convierte en un interviniente de dicho juicio, sino que constituye un error que, incluso, ya corrigi\u00f3 el estrado acusado. <\/p>\n
3. Se impone, entonces, confirmar el fallo objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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