STC785-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC785-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00032-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo de Jes\u00fas Ocampo Tamayo contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulneradas por la autoridad judicial acusada, por lo que pidi\u00f3 \u00abdejar sin efecto la providencia de segunda instancia\u2026 que declar[\u00f3] desierta la apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Guillermo de Jes\u00fas Ocampo Tamayo, Luz Amparo Jim\u00e9nez Villada, Mar\u00eda Amanda Tamayo Gonz\u00e1lez, Luis Santiago G\u00f3mez Ocampo, Juan Guillermo, Jos\u00e9 Joaqu\u00edn, Mariana Estefan\u00eda y Ana Mar\u00eda Ocampo Jim\u00e9nez promovieron acci\u00f3n de responsabilidad m\u00e9dica contra Saludcoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo Saludcoop En Liquidaci\u00f3n, IPS Cl\u00ednica Saludcoop, Pablo El\u00edas Mena Mena y Diego Arturo Vel\u00e1squez Ram\u00edrez, que se desestim\u00f3 con sentencia del 9 de mayo de 2022, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la parte actora. <\/p>\n
2.2. Remitido el expediente al superior, a trav\u00e9s de auto del 24 de mayo de 2022, admiti\u00f3 la alzada y, adem\u00e1s, precis\u00f3 que, \u00absalvo que se soliciten pruebas oportunamente (arts. 14 decreto 806\/2020 y 327 C.G.P), deber\u00e1 el apelante sustentar su recurso, a m\u00e1s tardar, dentro de los cinco\u2026 d\u00edas siguientes a la ejecutoria de este auto\u00bb. <\/p>\n
2.3. Cumplido lo anterior, con providencia del 10 de junio de 2022, se declar\u00f3 desierta la apelaci\u00f3n, determinaci\u00f3n que censur\u00f3 en s\u00faplica la parte demandante, medio de impugnaci\u00f3n que, tramitado como reposici\u00f3n, fue desechado con auto del 11 de agosto de los corrientes. <\/p>\n
2.4. En s\u00edntesis, expres\u00f3 el gestor del resguardo que el Tribunal querellado \u00abdeclar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n\u2026, por cuanto, [seg\u00fan aquel], no se sustent\u00f3 el recurso\u2026, lo que es errado pues s\u00ed se interpuso y sustent\u00f3 en la audiencia de manera verbal\u00bb; y que la sede judicial acusada desconoce \u00abla jurisprudencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia y la normatividad vigente\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn resalt\u00f3 que \u00abtodas las decisiones en sede de segunda instancia se tomaron con observancia de las normas sustanciales y procesales que rigen la materia\u2026\u00bb; que su \u00abactuaci\u00f3n\u2026 se ajust\u00f3 a Derecho y todas [las] decisiones dentro del proceso declarativo fueron debidamente motivadas y est\u00e1n investidas con la firme presunci\u00f3n de legalidad\u00bb. <\/p>\n
2. La abogada Diana Lizeth Vel\u00e1squez Restrepo, quien dijo fungir \u00aben calidad de apoderada judicial del doctor Pablo El\u00edas Mena Mena\u00bb, sin que aportara mandato que la facultara para representarlo en el presente tr\u00e1mite, pidi\u00f3 negar el resguardo. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto el prove\u00eddo de 10 de junio pasado no luce arbitrario, comoquiera que el Tribunal criticado explic\u00f3 las razones por las que consideraba que la alzada que formul\u00f3 la parte demandante en el juicio criticado no fue debidamente sustentada, por lo que deb\u00eda declararse desierta, cuesti\u00f3n sobre la cual precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026, lo primero que debe advertirse es que la parte apelante no radic\u00f3 memorial alguno ante este Tribunal para efectos de cumplir con la carga de sustentaci\u00f3n impuesta en auto del pasado 24 de mayo de 2022 (notificado por estados del d\u00eda 26 siguiente). Adem\u00e1s, ante la a-quo tampoco radic\u00f3 ning\u00fan escrito dentro del t\u00e9rmino de los tres d\u00edas siguientes a la audiencia, concedido por el inciso 8\u00ba del art\u00edculo 322 del C.G.P, puesto que los \u00fanicos reparos enarbolados en contra de la sentencia de primer grado fueron los formulados oralmente en la audiencia, en los siguientes t\u00e9rminos: <\/p>\n
\u201cinterpongo el recurso de apelaci\u00f3n \u2026 toda vez que su se\u00f1or\u00eda espec\u00edfica que se prob\u00f3 que despu\u00e9s de la cirug\u00eda se presenta la infecci\u00f3n, pero que no se prob\u00f3 que era el jab\u00f3n quir\u00fargico, obviamente s\u00ed despu\u00e9s de la cirug\u00eda es que se presenta la infecci\u00f3n fue producida por esta y se est\u00e1 violando el deber de seguridad y guardia que ten\u00eda esa instituci\u00f3n \u2026 igual los galenos ten\u00edan que verificar que el medio en el que se realiz\u00f3 no hubiese presentado ning\u00fan riesgo para que se presentara la infecci\u00f3n, no nos podemos pegar a que \u00fanicamente fue el jab\u00f3n quir\u00fargico\u201d <\/p>\n
Procedi\u00f3 el abogado en lo sucesivo a fundamentar una \u201csolicitud probatoria\u201d en el siguiente sentido: <\/p>\n
\u201cde paso lo digo y lo solicito ante el Honorable Tribunal \u2026 porque se puede hacer por v\u00eda jurisprudencial y la misma norma del C\u00f3digo General del Proceso lo expone\u2026 puedo solicitar la prueba que su se\u00f1or\u00eda no quiso o no permiti\u00f3 realizar de oficio o solicitarla de oficio, para que en verdad se pueda llegar a una verdad material de los hechos, porque llama la atenci\u00f3n que el peritaje realizado y aportado por el Dr. Mena especificaba incluso el lote en el cual se encontr\u00f3 la infecci\u00f3n, pero se renunci\u00f3 a ese, es algo que no se pod\u00eda renunciar, se ten\u00eda que especificar, se ten\u00eda que llamar a esa persona, estamos en la \u00e9poca de la virtualidad, podr\u00eda estar en Rusia, en Ucrania en la parte donde \u2026 est\u00e1n las bombas cayendo y esta persona tendr\u00eda la obligaci\u00f3n legal y moral de pertenecer y entrar al debate probatorio como en la sustentaci\u00f3n de dicho dictamen pericial, no es una excusa hoy que esa persona este\u0301 fuera del pa\u00eds\u2026 por lo tanto el perito\u2026 debe rendir la sustentaci\u00f3n\u2026 el Magistrado del Tribunal Superior de Medell\u00edn, Sala Civil, solicito por favor de oficio se solicite esta prueba, esta sustentaci\u00f3n de la prueba\u201d. <\/p>\n
Ahora bien, requerido por la Juez para que se concretara a mencionar los reparos en contra de la sentencia que acababa de notificarse, atin\u00f3 a decir: <\/p>\n
\u201cclaro\u2026 lo que considero es que la a-quo tiene una contradicci\u00f3n en especificar que existe una infecci\u00f3n por la cirug\u00eda, pero que como no se prob\u00f3 que era del jab\u00f3n quir\u00fargico, entonces no existe responsabilidad. Estamos en una contradicci\u00f3n porque se demuestra el hecho da\u00f1oso que fue la cirug\u00eda, el nexo causal, entrar a cirug\u00eda, y el da\u00f1o, por lo tanto, debe existir una responsabilidad civil extracontractual, no contractual como se lleg\u00f3 a mirar ah\u00ed, pero sin embargo, como lo dice la iura novit cubia (sic), si lo llega a percibir el Juez o el Magistrado, se puede dar esta misma responsabilidad\u201d (citas hasta aqu\u00ed audio sentencia). <\/p>\n
En consecuencia, brota por evidente que la parte demandante no sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, habida cuenta que lo dicho en audiencia ante la Juez Catorce Civil del Circuito de esta ciudad, apenas fueron inconformidades generales que deb\u00eda sustentar ora ante el a-quo ya ante este Tribunal, exponiendo y desarrollando sus argumentos en contra de los aducidos por el Juez, m\u00e1xime cuando gran parte de sus alegaciones giraron en torno a una solicitud probatoria que deb\u00eda hacerse en los t\u00e9rminos preceptuados por el art\u00edculo 327 del C.G.P. <\/p>\n
Posteriormente, en auto de 11 de agosto de 2022, a trav\u00e9s del cual se resolvi\u00f3 la \u00abs\u00faplica\u00bb que interpuso la apelante, a la cual se le dio curso de reposici\u00f3n en cumplimiento de lo dispuesto en el par\u00e1grafo1 del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, agreg\u00f3 el Tribunal criticado que: <\/p>\n
En este caso, se nota que la suscrita declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n propuesto en contra de la sentencia de primera instancia, bajo el argumento de que el apelante no lo hab\u00eda sustentado en ninguna de las dos instancias, pero el apelante se queja de que habiendo supuestamente sustentado el recurso ante el Juzgado de origen se le exigiera una nueva sustentaci\u00f3n en este grado. <\/p>\n
De cualquier manera, vale precisar que la sentencia citada por el recurrente, la STC10844-2020 del 2 de diciembre de 2020, en realidad se refiere a un tema bien diferente al aqu\u00ed tratado, pues en ese evento el actor manifest\u00f3 ser una persona con necesidades especiales a nivel visual que le imped\u00edan consultar de manera aut\u00f3noma las p\u00e1ginas web de la Rama Judicial, que de hecho para ese momento no contaban con mecanismos que permitieran el acceso a la informaci\u00f3n en tiempo real. <\/p>\n
Por el contrario, de lo que en este caso se trata es de la sustentaci\u00f3n del recurso y no del acceso a los medios para materializarla, el cual no est\u00e1 en discusi\u00f3n. Recu\u00e9rdese, incluso, que la suscrita puso toda su atenci\u00f3n en una posible sustentaci\u00f3n que el demandante pudiera haber realizado ante el a-quo, pero lo cierto del caso es que all\u00ed tampoco radic\u00f3 ning\u00fan escrito dentro del t\u00e9rmino de los tres d\u00edas siguientes a la audiencia, concedido por el inciso 8\u00ba del art\u00edculo 322 del C.G.P\u2026 <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
En tal panorama, la suscrita tiene claro que seg\u00fan lo considerado por la Corte en la sentencia STC5569-2021 del 19 de mayo de 2021, en la que recogi\u00f3 la postura que ven\u00eda sosteniendo desde la sentencia STC3472-2021 (7 abril, rad. 00837-00), en tanto que cuando se trata de recursos de apelaci\u00f3n interpuestos y tramitados en vigencia del decreto 806, la mayor\u00eda de los\u2026 Magistrados que integran esa Corporaci\u00f3n consider\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u201cen vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, declarar desierta la apelaci\u00f3n cuando la parte recurrente deja de asistir ante el ad-quem a sustentarla, tiene fundamento exclusivo en el sistema de oralidad que gobierna el comentado estatuto (criterio respaldado por la Corte Constitucional en SU-418\/19), al devenir improbable la sustituci\u00f3n de las intervenciones orales por escritas; sin que, por obvios motivos, tal razonamiento tenga cabida cuando en el rito respectivo prevalece lo escritural, como sucede con la vigencia del decreto 806 de 2020, al estarse aqu\u00ed frente a una formalidad innecesaria en caso de haberse sustentado desde la primera instancia, merced a que esta \u00faltima norma, ins\u00edstase, no busca velar por la oralidad\u201d\u2026 <\/p>\n
Luego, cuando al momento de introducir el recurso el apelante no solo exprese los reparos concretos en contra de la sentencia de primera instancia, sino que los sustente a trav\u00e9s de una suficiente exposici\u00f3n ante el a-quo, se abre paso para que en segunda instancia se desate la alzada porque as\u00ed se cumplir\u00eda la carga de que trata el inciso final del art\u00edculo 327 del C.G.P, ahora en armon\u00eda con el entendimiento jurisprudencial de lo preceptuado por el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Sin embargo, a\u00fan bajo la vigencia del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, en punto a la sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n reiteradamente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha sostenido lo que se advierte en el siguiente pasaje jurisprudencial, tomado de la sentencia SC10223-2014 del 1\u00ba de agosto de 2014\u2026: <\/p>\n
4.4.1. Recurrir y sustentar por v\u00eda de apelaci\u00f3n no significa hacer formulaciones gen\u00e9ricas o panor\u00e1micas, m\u00e1s bien supone: <\/p>\n
1. Explicar clara y coherentemente las causas por las cuales debe corregirse una providencia. Es sustentar y manifestar las razones f\u00e1cticas, probatorias y jur\u00eddicas de discrepancia con la decisi\u00f3n impugnada. <\/p>\n
2. Demostrar los desaciertos de la decisi\u00f3n para examinarla, y por tanto, el apelante debe formular los cargos concretos, y cuestionar las razones de la decisi\u00f3n o de los segmentos espec\u00edficos que deben enmendarse, porque aquello que no sea objeto del recurso, no puede ser materia de decisi\u00f3n, salvo las autorizaciones legales necesarias y forzosas (art. 357 del C. de P. C., y 328 del C. G. del P.). <\/p>\n
3. Apelar no es ensayar argumentos dis\u00edmiles o marginales que nada tengan que ver con lo decidido en la providencia impugnada. <\/p>\n
4. Tampoco es repetir lo ya argumentado en una petici\u00f3n que ha sido resuelta de manera contraria, sin atacar los fundamentos de la decisi\u00f3n, ni es mucho menos, remitirse a lo expresado con antelaci\u00f3n a la providencia que se decide. <\/p>\n
5. Es hacer expl\u00edcitos los argumentos de disentimiento y de confutaci\u00f3n, denunciando las equivocaciones, porque son \u00e9stos, y no otros, los aspectos que delimitan la competencia y fijan el marco del examen y del pronunciamiento de la cuesti\u00f3n debatida.\u201d <\/p>\n
En consecuencia, brota por evidente que la parte demandante simplemente realiz\u00f3 unos vagos reparos en contra de la sentencia de primer grado, mismos que no sustent\u00f3 en la audiencia en que los formul\u00f3 o dentro de los tres d\u00edas siguientes que la ley procesal le conced\u00eda, como tampoco lo hizo ante el Tribunal dentro del t\u00e9rmino consagrado en el art\u00edculo 14 del decreto 806 de 2020. Por lo dem\u00e1s, dedic\u00f3 parte de su intervenci\u00f3n a fundamentar una solicitud probatoria que naturalmente no proced\u00eda ante el a-quo. <\/p>\n
Son esas razones las que llevan a que el auto recurrido sea confirmado, porque no se cumpli\u00f3 con la carga de sustentaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n ora ante el Juzgado de origen ya ante el Tribunal, por lo que no existen siquiera motivos de inconformidad debidamente fundados sobre los que pueda pronunciarse la Sala que integra la suscrita, en el marco de la competencia fijada por el art\u00edculo 328 del C.G.P. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja del gestor no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed plante\u00f3 el promotor es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que la sede judicial acusada interpret\u00f3 las normas que regulan el tr\u00e1mite de la apelaci\u00f3n interpuesta contra sentencias, as\u00ed como tambi\u00e9n la jurisprudencia que sobre el particular ha dictado esta Corporaci\u00f3n, y concluy\u00f3 que la intervenci\u00f3n que efectu\u00f3 el apelante ante el a quo al interponer la alzada (que fue la \u00fanica que realiz\u00f3, en ambas instancias, con miras a soportar su inconformidad), resultaba insuficiente para tener por sustentado el prenotado medio de impugnaci\u00f3n, comoquiera que no se expresaron los motivos de reproche que presentaba la actora frente a los precisos argumentos que fundamentaron la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
3. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Establece la citada disposici\u00f3n que: \u00abCuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deber\u00e1 tramitar la impugnaci\u00f3n por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente\u00bb. <\/p>\n
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STC785-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC785-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00032-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de primero de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Guillermo de Jes\u00fas Ocampo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71062","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71062","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71062"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71062\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71062"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71062"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71062"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}