STC749-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC749-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00165-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Civil-Familia. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El convocante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su prerrogativa esencial al debido proceso, presuntamente conculcada por la colegiatura requerida. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene \u00abresolver la alzada\u00bb dentro del expediente popular n.\u00b0 \u00ab2022-00076\u00bb, previa aportaci\u00f3n de \u00abconstancia secretarial[,] a fin de contar los 20 d[\u00ed]as que la ley [472 de 1998, art. 37,] impone\u00bb para el efecto. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que el Tribunal encartado, ante quien se surte el recurso de apelaci\u00f3n por \u00e9l interpuesto contra la sentencia de 28 de septiembre de 2022, que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira profiriera en el descrito litigio colectivo, iniciado por demanda suya frente a la propietaria del establecimiento \u00abBalcones de Pinares Inmobiliaria\u00bb, a\u00fan no ha puesto fin a la segunda instancia mediante el respectivo fallo, en abierto incumplimiento de los \u00abT\u00c9RMINOS\u2026 PERENTORIOS\u00bb de la norma especial y, asimismo, en desmedro del \u201cprecedente\u201d de la Corte (CSJ STC15115, STC15116, STC15220 y STC15139 de 20191). <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Corte imparti\u00f3 el rito correspondiente a la s\u00faplica supralegal de marras, librando las comunicaciones de rigor. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El ente colegiado requerido memor\u00f3 los sucesos y se opuso al \u00e9xito de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n, dada la enorme cantidad de negocios a cargo, <\/p>\n
respetando el debido proceso, adem\u00e1s de que (\u2026) tramita otros asuntos tambi\u00e9n de raigambre Constitucional y tr\u00e1mite preferencial (habeas corpus, acciones de tutela de primera y segunda instancia, incidentes de desacatos, etc.), cuyo volumen es notable, pues (\u2026) a diciembre del 2022, se tramitaron 5 habeas corpus, 103 tutelas de primera instancia, 137 de segunda instancia, 71 acciones populares; adem\u00e1s del estudio y discusi\u00f3n de proyectos de providencias sustanciadas por los dem\u00e1s magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n, [que] se convierten en limitantes de tiempo que permitan dictar el fallo con mayor celeridad, adem\u00e1s de las fallas de conectividad que se presentan, por lo cual no es posible cumplir los t\u00e9rminos que reclama el tutelante para desatar la alzada propuesta\u2026 <\/p>\n
Adjunt\u00f3 enlace de la contienda colectiva. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira concluy\u00f3 que los ataques le son extra\u00f1os. <\/p>\n
<\/p>\n
3. No se allegaron m\u00e1s informes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa. <\/p>\n
Es de lineamiento jurisprudencial que, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01), y por antonomasia, aparezca el mandato de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los elementos de convicci\u00f3n obrantes dan cuenta de la inviabilidad de la s\u00faplica de marras, en tanto que no refulge que la dilaci\u00f3n atribuida al Tribunal requerido sea injustificada. <\/p>\n
Acerca de la demora en lo judicial, la Corte ha precisado que <\/p>\n
\u2026se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u2026 (CSJ STC, 19 sep. de 2008, rad. 01138-00; reiterada en STC, 25 feb. 2013, rad. 00003-01; STC, 5 feb. 2014, rad. 00549-01; y STC12572-2015, 17 sep., rad. 00231-01). <\/p>\n
Igualmente, para esta Sala la mora en comento s\u00f3lo hace procedente un pedimento de amparo, bajo situaciones producto \u00abde un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando (\u2026) obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2011, rad. 00094-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. As\u00ed, lo discurrido en el consecutivo popular materia de cr\u00edtica no muestra comportamientos ap\u00e1ticos de la colegiatura jurisdiccional requerida, pues la excesiva carga laboral esbozada y las particularidades del decurso de la apelaci\u00f3n de fallo (decisi\u00f3n de tener por sustentada la alzada, con auto de 25 de enero de los corrientes, pendiente de ejecutoria), hacen notar que la tardanza obedece a circunstancias que hallan justificaci\u00f3n, mas no a una simple negaci\u00f3n del derecho de dispensaci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En un asunto con cierta simetr\u00eda, esta Magistratura previno: <\/p>\n
\u2026la Corte Constitucional(\u2026) ha precisado que \u00abrespecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos\u2026\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 01853-00; reiterada en STC, 6 feb. 2015, rad. 2014-01948-03). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se a\u00f1ade que los \u201cprecedentes\u201d aludidos por el reclamante no se asimilan a las condiciones del sub examine. Igualmente, \u00e9l debe elevar en forma directa ante el accionado los pedimentos adicionales aqu\u00ed vertidos. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Lo consignado conlleva, ergo, a rehusar la salvaguarda de marras. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el resguardo deprecado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Providencias cuyas copias el tutelante tambi\u00e9n ha pedido al tribunal, en esta senda. <\/p>\n
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