STC755-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC755-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001 22 13 000 2022 00457 01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00ba 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la guarda de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela, los nombres de las partes comprendidas en el presente asunto son reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Hecha la anterior advertencia, se resuelve la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 15 de diciembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la tutela que la Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – Natalia Rojas Escobar \u2013 como agente oficioso del menor Alejandro Ruiz L\u00f3pez, le instaur\u00f3 a los Juzgados Primero y Segundo de Familia de Pereira, extensiva a la Oficina Judicial \u2013 Reparto, la Procuradur\u00eda Veintiuno Judicial II para la Defensa de Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer de Pereira y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 66001 31 10 002 2022 00208 00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en la calidad indicada, invoc\u00f3 la guarda de las prerrogativas del ni\u00f1o a la \u00abdignidad humana\u00bb, \u00abigualdad\u00bb, \u00abdebido proceso\u00bb, \u00aba tener una familia\u00bb y \u00abal acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, para que se ordenara al Juzgado Segundo de Familia de Pereira, \u00abfallar de manera inmediata (\u2026), el asunto por el cual las diligencias de restablecimiento de derechos [le] fueron remitidas (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que el 6 de diciembre de 2021 envi\u00f3 a los \u00abJuzgados de Familia de Pereira\u00bb el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que adelant\u00f3 en nombre de Alejandro Ruiz L\u00f3pez, para que resolviera sobre la \u00abp\u00e9rdida de competencia\u00bb en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 100 de la Ley 1098 de 2006 y, \u00abrevisara la declaratoria de adoptabilidad\u00bb de conformidad con el numeral 11 del canon 21 del C\u00f3digo General del Proceso (Resoluci\u00f3n n\u00ba. 021 del 19 jun. 2019). <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, para el mes de mayo de 2022, las diligencias no hab\u00edan sido asignadas a ning\u00fan despacho. Posteriormente, correspondi\u00f3 al Juzgado Primero de Familia; sin embargo, luego, \u00absin raz\u00f3n alguna\u00bb, fueron trasladadas al Segundo de Familia, quien a la fecha de interponer este remedio no ha emitido pronunciamiento alguno. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero de Familia de Pereira se\u00f1al\u00f3 que la lid objetada fue repartida \u00aben formato de procesos verbales y la remisi\u00f3n del correo se efectu[\u00f3] como adopci\u00f3n\u00bb el 23 de mayo de 2022, raz\u00f3n por la cual la devolvi\u00f3 a la Oficina Judicial para que corrigiera tal falencia, de modo que correspondi\u00f3 su conocimiento al Segundo de Familia como \u00abrestablecimiento de derechos – homologaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Segundo de Familia inform\u00f3 que dict\u00f3 la sentencia anhelada el 13 de diciembre de 2022, revocando la \u00abresoluci\u00f3n n\u00b0. 021 de 19 de junio de 2019\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda Veintiuno Judicial II Infancia, Adolescencia, Familia y Mujeres adver\u00f3 que el \u00abJuzgado Segundo de Familia de Pereira incurri\u00f3 en una mora injustificada, pues dej\u00f3 pasar m\u00e1s de 4 meses sin que a la fecha haya resuelto el respectivo tr\u00e1mite (\u2026), generando dicho retardo una p\u00e9rdida de competencia (\u2026)\u00bb y, pidi\u00f3 que se investigara disciplinariamente la actuaci\u00f3n surtida. <\/p>\n
La Direcci\u00f3n Seccional de Administraci\u00f3n Judicial comunic\u00f3 que envi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda la queja que la interesada present\u00f3 contra el funcionario judicial adscrito a la \u00aboficina de reparto\u00bb por \u00abmora en el reparto del proceso del asunto en debate\u00bb. <\/p>\n
3.- La Sala Civil Familia del Tribunal de Pereira deneg\u00f3 el resguardo, comoquiera que, si bien, el iudex censurado \u00abincurri\u00f3 en la mora endilgada\u00bb, cierto es que, \u00absatisfizo la pretensi\u00f3n en el transcurso de este amparo\u00bb, decisi\u00f3n que no dej\u00f3 sin efectos para remitir el paginario al siguiente estrado, ya que ello comportar\u00eda una dilaci\u00f3n de la soluci\u00f3n de la situaci\u00f3n jur\u00eddica del \u00abni\u00f1o\u00bb. No obstante, \u00abcompuls[\u00f3] copias\u00bb a la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda para que estudiara la posibilidad de adelantar una \u00abinvestigaci\u00f3n disciplinaria\u00bb frente al Juez moroso. <\/p>\n
Adem\u00e1s, precis\u00f3 que a pesar de que la Oficina Judicial tambi\u00e9n demor\u00f3 la definici\u00f3n de la controversia, dicha irregularidad se super\u00f3 antes de promover el auxilio. <\/p>\n
4.- El titular del Juzgado Segundo de Familia replic\u00f3, subrayando que la \u00abcompulsa de copias\u00bb es ajena a la salvaguarda, porque no est\u00e1 \u00abdise\u00f1ada para establecer si un funcionario p\u00fablico incurri\u00f3 en alguna falta disciplinaria\u00bb y, corresponde a la impulsora formular la denuncia que estime pertinente ante la autoridad competente (STC14801-2019). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Circunscrita la Corte a los planteamientos de la impugnaci\u00f3n, de entrada, se anuncia la convalidaci\u00f3n del veredicto refutado, por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
1.1.- En torno a la cr\u00edtica efectuada por la \u00abcompulsa de copias\u00bb que dispuso el a quo constitucional ante la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Risaralda, para que, en el marco de sus \u00abcompetencias\u00bb, \u00abestudie la posibilidad de iniciar investigaci\u00f3n disciplinaria\u00bb frente al comportamiento del Juez Segundo de Familia de Pereira, \u00abproducto de la mora en que incurri\u00f3 en tramitar\u00bb el rito administrativo de \u00abrestablecimiento de derechos\u00bb en beneficio del \u00abmenor\u00bb Alejandro Ruiz L\u00f3pez, se evidencia que tal mandato resulta procedente, en tanto no desborda el objeto de la acci\u00f3n tuitiva implorada. <\/p>\n
Ello, en atenci\u00f3n a que el Tribunal Superior de Pereira obr\u00f3 en ese sentido, en ejercicio de la facultad \u2013 deber (constitucional y legal) que ostenta todo servidor p\u00fablico de enterar a las \u00abautoridades\u00bb de los hechos o conductas cuya comisi\u00f3n advierta en ejercicio de sus funciones y, entienda pueden llegar a constituir faltas disciplinarias o tipos penales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n predic\u00f3 <\/p>\n
(\u2026) no corresponde a un punto susceptible de desatar en esta excepcional sede, aspecto sobre el cual la hom\u00f3loga Penal de esta Corporaci\u00f3n ha indicado que: <\/p>\n
\u00ab3. Esta Corporaci\u00f3n, mediante pronunciamientos CSJ AP2747\u20132014, CSJ ATP4913\u20132015, CSJ STP072\u20132017, AP1286-2017, CSJ ATP184-2018, ha se\u00f1alado sistem\u00e1ticamente la improcedencia de impugnar la compulsa de copias, por las siguientes razones: <\/p>\n
3.1. No hace parte del decisum del fallo atacado, pues es una actuaci\u00f3n de mero impulso que no es susceptible de recursos; y <\/p>\n
3.2. No significa la imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n de naturaleza disciplinaria, pues ser\u00e1 la autoridad correspondiente, dentro del \u00e1mbito de sus competencias, la encargada de definir si adelanta o no investigaci\u00f3n alguna con fundamento en las copias compulsadas. <\/p>\n
4. Adem\u00e1s, sobre ese aspecto, en sentencia CSJ SP5200 \u2013 2014, se expres\u00f3: <\/p>\n
[C]uando en el tr\u00e1mite de los procesos los operadores judiciales encuentran hechos diferentes a los investigados o juzgados que en su criterio pueden configurar delitos o faltas disciplinarias investigables de oficio, resulta viable que informen tal situaci\u00f3n a la autoridad competente a trav\u00e9s de la compulsa de copias, decisi\u00f3n que no es recurrible, \u201cno s\u00f3lo por constituir un aspecto colateral, sino porque cualquier controversia sobre la viabilidad de iniciar o no la acci\u00f3n a que hubiere lugar, corresponde dirimirla al funcionario competente y no al que, en cumplimiento de su deber legal, se limita simplemente a informarlo\u201d (Cfr. CSJ AP del 6 de septiembre de 2000, Rad. No. 16725; 28 de abril de 1992, Rad. No. 3525; 11 de mayo de 1994, Rad. No. 8989; 17 de agosto de 2000, Rad. No. 15862, \u00e9nfasis agregado)\u00bb (CSJ ATP1375-2018, 5 jul. 2018, rad. 98978). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, posteriormente expuso que: \u00ab(\u2026) en atenci\u00f3n a que la decisi\u00f3n cuestionada no constituye parte esencial de la providencia de tutela, pues se trata del deber de los servidores p\u00fablicos de poner en conocimiento las irregularidades que advierta en el ejercicio de sus funciones, en el cual no puede intervenir el superior funcional, toda vez que a quien compete determinar si hay lugar o no a iniciar la respectiva investigaci\u00f3n es, en este caso, al Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 y la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n\u00bb (CSJ ATP2215-2018, 21 nov. 2018, rad. 101388). <\/p>\n
Ahora bien, si el impugnante, a su juicio, no ha incurrido en alguna falta o conducta irregular por cuanto \u00abno fue el funcionario que concedi\u00f3 el amparo que fue objeto de anomal\u00edas y actu\u00f3 conforme a derecho al interior del tr\u00e1mite constitucional\u00bb podr\u00e1 dilucidar tales situaciones ante la autoridad competente, ejerciendo su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, y aportando las pruebas que considere pertinentes. <\/p>\n
Sobre lo anterior, la Corte en otra oportunidad, expuso: \u00ab(\u2026) por una parte, es competencia de cualquier autoridad dar a conocer las situaciones que, en su criterio, estime irregulares y que ameriten el examen de la autoridad disciplinaria \u2013decisi\u00f3n del juez constitucional a quo que la Sala respeta- y, por otra, como lo ha destacado esta Sala, es ante el ente investigador que el investigado podr\u00e1 \u2018ejercer su derecho de contradicci\u00f3n rindiendo las explicaciones solicitades, aportando las pruebas que tenga en su poder o pidiendo la pr\u00e1ctica de las que considera conducentes, pertinentes y necesarias para demostrar la inexistencia de la falta sobre la que versa el cargo, o la improcedencia de la sanci\u00f3n que se sigue como consecuencia de ella\u00bb. (CSJ. STC de 2 nov. 2010, Exp. 2010-00279-01, STC9268-2020, reiterada en STC4575-2021). <\/p>\n
2.- Lo discurrido conlleva a refrendar el desenlace opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC755-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC755-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001 22 13 000 2022 00457 01 (Aprobado en Sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., dos (2) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71053","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71053","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71053"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71053\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71053"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71053"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}