STC863-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC863-2023 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Carlos Alberto Ram\u00edrez Cort\u00e9s le instaur\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 – Sala de Descongesti\u00f3n Laboral -, al Juzgado Diecis\u00e9is de la misma especialidad y ciudad y a la sociedad ISVI Ltda., extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal y dem\u00e1s involucrados en los consecutivos 11001-31-05-016-2011-0030-01, 11001-3105-016-2019-00548-01 y en los resguardos 2010-1347 y 2021-00483. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la igualdad, debido proceso, salud, vida y m\u00ednimo vital, para que se ordenara: <\/p>\n
i).- \u00aba la Empresa de Vigilancia Isvi Ltda., reconocimiento y pago de las acreencias laborales, prestaciones sociales y seguridad social dejadas de percibir, para el periodo comprendido del 01 de enero de 2012 hasta el d\u00eda 01 de noviembre de 2019 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
ii).- Se reconsidere \u00abla postura no ajustada a derecho por parte de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, Sala de Descongesti\u00f3n No. 3, Corte Suprema de Justicia Bogot\u00e1 D. C. 10 de abril de 2019, SL 1521 2019, Rad. No. 60242, Acta 12, M.P. DONAL JOSE DIX PONNEFZ, quien aminor\u00f3 y caus\u00f3 un grave detrimento al patrimonio econ\u00f3mico de este peticionario, al desconocer lo ordenado en tutela del 21 de septiembre de 2010, del JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. (sic)\u00bb. <\/p>\n
Del escrito inaugural y las piezas arrimadas al legajo se extrae que el actor al ser despedido por Isvi LTDA. en agosto de 2010, solicit\u00f3 su reintegro v\u00eda de \u00abtutela\u00bb que el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Bogot\u00e1 concedi\u00f3 en fallo de 21 de septiembre siguiente, en el que, adem\u00e1s, inst\u00f3 a la empleadora a cancelarle las compensaciones y prestaciones sociales causadas y no pagadas desde la separaci\u00f3n del cargo y hasta su restituci\u00f3n al mismo, pronunciamiento que el ad quem confirm\u00f3 y adicion\u00f3 en punto de la indemnizaci\u00f3n del art\u00edculo 26 de la Ley 361 de 1997. <\/p>\n
Pese a dicho mandato, en enero de 2011 Isvi Ltda. Termin\u00f3 el contrato de trabajo, arguyendo que, \u00aba la fecha ya han cesado los efectos de lo dispuesto por el Juez de tutela en el sentido de \u201cvincularlo y reintegrarlo\u201d, (\u2026), atendiendo y reiterando para ello, precisamente a la advertencia de la inexistencia de una sentencia laboral en el mismo sentido\u00bb, situaci\u00f3n que lo llev\u00f3 a promover juicio \u00abordinario laboral\u00bb, solventado desfavorablemente por el Juzgado Diecis\u00e9is laboral de Bogot\u00e1 (18 oct.), decisi\u00f3n que el superior convalid\u00f3 el 31 de agosto de 2012. <\/p>\n
Present\u00f3 demanda extraordinaria y la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00b0 3 de esta Colegiatura, cas\u00f3 la sentencia del Tribunal y, en su lugar, declar\u00f3 que el despido carec\u00eda de efectos jur\u00eddicos, por lo que Carlos Alberto deb\u00eda ser reintegrado a sus funciones y conden\u00f3 a la pasiva a cancelar los salarios dejados de percibir a partir del 4 de julio de 2011 \u00abcon base en la suma de $3.388.787.73 para el periodo comprendido entre el 4 de julio de 2011 y el 31 de diciembre de 2011 y sobre tal base, pagara las prestaciones sociales y aportes al sistema general de pensiones de dicho periodo\u00bb; y la suma de $20.332.740,40 por concepto de indemnizaci\u00f3n (19 abr. 2019). <\/p>\n
En criterio del precursor, dicha providencia desconoce la retroactividad de los salarios y aportes a seguridad social dejados de \u00abpercibir\u00bb entre el 1\u00ba de enero de 2012 y el 30 de junio de 2019 (data en que se dispone el reintegro definitivo), quebrantando as\u00ed sus prerrogativas. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, radic\u00f3 en el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral el ejecutivo para el cobro de las prestaciones sociales y, por auto del 24 de septiembre de 2019, se libr\u00f3 orden de apremio a su favor \u00fanicamente por los montos definidos por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, prove\u00eddo que atac\u00f3 horizontal y verticalmente, habiendo sido modificado el 27 de noviembre siguiente por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, solo en punto del l\u00edmite de las medidas cautelares. <\/p>\n
Destac\u00f3 que en abril de 2021 pidi\u00f3 el auxilio supralegal para que le fueran canceladas las acreencias ocasionadas en el antedicho interregno, declarada improcedente por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (28 abr.), determinaci\u00f3n que la Sala de Casaci\u00f3n Penal ratific\u00f3 el 15 de junio del mismo a\u00f1o. Posteriormente, en agosto de ese a\u00f1o, se aprob\u00f3 la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito, auto atacado, sin \u00e9xito, mediante reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En s\u00edntesis, se\u00f1al\u00f3 que la trasgresi\u00f3n de sus garant\u00edas tiene origen en las \u00abdecisiones\u00bb de 18 de octubre de 2011, 19 de abril de 2019 y 28 de abril y 15 de junio de 2021 cuya \u00abreconsideraci\u00f3n\u00bb exige por esta senda, a la que acudi\u00f3 hasta ahora, seg\u00fan sostuvo, por su precario estado de salud. <\/p>\n
2.- Las Salas de Casaci\u00f3n Penal y Laboral resaltaron la improcedencia de la guarda, \u00abpues no es jur\u00eddicamente correcto acudir a esta v\u00eda excepcional para cuestionar decisiones judiciales proferidas dentro de un procedimiento antecedente de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Catorce Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo que conoci\u00f3 de pleito n.\u00b0 2010-01347; no obstante, \u00abcomoquiera que el expediente no se encuentra en esta dependencia, no puedo dar otra referencia al contenido de la decisi\u00f3n de impugnaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social requiri\u00f3 su desvinculaci\u00f3n, toda vez que \u00abcomo lo menciona el accionante, fue o es trabajador de la citada compa\u00f1\u00eda, por ende, no existen obligaciones ni derechos rec\u00edprocos de \u00edndole laboral entre estos dos, lo que da lugar a que haya ausencia de responsabilidad por parte de este Ministerio, bien sea por acci\u00f3n u omisi\u00f3n, de vulneraci\u00f3n o amenaza, alguno de los derechos fundamentales invocados por \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
La compa\u00f1\u00eda Seguros Bol\u00edvar S.A. expres\u00f3 que \u00aben el presente caso no se presentan ninguno de los criterios de admisibilidad exigidos por la Corte\u00bb y, por tanto, pidi\u00f3 la desestimaci\u00f3n de los pedimentos del activante. <\/p>\n
Occidental de Colombia Inc. hoy Sierracol Energy Arauca LLC, exalt\u00f3 la extemporaneidad del socorro y, agreg\u00f3, que lo que busca el suplicante es \u00abdesconocer el principio de autonom\u00eda judicial, sin perjuicio de advertir en todo caso que no se re\u00fanen los presupuestos jurisprudencialmente exigidos para la procedencia de acciones de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- De la evidencia allegada al plenario, pronto se anuncia el decaimiento de la salvaguarda porque, de un lado, no se justific\u00f3 adecuadamente el incumplimiento de la exigencia temporal que impera en esta sui generis justicia; y, del otro, este remedio especial\u00edsimo no puede ser utilizado para criticar una resoluci\u00f3n expedida en un caso de id\u00e9ntica estirpe, menos para que lo ambicionado y negado con anterioridad vuelva a ser debatido. <\/p>\n
2.- En efecto, anhelando Ram\u00edrez Cortes obtener por este camino el pago de las prestaciones que cree merecer, correspondientes al lapso comprendido entre los a\u00f1os 2011 y 2019, por haber trabajado para la asociaci\u00f3n convocada, y que le fueron negadas por la jurisdicci\u00f3n ordinaria mediante las determinaciones cuestionadas, no existe duda que inobserv\u00f3, sin excusa v\u00e1lida, el requisito de la inmediatez que impera en este excepcional mecanismo, toda vez que, entre la data en que fue proferida la \u00faltima de ellas, valga decir, la \u00absentencia de casaci\u00f3n\u00bb (19 abr. 2019) y la radicaci\u00f3n del resguardo (19 en. 2023), transcurrieron m\u00e1s de tres (3) a\u00f1os y nueve (9) meses; esto es, se super\u00f3 por mucho el semestre que tanto esta Corte como la \u00abConstitucional\u00bb han apreciado como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Sobre el tema, esta Sala ha sostenido que <\/p>\n
[e]n punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses (Se resalta, STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada entre muchas en STC4535-2020 y STC14753-2022). <\/p>\n
Y no se diga que fue el \u00abprecario estado de salud\u00bb del quejoso el que le impidi\u00f3 intentar la custodia de sus atributos b\u00e1sicos, porque: i) Se trata de una afirmaci\u00f3n sin sustento, en tanto no acredit\u00f3 la ocurrencia de un episodio m\u00e9dico concreto que le imposibilitara acudir r\u00e1pidamente a este tr\u00e1mite directamente o por intermedio de un abogado que lo hiciera en su nombre; ii) Tal circunstancia qued\u00f3 desvirtuada con la documental por \u00e9l mismo adosada y la advertencia hecha en el pliego subsanatorio, que ponen al descubierto que, con antelaci\u00f3n a este diligenciamiento, acudi\u00f3 a este instrumento superlativo, aunque buscando la revocatoria de otra de las conclusiones adoptadas dentro del rito ejecutivo, esto es, la que \u00abmodific\u00f3 el l\u00edmite de las cautelas\u00bb, sin haber hecho el reproche que tard\u00edamente despliega. <\/p>\n
3. Frente a la cr\u00edtica contra el veredicto STL4678-201, ratificado en STP109-2021, basta se\u00f1alar que la aspiraci\u00f3n del impulsor no puede salir avante, puesto que se dirige contra otro litigo de igual linaje, centrando su descontento en las razones que sirvieron a las Salas de Casaci\u00f3n Laboral y Penal para descartar su prosperidad, e incluso, en el despacho negativo de pedimentos que ni siquiera fueron exhibidos en esa ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que, por regla general, la \u00abtutela contra tutela es improcedente\u00bb, salvo cuando el \u00abfallo\u00bb adoptado en la ayuda objetada es producto de un fraude o si se recriminan actos anteriores o posteriores a ella, lesivos del \u00abdebido proceso\u00bb, como cuando \u00abse omite la integraci\u00f3n del contradictorio o la notificaci\u00f3n de las personas con inter\u00e9s jur\u00eddico para intervenir\u00bb (STC8657-2021), lo que no sucede en este evento. <\/p>\n
En ese sentido, ha expuesto la guardiana de la Carta Pol\u00edtica, que es <\/p>\n
(\u2026) inaceptable que las partes que integran un proceso de acci\u00f3n de tutela (\u2026) controviertan los argumentos, razones, reglas, pruebas o dem\u00e1s elementos que fundamentaron una decisi\u00f3n por medio de la interposici\u00f3n de una nueva solicitud de amparo\u00bb (C.C. SU- 1219 de 2001 reiterada en T-470\/18); debido a que esa Alta Corte \u00ab(\u2026) tiene la misi\u00f3n institucional de impedir que ello ocurra porque lo que est\u00e1 en juego no es nada menos que la efectividad de todos los derechos constitucionales, la cual quedar\u00eda indefinidamente postergada hasta que el vencido en un proceso de tutela decidiera no insistir en presentar otra tutela contra el fallo que le fue adverso para buscar que su posici\u00f3n coincida con la opini\u00f3n de alg\u00fan juez\u00bb (Ib\u00eddem). <\/p>\n
3.1. En todo caso, si la verdadera intenci\u00f3n de Carlos Alberto es la de persistir en las circunstancias all\u00ed expuestas, a\u00fan tiene a su alcance el medio de defensa previsto en el ordenamiento jur\u00eddico para combatir la \u00absentencia de tutela\u00bb que ahora objeta y as\u00ed corregir los yerros que denuncia, como es la eventual revisi\u00f3n ante la \u00abCorte Constitucional\u00bb, dado que, si bien se pudo verificar de la p\u00e1gina Web de ese Alto Tribunal dicha encuadernaci\u00f3n no fue seleccionada para tal efecto, a\u00fan puede hacer uso de la \u00abfacultad de insistencia\u00bb, remedio del que esta Sala ha predicado: <\/p>\n
Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992). STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, rese\u00f1adas, entre otras, en STC10007-2020, STC16306-2021 y STC5025-2022. <\/p>\n
4.- Atendiendo los anteriores razonamientos, no es viable el ruego del promotor. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo instado por Carlos Alberto Ram\u00edrez Cortes. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este \u00abfallo\u00bb, rem\u00edtase el expediente a la \u00abCorte Constitucional\u00bb para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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