STC752-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC752-2023 1 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-13-000-2022-00622-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el despacho convocado frente a la sentencia de 12 de diciembre de 2022, emitida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil-Familia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda P\u00e9rez contra el Juzgado Sexto de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron integrados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora deprec\u00f3, en nombre propio y en el de su menor hija Camila Mart\u00ednez, el pronto respeto de las prerrogativas fundamentales \u00abde PETICI\u00d3N[ Y] ACCESO A LA JUSTICIA\u00bb de ambas, presuntamente conculcadas por la c\u00e9lula jurisdiccional repelida. <\/p>\n
Y en concreto, se brinde la respuesta echada de menos, \u00aba la [mayor] brevedad posible\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento adujo haber solicitado al Juzgado Sexto de Familia de Cartagena, mediante correo electr\u00f3nico de 10 de septiembre de 2022, v\u00eda derecho de petici\u00f3n, un \u00abcertificado original relativo a las resoluciones judiciales en materia matrimonial, [de] custodia y patria potestad\u00bb que adoptara ese despacho con fallo de 25 de febrero de 2019, dentro del litigio de divorcio que en contra suya promoviera Alberto Mart\u00ednez; constancia a expedirse en los t\u00e9rminos del \u00abart\u00edculo 39 del Reglamento 2201\/2003\u00bb del Consejo de la Uni\u00f3n Europea. <\/p>\n
Reproch\u00f3, entonces, la falta de contestaci\u00f3n al referido pedimento, pese al evidente paso del tiempo y a reiterar la s\u00faplica a trav\u00e9s de mensajes de 12 y 15 de septiembre y 3 de octubre del mismo a\u00f1o -2022-, m\u00e1xime cuando requiere de la certificaci\u00f3n en cita en aras de \u00abiniciar las acciones de cumplimiento en Espa\u00f1a\u00bb frente al se\u00f1or Mart\u00ednez (quien tiene domicilio y residencia en dicho pa\u00eds), con relaci\u00f3n a los derechos de la peque\u00f1a hija en com\u00fan, Camila Mart\u00ednez. <\/p>\n
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3. El Tribunal a-quo admiti\u00f3 el libelo de marras. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El ente juzgador encartado comparti\u00f3 copia del pleito de divorcio. Sugiri\u00f3 una carencia actual de objeto. <\/p>\n
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2. La Procuradur\u00eda 10\u00b0 Judicial II de Familia concluy\u00f3 estarse a lo que quedara probado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. No se efectuaron m\u00e1s informes. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Concedi\u00f3 la salvaguarda luego de encontrar, en s\u00edntesis, que m\u00e1s all\u00e1 de lo aportado por el perseguido Juzgado Sexto de Familia cartagenero, tal despacho no pudo demostrar que diera respuesta \u00abcongruente\u00bb a la rogativa de la aqu\u00ed quejosa, bien fuera accediendo a la realizaci\u00f3n del \u00abcertificado de acuerdo con lo establecido en el art. 39 del Reglamento 2201 de 2003\u00bb, ora, \u00aben su defecto\u00bb, precisando \u00ablo pertinente en lo espec\u00edficamente solicitado\u00bb. <\/p>\n
En consecuencia, le orden\u00f3 otorgar soluci\u00f3n \u00abclara, concreta y de fondo\u00bb a la petici\u00f3n en comento, en un lapso perentorio. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La intent\u00f3 el estrado judicial repelido, sin elucidar motivos de discordia. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los escenarios comunes de auxilio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. M\u00e1s all\u00e1 de la pauta de improcedencia del derecho de petici\u00f3n en litigios judiciales2, refulge con evidencia, de cara a la premisa fundamental del debido proceso, la demora del juzgado accionado (ahora impugnante) en atender, en el sentido que estimare conveniente, la solicitud elevada por la ac\u00e1 impulsora desde el 10 de septiembre de 2022, con m\u00e1s veras si am\u00e9n de que no demostr\u00f3 eficazmente haber respondido a dicha impetraci\u00f3n lo cierto es que, mucho menos, adujo circunstancia alguna para justificar la palpable dilaci\u00f3n. Por ende, es del caso mantener la concesi\u00f3n de resguardo dispuesta por el Tribunal a-quo, m\u00e1xime si fue omisivo en desvirtuar las motivaciones del fallo constitucional de primer grado. Y aun cuando en el interregno de esta segunda instancia dijo responder el pluricitado petitorio, las probanzas adjuntas a su informe dan muestra de que la aparente contestaci\u00f3n fue posterior a la orden de tutela, o sea, en obedecimiento a la misma. <\/p>\n
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1. Total que, en torno a la mora de los jueces, esta Magistratura previno, de tiempo atr\u00e1s, la subsistencia del amparo tutelar frente a supuestos como el del ep\u00edgrafe, cuando el retraso achacado carezca de explicaci\u00f3n v\u00e1lida; es decir, a eventos <\/p>\n
producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada\u2026 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial (\u2026) que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior\u2026 (\u00c9nfasis. CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 01853-00; reiterada, entre muchas otras, en STC901, 6 feb. 2020, rad. 2019-00550-01). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Tema respecto del que tambi\u00e9n la Sala doctrin\u00f3: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92)\u2026 (CSJ STC9726, 28 jul. 2022, rad. 00310-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado impone, ergo, dirimir de modo ratificatorio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el canal m\u00e1s expedito y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Como anotaci\u00f3n preliminar, de esta providencia se conservan dos versiones, para protecci\u00f3n de los derechos de la menor involucrada; una, \u00abcon la informaci\u00f3n real y completa de las partes, que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para notificaci\u00f3n a los sujetos procesales e intervinientes y que se mantendr\u00e1 con reserva a terceros interesados\u00bb y la presente, \u00abreemplazando los nombres y los datos e informaciones (familiares), que permitan conocer su identidad y ubicaci\u00f3n, para efectos de publicaci\u00f3n\u00bb. Subrayas ajenas. Acuerdo de Sala 034, 16 dic. 2020. <\/p>\n
2\u0002 Tocante a la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
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Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Negrilla y subrayas ajenas. CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867, reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., exp. 01762-01). <\/p>\n
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