STC751-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC751-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02352-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Luis Fernando Quintero Facundo frente a la sentencia de 22 de noviembre de 2022, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por aquel contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de esta misma Corporaci\u00f3n. Al tr\u00e1mite fueron integrados el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Laboral, y el Juzgado 29\u00b0 Laboral del Circuito, ambos de Bogot\u00e1, as\u00ed como Corporaci\u00f3n de Abastos de Bogot\u00e1 S.A. (en adelante Corabastos). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El promotor deprec\u00f3, mediante apoderada, la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcadas por la colegiatura repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se entiende, restar efecto a lo dirimido en sede extraordinaria, dentro del expediente laboral n.\u00b0 \u00ab2013-00496\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado 29\u00b0 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 se surti\u00f32, bajo el consecutivo y especialidad descritos a espacio, demanda de Corabastos contra el titular del presente pedimento de resguardo, dirigida a la declaraci\u00f3n de \u00abexistencia de contrato de prestaci\u00f3n de servicios\u00bb (defensa jur\u00eddica en una acci\u00f3n popular3) entre las partes, la \u00abnulidad de la cl\u00e1usula cuarta\u00bb -par\u00e1g. 1\u00b0- del mismo negocio4 y, en consecuencia, la fijaci\u00f3n de \u00ab$10.000.000\u00bb como \u00abhonorarios\u00bb a pagar en favor del \u00faltimo, por concepto del v\u00ednculo a reconocer, quien, a su vez, hubo de reclamar en reconvenci\u00f3n frente a la inicial demandante a fin de que, quedara como vigente \u00aby v\u00e1lidamente celebrad[a]\u00bb la relaci\u00f3n contractual en cita, m\u00e1s la cancelaci\u00f3n de \u00ab$508.793.400\u00bb como retribuci\u00f3n por la gesti\u00f3n profesional, junto a intereses moratorios y, en subsidio, \u00abperjuicios\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. Pronunciamiento que lo ratific\u00f3 el respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, Sala Laboral, en apelaci\u00f3n de ambos extremos litigantes, a trav\u00e9s de sentencia de 21 de junio de 2017, la que a su turno no fue casada por la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de la Corte, en veredicto CSJ SL2981, 17 ag. 2022, rad. 86575, por recurso del all\u00e1 reclamante en reconvenci\u00f3n (ahora quejoso). <\/p>\n
<\/p>\n
4. El peticionario del ruego de amparo critic\u00f3, en estricto compendio, que el ente dispensador de justicia requerido, en violaci\u00f3n del \u00abprincipio de consonancia y (\u2026) congruencia\u00bb, desestimara su s\u00faplica extraordinaria, tendiente a rebatir el quantum de los \u00abhonorarios\u00bb reconocidos por los jueces de instancia e igualmente los \u00abintereses\u00bb del caso, a partir de un estudio sobre la supuesta \u00abinvalidez\u00bb de la cl\u00e1usula cuarta -par\u00e1g. 1\u00b0- del contrato en discordia, m\u00e1xime cuando ese tema era extra\u00f1o a la discusi\u00f3n casacional. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 se opuso al triunfo de la clama, por ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, Sala Laboral, record\u00f3 lo sucedido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Juzgado 29\u00b0 Laboral del Circuito \u00eddem tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en contra de la aspiraci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
Comparti\u00f3 enlace del paginario acusado. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda tras encontrar, a la postre, que la resoluci\u00f3n fustigada escapa al \u00e1mbito de la arbitrariedad o el antojo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el convocante, quien con ayuda de la mandataria persisti\u00f3 en sus ataques y discrep\u00f3 de las conclusiones de la a-quo Sala de Casaci\u00f3n Penal, por desenfoque en el an\u00e1lisis de la problem\u00e1tica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de invocar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable anomal\u00eda, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el entendido de que los cuestionamientos est\u00e1n enfilados contra el fallo CSJ SL2981, 17 ag. 2022, rad. 86575, con el cual la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n recriminada opt\u00f3 por no casar el de segunda instancia, que el ahora quejoso estima como adverso -en parte- a las reclamaciones por \u00e9l blandidas en reconvenci\u00f3n dentro del proceso laboral n.\u00b0 \u00ab2013-00496\u00bb, se conduce a indagarlo en sus cimientos. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en lo estrictamente medular, all\u00ed se acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)De la simple lectura de la sentencia gravada se infiere que, para el juez colegiado, la improcedencia de los intereses moratorios se deriv\u00f3 de la ausencia de una suma l\u00edquida de dinero, sobre la que se habr\u00edan generado aquellos. A tal razonamiento subyace la premisa manejada a lo largo de la decisi\u00f3n en cuanto a que la falta de claridad del texto contractual propici\u00f3 controversia entre las partes en punto al monto real de los honorarios pactados, que solo vino a resolverse en sede judicial; de ah\u00ed, la imposibilidad de considerar que la entidad deudora se constituy\u00f3 en mora. <\/p>\n
Tal razonamiento, de linaje esencialmente f\u00e1ctico, no es objeto de cuestionamiento por la senda que corresponde, por manera que contin\u00faa respaldando la decisi\u00f3n de instancia. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
\u2026De [otro costado], se colige que en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios se estipul\u00f3 que, en caso de que no prosperara la acci\u00f3n popular, se pagar\u00eda al contratista el 0,6% m\u00e1s IVA del 15% de los valores se\u00f1alados en las pretensiones 1 y 2 de la demanda que se impuls\u00f3 ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa. <\/p>\n
Conforme con lo anterior, es patente que el juzgador apreci\u00f3 las anteriores piezas procesales de manera errada, pues como se histori\u00f3 la sociedad accionante desde la demanda inicial confes\u00f3, que lo pactado por honorarios en virtud de los servicios prestados por actor en reconvenci\u00f3n ascend\u00edan a $307.800.000, calificados como exorbitantes, en palabras del representante legal de Corabastos, como se escucha en el interrogatorio de parte que absolvi\u00f3 (38.15), que por ello demand\u00f3 la cl\u00e1usula cuarta del contrato de prestaci\u00f3n de servicios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, lo evidenciado constituye un error transcendental y permite a la Sala relevarse del estudio de las dem\u00e1s probanzas acusadas. <\/p>\n
Si bien, el cargo es fundado, no se casar\u00e1 la sentencia fustigada, puesto que, al descender en instancia, se llega a id\u00e9ntico resultado, pero por las siguientes razones. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Como ya se explic\u00f3, lo pactado en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios consist\u00eda en que, si la aludida acci\u00f3n popular no prosperaba por cualquier motivo, se pagar\u00eda al contratista el 0,6% m\u00e1s IVA del 15% que recibir\u00eda la demandante ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, como incentivo econ\u00f3mico previsto en la ley, en caso de que su demanda hubiere prosperado o tenido \u00e9xito. <\/p>\n
No obstante la Ley 1425 de 2010 derog\u00f3 los art\u00edculos 39 (incentivos) y 40 (incentivo econ\u00f3mico en acciones populares sobre moral administrativa) de la Ley 472 de 1998, situaci\u00f3n que se explic\u00f3 en pronunciamiento de la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia de 3 de septiembre de 2013, a trav\u00e9s de la cual se unific\u00f3 el criterio sobre la improcedencia de dichos conceptos, reiterada en la sentencia, CE 11001-33-31-019-2007-00735-01(AP)REV del 2 de octubre de 2014\u2026 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, si bien, hubo un convenio inicial entre las partes para atar o supeditar los honorarios a lo que se determinara en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular a t\u00edtulo de incentivo, tal pacto perdi\u00f3 cualquier sustento o soporte, en la medida en que se sujet\u00f3 expresamente a una norma que sali\u00f3 del ordenamiento jur\u00eddico y a la que no era posible acudir al momento de la terminaci\u00f3n del proceso de marras. <\/p>\n
Dicho de otro modo, se observa que si bien, los honorarios del recurrente estaban condicionados a la regulaci\u00f3n sobre la acci\u00f3n popular, para la fecha en la que el Juzgado Cuarenta y Cuatro Administrativo de Bogot\u00e1 D.C. profiri\u00f3 la providencia que resolvi\u00f3 tal actuaci\u00f3n, 19 de septiembre de 2011, las normas sobre tales incentivos no estaban vigentes y no pod\u00edan generar efecto alguno. <\/p>\n
En ese horizonte, correspond\u00eda al operador judicial, en forma supletiva, la tasaci\u00f3n de dichos honorarios, sin que el demandante en reconvenci\u00f3n hubiera aportado elementos para concluir que la tasaci\u00f3n efectuada en primera instancia, equivalente a 90 salarios m\u00ednimos legales mensuales de la \u00e9poca, fuera deficitaria o lejana a lo que podr\u00eda corresponder bajo criterios como la naturaleza de la gesti\u00f3n, la cantidad, la calidad e intensidad de la misma, conforme lo ense\u00f1ado por la jurisprudencia del trabajo. <\/p>\n
Tal razonamiento cobra mayor sentido, si se tiene en cuenta que en el propio contrato, las partes estuvieron de acuerdo en se\u00f1alar que para cualquier efecto fiscal, aquel tendr\u00eda un valor de $50.000.000. Si bien, aquello no constituye pacto expreso sobre honorarios, s\u00ed ilustra la voluntad de las partes, en cuanto queda clara su percepci\u00f3n sobre el monto m\u00e1ximo al que podr\u00edan ascender estos \u00faltimos, que, como se vio, resulta ser una cifra cercana a la tasada por el juez de primer grado. <\/p>\n
Por lo dicho, el cargo es fundado, pero no conlleva la casaci\u00f3n de la providencia\u2026 <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, lo que descarta la aducida trasgresi\u00f3n del \u00abprincipio de consonancia y (\u2026) congruencia\u00bb, la cual no encuentra recibo en esta calzada excepcional de apoyo. <\/p>\n
Es que, en rigor, el convocante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la Corporaci\u00f3n encartada dispuso no casar el fallo de segunda instancia dentro del pleito laboral sub examine, pero no sobre la base de la supuesta \u00abinvalidez\u00bb de la cl\u00e1usula cuarta -par\u00e1g. 1\u00b0- del contrato de prestaci\u00f3n de servicios objeto de la litis (como aquel lo sugiriera en esta senda de amparo), sino merced a la imposibilidad de dar aplicaci\u00f3n a los \u00abincentivos\u00bb descritos en tal disposici\u00f3n negocial para la tasaci\u00f3n de los \u00abhonorarios\u00bb \u2013en los t\u00e9rminos a\u00f1orados por la v\u00eda del reclamo en reconvenci\u00f3n\u2013, dada la derogatoria de la norma legal que preve\u00eda esa \u201cretribuci\u00f3n\u201d en las acciones populares, sumado a la falta de determinaci\u00f3n de los \u00abintereses\u00bb. Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano y\/o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en el finiquite del \u00abconflicto\u00bb (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451; reiterada en STC713 de 2016). <\/p>\n
Divergir del sustento de un manifiesto de la justicia no desemboca, a simple vista, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Se impone, ergo, resolver de modo ratificatorio, por lo hasta ahora consignado, no sin antes recordar que para esta Magistratura es imperioso el respeto por los dictados judiciales, y m\u00e1s si provienen de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles causales de procedibilidad de la tutela, no atisbadas en la disputa del ep\u00edgrafe. Postura que se ha venido prohijando con m\u00e1s ah\u00ednco a partir de los precedentes CSJ STC13814, STC13815 y STC13816 de 2021 (14 oct.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s \u00e1gil a los involucrados y, en oportunidad, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, para tales fines, hasta el 15\/12\/2022, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
2\u0002 Luego de la remisi\u00f3n que \u00abpor competencia\u00bb le hiciera el despacho Cuarto Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en auto de 30 de julio de 2013. <\/p>\n
3\u0002 Acci\u00f3n colectiva incoada en contra de Corabastos y de la que se produjo decisi\u00f3n definitiva y ejecutoriada, en orden a \u00abDENEGAR las pretensiones\u2026\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Tocante a la estipulaci\u00f3n de \u00abhonorarios\u00bb en un \u00abcero punto seis (0.6%) por ciento m\u00e1s IVA del quince (15%) por ciento que recibir\u00eda el demandante [popular] como incentivo econ\u00f3mico en caso de que su demanda hubiera prosperado o hubiera tenido \u00e9xito\u00bb. <\/p>\n
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STC751-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC751-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-02352-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por Luis Fernando Quintero Facundo frente a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71050","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71050","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71050"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71050\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71050"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71050"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71050"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}