STC856-2023<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00305-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Hern\u00e1n Felipe Merizalde Garc\u00eda le interpuso a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, extensiva a los Juzgados Tercero y Doce de Familia de esa ciudad, as\u00ed como a los intervinientes en los procesos 76001-31-10-003-2019-00098-00 y 76001-31-10-012-2019-00398-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El accionante solicita revocar la sentencia emitida el 16 de diciembre de 2022 por el Tribunal, en el declarativo de uni\u00f3n marital de hecho que Mar\u00eda del Mar Quintero Alzate le promovi\u00f3 a Lucero Rasmussen Velasco, en calidad de heredera de Johnny Rasmussen Lloreda, y a los herederos indeterminados de este. Para que, en su lugar, se ordene a la Corporaci\u00f3n que \u00aben el t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas admite, tramite y se pronuncie sobre el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb que present\u00f3 en su condici\u00f3n de \u00abcoadyuvante y acreedor laboral\u00bb de la all\u00ed demandada. <\/p>\n
1.1.- A la protesta sirven de sustento los hechos que a continuaci\u00f3n se compendian. <\/p>\n
Lucero Rasmussen Velasco, en calidad de hija y heredera Johnny Rasmussen Lloreda, promovi\u00f3 proceso de sucesi\u00f3n, el cual adelanta el Juzgado Doce de Familia de Cali, bajo el radicado 76001-31-10-012-2019-00398-00. <\/p>\n
Para tal efecto, Lucero suscribi\u00f3 contrato de servicios profesionales con el aqu\u00ed accionante, mediante el cual pactaron por concepto de honorarios, \u00abla suma de tres millones ($3.000.000) al momento de iniciar la gesti\u00f3n y el equivalente al quince por ciento (15%) de las sumas de dinero y\/o bienes efectivamente recaudadas, adjudicadas y rescatadas\u00bb. <\/p>\n
A consecuencia de que Lucero revoc\u00f3 el respectivo mandato (6 oct. 2020), el actor, el 25 de noviembre siguiente, le promovi\u00f3 incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, el cual, a la fecha1, es objeto de tr\u00e1mite. A su vez, en el marco de dicha actuaci\u00f3n, el Juzgado Doce de Familia de Cali neg\u00f3 la solicitud del abogado teniente a ser reconocido como parte en la sucesi\u00f3n, pero advirti\u00f3 que \u00aben su calidad de acreedor de la sucesi\u00f3n por considerar que sus honorarios como abogado de la se\u00f1ora Lucero Rasmussen hacen parte de los pasivos de la sucesi\u00f3n, es claro que el art\u00edculo citado en su numeral segundo al se\u00f1alar el momento procesal oportuno para ser reconocido como tal, refiri\u00e9ndose a la diligencia prevista en el art\u00edculo 501 del CGP, momento en el que se determinar\u00e1n los pasivos y deudas de la sucesi\u00f3n\u00bb (19 ag. 2021). Dicha determinaci\u00f3n la aval\u00f3 el Tribunal accionado mediante prove\u00eddo de 11 de octubre de 2021. <\/p>\n
La causa mortuoria, en la actualidad, se encuentra en curso, pendiente de la celebraci\u00f3n de la audiencia de inventarios y aval\u00faos, programada para el d\u00eda 9 de mayo de 2023. <\/p>\n
Por otro lado, en el declarativo objeto de queja constitucional, el Juzgado Tercero de Familia de Cali el 27 de octubre de 2020 reconoci\u00f3 al promotor de la tutela como coadyuvante de la demandada, Lucero Rasmussen Velasco, en virtud de la petici\u00f3n que elev\u00f3 el 25 de ese mes. Lo anterior, porque estim\u00f3 que, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 71 del C\u00f3digo General del Proceso, los resultados del pleito pod\u00edan afectarlo en virtud del \u00abContrato de Prestaci\u00f3n de Servicios y Poder conferido en el Proceso de Sucesi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La mencionada autoridad decidi\u00f3 la causa el 17 de febrero de 2022; declar\u00f3 que entre Mar\u00eda del Mar Quintero Alzate y Johnny Rasmussen Lloreda hubo una uni\u00f3n marital de hecho entre el 1\u00b0 de enero al 15 de octubre de 2018, y neg\u00f3 la existencia de la sociedad patrimonial reclamada. <\/p>\n
La demandante, y el gestor de este amparo, como coadyuvante de la convocada, apelaron lo resuelto. La primera, con el fin de que se declarara la uni\u00f3n por un tiempo superior, as\u00ed como la consecuente sociedad patrimonial. Y el segundo, para que se revocara la declaraci\u00f3n de la uni\u00f3n y, en su lugar, se desestimaran todas las pretensiones. <\/p>\n
El 16 de diciembre de 2022 el Tribunal desat\u00f3 la alzada de la impulsora del litigio, y se abstuvo de proveer sobre la del tutelante, bajo el argumento de que el mandato conferido por la demandada en el proceso de sucesi\u00f3n no lo habilitaba para ser su coadyuvante. En consecuencia, dispuso: <\/p>\n
PRIMERO: Revocar parcialmente la sentencia 22 del 17 de febrero de 2022, emitida por el Juzgado Tercero de Familia de Oralidad de esta ciudad, en el proceso verbal declarativo de existencia de uni\u00f3n marital de hecho entre compa\u00f1eros permanentes propuesto por la se\u00f1ora Mar\u00eda del Mar Quintero \u00c1lzate, en contra de los herederos de Johnny Enrique Rasmussen Lloreda, la que se modifica en su ordinal primero para precisar que la uni\u00f3n marital de hecho se declara a partir del 1\u00b0 de enero de 2011 hasta el 15 de octubre de 2018, con fundamento en las consideraciones contenidas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Revocar el ordinal segundo de la sentencia de primera instancia, para en su lugar declarar la sociedad patrimonial entre los compa\u00f1eros permanentes entre el 1\u00b0 de enero de 2011 y el 15 de octubre de 2018; con fundamento en las consideraciones contenidas en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
TERCERO: Dejar sin efecto la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado por el coadyuvante, el que en su lugar se inadmite, conforme a lo aqu\u00ed considerado. <\/p>\n
1.2.- En ese contexto, el peticionario aduce que el Tribunal lesion\u00f3 sus derechos al trabajo, debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, en tanto desconoci\u00f3 que i) su reconocimiento como coadyuvante se encontraba en firme; ii) ninguna de las partes disput\u00f3 durante el tr\u00e1mite del litigio su inter\u00e9s para participar en \u00e9l; iii) e igualmente que su legitimaci\u00f3n como coadyuvante no proviene de un \u00absimple contrato de mandato\u00bb, sino de su calidad de acreedor laboral de la heredera Lucero Rasmussen, en tanto el Juzgado Doce de Familia de Cali el 18 de agosto de 2021 resolvi\u00f3 a su favor el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, \u00abindicando que en efecto (\u2026) le corresponde el 15% de lo que sea adjudicado a la se\u00f1ora Lucero Rasmussen en la sucesi\u00f3n, liquidaci\u00f3n que ser\u00e1 efectuada en la sentencia\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, denuncia que \u00ablas actuaciones desplegadas por la entidad judicial accionada esquivaron por completo el debate jur\u00eddico y probatorio que realmente debi\u00f3 tramitarse en la segunda instancia del proceso de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n de hecho (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.- La Corporaci\u00f3n querellada defendi\u00f3 la actuaci\u00f3n reprochada, al igual que el Juzgado Tercero de Familia de Cali, quienes, adem\u00e1s, remitieron los enlaces contentivos del expediente relativo al proceso declarativo de uni\u00f3n marital de hecho. Por su parte, Lucero Rasmussen se opuso al amparo, pues est\u00e1 de acuerdo con la decisi\u00f3n del juez plural de no tramitar la alzada del quejoso, \u00abquien tiene que esperar a que el Juzgado le fije el monto se sus honorarios y no intervenir\u00bb como su coadyuvante en dicho asunto. <\/p>\n
La otra autoridad judicial vinculada hizo un recuento del procedimiento sucesoral, advirtiendo que el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios promovido por el actor no ha sido zanjado, y que esta Corporaci\u00f3n desestim\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 el censor a prop\u00f3sito de la negativa a reconocerlo como parte en esa causa. <\/p>\n
Tambi\u00e9n compareci\u00f3 Gloria Zea Caicedo, quien aduciendo ser la \u00abVicepresidenta de la Asociaci\u00f3n de Usuarios del Hospital Universitario del Valle \u201cEvaristo Garc\u00eda\u201d ESE\u00bb, y haberse opuesto en la pretensi\u00f3n de la impulsora del declarativo, coadyuv\u00f3 la solicitud de amparo, en el sentido de se\u00f1alar que no debi\u00f3 declararse la uni\u00f3n marital de hecho reclamada. <\/p>\n
No hubo m\u00e1s pronunciamientos para el momento en que esta decisi\u00f3n fue proyectada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- La salvaguarda implorada deviene inf\u00e9rtil, ya que la determinaci\u00f3n del Tribunal de no tramitar la apelaci\u00f3n del promotor no es arbitraria, dado que est\u00e1 soportada en criterios objetivos que, por tanto, no pueden ser desconocidos a trav\u00e9s de este sendero, como pasa a exponerse. <\/p>\n
1.1.- La ley procesal, con miras en el derecho sustancial, ha determinado qui\u00e9nes deben y pueden participar en los procesos judiciales, as\u00ed como las condiciones en que han de desarrollar su intervenci\u00f3n. Luego, no es cualquier persona o interesado que puede comparecer a un juicio, ni mucho menos ejercer los actos reservados a los llamados a integrar las relaci\u00f3n jur\u00eddico-procesal, solo quienes tienen legitimaci\u00f3n a ese efecto. <\/p>\n
Al juez de conocimiento, de \u00fanica o primera instancia, le corresponde, en principio, determinar si el postulante de que se trate tiene derecho o no intervenir en el pleito, comoquiera que ante \u00e9l se traba y desarrolla la litis hasta ser decidida. Y se afirma que, en principio, porque nada obsta para que en las causas rituadas en dos instancias, el ad quem reexamine el punto en el marco de la apelaci\u00f3n de la sentencia de primer grado. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha puntualizado: <\/p>\n
A partir de las disposiciones que establecen la naturaleza y finalidad de los distintos mecanismos de contradicci\u00f3n de las providencias judiciales, la jurisprudencia y la doctrina han reiterado la necesidad de verificar la existencia del inter\u00e9s para recurrir, el cual est\u00e1 referido al perjuicio o menoscabo serio, concreto, subjetivo y actual que pueda generarse para uno o varios sujetos procesales con la decisi\u00f3n que pretende impugnar.<\/p>\n
Por ese sendero, de vieja data la Corte ha ilustrado que \u00ab(…) con relaci\u00f3n a la potestad que asiste a los litigantes de impugnar las providencias, la jurisprudencia ha puntualizado (…) uno de los presupuestos indispensables para la procedencia del derecho de impugnaci\u00f3n de las resoluciones judiciales es la existencia de inter\u00e9s leg\u00edtimo en el impugnador,\u201d el que se concreta en el agravio que la providencia atacada cause al recurrente (Sent. Cas. Civ. de 29 de mayo de 1974, G.J.CXLVIII, N\u00b0 2378, p\u00e1g.110) (CSJ AC, 6 sep. 2012, rad. 2007-00143-01) (AC3624-2020). <\/p>\n
Entonces, como el inter\u00e9s para rebatir el veredicto del a quo deriva, entre otras circunstancias, de la legitimaci\u00f3n para intervenir en el proceso, no es arbitrario que el juez ad quem durante el tr\u00e1mite de la segunda instancia verifique si el recurrente tiene o no derecho a participar en \u00e9l, y, a tono con ese an\u00e1lisis, impulse la alzada o se abstenga de dirimirla. <\/p>\n
Por supuesto, es posible que por ese camino se arrase con la firmeza de varios interlocutorios emitidos a lo largo del proceso, como el de la admisi\u00f3n de la intervenci\u00f3n. Empero, ello no es \u00f3bice para que el fallador de segundo grado emprenda el anterior an\u00e1lisis, al sentenciar la causa. No se pierda de vista que es \u00e9l quien pondr\u00e1 punto final a las instancias, y en esa medida le compete determinar los alcances de su competencia, a trav\u00e9s de la definici\u00f3n de los contornos del recurso de apelaci\u00f3n. Asimismo, como lo ha dicho la Sala, \u00abde detectarse yerros trascendentes en el tr\u00e1mite judicial, los mismos deber\u00e1n ser subsanados (\u2026)\u00bb, entre otros instrumentos, por medio de la \u00abrevocatoria de los autos ilegales en el marco de la teor\u00eda del \u2018antiprocesalismo\u2019, la cual tiene aplicaci\u00f3n cuando el acto que se considera no ajustado a derecho no alcanza a ser catalogado como nulidad y tan solo afecta la providencia que ha de declararse sin valor ni efecto\u00bb (CSJ, AC2219, 5 ab. 2017, rad. n.\u00b0 2013-00763-01) (AC5616-2022). <\/p>\n
1.2.- El legislador consciente de la din\u00e1mica de las relaciones suscitadas en comunidad y, por ende, de la posibilidad de que sus secuelas no se limiten a sus creadores, sino que se extiendan a otros sujetos vinculados a aquellas, ha autorizado que estos \u00faltimos participen en los procesos judiciales donde las mismas se discutan. Todo, a fin de que puedan abogar por la causa de cuya suerte dependen. <\/p>\n
As\u00ed lo dispuso desde el C\u00f3digo Judicial de 1931 al se\u00f1alar en su art\u00edculo 233, que \u00ab[t]odo aquel a quien conforme a la ley pueda aprovechar o perjudicar una sentencia, tiene derecho a intervenir en el juicio, coadyuvando o defendiendo la causa que le interesa. Si alguno se opone a la intervenci\u00f3n, se sustancia el incidente como articulaci\u00f3n, debi\u00e9ndose condenar en perjuicios y costas al que resulte vencido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
Luego, en el C\u00f3digo de Procedimiento Civil (Decretos Nos. 1400 y 2019 de 1970), en el precepto 52 indic\u00f3: \u00ab[q]uien tenga con una de las partes determinada relaci\u00f3n sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jur\u00eddicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podr\u00e1 intervenir en el proceso como coadyuvante, de ella, mientras no se haya dictado sentencia de \u00fanica o segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, en el canon 71 del C\u00f3digo General del Proceso previ\u00f3: <\/p>\n
Quien tenga con una de las partes determinada relaci\u00f3n sustancial a la cual no se extiendan los efectos jur\u00eddicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podr\u00e1 intervenir en el proceso como coadyuvante de ella, mientras no se haya dictado sentencia de \u00fanica o de segunda instancia. <\/p>\n
El coadyuvante tomar\u00e1 el proceso en el estado en que se encuentre en el momento de su intervenci\u00f3n y podr\u00e1 efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no est\u00e9n en oposici\u00f3n con los de esta y no impliquen disposici\u00f3n del derecho en litigio. <\/p>\n
La coadyuvancia solo es procedente en los procesos declarativos. La solicitud de intervenci\u00f3n deber\u00e1 contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya y a ella se acompa\u00f1ar\u00e1n las pruebas pertinentes. <\/p>\n
Si el juez estima procedente la intervenci\u00f3n, la aceptar\u00e1 de plano y considerar\u00e1 las peticiones que hubiere formulado el interviniente. <\/p>\n
La intervenci\u00f3n anterior al traslado de la demanda se resolver\u00e1 luego de efectuada esta. <\/p>\n
Claro, no es cualquier persona interesada en la relaci\u00f3n materia de controversia la que puede ingresar al proceso a apoyar la defensa de una de las partes. As\u00ed se desprende de la actual regla sobre la materia, cuando exige, a quien pide que se le reconozca la calidad de coadyuvante, demostrar que tiene con la parte que pretende apoyar \u00abuna relaci\u00f3n sustancial a la cual no se extiendan los efectos jur\u00eddicos de la sentencia\u00bb, y su potencial afectaci\u00f3n, si dicho extremo procesal es vencido en juicio. <\/p>\n
Igualmente, no es cualquier lazo, ni cualquier posible perjuicio el que ha de alegarse y acreditarse para habilitar la intromisi\u00f3n del tercero, debe tratarse de uno que revele un \u00abinter\u00e9s inmediato, directo y vinculado al juicio, o sea un inter\u00e9s jur\u00eddico\u00bb de aquel, que permita evidenciar a la luz de su situaci\u00f3n en particular, la necesidad de ayudar a sacar avante la defensa de la parte que respalda. <\/p>\n
Es que cuando el art\u00edculo 71 del estatuto adjetivo se refiere a la existencia de una relaci\u00f3n sustancial con una de las partes que \u00abpueda afectarse\u00bb si la misma es vencida, no se refiere a escenarios imaginarios o hipot\u00e9ticos en los que el tercero puede, eventualmente, sufrir alg\u00fan detrimento, sino a situaciones futuras y concretas, que probablemente ocurrir\u00e1n, a consecuencia del v\u00ednculo entre el interesado y la parte. De no ser as\u00ed, cualquier persona que tuviera un lazo con alguno de los extremos del litigio, y estimase que las consecuencias del juicio trabado entre ellas pueden afectarla, estar\u00eda legitimada para intervenir en el proceso, en contrav\u00eda de la finalidad de esa autorizaci\u00f3n, que no es otra que proteger los intereses concretos de terceros. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n la Corte desde anta\u00f1o ha dicho que \u00ab[e]l interviniente adhesivo, que tiene inter\u00e9s propio en la causa ajena, toma partido en ella porque sabe que la derrota de la parte que coadyuva viene a repercutirle indirectamente en un perjuicio que as\u00ed pretende evitar (\u2026)\u00bb (SC 5 feb. 1991, Gaceta judicial Nos. 2340 a 2345, p\u00e1gs. 81 a 90), as\u00ed como que \u00abno basta para intervenir como coadyuvante en un juicio, un inter\u00e9s meramente econ\u00f3mico; es necesario la existencia de un v\u00ednculo jur\u00eddico que haga procedente la intromisi\u00f3n del tercero\u00bb (SC 31 ag. 1945, Gaceta judicial No. 2025, p\u00e1g. 3). <\/p>\n
En suma, quien pretende intervenir como coadyuvante de una parte en un proceso declarativo, debe demostrar a tales efectos, un inter\u00e9s jur\u00eddico, serio, inmediato, directo, vinculado al juicio, y derivado de la existencia y potencial afectaci\u00f3n de una relaci\u00f3n sustancial con dicho extremo procesal. <\/p>\n
1.4. Bajo los anteriores derroteros, pronto se advierte que la decisi\u00f3n del juez colegiado es razonable. <\/p>\n
En primer lugar, como se vio, el Tribunal al sentenciar la segunda instancia del asunto acusado, estaba facultado para determinar si el accionante ten\u00eda legitimaci\u00f3n para intervenir en \u00e9l. As\u00ed, tras advertir que el \u00abContrato de Prestaci\u00f3n de Servicios y Poder conferido en el Proceso de Sucesi\u00f3n\u00bb por la demandada, Lucero Rasmussen, no lo legitimaba para ser su coadyuvante y, por tanto, para intervenir en el declarativo de uni\u00f3n marital de hecho, inadmiti\u00f3 la apelaci\u00f3n que interpuso contra la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Familia de Cali. En estos t\u00e9rminos lo expuso: <\/p>\n
DE LA APELACI\u00d3N DEL COADYUVANTE. \u00bfEst\u00e1 legitimado para actuar en esta causa? <\/p>\n
Sobra pronunciarse sobre la legitimaci\u00f3n en la causa exigida por activa y por pasiva como presupuesto indispensable para adoptar una decisi\u00f3n de fondo, aqu\u00ed no se pone en tela de juicio la relaci\u00f3n jur\u00eddico \u2013sustancial y el inter\u00e9s de ambos extremos procesales, como partes para actuar. Sin embargo, no resulta lo mismo para el tercero que demand\u00f3 su intervenci\u00f3n y que le fue concedida sin controversia alguna en la primera instancia, que como a continuaci\u00f3n se explica, carece de legitimaci\u00f3n y conlleva a esta Sala a que deje sin peso jur\u00eddico las actuaciones que dieron curso a su participaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente el art\u00edculo 71 del C.GP autoriza al tercero que \u201ctenga con una de las partes determinada relaci\u00f3n sustancial a la cual no se extiendan los efectos jur\u00eddicos de la sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida\u201d (\u2026) <\/p>\n
No obstante, concluye esta Sala de Decisi\u00f3n, \u00abno cualquier v\u00ednculo contractual o inter\u00e9s abstracto con una de las partes faculta a un tercero a demandar su intervenci\u00f3n en un litigio, es requisito sine qua non para su operancia que la relaci\u00f3n sea concreta, real y res\u00e1ltese, sustancial, con inter\u00e9s jur\u00eddico propio en las resultas de la acci\u00f3n\u00bb, que terminar\u00eda por socavar los presupuestos indispensables que estructuran la Litis. <\/p>\n
Luego, puntualiz\u00f3: <\/p>\n
De anta\u00f1o la Corte Suprema de Justicia asumi\u00f3 la postura de que no se configura la arista exigida de tener una relaci\u00f3n sustancial con una de las partes, la derivada del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales que en el marco de un contrato de mandato se efect\u00faen. En un asunto similar al que hoy nos ocupa, en el que la solicitud de coadyuvancia reconocida se sustent\u00f3 en la relaci\u00f3n previa contractual del apoderado con una de las partes en un juicio sucesoral, demandando su participaci\u00f3n como tercero en otro de conocimiento, la Corte dej\u00f3 sin piso tal intervenci\u00f3n, al no evidenciar el arraigo intr\u00ednseco del tipo de relaci\u00f3n que reclama la normatividad; no observ\u00f3 un inter\u00e9s jur\u00eddico propio que lo pudiera hacer considerar como un principal interesado sino, \u201c\u2026simplemente un mandato con remuneraci\u00f3n eventual a favor del apoderado\u201d, por lo que la Alta Corporaci\u00f3n no se at\u00f3 al reconocimiento efectuado mediante interlocutorio en las instancias anteriores, que, \u201cen principio no tienen autoridad de cosa juzgada las decisiones anteriores a la sentencia, decisiones preparatorias, provisionales o interlocutorias. De ah\u00ed la m\u00e1xima de que lo interlocutorio no obliga al Juez\u201d (CSJ, 1956, 3 de mar. Gaceta 2165-2166 p\u00e1gina 211). (se enfatiza). <\/p>\n
Y, posteriormente, concluy\u00f3: <\/p>\n
En simetr\u00eda con lo analizado por el M\u00e1ximo Tribunal de la Justicia Ordinaria, la Sala de Familia de este Tribunal considera realmente inexistente la relaci\u00f3n sustancial, por lo que, respecto a su reclamo, carece de legitimaci\u00f3n y por lo tanto no es viable su estudio. Lo contrario ser\u00eda tanto como admitir que la demandada realmente con el aval del anterior juez de primera instancia y convalidaci\u00f3n de los restantes intervinientes, ha tenido dos abogados actuando por ella, en clara oposici\u00f3n del art\u00edculo 75 del C\u00f3digo General del Proceso que proscribe que \u201cen ning\u00fan caso podr\u00e1 actuar simult\u00e1neamente m\u00e1s de un apoderado judicial de una misma persona. <\/p>\n
De otro lado, la decisi\u00f3n en el fondo tampoco merece reproche en esta sede, pues, la descalificaci\u00f3n del actor como coadyuvante obedeci\u00f3 a que el contrato de servicios profesionales que suscribi\u00f3 con Lucero Rasmussen, en aras de representarla en la sucesi\u00f3n de Johnny Rasmussen, no lo facultaba para tener esa calidad. <\/p>\n
N\u00f3tese, c\u00f3mo el Tribunal hizo ver, apoyado en jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, que el hecho de que en virtud de ese negocio jur\u00eddico \u00e9l y Lucero hubiesen acordado el pago de los honorarios en la modalidad de cuota litis no revelaba la existencia de un inter\u00e9s jur\u00eddico que justificara su participaci\u00f3n en el proceso. <\/p>\n
No hay duda de que al quejoso le interesa que la demandada triunfe en el declarativo de uni\u00f3n marital de hecho, pues desde su \u00f3ptica, la desestimaci\u00f3n de las pretensiones de Mar\u00eda del Mar Quintero aumentar\u00eda los derechos de Lucero Rasmussen en la sucesi\u00f3n de su padre y, de contera, los que \u00e9l afirma tener, en virtud del mencionado negocio jur\u00eddico. Lo primero, porque, el patrimonio del causante se distribuir\u00e1 sin consideraci\u00f3n a la existencia de la compa\u00f1era permanente, y lo segundo, porque el actor afirma tener derecho sobre el \u00abquince por ciento (15%) de las sumas de dinero y\/o bienes efectivamente recaudadas, adjudicadas y rescatadas\u00bb en el proceso de sucesi\u00f3n. <\/p>\n
La cuesti\u00f3n es que ese inter\u00e9s no lo habilita para intervenir en el asunto acusado como coadyuvante de la convocada, al no revestir las caracter\u00edsticas de \u00abserio, inmediato, directo, vinculado al juicio, y derivado de la existencia y potencial afectaci\u00f3n de una relaci\u00f3n sustancial\u00bb con Lucero Rasmussen. <\/p>\n
N\u00f3tese que, en el caso, ni siquiera es posible hablar de la existencia de una \u00abrelaci\u00f3n\u00bb entre ellos, si en cuenta se tiene que el v\u00ednculo termin\u00f3 cuando Lucero le revoc\u00f3 el poder (6 oct. 2020). Cosa distinta es que, a ra\u00edz de la terminaci\u00f3n de ese lazo, el accionante tenga la expectativa de que le fijen honorarios por la gesti\u00f3n realizada, lo que hasta el momento no ha ocurrido. Como lo revela el expediente 76001-31-10-012-2019-00398-00, el tr\u00e1mite est\u00e1 pendiente de ser decidido, luego de que el 18 de agosto de 2021 se practicaran en audiencia varias pruebas2. <\/p>\n
Ahora, que el Juzgado Doce de Familia de Cali en auto de 19 de agosto de 2021 hubiese advertido que deb\u00eda esperar a la audiencia de inventarios y aval\u00faos a efectos estudiar lo relativo al cr\u00e9dito que afirma tener a su favor, no cambia el panorama, pues eso no quiere decir que dicha autoridad le haya reconocido la calidad de acreedor, nada m\u00e1s le indic\u00f3 que ten\u00eda esa oportunidad para hacer valer sus aspiraciones en ese juicio ten\u00eda esa oportunidad. Adem\u00e1s, recu\u00e9rdese que los elementos que habilitan la coadyuvancia deben acreditarse al momento de reclamar la intervenci\u00f3n, no con posterioridad. <\/p>\n
Finalmente, y a tono con lo expuesto por la Corte en el asunto citado por la Magistratura querellada, el gestor \u00abtiene los recursos legales que estime del caso para hacerse pagar de su mandante el trabajo por \u00e9l realizado\u00bb. <\/p>\n
En suma, el Tribunal se abstuvo de tramitar la apelaci\u00f3n del peticionario al amparo de los principios y reglas que rigen el recurso de apelaci\u00f3n y la instituci\u00f3n de la coadyuvancia, motivo por el cual, la acci\u00f3n de tutela frente a ese t\u00f3pico no puede abrirse paso, reservada como est\u00e1 para casos de indiscutible arbitrariedad judicial. <\/p>\n
2.- Por otra parte, la queja dirigida contra la valoraci\u00f3n probatoria realizada en la sentencia objetada deviene improcedente, por falta de legitimaci\u00f3n del reclamante. Como, en efecto, de acuerdo con lo decidido por la Corporaci\u00f3n de Cali, no estaba llamado a participar en el decurso objetado, carece de inter\u00e9s para impugnar la resoluci\u00f3n que zanj\u00f3 la controversia suscitada entre Mar\u00eda del Mar Quintero y los herederos de Johnny Rasmussen. Mem\u00f3rese, como lo ha dicho la Sala, <\/p>\n
(\u2026) no es dable a un tercero ajeno al proceso judicial, vale anotar, que no integra ninguno de los extremos que en \u00e9l se enfrentan, impetrar la acci\u00f3n de tutela para protestar contra las decisiones adoptadas por el juzgador, pues est\u00e1 claro que esas determinaciones s\u00f3lo pueden ser atacadas por quienes intervienen en el escenario procesal, los cuales est\u00e1n facultados para acudir, si es del caso, al mecanismo de amparo, cuando adem\u00e1s de verificarse la conculcaci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, y a pesar de su actuar diligente dentro del tr\u00e1mite no lograron que \u00e9stas fueran protegidas por el director del proceso, a trav\u00e9s de los medios ordinarios consagrados en la ley (Negrita Adrede- STC10206-2021 y STC11419-2022) (STC16879-2022, entre otras). <\/p>\n
Lo mismo se predica respecto de la coadyuvancia de Gloria Zea Caicedo, ya que no es parte de procedimiento criticado. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, como la decisi\u00f3n de la Sala de Familia del Tribunal de Cali de \u00abdejar sin efecto la admisi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n formulado por el coadyuvante, el que en su lugar se inadmite\u00bb no lesion\u00f3 las garant\u00edas del impulsor, y este no se encuentra legitimado para controvertir las dem\u00e1s decisiones adoptadas en la sentencia reprochada, se desestimar\u00e1 el ruego que formul\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Hern\u00e1n Felipe Merizalde Garc\u00eda. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN ALVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 2 feb. 2023. <\/p>\n
2\u0002 Consecutivos 18 y 26, Cuaderno Incidente. <\/p>\n
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STC856-2023 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00305-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la tutela que Hern\u00e1n Felipe Merizalde Garc\u00eda le interpuso a la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71073","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71073","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71073"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71073\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71073"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71073"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71073"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}