STC758-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC758-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 20001-22-14-000-2022-00235-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2022 por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Daniel David Gutierrez Barrios en su calidad de abogado de Javier Enrique Guti\u00e9rrez Brochero contra el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados los intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia e igualdad, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
En consecuencia, solicita se ordene al estrado acusado que \u00abse declare la nulidad de la audiencia de embargo\u2026\u00bb; que se cambie \u00abel proceso de juzgado, toda vez que ya\u2026 esta parcializado con esta acci\u00f3n\u00bb; y se \u00abrealice las compulsas de copias, ante la Procuradur\u00eda o Fiscal\u00eda, en caso de que se pueda demostrar faltas culposas o dolosas al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Bancolombia adelant\u00f3 un proceso ejecutivo contra Javier Enrique Gutierrez, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar, el que en auto de 25 de febrero de 2020 dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 23 de noviembre siguiente se adelant\u00f3 la diligencia de secuestro del inmueble, posteriormente se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n, as\u00ed como el aval\u00fao, sin manifestaci\u00f3n del ejecutado; se fij\u00f3 fecha de remate para el 18 de agosto de 2022, \u00faltima en la que no se acept\u00f3 la solicitud de aplazamiento elevada por el abogado del gestor el d\u00eda anterior, se le requiri\u00f3 a este \u00faltimo para que subsanara los defectos del poder y se adjudic\u00f3 el bien; y el 22 de agosto de ese a\u00f1o se present\u00f3 el poder en debida forma, por lo que el 4 de octubre se le reconoci\u00f3 personer\u00eda, y en auto de la misma fecha se aprob\u00f3 el remate. <\/p>\n
2.3. Indic\u00f3 el accionante que su t\u00edo le coment\u00f3 la existencia del proceso ejecutivo; que el 3 de mayo de 2022 present\u00f3 el poder; que el 24 de mayo siguiente se traslad\u00f3 al juzgado, en donde le manifestaron que recibieron el correo pero no le hab\u00edan dado tr\u00e1mite porque el expediente estaba al despacho. <\/p>\n
2.4. Se\u00f1al\u00f3 que el 30 de junio nuevamente se present\u00f3 en el estrado judicial, pero le dijeron que enviara el correo por el centro de servicios; que el 15 de julio de 2022 radic\u00f3 el poder; que como no tuvo respuesta se dirigi\u00f3 nuevamente al juzgado en donde le dijeron que el proceso segu\u00eda al despacho y que por tal raz\u00f3n no pod\u00edan reconocerle personer\u00eda. <\/p>\n
2.5. Adujo que el 5 de agosto de 2022 lo notificaron de la audiencia de remate de inmueble, as\u00ed como que hab\u00edan recolectado el dinero para hacerle una propuesta a Bancolombia; y que el 17 de agosto siguiente present\u00f3 solicitud de aplazamiento del remate porque ten\u00eda otra audiencia a la misma hora \u2013sustituci\u00f3n de medida de aseguramiento con persona privada de la libertad-. <\/p>\n
2.6. Refiri\u00f3 que el enviaron el link de la audiencia, el que reenv\u00edo a su cliente, quien le manifest\u00f3 que estuvo conectado de las 9 a las 9:30 am pero que nadie hab\u00eda ingresado, por lo que asumieron que se suspendi\u00f3 la diligencia; y que el 18 de agosto anterior el despacho le remiti\u00f3 un oficio d\u00e1ndole 5 d\u00edas para presentar el poder en debida forma. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que el 19 de agosto se public\u00f3 un estado que dec\u00eda que se llev\u00f3 a cabo la diligencia; que el 22 de agosto se present\u00f3 para radicar memorial poder y solicit\u00f3 el acta del remate, la que no les entregaron; que se carg\u00f3 un nuevo estado anunciando que el proceso se encontraba para aprobaci\u00f3n del remate; y que un tercero fue favorecido, tipific\u00e1ndose un fraude procesal. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Edgar Javier L\u00f3pez Mercado indic\u00f3 que no le constaban los hechos de la tutela; que el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso regulaba el saneamiento de las nulidades y la aprobaci\u00f3n del remate; que no se hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno; que la litis se adelant\u00f3 conforme lo se\u00f1alaba el C\u00f3digo General del Proceso; y que era un vinculado al proceso de buena fe, que utilizando mecanismos legales obtuvo la adjudicaci\u00f3n de los inmuebles objeto de remate dentro de la diligencia adelantada el 18 de agosto de 2022. <\/p>\n
2. Bancolombia SA se\u00f1al\u00f3 que el accionante fue enterado de la existencia del proceso desde el 9 de octubre de 2019, data en la que se practic\u00f3 la notificaci\u00f3n personal del mandamiento de pago y recibi\u00f3 copia de la demanda con sus anexos; que el ejecutado no present\u00f3 oposici\u00f3n alguna; que el despacho en la diligencia de remate resolvi\u00f3 las actuaciones surtidas por el accionante, quien no ejerci\u00f3 ning\u00fan medio de defensa; que se efectu\u00f3 el respectivo control de legalidad, sin que se advirtieran irregularidades que pudieran acarrear nulidades; que la audiencia se program\u00f3 para las 10 am, por lo que no era posible que el gestor se conectara previamente; que tr\u00e1mite hab\u00eda dado plena observancia al debido proceso; que se cumpli\u00f3 con la ritualidad exigida, pero el promotor no interpuso los recursos de ley contra las decisiones adoptadas; que no conculc\u00f3 prerrogativa esencial alguna y no se present\u00f3 fraude procesal. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Valledupar realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso y refiri\u00f3 que el demandado, pese a encontrarse notificado, no hab\u00eda actuado en el proceso; que el juicio se hab\u00eda tramitado conforme a las normas sustantivas y adjetivas; que no fue necesario realizar un control de legalidad; que si el ejecutado quer\u00eda proponer una soluci\u00f3n de pago, no era la etapa procesal pertinente para el efecto, pues si a bien lo ten\u00eda, pudo realizar la gesti\u00f3n de acuerdo de pago ante Bancolombia y presentarla; que el remate estaba programado para las 10 am y no a las 9 am; que aplazar una diligencia de remate, por solicitud elevada el d\u00eda anterior a la misma, contrariaba el art\u00edculo 5 del C\u00f3digo General del Proceso; que el hecho de tener otra diligencia no era causal de suspensi\u00f3n o aplazamiento, menos cuando la misma hab\u00eda sido programada desde marzo de 2022 y debidamente notificada por estado; que remiti\u00f3 el link del proceso; que las consideraciones sobre la supuesta comisi\u00f3n de un fraude procesal y el favorecimiento en el remate eran irresponsables y ligeras, con un demandado silente, que solo ahora hace presencia usando argumentos \u00abfaltos de raz\u00f3n para tratar de deshacer la diligencia\u00bb; que no era cierto que el ejecutado tuviere prioridad de recompra; y que se resolvieron las solicitudes elevadas dentro del proceso. <\/p>\n
4. Javier Enrique Guti\u00e9rrez Brochero refiri\u00f3 que se conect\u00f3 a la audiencia a las 10 am, pero nadie estaba presente y no les entregaron las actas ni los audios respectivos, pese a sus solicitudes; que su apoderado ten\u00eda otra diligencia a la misma hora; que se dilat\u00f3 el reconocimiento de personer\u00eda de su defensor; que se deb\u00eda invalidar la audiencia que se realiz\u00f3 sin su presencia; que ten\u00eda una propuesta para realizarle al demandante y no perder su inmueble que era el \u00fanico patrimonio que le quedaba a \u00e9l y a su familia; y que solo ped\u00eda se le diera la posibilidad de recomprar su bien o pagarle al tercero beneficiado en el remate, pues por ser ejecutado ten\u00eda mejor derecho. <\/p>\n
5. Conforme los anexos allegados de manera virtual por el a quo constitucional a fin de adelantar la impugnaci\u00f3n formulada, no se evidencian m\u00e1s respuestas ni pronunciamientos de los convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal constitucional deneg\u00f3 el amparo al considerar que no se cumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad; que la juzgadora s\u00ed estudi\u00f3 la solicitud de aplazamiento elevada, pero se evidenci\u00f3 que no estaba argumentada; que no se puso en conocimiento que el apoderado del gestor tuviese otra audiencia previamente programada, sino que se indic\u00f3 que exist\u00edan solicitudes del ejecutado pendientes de resolver -reconocimiento de personar\u00eda y env\u00edo del expediente para el estudio-; y que la juez encontr\u00f3 que el poder no reun\u00eda todos los requisitos conforme al art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 2213 de 2022, por lo que requiri\u00f3 al extremo ejecutado para que corrigiera el mandato, lo que le comunic\u00f3 el mismo 18 de agosto. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que si bien no se comparti\u00f3 el enlace del expediente previo a la audiencia, lo cierto es que dicha omisi\u00f3n no pod\u00eda ser conjurada por esta v\u00eda, pues el apoderado no puso de presente dicha circunstancia ante el director del proceso para afectar su validez, conforme el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, en tanto que todas las irregularidades que afectaran la validez del remate se consideraban saneadas si no eran alegadas antes de la adjudicaci\u00f3n, lo que sucedi\u00f3 hasta el 4 de octubre, o en su defecto, cuando le fue remitido el link del expediente el 29 de septiembre, sin que fuere necesario el reconocimiento de personer\u00eda, en tanto que no era un acto constitutivo sino meramente declarativo y en el juicio no hab\u00eda duda sobre dicho apoderamiento; que como la parte pudo pedir la invalidez despu\u00e9s del remate pero dej\u00f3 pasar la oportunidad no era viable decidir al respecto; que esa falta de subsidiariedad tambi\u00e9n aplicaba para desechar las solicitudes relativas al cambio de juez y de compulsa de copias, pues el actor lo pod\u00eda hacer directamente; y que la desidia procesal no pod\u00eda sanearse con esta acci\u00f3n excepcional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante impugn\u00f3 la referida determinaci\u00f3n reiterando los argumentos expuestos en su escrito inicial y aduciendo que no pretend\u00eda que el juzgador se parcializara a su favor sino que se dinamizaran los tr\u00e1mites o los escucharan en el proceso; que exist\u00edan casos en los que jueces favorec\u00edan a terceros para adquirir viviendas a un precio menor por una contraprestaci\u00f3n, sin que con ello este haciendo una acusaci\u00f3n formal, pero mencionaba el tema porque los juzgadores deb\u00edan dar publicidad a sus actuaciones; y que hab\u00eda una familia \u00aba portas de ser lanzada a la calle que no puede esperar el tr\u00e1mite ordinario de una denuncia penal y permitir que el inmueble pase de propietario\u00bb. <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Descendiendo al sub examine, advierte la Corte que la solicitud de amparo est\u00e1 llamada a fracasar, comoquiera que auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, no se vislumbra que el accionante hubiese agotado los mecanismos de defensa con los que contaba. <\/p>\n
En efecto, el promotor del resguardo fue pasivo durante todo el juicio, no formul\u00f3 excepciones, no cuestion\u00f3 la liquidaci\u00f3n y el aval\u00fao, y no aleg\u00f3 las supuestas irregularidades de la diligencia de remate antes de la adjudicaci\u00f3n, conforme con el art\u00edculo 455 del C\u00f3digo General del Proceso, por lo que desperdici\u00f3 el escenario id\u00f3neo para exponer sus reclamos. <\/p>\n
De ese modo el reclamo se torna improcedente, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
3. Finalmente, se advierte frente a la solicitud de compulsa de copias, que si el peticionario considera que existe alguna actuaci\u00f3n irregular por parte del fallador, est\u00e1 a su alcance ponerla en conocimiento de las autoridades respectivas, asumiendo su responsabilidad por las consecuencias derivadas de ello. <\/p>\n
Frente a dicho punto, esta Corporaci\u00f3n ha expresado: <\/p>\n
\u2026es preciso indicar que si el aqu\u00ed convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u2018En relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u2026 (CSJ STC13871-2016 y STC14669-2016). <\/p>\n
4. Conforme a lo expuesto, se impone confirmar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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