STC884-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC884-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-04-000-2022-02181-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 8 de noviembre de 20221, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Roberto Ram\u00edrez Barahona contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social \u2013UGPP, as\u00ed como las partes e intervinientes en el ordinario laboral n.\u00ba 2017-00035. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, debido proceso, igualdad, \u00abm\u00ednimo vital, (\u2026) vida en condiciones dignas, (\u2026) seguridad social en pensi\u00f3n [y] en salud\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades enjuiciadas. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados, se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Roberto Ram\u00edrez Barahona promovi\u00f3 ordinario laboral contra la UGPP, en procura de la \u00abrestituci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez\u00bb que le fue reconocida en virtud de la convenci\u00f3n colectiva de 1981-1982 \u00abdel Terminal Mar\u00edtimo de Buenaventura\u00bb, ya que esa entidad \u00abdeclar\u00f3 la extinci\u00f3n de [la] prestaci\u00f3n\u00bb2, tras realizarle la revisi\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral. <\/p>\n
El conocimiento del asunto correspondi\u00f3 al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura, quien absolvi\u00f3 a la demandada. <\/p>\n
Posteriormente, al desatar la apelaci\u00f3n propuesta por el querellante, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga confirm\u00f3 lo dispuesto en primera instancia, en tanto advirti\u00f3 que \u00abcuando la UGPP decidi\u00f3 extinguir el derecho a la pensi\u00f3n de invalidez, el [censor] ya no ten\u00eda una p\u00e9rdida de capacidad laboral igual o superior al 66%, como lo exig\u00eda el acuerdo convencional\u00bb. <\/p>\n
Inconforme, el gestor recurri\u00f3 en sede extraordinaria, en donde la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4 mantuvo lo resuelto por el ad quem, pues coligi\u00f3 que: (i) \u00ablas pensiones de invalidez de los trabajadores oficiales s\u00ed son revisables\u00bb; y (ii) \u00abla prestaci\u00f3n de invalidez no muta en la de vejez\u00bb. <\/p>\n
Determinaciones que, en sentir del quejoso, incurrieron en una v\u00eda de hecho \u00ab[e]n el sentido en que, al momento en que la (\u2026) (UGPP), extingui\u00f3 [su] Prestaci\u00f3n Econ\u00f3mica, (\u2026) contaba con 63 a\u00f1os de edad y m\u00e1s de 22 a\u00f1os en percibir [el beneficio]\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, agreg\u00f3 que \u00absi el Juzgado, el Tribunal y la Corte Suprema de Justicia, ten\u00edan duda frente a la Convenci\u00f3n Colectiva, debi\u00f3 resolver la Petici\u00f3n Especial, solicitada en la Demanda, en el sentido de solicitar a la UGPP, este documento, trasladando la carga de la prueba a esta Entidad, de acuerdo con las facultades extra y ultra petita que le otorga la Ley\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, que se ordene la restituci\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez \u00aby [el] pago de las mesadas dejadas de percibir desde el 2 de julio de 2004, incluyendo las de junio y diciembre, los incrementos anuales, y la indexaci\u00f3n de los valores dejados de cancelar. (\u2026) o en su defecto a realizar la Conversi\u00f3n de la Pensi\u00f3n de Invalidez a la de Jubilaci\u00f3n vitalicia, por contar con m\u00e1s de 80 a\u00f1os\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado ponente de la providencia de casaci\u00f3n confutada realiz\u00f3 un recuento de las consideraciones expuestas en la misma. <\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Buenaventura alleg\u00f3 el expediente digital del proceso ordinario rad. n.\u00ba 2017-00035. <\/p>\n
3. La UGPP se\u00f1al\u00f3 que \u00abLO PRETENDIDO POR LA PARTE ACCIONANTE ES SUSTITUIR UNA DECISI\u00d3N JUDICIAL PROFERIDA POR EL JUEZ NATURAL DE LA CAUSA, donde una vez analizados los fundamentos facticos y jur\u00eddicos y la jurisprudencia aplicable se lleg\u00f3 a la conclusi\u00f3n que la parte accionante no ten\u00eda derecho a sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00abel debate que por esta v\u00eda plantea el [actor], fue zanjado por los jueces naturales para resolver el asunto, sin que se advierta que (\u2026) [el fallo] de casaci\u00f3n por v\u00eda de la cual fue definido el asunto, sea producto del capricho o interpretaci\u00f3n irracional y equivocada de la norma\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impetr\u00f3 el reclamante para insistir en su pretensi\u00f3n, resaltando que \u00ab[l]a Sala Laboral sostuvo que las pensiones extralegales reconocidas con anterioridad al 17 de octubre de 1985 son compatibles con la de vejez del ISS, salvo que las partes hubieran acordado lo contrario. El magistrado (\u2026) se apart\u00f3 de esta decisi\u00f3n, pues, a su juicio, no se trata de establecer si una pensi\u00f3n consagrada en una convenci\u00f3n colectiva puede ser considerada o no como legal por exigir los mismos requisitos de causaci\u00f3n que los de ley, sino de determinar si una pensi\u00f3n que se reconoce cuando ya el trabajador tiene los requisitos para adquirir la prestaci\u00f3n, no obstante estar consagrada en un convenio colectivo, puede ser subrogada y compartida con la pensi\u00f3n de vejez que reconozca el Seguro Social\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Corporaci\u00f3n enjuiciada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el proceso laboral que inici\u00f3 el gestor (SL1988-2022, 7 jun.), por mantener en firme la determinaci\u00f3n del tribunal, supuestamente en desmedro de sus prerrogativas. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien el reclamo involucra los fallos del 20 de noviembre de 2018, 15 de julio de 2020 y 7 de junio de 2022, proferidos por los estrados convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 a este \u00faltimo, esto es, el de la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n.\u00ba 4, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto, pues como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las resoluciones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a plantear la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Al estudiar el fallo sometido a escrutinio de esta Corte, mediante el cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n querellada mantuvo inc\u00f3lume lo dispuesto por el tribunal ad quem, en tanto consider\u00f3 que: (i) \u00ablas pensiones de invalidez de los trabajadores oficiales s\u00ed son revisables\u00bb; y (ii) \u00abla prestaci\u00f3n de invalidez no muta en la de vejez\u00bb, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, al resolver conjuntamente los cuatro cargos formulados por: (i) \u00abla senda jur\u00eddica, en la modalidad de infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 114 y 117 de la convenci\u00f3n colectiva celebrada por la empresa Puertos de Colombia y su sindicato, vigente para el a\u00f1o 1981 y 1982 (\u2026) [entre otros preceptos]; (ii) \u00abpor id\u00e9ntica v\u00eda y modalidad del cargo anterior, [en el que] acusa las mismas normas rese\u00f1adas, con excepci\u00f3n de los art\u00edculos 41 de la Ley 48 de 1993, 8 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, 2, 11, 74 al 81, de la Ley 712 de 2001, y 11 del CGP\u00bb; (iii) por la \u00abv\u00eda directa, en la modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, de los art\u00edculos 114 al 117 de la convenci\u00f3n colectiva celebrada por Puertos de Colombia; 41 y 44 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 962 de 2005; 4\u00b0 del Decreto 917 de 1999 en relaci\u00f3n con el 1\u00b0 de la Ley 33 de 1985; 305 del CPC; 145 del CPTSS; 14,16, 21, del CST; 167 del CGP; 13, 25, 29, 48, 53 de la CP; y sentencias CC T1268-2005 y CC C009-1999 de la Corte Constitucional\u00bb y por (iv) \u00abviolaci\u00f3n, por la v\u00eda directa, en la modalidad de interpretaci\u00f3n err\u00f3nea, del mismo repertorio de disposiciones jur\u00eddicas relacionado en el cargo antecedente\u00bb, el estrado encartado expuso que: <\/p>\n
\u00ab[L]e corresponde a la Sala determinar si se equivoc\u00f3 el fallador de la alzada al no anular la Resoluci\u00f3n n.\u00b0 000682 del 2 de julio de 2004, mediante la cual se declar\u00f3 la extinci\u00f3n de la prestaci\u00f3n de invalidez. Seguidamente, habr\u00e1 que verificar si el colegiado err\u00f3 al no otorgar la pensi\u00f3n de vejez o jubilaci\u00f3n al recurrente\u00bb. <\/p>\n
Luego, se\u00f1al\u00f3 que \u00abal no existir duda frente al car\u00e1cter convencional de la pensi\u00f3n, encuentra la Sala que el referido cuerpo normativo extralegal no fue aportado al proceso, lo que impedir\u00eda identificar si el mismo conten\u00eda alguna disposici\u00f3n que impidiera la revisi\u00f3n de dicha prestaci\u00f3n por parte del encargado de pagarla, que es lo que plantea la censura en el primer embate\u00bb. <\/p>\n
Respecto de la revisi\u00f3n de la prestaci\u00f3n, razon\u00f3 que de conformidad con el art\u00edculo 67 del Decreto 1848 de 1969 \u00ablas pensiones de invalidez de los trabajadores oficiales s\u00ed son revisables, y en caso de que el porcentaje de p\u00e9rdida de capacidad laboral disminuya a uno inferior al m\u00ednimo establecido para otorgar la prestaci\u00f3n, esta podr\u00e1 extinguirse\u00bb. Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Seguidamente, al estudiar el segundo problema jur\u00eddico, \u00abesto es, si el Tribunal err\u00f3 al no otorgar la pensi\u00f3n de vejez o jubilaci\u00f3n al recurrente\u00bb, puntualiz\u00f3 que \u00abdicha petici\u00f3n no fue realizada en la demanda inicial, ni debatida en las etapas procesales del juicio\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, record\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab[L]a procedencia de la pensi\u00f3n de vejez o de jubilaci\u00f3n, o la permanencia de la vinculaci\u00f3n del demandante a la empleadora desde que se le otorg\u00f3 la prestaci\u00f3n, y hasta el momento que se le quit\u00f3, esto es de mayo de 1982 a julio de 2004, no fueron conceptos objeto de debate a lo largo del proceso, por lo que le est\u00e1 vedado a la Corte resolver sobre estos aspectos, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 66A del CPTSS\u00bb. <\/p>\n
Sobre dicha pretensi\u00f3n, reliev\u00f3 que \u00ab[d]e cualquier manera, para poder establecer que la pensi\u00f3n de invalidez otorgada al recurrente se convierte en una de vejez por el paso del tiempo, ser\u00eda necesario acudir a la convenci\u00f3n colectiva, precisamente porque, como ya se anticip\u00f3, es esta la fuente de la prestaci\u00f3n reconocida; sin embargo, no fue allegada al proceso\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, arguy\u00f3 que \u00abla prestaci\u00f3n de invalidez no muta en la de vejez porque son pensiones diferentes que se causan con diferentes requisitos y cubren distintos riesgos\u00bb y, de esta manera, desestim\u00f3 los cargos. <\/p>\n
Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo del gestor no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se percibe es una diferencia de criterio de aquel frente a la autoridad convocada, en tanto lo fallado fue contrario a sus intereses. <\/p>\n
3.2. En relaci\u00f3n con lo expuesto, cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la disposici\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar [los veredictos] judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La providencia cuestionada se advierte razonable, puesto que no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 25 de enero de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 De conformidad con el fallo de casaci\u00f3n. <\/p>\n
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