STC771-2023_1<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC771-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00426-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 29 de noviembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Eduardo Cano G\u00f3mez, contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Pereira, Martha In\u00e9s, Viviana Andrea y Diana Patricia Cano G\u00f3mez, y Banco BBVA Colombia SA., y dem\u00e1s intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario de radicado 2016-01024-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vivienda en condiciones dignas, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que Banco BBVA Colombia SA, promovi\u00f3 proceso ejecutivo con garant\u00eda real, entre otros en su contra, en el que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Pereira, libro mandamiento ejecutivo. Notificado su apoderado judicial formul\u00f3 las excepciones que denomin\u00f3 \u00abprescripci\u00f3n de las obligaciones demandadas\u00bb, \u00abcobro de modo indebido o cobro de obligaciones en modo diferente al pactado\u00bb y, \u00abCobro de lo no debido\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, el Juzgado de conocimiento en sentencia de 11 de agosto de 2020, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de las obligaciones demandadas, \u00absin pronunciarse acerca de las otras dos defensas de m\u00e9rito y la parte demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n\u00bb, decisi\u00f3n que en apelaci\u00f3n revoc\u00f3 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira el 6 de junio del 2022, y en su lugar orden\u00f3 \u00abseguir adelante con la ejecuci\u00f3n en la forma como se dispuso en el mandamiento pago proferido dentro del proceso, es decir, exigiendo el pago de sumas de capital expresadas en UVR\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que esa determinaci\u00f3n adem\u00e1s de desconocer los efectos jur\u00eddicos de la sentencia proferida en el proceso ordinario entre las mismas partes de radicado 2010-00221, omiti\u00f3 efectuar el control judicial sobre el t\u00edtulo ejecutivo complejo que materializa una obligaci\u00f3n de tracto sucesivo derivada de cr\u00e9dito destinado a vivienda, y, por tanto, deb\u00eda estar acompa\u00f1ada de restructuraci\u00f3n. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que se ignor\u00f3 el precedente judicial sobre la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria en cr\u00e9ditos para financiaci\u00f3n de vivienda, puesto que el mandamiento de pago fue notificado al demandante en estado del 12 de mayo de 2017, y al accionante por conducta concluyente el 2 de agosto de 2018, raz\u00f3n por la que la interrupci\u00f3n ocurri\u00f3 en esta \u00faltima fecha, y por eso est\u00e1n prescritas las cuotas con vencimiento anterior al 2 de agosto de 2015. <\/p>\n
Sostuvo que igualmente, se configur\u00f3 defecto procedimental absoluto porque el Juzgado accionado omiti\u00f3 resolver las excepciones de m\u00e9rito no decididas en primer grado, desatendiendo lo dispuesto en el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 ordenar al Juzgado accionado dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia de 6 de junio de 2022, y proferir una nueva ajustada a los lineamientos jur\u00eddicos que en el fallo de Tutela especifique el Juez Constitucional, en especial, i) el control judicial del t\u00edtulo valor complejo y, ii) la aplicaci\u00f3n estricta de los precedentes jurisprudenciales concernientes a los cr\u00e9ditos para financiaci\u00f3n de vivienda. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, asinti\u00f3 que conoci\u00f3 de la apelaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Municipal, en la que se hab\u00eda decretado la prescripci\u00f3n de las obligaciones demandadas, la cual revoc\u00f3 con fundamento en que el t\u00e9rmino deb\u00eda computarse desde la presentaci\u00f3n de la demanda, y con respecto a la falta de restructuraci\u00f3n, corresponde a una alegaci\u00f3n nueva. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Pereira, luego de hacer un recuento de las actuaciones del despacho, argumento no haber vulnerado ning\u00fan derecho fundamental. <\/p>\n
3. El Banco BBVA Colombia, inform\u00f3 que present\u00f3 reliquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito junto con la demanda, y que la parte demandada nunca aleg\u00f3 requisitos formales del t\u00edtulo, adem\u00e1s que la decisi\u00f3n atacada se ajusta a lo previsto en el art\u00edculo 19 de la Ley 546 de 1999, puesto que se entendi\u00f3 que se estaban demandado cuotas vencidas y no pagadas que no tuvieran m\u00e1s de tres a\u00f1os de vencimiento, y que se aceler\u00f3 el plazo de las no vencidas desde la presentaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
4. Viviana Andrea, Martha In\u00e9s y Diana Patricia Cano G\u00f3mez coadyuvaron las pretensiones del accionante. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Pereira, declar\u00f3 improcedente el amparo por no haber encontrado satisfecho el requisito de la subsidiariedad y por inexistencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Consider\u00f3 que, sobre la falta de resoluci\u00f3n de excepciones de fondo, al fracasar la defensa de prescripci\u00f3n en segunda instancia imperaba resolver las dem\u00e1s. Sin embargo, el accionante pudo poner de presente esa omisi\u00f3n solicitando la adici\u00f3n o complementaci\u00f3n de la sentencia, lo que no hizo sin justificaci\u00f3n, pese a que era el medio procesal id\u00f3neo y eficaz para que el problema jur\u00eddico se desatara en el tr\u00e1mite ordinario. <\/p>\n
Con respecto al control oficioso de los requisitos del t\u00edtulo valor y la aplicaci\u00f3n del precedente, estim\u00f3 que el interesado ning\u00fan cuestionamiento o petici\u00f3n formul\u00f3 en dichos t\u00e9rminos, adem\u00e1s pod\u00eda reclamarlo mediante la adici\u00f3n echada de menos, sin que exista alegato o pruebas de circunstancia especial que flexibilice dicha exigencia. <\/p>\n
En cuanto a la defectuosa resoluci\u00f3n de la prescripci\u00f3n, consider\u00f3 infundado el reparo porque est\u00e1 basado en un suceso inexistente, porque la fecha de notificaci\u00f3n no ocurri\u00f3 el 2 de agosto de 2018, como alega por el recurrente, y, para el efecto, tuvo en cuenta que el demandado contest\u00f3 la demanda el 21 de junio de 2017, y el mandamiento de pago es de 12 de mayo de 2017, raz\u00f3n por la que la notificaci\u00f3n se hizo dentro del plazo legal, puesto que fenec\u00eda el 12 de mayo de 2018. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, y con respecto a la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, sostuvo que se aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso e insisti\u00f3 en que asisti\u00f3 mediante apoderado quien present\u00f3 el poder, lo que significa que se estructur\u00f3 el supuesto de hecho contemplado en el inciso segundo de esa regla, y por tanto qued\u00f3 notificado el d\u00eda en que se ingres\u00f3 a estados la providencia que le reconoce personer\u00eda, esto es el 2 de agosto de 2018. <\/p>\n
Denunci\u00f3 inadmisible que despu\u00e9s de un defecto procedimental absoluto atribuible al funcionario judicial, la tutela permita que subsista esa anomal\u00eda, por el celo excesivo frente al cumplimiento de las condiciones de procedibilidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisada la queja constitucional y los soportes incorporados a este tr\u00e1mite, se impone revocar la decisi\u00f3n de primera instancia, por las razones que se explican a continuaci\u00f3n, <\/p>\n
2.1 Censur\u00f3 el accionante que el juez constitucional, cuando analiz\u00f3 la razonabilidad de la decisi\u00f3n de segunda instancia, puntualmente en lo relativo a que no se configur\u00f3 la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Lo anterior porque a juicio del impugnante, no fue \u00e9l quien se dirigi\u00f3 al despacho, sino su apoderado quien present\u00f3 poder y fue este el antecedente f\u00e1ctico que estructur\u00f3 el supuesto de hecho contemplado en el inciso segundo de la referida regla que abri\u00f3 paso a la notificaci\u00f3n por conducta concluyente, la cual se materializ\u00f3 el 2 de agosto de 2018. <\/p>\n
Para desatar este punto de inconformidad, en la sentencia de tutela de primera instancia se dijo, <\/p>\n
(\u2026) Se arguye que el juzgado contravino el art\u00edculo 94, CGP, al dejar de considerar que el mandamiento de pago se notific\u00f3 despu\u00e9s del a\u00f1o en que se profiri\u00f3 y, por ende, hab\u00edan prescrito todas las cuotas causadas antes del 02-08-2015. <\/p>\n
De entrada, se aprecia que fracasa la censura imputada al juzgador de segundo grado, habida cuenta de que, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no su razonamiento, el reparo procesal es notoriamente infundado porque est\u00e1 basado en un suceso inexistente; en efecto, la fecha de la notificaci\u00f3n, seg\u00fan se observa en el expediente, no acaeci\u00f3 el 02-08-2018, como alega el accionante. <\/p>\n
Reza el art\u00edculo 301, CGP, \u201c(\u2026) se considerar\u00e1 notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentaci\u00f3n del escrito o de la manifestaci\u00f3n verbal (\u2026)\u201d. El 21-06-2017 el interesado contest\u00f3 y excepcion\u00f3, sin previa citaci\u00f3n, por lo tanto, esta es la fecha que se debe tomar como notificado por conducta concluyente, en manera alguna el 02-08-2018, que corresponde al d\u00eda en que se notific\u00f3 por estado el auto que reconoci\u00f3 personer\u00eda a su mandatario (Ib., pdf.18, enlace expediente digitalizado, pdf.01, folios 187-193 y 219-220). <\/p>\n
Entonces, como la interrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n opera, siempre y cuando, \u201c(\u2026) el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante (\u2026)\u201d, y el auto data del 12-05-2017 (Ib., pdf.18, enlace expediente digitalizado, pdf.01, folios 161-168), patente es que la notificaci\u00f3n se hizo dentro del plazo legal del a\u00f1o, pues fenec\u00eda el 12-05-2018; corolario, impropio que el juzgado incurriera en el defecto procedimental endilgado. <\/p>\n
2.2 Como puede apreciarse, el juez constitucional de primera instancia, concluy\u00f3 que la notificaci\u00f3n del mandamiento de pago al accionante, no se surti\u00f3 el 2 de agosto de 2022, sino el 21 de junio de 2017, conclusi\u00f3n que no va de la mano con lo que revela el expediente. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto mediante auto notificado en estados de 2 de agosto de 2018, proferido en el curso del proceso ejecutivo (01 cuaderno principal), el Juzgado el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Pereira dispuso, <\/p>\n
\u00abSe tiene que el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso inciso segundo dispone que: \u201c\u2026quien constituya apoderado judicial se entender\u00e1 notificado por conducta concluyente de todas las providencias que se hayan dictado en el respectivo proceso, inclusive del auto admisorio de la demanda o mandamiento de pago ejecutivo, el d\u00eda en que se notifique el auto que le reconoce personer\u00eda, a menos que la notificaci\u00f3n se haya surtido con anterioridad\u201d. En raz\u00f3n de lo anterior y como los demandados en este asunto, arrimaron escrito mediante el cual otorgaron poder a un profesional del derecho para que los represente en este asunto, el despacho conforme lo dispone la norma anteriormente citada, tiene a los se\u00f1ores Carlos Eduardo Cano G\u00f3mez (\u2026) notificados por conducta concluyente del auto de doce (12) de mayor de dos mil diecisiete (2017), a trav\u00e9s del cual se libr\u00f3 mandamiento de pago en su contra (…). Se reconoce personer\u00eda amplia y suficiente al abogado (\u2026) para que represente a la demandada conforme al poder conferido\u00bb. <\/p>\n
De esa manera, como el supuesto de hecho que se tuvo en cuenta por el juzgador de instancia para tener al demandado por notificado, fue que constituy\u00f3 apoderado judicial, la consecuencia procesal establecida en el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso, es que se entiende notificado inclusive del mandamiento de pago, el d\u00eda en que se notifique el auto que reconoce personer\u00eda. <\/p>\n
Como dicha providencia se notific\u00f3 el 2 de agosto de 2018, le asiste raz\u00f3n al impugnante en este punto, situaci\u00f3n que impone examinar la providencia de segunda instancia atacada a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional, en orden a dilucidar la razonabilidad del c\u00f3mputo que se hizo para revocar la declaratoria de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
3. En la sentencia de segunda instancia de 6 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira, se revoc\u00f3 el fallo de 11 de agosto de 2020, al no encontrar demostrada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n, y se orden\u00f3 seguir adelante la ejecuci\u00f3n (04 sentencia.pdf). <\/p>\n
De estas circunstancias, emergen satisfechos dos de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, esto es, el de la subsidiariedad porque frente a esa decisi\u00f3n no procede ning\u00fan recurso, y la inmediatez porque al momento en que se radic\u00f3 esta acci\u00f3n constitucional (15-11-2022), no se hab\u00eda superado el t\u00e9rmino razonable establecido por la jurisprudencia para la interposici\u00f3n de una acci\u00f3n de este linaje (6 meses), abri\u00e9ndose paso al estudio de las censuras formuladas. <\/p>\n
Ahora bien, en relaci\u00f3n con la figura de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria, en la sentencia referida se hizo el siguiente an\u00e1lisis, <\/p>\n
(\u2026) En virtud de lo anterior, es claro entonces, que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria derivado del pagar\u00e9 No 03901355-4 que aqu\u00ed se cobra coactivamente, debe contabilizarse desde la fecha en que se present\u00f3 la demanda (diciembre 12 de 2016) por ser esta la fecha en que el Banco BBVA exterioriz\u00f3 su voluntad de exigir el pago de la totalidad del importe del t\u00edtulo mencionado. <\/p>\n
De acuerdo con ello, y tomando como punto de partida la presentaci\u00f3n de la demanda que lo fue el 12 de diciembre de 2016, debe concluirse que la entidad crediticia ten\u00eda hasta el 12 de diciembre de 2019 para demandar el recaudo ejecutivo del importe del t\u00edtulo, so pena de que la misma se extinguiera, pero esa extinci\u00f3n no se materializ\u00f3 al presentarse la causal de interrupci\u00f3n del fen\u00f3meno prescriptivo con la presentaci\u00f3n del l\u00edbelo (\u2026). <\/p>\n
Descendiendo al caso presente, y con fundamento en el pasaje jurisprudencial citado, as\u00ed como los argumentos expuestos, se tiene que la interrupci\u00f3n civil se origin\u00f3 con la presentaci\u00f3n de la demanda el 12 de diciembre de 2016, lo que quiere decir que los tres a\u00f1os para que operara el fen\u00f3meno prescriptivo se cumplir\u00edan el 12 de diciembre de 2019 y antes de esta fecha fueron notificados los demandados Viviana Andrea Cano G\u00f3mez (junio 16 de 2017), Carlos Eduardo Cano G\u00f3mez, Martha In\u00e9s Cano G\u00f3mez, Diana Patricia Cano G\u00f3mez (agosto 2 de 2018) y los herederos indeterminados de la se\u00f1ora Liliana G\u00f3mez Ram\u00edrez (septiembre 17 de 2018). <\/p>\n
En este orden de ideas, han de tenerse en cuenta los argumentos de la apoderada de la entidad demandante en cuanto el cobro de las cuotas en mora no prescritas, desde el 20 de enero de 2014 y as\u00ed sucesivamente hasta el mes de diciembre de 2016 cuando fue presentada la demanda, ejecutando adem\u00e1s por el saldo insoluto no vencido desde la fecha de la presentaci\u00f3n de la demanda, pues aunque la mora se present\u00f3 desde el 20 de febrero de 2013, esas cuotas de febrero a diciembre de 2013, se encontraban bajo el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n y por ello no demand\u00f3 su pago (04 sentencia). Negrilla fuera de texto. <\/p>\n
A manera de s\u00edntesis en esa decisi\u00f3n se dijo, i) el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria derivado del pagar\u00e9 debe contabilizarse desde la fecha en que se present\u00f3 la demanda, ii) la entidad crediticia ten\u00eda hasta el 12 de diciembre de 2019 para demandar el recaudo ejecutivo del importe del t\u00edtulo, iii) la prescripci\u00f3n no se materializ\u00f3 por interrupci\u00f3n del fen\u00f3meno prescriptivo con la presentaci\u00f3n de la demanda, y iv) antes del 12 de diciembre de 2019 fueron notificados los demandados y por esto no oper\u00f3 la prescripci\u00f3n. <\/p>\n
4. Frente a esas conclusiones el accionante reclam\u00f3 que desconocen la normativa y jurisprudencia relacionado con la forma como se contabiliza el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria trat\u00e1ndose de cr\u00e9ditos de vivienda a largo plazo, argumento que se impone acoger en esta instancia. <\/p>\n
Lo anterior porque el pagar\u00e9 a la orden, base del cobro No. 03901355-4, se estableci\u00f3 en cuotas (240), \u00ablo que impon\u00eda a la sede judicial criticada examinar el t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio1 de manera independiente para cada uno de los instalamentos aducidos como adeudados, desde la exigibilidad de los mismos, y en cuanto al saldo acelerado, de ser el caso, a partir de la radicaci\u00f3n de la demanda, labor\u00edo que no se despleg\u00f3 en el fallo atacado\u00bb (STC14595\/2017). <\/p>\n
En relaci\u00f3n con el tema esta Sala ha reiterado, <\/p>\n
(\u2026) El juez del conocimiento, a efectos de determinar si hab\u00eda operado o no la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n que ejerci\u00f3 la ejecutante, no atendi\u00f3 la circunstancia de que los pagar\u00e9s sometidos a recaudo judicial se crearon con ocasi\u00f3n de un cr\u00e9dito destinado a la financiaci\u00f3n de vivienda y al plan de reducci\u00f3n de cuota del mismo que acordaron las partes, en los cuales se convino un sistema de amortizaci\u00f3n que consist\u00eda en el pago de cuotas o instalamentos con vencimientos ciertos sucesivos. (\u2026) <\/p>\n
De ese modo, el juzgador no pod\u00eda soslayar el contenido de los preceptos legales que regulan la materia que deb\u00eda analizar, los cuales, la Corte ha referido que son \u2018los art\u00edculos 2535 del C\u00f3digo Civil, 789 del C\u00f3digo de Comercio, 19 de la Ley 546 de 1999 y 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, normas que efectivamente disciplinan el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n extintiva, la cl\u00e1usula aceleratoria en los cr\u00e9ditos de vivienda y la interrupci\u00f3n civil del t\u00e9rmino prescriptivo\u2019. <\/p>\n
En ese orden (\u2026,) en los cr\u00e9ditos de vivienda, el acreedor s\u00f3lo podr\u00e1 hacer exigible el saldo insoluto de la deuda a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda, de modo que, en lo que se relaciona con el mismo, el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n necesariamente debe contabilizarse a partir de ese momento. (\u2026) No ocurre lo mismo respecto de las cuotas que estuvieren en mora a la presentaci\u00f3n del libelo incoativo, toda vez que \u00e9stas tienen vencimientos independientes, de ah\u00ed que el t\u00e9rmino prescriptivo debe computarse desde la fecha en que se caus\u00f3 cada una, a efectos de determinar aquellas que pueden resultar afectadas por la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n cambiaria. (\u2026). <\/p>\n
El juez de la primera instancia, sin asidero legal, se apart\u00f3 del anterior entendimiento que claramente emana de la normatividad aplicable al asunto, el cual ha prohijado la Corte en otras oportunidades al se\u00f1alar que el art\u00edculo 19 de la ley 546 de 1999, \u2018tuvo como prop\u00f3sito el de aclarar los alcances de la facultad de dar por extinguido el plazo de manera anticipada, pues all\u00ed se plasm\u00f3 que tal prerrogativa, en trat\u00e1ndose de los cr\u00e9ditos otorgados por las entidades financieras para la adquisici\u00f3n de vivienda, s\u00f3lo pod\u00eda ejercitarse por el acreedor desde la presentaci\u00f3n de la respectiva demanda judicial\u201d, precisando que a trav\u00e9s de \u00e9sta \u201cse persigue el pago de la parte de la obligaci\u00f3n que se encuentra en mora y de la que a partir de ese momento se hace exigible\u2019 y en consonancia con lo anterior, recientemente sostuvo la Sala que \u2018la aceleraci\u00f3n del plazo en obligaciones pactadas por cuotas se surte con la presentaci\u00f3n de la demanda y desde all\u00ed se computa el plazo prescriptivo para el \u2018capital acelerado\u2019\u2019. (\u2026) As\u00ed las cosas, era menester que el juez analizara si la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n se consum\u00f3 o no respecto de los instalamentos que se encontraban en mora al momento de presentarse la demanda, e independientemente, si dicho medio de extinci\u00f3n se verific\u00f3 frente a los saldos de las obligaciones que se hicieron exigibles con la presentaci\u00f3n del mencionado libelo. (CSJ. STC, 1\u00ba nov. 2012, rad. 2012-02455-00; reiterada en STC, 15 mar. 2013, rad. 2013-00538-00; STC, 8 may. 2013, rad. 2013-00098-01, reiterada en STC14595-2017). <\/p>\n
De manera que, como el cobro ejecutivo se estableci\u00f3 para recaudar el pago de cuotas vencidas, y saldo insoluto a partir de la presentaci\u00f3n de la demanda, no pod\u00eda el juzgador computar exclusivamente el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n para todas esas obligaciones desde la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, puesto que para las primeras empieza a correr desde la fecha de vencimiento, como lo ordena el art\u00edculo 789 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
Ahora, en la providencia censurada acertadamente se concluy\u00f3 que el accionante qued\u00f3 notificado del mandamiento de pago el 2 de agosto de 2018, pero se echa de menos la distinci\u00f3n entre la prescripci\u00f3n extintiva de la acci\u00f3n, su interrupci\u00f3n civil, y sobre todo de los efectos de esta \u00faltima en un tr\u00e1mite judicial. N\u00f3tese, se sostuvo que como la demanda se present\u00f3 el 12 de diciembre de 2016, se ten\u00eda hasta el 12 de diciembre de 2019 para demandar el recaudo ejecutivo de las obligaciones. <\/p>\n
Conclusi\u00f3n que estructur\u00f3 sin reparar las exigencias del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo General del Proceso para ese efecto, \u00abLa presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe el t\u00e9rmino para la prescripci\u00f3n e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio de aquella o el mandamiento ejecutivo se notifique al demandado dentro del t\u00e9rmino de un (1) a\u00f1o contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n de tales providencias al demandante. Pasado este t\u00e9rmino, los mencionados efectos solo se producir\u00e1n con la notificaci\u00f3n al demandado\u00bb. <\/p>\n
Pas\u00f3 por alto el juez de segunda instancia, que la presentaci\u00f3n de la demanda interrumpe civilmente la prescripci\u00f3n, siempre y cuando el mandamiento de pago se notifique el demandado dentro del a\u00f1o, contado a partir del d\u00eda siguiente a la notificaci\u00f3n del mismo al demandante, y que de no ocurrir esto, solo se estructura el d\u00eda en que se surta el acto procesal echado de menos. <\/p>\n
Lo narrado revela la configuraci\u00f3n de la causal gen\u00e9rica de procedibilidad denominada, defecto procedimental absoluto, puesto que el juez de segunda instancia actu\u00f3 completamente al margen del procedimiento establecido. <\/p>\n
5. De otra parte, el accionante afirm\u00f3 que era inadmisible que el juez constitucional permita que subsista la falta de resoluci\u00f3n de excepciones, solo por el celo excesivo frente al cumplimiento de requisitos generales de procedibilidad, en particular la subsidiariedad. <\/p>\n
No es materia de discusi\u00f3n en esta instancia, que el demandado cuando se pronunci\u00f3 frente al mandamiento de pago formul\u00f3 las defensas que denomin\u00f3, \u00abprescripci\u00f3n de las obligaciones demandadas\u00bb, \u00abcobro de modo indebido o cobro de obligaciones en modo diferente al pactado\u00bb, y \u00abcobro de lo no debido o inexistencia de la obligaci\u00f3n por pago total de la misma\u00bb (01. Cuaderno principal, p\u00e1gina 161). <\/p>\n
Tampoco es objeto de debate que, en la sentencia que resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n y que ahora es censurada, una vez se consider\u00f3 que no se encontraba configurado el fen\u00f3meno extintivo, se procedi\u00f3 a revocar esa decisi\u00f3n y seguir adelante la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Ese proceder sin duda, hizo de lado que el art\u00edculo 282 del C\u00f3digo General del Proceso, imperiosamente ordena, \u00abSi el juez encuentra probada una excepci\u00f3n que conduzca a rechazar todas las pretensiones de la demanda, debe abstenerse de examinar las restantes. En este caso si el superior considera infundada aquella excepci\u00f3n resolver\u00e1 sobre las otras, aunque quien la aleg\u00f3 no haya apelado de la sentencia\u00bb (Negrilla fuera de texto). <\/p>\n
Ahora bien, el juez constitucional en primera instancia neg\u00f3 pronunciarse sobre esa situaci\u00f3n porque no encontr\u00f3 satisfecho el requisito de la subsidiariedad, en tanto que la parte interesada no agot\u00f3 todos los medios que ten\u00eda a su alcance para la defensa de sus derechos, en particular no pidi\u00f3 la adici\u00f3n de esa providencia, argumento que en principio resulta atinado. Recu\u00e9rdese, el art\u00edculo 287 ibidem, consagra, \u00abCuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley deb\u00eda ser objeto de pronunciamiento, deber\u00e1 adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad\u00bb. <\/p>\n
No obstante, la omisi\u00f3n advertida evidencia una flagrante vulneraci\u00f3n de las prerrogativas esenciales del demandado, y una transgresi\u00f3n grosera del derecho a ser escuchado en juicio y, por ende, a la defensa como postulados del debido proceso, que, en este caso, impiden concluir que el presupuesto de la subsidiariedad se constituye en tropiezo para conceder el amparo tutelar, dejando de lado la prevalencia al derecho sustancial sobre el formal. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala ha explicado, <\/p>\n
(\u2026) [D]e vieja data lo tiene dicho la Corte, la ausencia de tales presupuestos en la solicitud de amparo constitucional, no constituye un obst\u00e1culo insalvable para el resguardo de los derechos fundamentales cuando estos resultan grosera y abiertamente quebrantados. Sobre el particular, esta Sala ha precisado que: \u2026en algunos casos en los que la decisi\u00f3n judicial vulner\u00f3 de manera protuberante los derechos fundamentales o las normas de orden p\u00fablico, ha admitido que no resultaba conveniente anteponer tal exigencia, pues no constituye un obst\u00e1culo insuperable que impida otorgar la protecci\u00f3n. En tal sentido, en oportunidad anterior, ante la evidente vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales, la Sala concedi\u00f3 la tutela, a pesar de que no se agotaron los mecanismos ordinarios de defensa judicial, ni se promovi\u00f3 en forma oportuna el amparo, con el fin de \u2018proteger los derechos reclamados por la parte accionante, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal\u2019. (ST de 12 de octubre de 2012. Exp. 2012-1545-01) (CSJ. STC5272-2016, 28 ab. 2016, rad. 2015-00355-01 reiterada en STC14595-2017). <\/p>\n
En ese orden, atendiendo que en este asunto se va conceder el amparo para que se profiera una nueva sentencia en la que se decida la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n teniendo en cuenta lo tratado en esta providencia, se ordenar\u00e1 tambi\u00e9n al juzgador que, ante esa circunstancia, aplique lo previsto en el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso, y proceda a resolver las dem\u00e1s defensas planteadas por el accionante, como en derecho corresponda. <\/p>\n
6. Tampoco resulta de recibo el argumento de primera instancia constitucional alusivo a que como el accionante no solicit\u00f3 oportunamente la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo o la adici\u00f3n de la providencia censurada, no se satisfac\u00eda el presupuesto de la subsidiariedad. <\/p>\n
Lo anterior porque es l\u00ednea pac\u00edfica de esta Corporaci\u00f3n, que se trata de una potestad – deber del juez, que aun en la sentencia de segunda instancia, se debe revisar el cumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo ejcutivo, pese a que no haya sido objeto de reparo por las partes, circunstancia que impide predicar que, ante el silencio de los interesados, no proceda su revisi\u00f3n, porque es un deber que se debe acatar por los juzgadores. <\/p>\n
Sobre el tema, la Sala en extenso ha reiterado, <\/p>\n
(\u2026) Los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que, si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido. <\/p>\n
Por ende, mal puede olvidarse que, as\u00ed como el legislador estipul\u00f3 lo ut supra preceptuado, asimismo en la \u00faltima de las citadas regulaciones, puntualmente en su inciso primero, determin\u00f3 que \u00ab[p]resentada la demanda acompa\u00f1ada de documento que preste m\u00e9rito ejecutivo, el juez librar\u00e1 mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligaci\u00f3n en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal\u00bb. <\/p>\n
De ese modo las cosas, todo juzgador, no cabe duda, est\u00e1 habilitado para volver a estudiar, incluso ex officio y sin l\u00edmite en cuanto ata\u00f1e con ese preciso t\u00f3pico, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del recaudo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio impartida cuando la misma es de ese modo rebatida, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que ese es el primer aspecto relativamente al cual se ha de pronunciar la jurisdicci\u00f3n, ya sea a trav\u00e9s del juez a quo, ora por el ad quem. <\/p>\n
Y es que, como la jurisprudencia de esta Sala lo pregon\u00f3 en plurales oportunidades relativamente a lo al efecto demarcado por el C\u00f3digo de Procedimiento Civil, lo cual ahora tambi\u00e9n hace en punto de las reglas del C\u00f3digo General del Proceso, para as\u00ed reiterar ello de cara al nuevo ordenamiento civil adjetivo, ese proceder es del todo garantista de los derechos sustanciales de las partes trabadas en contienda, por lo que no meramente se erige como una potestad de los jueces, sino m\u00e1s bien se convierte en un \u00abdeber\u00bb para que se logre \u00abla igualdad real de las partes\u00bb (art\u00edculos 4\u00ba y 42-2\u00ba del C\u00f3digo General del Proceso) y \u00abla efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb (art\u00edculo 11\u00ba ibidem). <\/p>\n
Ese entendido hace arribar a la convicci\u00f3n de que el fallador mal puede ser un convidado de piedra del litigio, sino que, en cambio, antes que otra cosa, tiene que erigirse dentro del juicio en un defensor del bien superior de la impartici\u00f3n de justicia material. Por tanto, as\u00ed la cita jurisprudencial que a continuaci\u00f3n se transcribe haya sido proferida bajo el derogado C\u00f3digo de Procedimiento Civil, la misma cobra plena vitalidad para predicar que del mismo modo, bajo la vigencia del C\u00f3digo General del Proceso: <\/p>\n
[T]odo juzgador, sin hesitaci\u00f3n alguna, [\u2026] s\u00ed est\u00e1 habilitado para estudiar, aun oficiosamente, el t\u00edtulo que se presenta como soporte del pretenso recaudo ejecutivo, pues tal proceder ha de adelantarlo tanto al analizar, por v\u00eda de impugnaci\u00f3n, la orden de apremio dictada cuando la misma es rebatida, y ello indistintamente del preciso transfondo del reproche que haya sido efectuado e incluso en los eventos en que las connotaciones jur\u00eddicas de aquel no fueron cuestionadas, como tambi\u00e9n a la hora de emitir el fallo de fondo con que finiquite lo ata\u00f1edero con ese escrutinio judicial, en tanto que tal es el primer t\u00f3pico relativamente al cual se ha de pronunciar a fin de depurar el litigio de cualesquiera irregularidad sin que por ende se pueda pregonar extralimitaci\u00f3n o desafuero en sus funciones, m\u00e1xime cuando el proceso perennemente ha de darle prevalencia al derecho sustancial (art\u00edculo 228 Superior). <\/p>\n
Por supuesto, tal deber, valga apuntarlo, parejamente es predicable \u00aben trat\u00e1ndose de sentencias de segundo grado en las que el recurso vertical no gravita sobre dicho tema, [sin que] se pueda predicar afrenta alguna al principio de la no reformatio in pejus por causa de dicho emprendimiento, ello porque para que la mentada irregularidad se estructure es menester, entre otras cosas, que \u201cla enmienda no obedezca a una necesidad impuesta por razones de car\u00e1cter l\u00f3gico o jur\u00eddico atinentes a la consistencia misma del pronunciamiento jurisdiccional\u201d (CSJ SC, 9 ago. 1995, rad. 5093), cual es lo opuesto a lo que sucede en tales an\u00e1lisis, en virtud a que ser\u00eda del todo desatinado esperar un pronunciamiento \u201cde fondo\u201d en un litigio ejecutivo en que el t\u00edtulo no est\u00e1 plenamente configurado, ya que, por sustracci\u00f3n de materia, ese proceder devendr\u00eda inane\u00bb. Claro, esta Corporaci\u00f3n se\u00f1al\u00f3 al respecto, en CSJ STC, 9 feb. 2012, rad. 2011-02157-01, que \u00ab[f]rente a alegada v\u00eda de hecho del ad-quem por analizar previamente las formalidades que deb\u00eda contener el referido t\u00edtulo valor, sin que se hubiese propuesto como \u201cexcepci\u00f3n\u201d por el demandado dentro del litigio en menci\u00f3n, cabe recordar que la jurisprudencia de ha reiterado que \u201cel juzgador de segunda instancia puede en el fallo volver a examinar el t\u00edtulo ejecutivo adosado, a efectos de corroborar la idoneidad del mismo para servir de b\u00e1culo de la ejecuci\u00f3n por ser la obligaci\u00f3n en \u00e9l contenida clara, expresa y exigible, independientemente de que la misma no haya sido objeto de discusi\u00f3n dentro del recurso de alzada formulado contra la decisi\u00f3n de primera instancia, pudiendo a\u00fan revocar la orden de pago primigenia, sin que ello implique extralimitaci\u00f3n de su competencia\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, la hermen\u00e9utica que ha de d\u00e1rsele al canon 430 del C\u00f3digo General del Proceso no excluye la \u00abpotestad-deber\u00bb que tienen los operadores judiciales de revisar \u00abde oficio\u00bb el \u00abt\u00edtulo ejecutivo\u00bb a la hora de dictar sentencia, ya sea esta de \u00fanica, primera o segunda instancia (ello es predicable, en l\u00ednea de general\u00edsimo principio, respecto de todos los procesos ejecutivos y no meramente de los de alimentos de que aqu\u00ed se viene tratando en particular), dado que, como se precis\u00f3 en CSJ STC, 8 nov. 2012, rad. 2012-02414-00, \u00aben los procesos ejecutivos es deber del juez revisar los t\u00e9rminos interlocutorios del mandamiento de pago, en orden a verificar que a pesar de haberse proferido, realmente se estructura el t\u00edtulo ejecutivo (\u2026) Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala ha indicado que \u201cla orden de impulsar la ejecuci\u00f3n, objeto de las sentencias que se profieran en los procesos ejecutivos, implica el previo y necesario an\u00e1lisis de las condiciones que le dan eficacia al t\u00edtulo ejecutivo, sin que en tal caso se encuentre el fallador limitado por el mandamiento de pago proferido al comienzo de la actuaci\u00f3n procesal\u201d [\u2026]\u00bb (se resalt\u00f3). <\/p>\n
De modo que la revisi\u00f3n del t\u00edtulo ejecutivo por parte del juez, para que tal se ajuste al canon 422 del C\u00f3digo General del Proceso, debe ser preliminar al emitirse la orden de apremio y tambi\u00e9n en la sentencia que, con posterioridad, decida sobre la litis, inclusive de forma oficiosa. <\/p>\n
Y es que, valga precisarlo, el legislador lo que contempl\u00f3 en el inciso segundo del art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso fue que la parte ejecutada no pod\u00eda promover defensa respecto del t\u00edtulo ejecutivo sino por la v\u00eda de la reposici\u00f3n contra el mandamiento de pago, cerr\u00e1ndole a esta puertas a cualquier intento ulterior de que ello se ventile a trav\u00e9s de excepciones de fondo, en aras de propender por la econom\u00eda procesal, entendido tal que lejos est\u00e1 de erigirse en la prohibici\u00f3n que incorrectamente vislumbr\u00f3 el tribunal constitucional a quo, de que el juzgador natural no pod\u00eda, motu proprio y con base en las facultades de direcci\u00f3n del proceso de que est\u00e1 dotado, volver a revisar, seg\u00fan le ata\u00f1e, aquel a la hora de dictar el fallo de instancia; otro entendido de ese precepto ser\u00eda colegir inadmisiblemente que el creador de la ley lo que adopt\u00f3 fue la il\u00f3gica regla de que de haberse dado el caso de librarse orden de apremio con alguna incorrecci\u00f3n, ello no pod\u00eda ser enmendado en manera alguna, razonamiento que es atentatorio de la primac\u00eda del derecho sustancial sobre las ritualidades que es postulado constitucional y que, por ende, no encuentra ubicaci\u00f3n en la estructura del ordenamiento jur\u00eddico al efecto constituido (CSJ. STC18432-2016, 15 dic., rad. 2016-00440-01; reiterada, entre muchas otras, en STC4808-2017, STC14140-2019 y, STC14449-2022). <\/p>\n
7. Lo anterior es m\u00e1s que suficiente para revocar la sentencia constitucional de primera instancia impugnada, y ordenar al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin valor y efecto la sentencia de 6 de junio de 2022 y las actuaciones que de esta dependan, y dentro de los cuarenta 40 d\u00edas siguientes, contados a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente contentivo del asunto objeto de esta queja, profiera una nueva sentencia en la que defina el asunto, ocup\u00e1ndose de todas las excepciones propuestas por el ejecutado, resolviendo lo que en derecho corresponda, y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia constitucional de fecha y lugar de procedencia anotada, conforme a lo expuesto, para CONCEDER el amparo al derecho fundamental del debido proceso, deprecado por Carlos Eduardo Cano G\u00f3mez. <\/p>\n
SEGUNDO: ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que, dentro del t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir contado a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, deje sin valor y efecto la sentencia de 6 de junio de 2022, mediante la cual revoc\u00f3 el fallo de 11 de agosto de 2020, proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Pereira, y las actuaciones que dependan de \u00e9ste. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
TERCERO. ORDENAR al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Pereira que cumplido lo anterior y, dentro de los cuarenta (40) d\u00edas siguientes, contados a partir de la fecha en la cual le sea devuelto el expediente contentivo del asunto objeto de esta queja, profiera una nueva sentencia en la que defina el asunto, ocup\u00e1ndose de todas las excepciones propuestas por el ejecutado, resolviendo lo que en derecho corresponda, y teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
CUARTO. ORDENAR al Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Pereira, remitir al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, de manera inmediata y, en todo caso, en un t\u00e9rmino no superior a un (1) d\u00eda, el expediente materia de la queja constitucional (radicaci\u00f3n 66001-40-03-07-2016-01024-00). Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de esta determinaci\u00f3n. <\/p>\n
QUINTO. Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
(ausencia justificada) <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 789. Prescripci\u00f3n de la Acci\u00f3n Cambiaria Directa. La acci\u00f3n cambiaria directa prescribe en tres a\u00f1os a partir del d\u00eda del vencimiento. <\/p>\n
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STC771-2023_1 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC771-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2022-00426-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71058","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71058","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71058"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71058\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71058"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71058"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71058"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}