STC753-2023<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
STC753-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00222-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se deciden las impugnaciones formuladas por el accionante Jorge Luis Doria Mart\u00ednez y el vinculado Silfredo Doria Doria frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por el primero de los nombrados contra los Juzgados Segundo Promiscuo Municipal y Civil del Circuito, ambos de Lorica, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, defensas y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por las sedes judiciales accionadas en la actuaci\u00f3n judicial reprochada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, restar efectos a i) los autos de 17 de agosto y 1\u00ba de noviembre de 2017, a la sentencia de 13 de febrero de 2018 y a \u00ablos despachos comisorios de Junio del 2022\u00bb, todos emitidos por el Juzgado Municipal acusado; ii) al prove\u00eddo de 6 de abril de 2022, dictado por el Juzgado del Circuito convocado; y iii) al \u00abacuerdo conciliatorio del d\u00eda 11 de julio (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Rita Marlene Mart\u00ednez Morillo instaur\u00f3 contra el accionante, el 17 de agosto de 2017 se admiti\u00f3 la demanda (prove\u00eddo aclarado el 1\u00ba de noviembre siguiente) y, surtidas las etapas de rigor, el 13 de febrero de 2018 se dict\u00f3 sentencia acogiendo las pretensiones. <\/p>\n
2.2. Posteriormente, en la diligencia de entrega iniciada el 18 de mayo de 2018, aduciendo la calidad de poseedor, se opuso Silfredo Doria Doria (padre del ac\u00e1 accionante), oposici\u00f3n que el a-quo recriminado despach\u00f3 adversamente el 21 de agosto de 2019, determinaci\u00f3n que el 6 de abril de 2022 confirm\u00f3 el ad-quem encausado. <\/p>\n
2.3. Por v\u00eda de tutela, en concreto, el quejoso indic\u00f3 que el Juzgado municipal incurri\u00f3 en defectos sustantivo, f\u00e1ctico y procedimental al admitir la demanda de restituci\u00f3n y dictar sentencia en su contra, porque dio curso a ese asunto a pesar de la existencia de m\u00faltiples inconsistencias en el libelo, tales como la indicaci\u00f3n errada de la ubicaci\u00f3n del bien y la edificaci\u00f3n del reclamo en un contrato de arrendamiento que \u00e9l nunca suscribi\u00f3 con la all\u00ed demandante, adem\u00e1s, al dar curso a esa acci\u00f3n, condicion\u00f3 su posibilidad de defensa a que previamente pagar\u00e1 los c\u00e1nones supuestamente adeudados, a pesar de que, insisti\u00f3, nunca suscribi\u00f3 el pacto allegado y \u00ablas pruebas anexas con la demanda aperturante de dicho juicio, ofrec\u00edan serias dudas sobre [su] existencia\u2026, lo que daba cabida a la excepci\u00f3n jurisprudencial a dicha regla\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, al resolverse la mentada oposici\u00f3n, \u00abno se dio espacio a la discusi\u00f3n respecto de las dudas que generaba el contrato de arrendamiento y con ello se neg\u00f3 la oportunidad, al ahora accionante, de ejercer su derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb; aunado a que el deficiente audio de los interrogatorios y testimonios all\u00ed recaudados obstaculiz\u00f3 su valoraci\u00f3n y el opositor, debi\u00e9ndole serlo, nunca fue debidamente enterado de la existencia del juicio de restituci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 1\u00ba de julio de 2022, en la continuaci\u00f3n de la diligencia de entrega, se presentaron \u00abhechos de abuso de autoridad\u2026, ingresaron a la vivienda, les pegaron a los habitantes de la casa, entraron con cuchillos, palos, y armas\u2026 [a] maltratar[los]\u2026 El se\u00f1or inspector de polic\u00eda de lorica, y los agentes de polic\u00eda estuvieron presentes en todos estos hechos, de igual forma el abogado de la parte demandante[,] quien toler[\u00f3] y presenci[\u00f3] todas estas actuaciones, sin hacer nada, no evitaron que estos desmanes se dieran. A un perro lo maltrataron. Y a la fecha se denunciaron los hechos. De todas esas violaciones de derechos humanos\u2026. [s]e le notific\u00f3 al personero del municipio de lorica-c\u00f3rdoba. Al se\u00f1or alcalde[,] para que iniciara proceso disciplinario contra el Inspector de polic\u00eda. Pero a la fecha nada se ha hecho (sic)\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El vinculado Silfredo Doria Doria, a trav\u00e9s de apoderada judicial, respald\u00f3 la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta por el accionante y solicit\u00f3 acceder a sus pretensiones. <\/p>\n
2. Jes\u00fas Eduardo Mangones Rhenals defendi\u00f3 la legalidad de las actuaciones surtidas en el juicio recriminado y se opuso a las pretensiones del tutelante. <\/p>\n
3. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Lorica solicit\u00f3 declarar la improcedencia de la salvaguarda porque \u00abno se vislumbra vulneraci\u00f3n alguna a los Derechos Fundamentales invocados por el tutelante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando a Remberto P\u00e9rez N\u00fa\u00f1ez, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 15 de noviembre (ATC1682-2022), desestim\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, por un lado, al hallar insatisfecho el presupuesto de la inmediatez respecto al auto admisorio de la demanda de restituci\u00f3n (de 17 de agosto de 2017) y la sentencia all\u00ed emitida (de 13 de febrero de 2018), porque, destacando que el quejoso fue debidamente citado a ese juicio, lo cierto es que entre las datas en que aqu\u00e9llos fueron proferidos y la presentaci\u00f3n de la tutela transcurrieron m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os; y de otra parte, por la carencia de legitimaci\u00f3n del accionante para cuestionar la definici\u00f3n de la oposici\u00f3n propuesta por su padre Silfredo Doria Doria, en tanto que de all\u00ed no se deriva afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales, siendo el \u00faltimo el \u00fanico llamado a combatir lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La presentaron el accionante y el vinculado Silfredo Doria Doria insistiendo en los planteamientos tra\u00eddos en el libelo introductor, a los que i) el primero agreg\u00f3 que estaban satisfechos los presupuestos echados de menos por el a-quo constitucional, m\u00e1xime cuando \u00e9l, como parte en el juicio de restituci\u00f3n, estaba legitimado para cuestionar el tr\u00e1mite de la oposici\u00f3n propuesta por Doria Doria; ii) el segundo a\u00f1adi\u00f3 pedir el resguardo de sus derechos fundamentales, presuntamente conculcados con el proceder de las sedes judiciales recriminadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Corte la confirmaci\u00f3n del fallo impugnado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
En ese sentido, en punto a las peticiones presentadas por los terceros intervinientes, diferentes a las expuestas en la inicial solicitud de protecci\u00f3n, como la atr\u00e1s referida, en los siguientes t\u00e9rminos ha dejado dicho la Sala que no pueden alterar \u00e9sta y, por ende, no corresponde desatarlas de fondo: <\/p>\n
\u2026los reproches\u2026 no pueden ser estudiados por la Corte, puesto que, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, su intervenci\u00f3n en esta especie de tr\u00e1mite excepcional bajo la figura procesal de la coadyuvancia, implica el respaldo de las razones que sustentan el reclamo, mas no una oportunidad para promover sus propias pretensiones. As\u00ed lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia T-269 de 2012, al se\u00f1alar lo siguiente: <\/p>\n
\u00abPrecisamente en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, reglamentado en el Decreto 2591 de 1991, se prev\u00e9 que los terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo pueden intervenir en el proceso de tutela actuando como coadyuvantes. Tal como se se\u00f1al\u00f3 anteriormente, el art\u00edculo 13 del Decreto 2591 dispone que \u201cquien tuviere un inter\u00e9s leg\u00edtimo en el resultado del proceso podr\u00e1 intervenir en \u00e9l como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiere hecho la solicitud\u201d. <\/p>\n
Esto implica, en principio, que con independencia de la categor\u00eda particular dentro de la que pudieran ubicarse en raz\u00f3n de su inter\u00e9s en el proceso y del nombre que se les asigne dentro de los procesos ordinarios, en la acci\u00f3n de tutela los terceros se involucran en el proceso porque sus resultados pueden afectarlos, pero lo hacen apoyando las razones presentadas, bien por el actor o por la persona o autoridad demandadas, y no promoviendo sus propias pretensiones. <\/p>\n
En el tr\u00e1mite de las acciones de tutela esta delimitaci\u00f3n del papel de los terceros debe armonizarse con el principio de informalidad y de prevalencia de lo sustancial que rigen el proceso. Es por esto que una persona que no solicit\u00f3 el amparo y que luego es vinculada a su tr\u00e1mite, bien por solicitud de las partes o por decisi\u00f3n oficiosa del juez, puede advertir que su inter\u00e9s no se reduce al resultado del proceso, sino que tambi\u00e9n es titular de los derechos que se ven vulnerados o amenazados en el caso concreto. Esto ocurre en virtud de los mismos hechos m\u00e1s o menos delimitados desde la instauraci\u00f3n de la tutela, y porque es la misma persona o autoridad p\u00fablica accionada quien con su conducta ha generado esta situaci\u00f3n presentada al juez de tutela. <\/p>\n
En estos casos, el juez de tutela est\u00e1 facultado para involucrar a esta persona, pero para que pueda actuar a favor de sus propias pretensiones, la convierte en una verdadera parte dentro del proceso, dejando as\u00ed de ser un tercero coadyuvante. Es por ello que en la sentencia puede pronunciarse sobre los derechos afectados de quien promovi\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, y de otros vinculados al mismo proceso en calidad de partes del mismo. A\u00fan m\u00e1s, como excepci\u00f3n al efecto inter partes de la tutela, en sede de revisi\u00f3n puede la Corte Constitucional establecer que el fallo tiene efectos inter comunis pues no solo se ven afectados quienes instauraron la acci\u00f3n, sino todos aquellos que se encuentren en condiciones objetivas similares de vulneraci\u00f3n de los derechos. Esto ocurre en las situaciones en las que adoptar un fallo solo respecto del accionante termina atentando contra el derecho a la igualdad de otras personas, y contra el goce efectivo de los derechos de la comunidad. <\/p>\n
Sin embargo, en la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales los par\u00e1metros para estudiar la intervenci\u00f3n de los terceros son mucho m\u00e1s estrictos. En primer lugar, siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un inter\u00e9s leg\u00edtimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud del actor o de la persona o autoridad p\u00fablica contra quien se hubiera hecho la solicitud, pero no est\u00e1n facultados para solicitar la protecci\u00f3n de sus propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicit\u00f3 el amparo, pues es la solicitud de este \u00faltimo la que le da la unidad al proceso de tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva una acci\u00f3n de tutela diferente y no que presente en el tr\u00e1mite de amparo de los derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad\u00bb (Resalto de la Sala) (ver en el mismo sentido, entre otras, C.C. T-1062\/10 y T-349\/12) (se destac\u00f3 – CSJ STC15602-2018, 28 nov., rad. 2018-00545). <\/p>\n
2.2. Zanjado lo anterior, ya de cara a los derechos de Jorge Luis Doria Mart\u00ednez, en lo que tiene que ver con la definici\u00f3n del juicio de restituci\u00f3n de inmueble fustigado, del que fue debidamente notificado y que formalmente culmin\u00f3 con la emisi\u00f3n de la sentencia de 13 de febrero de 2018, como acertadamente lo concluy\u00f3 el a-quo constitucional, la petici\u00f3n de amparo insatisface el presupuesto de la inmediatez, en la medida en que desde el momento en que se dict\u00f3 esa providencia hasta la fecha de interposici\u00f3n de este amparo, transcurrieron m\u00e1s de cuatro (4) a\u00f1os, super\u00e1ndose ampliamente el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza; conclusi\u00f3n claramente extensiva a todas las otras determinaciones que en ese tr\u00e1mite se produjeron con anterioridad a aquel veredicto, entre ellas, el auto admisorio de la demanda (de 17 de agosto de 2017) y el prove\u00eddo que lo aclar\u00f3 (de 1\u00ba de noviembre del mismo a\u00f1o). <\/p>\n
2.2.1. Frente al requisito de inmediatez, de forma reiterada la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u2026\u201cno puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u201d (prove\u00eddo de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterado el 30 de agosto de 2012, exp. 01254-01). <\/p>\n
Reiterando que \u201cel ejercicio de la acci\u00f3n de tutela debe ser oportuno y congruente con el prop\u00f3sito que persigue, que no es otro que brindar soluci\u00f3n \u2018a situaciones presentes que a\u00fan pueden ser susceptibles de tal remedio, y no denunciar hechos cuyos efectos se han materializado\u2026\u2019 (Sentencia de 17 de julio de 2006, exp. No. 11001-0204-000-2006-00826-01)\u201d (Sentencia de 8 de agosto de 2012, exp. 00189-01); o lo que es igual, \u201cla presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela debe realizarse dentro de un t\u00e9rmino razonable, que permita la protecci\u00f3n inmediata del derecho fundamental a que se refiere el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica\u201d, en aras de \u201cpreservar el car\u00e1cter expedito de la tutela para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de la autoridad p\u00fablica\u201d (Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. 00188-01, reiterada el 26 de abril de 2012, exp. 00221-01) (CSJ STC, 30 en. 2013, rad. 2012-00274-01; CSJ STC5977-2015; CSJ STC2788-2017). <\/p>\n
2.2.2. N\u00f3tese, por dem\u00e1s, que el referido t\u00e9rmino es vinculante como regla jurisprudencial consolidada y vigente, de no olvidar que la Corte Constitucional, de manera inequ\u00edvoca, ha venido sosteniendo que: <\/p>\n
…de conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n, la acci\u00f3n de tutela puede interponerse \u201cen todo momento\u201d porque no tiene t\u00e9rmino de caducidad. Sin embargo, la jurisprudencia ha exigido \u201cuna correlaci\u00f3n temporal entre la solicitud de tutela y el hecho judicial vulnerador de los derechos fundamentales\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
Lo anterior ocurre porque se trata de un mecanismo judicial que tiene como finalidad conjurar situaciones urgentes, que requieren de la actuaci\u00f3n r\u00e1pida de los jueces. Por ende, cuando la acci\u00f3n se presenta mucho tiempo despu\u00e9s de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n que se alega como violatoria de derechos, se desvirt\u00faa su car\u00e1cter apremiante. <\/p>\n
<\/p>\n
21. Este requisito de procedencia tiene por objeto no afectar la certeza y estabilidad de los actos o decisiones que no han sido controvertidos durante un tiempo razonable, respecto de los cuales se presumen sus efectos ante la ausencia de controversias jur\u00eddicas. <\/p>\n
<\/p>\n
Particularmente, trat\u00e1ndose de tutela contra providencias judiciales, el presupuesto de inmediatez se funda en el respeto por los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada. Tal y como lo expuso esta Corte en la sentencia C-590 de 2005, la tutela debe interponerse en un lapso razonable, pues de lo contrario, existir\u00eda incertidumbre sobre los efectos de todas las decisiones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
En este sentido, si dicho requisito se abordara con laxitud, la firmeza de las decisiones judiciales estar\u00eda siempre a la espera de una controversia constitucional. As\u00ed pues, se anular\u00eda la seguridad jur\u00eddica, pues los efectos de una decisi\u00f3n podr\u00edan ser interrumpidos en cualquier momento a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n. Por consiguiente, la Corte ha establecido que el estudio de este presupuesto de procedencia de la tutela contra providencias judiciales debe ser m\u00e1s exigente, pues su firmeza no puede mantenerse en vilo indefinidamente… <\/p>\n
23. En s\u00edntesis, la jurisprudencia de este Tribunal ha precisado que el presupuesto de inmediatez: (i) tiene fundamento en la finalidad de la acci\u00f3n, la cual supone la protecci\u00f3n urgente e inmediata de un derecho constitucional fundamental[42]; (ii) persigue la protecci\u00f3n de la seguridad jur\u00eddica y los intereses de terceros; (iii) implica que la tutela se haya interpuesto dentro de un plazo razonable, el cual depender\u00e1 de las circunstancias particulares de cada caso; y (iv) debe analizarse de forma rigurosa cuando la acci\u00f3n se dirige contra providencias judiciales (se destac\u00f3 – CC T-038\/17). <\/p>\n
2.2.3. De all\u00ed que no resulten de recibo las manifestaciones efectuadas por el quejoso para dar por satisfecho el presupuesto de procedibilidad en comento, en tanto que, como se ha dicho en diferentes oportunidades, el lapso al que se refiere el requisito de la inmediatez \u00abse contabiliza a partir de la decisi\u00f3n censurada\u00bb (STC11140-2018, 31 ag., rad. 2018-01150-01), sin que la postulaci\u00f3n de la posterior oposici\u00f3n a la diligencia entrega del inmueble, por parte de un tercero, tenga la virtualidad de revivir t\u00e9rmino alguno. <\/p>\n
2.2.4. Por ese sendero, como de vieja data se tiene por sentado, se recuerda que la ausencia del presupuesto en cuesti\u00f3n impide al fallador de tutela ocuparse del fondo del asunto sometido a su consideraci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. De otro lado, tambi\u00e9n est\u00e1 llamada al fracaso la protecci\u00f3n de cara al tr\u00e1mite y definici\u00f3n de la oposici\u00f3n que frente a la entrega propuso Silfredo Doria Doria, porque i) tard\u00eda e inviablemente el accionante Jorge Luis pretende cimentar que con ella la afectaci\u00f3n de sus derechos se produjo por dejar de analizar all\u00ed \u00ablas dudas que generaba el contrato de arrendamiento\u00bb, pretendiendo con ello revivir etapas fenecidas para la discusi\u00f3n de tal aspecto; y ii) en \u00faltimas, como adecuadamente lo defini\u00f3 el a-quo supralegal, el llamado a controvertir la definici\u00f3n de tal actuaci\u00f3n, en tanto que es a \u00e9l a quien afecta, es el derrotado opositor, Silfredo Doria Doria, siendo patente, entonces, que el accionante Jorge Luis carec\u00eda de legitimaci\u00f3n para cuestionarla por esta v\u00eda, por no ser el afectado con la misma ni aportar poder especial para actuar en la tutela en nombre de Silfredo, aunado a que tampoco expuso ni mucho menos demostr\u00f3 los supuestos que validaran su eventual proceder como su agente oficioso. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quienes, integrando alguno de los extremos del litigio o habiendo sido reconocidos como intervinientes, sufren alg\u00fan agravio por el tr\u00e1mite all\u00ed surtido. <\/p>\n
Al respecto, sobre el alcance del aludido art\u00edculo 10\u00ba la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
Y en un caso de similares contornos al aqu\u00ed propuesto, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
…\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, de cara a todos los dem\u00e1s planteamientos, si los inconformes consideran que en alg\u00fan proceder irregular han incurrido las autoridades acusadas o los distintos intervinientes en el tr\u00e1mite fustigado, otras son las v\u00edas que deben agotar, ya sean de orden disciplinario o penal, a las cuales, si a bien lo tienen, han de acudir, asumiendo la responsabilidad que ello implica, como es de su conocimiento, seg\u00fan se desprende de sus intervenciones. <\/p>\n
En cuanto al particular, en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, que, mutatis mutandis, resulta aplicable al presente, dej\u00f3 dicho esta Corte que: <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si… estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016) (CSJ STC011-2018, 17 en., rad. 2017-03402-00). <\/p>\n
4. Las consideraciones atr\u00e1s consignadas imponen respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC753-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO STC753-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 23001-22-14-000-2022-00222-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se deciden las impugnaciones formuladas por el accionante Jorge Luis Doria Mart\u00ednez y el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71052","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71052","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71052"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71052\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71052"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71052"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71052"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}