STC888-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC888-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02639-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 13 de diciembre de 20221, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S., contra la Superintendencia de Sociedades \u2013 Delegaturas para Procedimientos Mercantiles y de Insolvencia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad accionante, actuando a trav\u00e9s de su representante legal, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales de acceso a la justicia, debido proceso \u2013en sus modalidades de defensa y contradicci\u00f3n\u2013, seguridad jur\u00eddica, entre otras, supuestamente vulneradas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Como hechos jur\u00eddicamente relevantes para la definici\u00f3n del sub-lite, se destacan los siguientes: <\/p>\n
2.1. El Emporio Empresarial del Meta S.A.S. y Sainc Ingenieros S.A. \u2013en reorganizaci\u00f3n promovieron acci\u00f3n revocatoria concursal en contra de La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. en liquidaci\u00f3n judicial, Jaime Andr\u00e9s y Oscar Eduardo Arias Pe\u00f1uela, Gloria Neyer Pe\u00f1uela de Arias y la Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S. \u2013aqu\u00ed libelista\u2013, de conformidad con los art\u00edculos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
2.2. En ese sentido, la actora arguy\u00f3 que aun cuando uno de los requisitos para que prospere esa demanda es que se pruebe el perjuicio causado a los acreedores, el extremo activo de esa causa no procedi\u00f3 en la forma se\u00f1alada, por lo que la Delegatura para Procedimientos Mercantiles dispuso que, \u00abhasta que no se aprobara la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial, no seguir\u00eda con la acci\u00f3n revocatoria, contradiciendo la no prejudicialidad establecida en el art\u00edculo 7 de la Ley 1116 de 2006, que la proh\u00edbe expresamente\u00bb. <\/p>\n
2.3. Seguidamente, precis\u00f3 que, una vez se aprob\u00f3 la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, as\u00ed como el inventario valorado de la sociedad en liquidaci\u00f3n judicial, \u00abresult\u00f3 que el activo de la sociedad era $206.762.615.000 y el pasivo $180.683.837.977 pesos. Es decir, un activo superior al pasivo por la no despreciable suma de $26.079 millones de pesos aproximadamente\u00bb. <\/p>\n
2.4. Sobre el particular, agreg\u00f3 que, sin mediar orden de autoridad competente, el liquidador present\u00f3 un informe de actualizaci\u00f3n de activos y pasivos de la concursada, en el que, entre otros aspectos, \u00abindex\u00f3 el pasivo en $13. 538.130.570 pesos, adem\u00e1s de incrementar el pasivo del Banco de Occidente a $67.705.839.328 mediante la inclusi\u00f3n de intereses e indexaci\u00f3n a pesar de que en las audiencias de resoluci\u00f3n de objeciones llevadas a cabo el 2 y 16 de diciembre de 2021, se le reconoci\u00f3 al Banco una acreencia por valor de $53.352.123.847 pesos correspondiente a capital e intereses\u00bb. <\/p>\n
2.5. Asimismo, recrimin\u00f3 que en ese documento \u00abse concluye err\u00f3neamente que el activo es insuficiente en $1,813.069.223 pesos\u00bb, con lo que, en su criterio, se indujo al juez de la revocatoria a tomar una decisi\u00f3n que contraviene el marco f\u00e1ctico del proceso, como en efecto sucedi\u00f3 en la audiencia de 26 de octubre de 20222, en la que, entre varios temas, se estimaron parcialmente las pretensiones relacionadas con la revocatoria de las escrituras p\u00fablicas n.\u00ba 1153 y 1154 del 24 de marzo de 2017, suscritas en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Villavicencio, mediante las cuales se transfiri\u00f3 el dominio de los inmuebles identificados con FMI n.\u00ba 230-34142 y 230-78488, respectivamente, a favor de Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S., por parte de la Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. en liquidaci\u00f3n judicial; y, en tal virtud, se le orden\u00f3 a la aqu\u00ed censora reintegrar al patrimonio de la concursada los citados predios. <\/p>\n
2.6. Por lo anterior, cuestion\u00f3 que \u00abel \u00fanico argumento que se utiliz\u00f3 para revocar el acto y ordenar la devoluci\u00f3n de dos inmuebles cuyo valor se estima en un valor cercano a los $50 mil millones de pesos para cubrir un faltante de tan solo $1.813 millones de pesos aproximadamente, fue la insuficiencia de bienes, [pero] no se tuvo en consideraci\u00f3n que el mencionado faltante es producto de una indexaci\u00f3n que legalmente no es procedente realizada (sic) por el liquidador y que el Juez no valor\u00f3, beneficiando de esta forma a los demandantes d\u00e1ndoles el derecho a la recompensa del 40% establecida en la Ley y transgrediendo los derechos de AGROPECUARIA PE\u00d1ABLANCA S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
2.7. Con todo, la sociedad inconforme enfatiz\u00f3 en que no se valoraron adecuadamente los medios de convicci\u00f3n legal y oportunamente allegados al tr\u00e1mite, sumado a que \u00abel liquidador present\u00f3 una prueba inexacta, y con ella se emiti\u00f3 sentencia. Fue el \u00fanico argumento que se tuvo en cuenta para fallar ordenando la revocatoria\u00bb. <\/p>\n
2.8. Finalmente, anot\u00f3 que lo anterior se refuerza con el hecho de que \u00abmediante Auto No. 2022-02-807251 del 15 de noviembre del 2022, el Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia orden\u00f3 aperturar un incidente al auxiliar de la justicia (\u2026), por cuanto el Despacho encontr\u00f3 que los valores relacionados por el liquidador en el Proyecto de graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y determinaci\u00f3n de derechos de votos radicado mediante Memorial No. 2022-01- 646688 del 29 de agosto de 2022, difiere de los indicados por los acreedores que est\u00e1n celebrando el acuerdo de reorganizaci\u00f3n afectando la determinaci\u00f3n de los derechos de voto e incluso el pasivo mismo de la concursada generando una posible violaci\u00f3n al principio de la informaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3, en compendio, (i) \u00abdejar sin efecto la providencia judicial proferida por la DELEGATURA DE PROCEDIMIENTOS MERCANTILES de la Superintendencia de Sociedades el d\u00eda 26 de octubre de 2022, en la cual resolvi\u00f3 revocar los actos elevados a escritura p\u00fablica No. 1153 y 1154 correspondientes a la venta de los lotes que realiz\u00f3 La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S en C a la sociedad Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S. y en consecuencia, Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S. debe restituir los bienes a la sociedad La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S en C. hoy en Liquidaci\u00f3n Judicial, con el \u00fanico argumento de la insuficiencia de bienes\u00bb y (ii) \u00abadoptar las medidas que sean necesarias para impedir que contin\u00fae la violaci\u00f3n de los derechos fundamentales y para garantizar la seguridad jur\u00eddica de la accionante\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles compareci\u00f3 al tr\u00e1mite oponi\u00e9ndose a la prosperidad del petitum, en tanto que, \u00abuna vez agotadas las etapas procesales y basado en las pruebas obrantes en el expediente, el Despacho profiri\u00f3 sentencia conforme a la ley; (\u2026) de la prueba en la que constaba el activo y el pasivo de la sociedad Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. en liquidaci\u00f3n judicial se corri\u00f3 traslado y este surti\u00f3 en silencio. Fue s\u00f3lo hasta la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento celebrada el 26 de octubre de 2022, que el apoderado de Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S. se refiri\u00f3 a la mencionada prueba, actuaci\u00f3n que oblig\u00f3 al juez de conocimiento a advertirle al apoderado que no era ese el momento procesal correspondiente ni oportuno y que cuando procesalmente cont\u00f3 con el derecho y el deber de pronunciarse, guard\u00f3 silencio. (\u2026) Asimismo, la sentencia se bas\u00f3 con los documentos y pruebas obrantes en el expediente\u00bb. <\/p>\n
En l\u00ednea con lo expuesto, adujo que \u00ablos reparos a la valoraci\u00f3n probatoria reflejan m\u00e1s su desacuerdo con el resultado del fallo. El hecho de que en la sentencia no se hubiere hecho referencia a las pruebas en el sentido pretendido por el tutelante no significa que no se hubiesen aplicado los principios de la sana cr\u00edtica, unidad y comunidad de la prueba en conjunto con el contenido de la contestaci\u00f3n de la demanda sumado a la conducta procesal de las partes, especialmente al silencio que guard\u00f3 Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S. en relaci\u00f3n con la prueba que demuestra la insolvencia de la Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. en liquidaci\u00f3n judicial\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, indic\u00f3 el funcionario querellado que \u00abel apoderado de Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S. interpuso recurso de queja contra el auto que neg\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n intentado contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2022. En consecuencia, se concedi\u00f3 el recurso de queja y mediante oficio 2022-01-837557 de 25 de noviembre de 2022, se remiti\u00f3 al Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1 copia de los documentos pertinentes para resolver el recurso interpuesto, a la fecha no ha sido resuelto, por lo tanto, el accionante intent\u00f3 un mecanismo de defensa judicial que est\u00e1 en estudio por el Honorable Tribunal Superior del Distrito de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 el amparo, porque \u00abla sentencia tiene razonable y suficiente sustento normativo, jurisprudencial, f\u00e1ctico y probatorio, sin que luzca caprichosa o arbitraria. Obs\u00e9rvese que las motivaciones expresadas por la delegatura accionada descartan el desafuero denunciado por la sociedad actora, porque seg\u00fan las pruebas obrantes en el expediente, en especial la prueba de oficio tantas veces mencionada, le permitieron concluir que exist\u00eda una clara insuficiencia de activos y que hac\u00eda necesario proteger los cr\u00e9ditos de los acreedores reconocidos, raz\u00f3n por la cual orden\u00f3, con fundamento en las dem\u00e1s pruebas documentales y testimoniales, la revocatoria de los actos pues, adem\u00e1s de lo anterior, encontr\u00f3 probada la mala fe de los contratantes al momento de la celebraci\u00f3n de los negocios jur\u00eddicos. De manera que, para esta Sala no es el juez constitucional el llamado a intervenir, a manera de autoridad de instancia, para establecer si los planteamientos se\u00f1alados resultan acertados o no\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1. La entidad accionante recurri\u00f3 la precitada providencia, reiterando los argumentos expuestos en el escrito inicial y agregando que \u00abhaberle dado valor probatorio al informe del liquidador, que no fue la prueba decretada, aun si hab\u00eda sido replicado por el juez del concurso, sin comprobar siquiera la veracidad de las cifras all\u00ed contenidas, constituye un defecto f\u00e1ctico clar\u00edsimo tanto en una dimensi\u00f3n positiva como negativa, pues en primer lugar no ha debido darse valor probatorio a algo que no constituye prueba y en segundo lugar, no ha debido ignorar las verdaderas pruebas de oficio que fueron decretadas y que se encontraban a su alcance, para realizar la revisi\u00f3n concienzuda que ha debido realizar, pues a pesar de tener a disposici\u00f3n el valor real reconocido y aprobado en el proyecto de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos en desarrollo de las audiencias del 2 y 16 de diciembre de 2021, no fue tomado en cuenta. Inclusive hace caso omiso el juez a las manifestaciones realizadas en los alegatos de conclusi\u00f3n, en donde le dicen claramente que este informe no constituye m\u00e1s que una proposici\u00f3n y que dicha proposici\u00f3n deber\u00e1 ser por \u00e9ste evaluada\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, el abogado que adujo ser el apoderado del Emporio Empresarial del Meta S.A.S. descorri\u00f3 traslado del precitado memorial, oponi\u00e9ndose a los argumentos esgrimidos por la accionante en su impugnaci\u00f3n. Sobre el tema, reliev\u00f3 que \u00abse ocultan (\u2026) de manera descarada, una serie de importantes hechos que ponen evidencia el indebido actuar del Accionante\/Impugnante del Fallo, esto es AGROPUECUARIA PE\u00d1ABLANCA SAS y su representante legal se\u00f1or DANIEL MANRIQUE DAWER, quien conjuntamente con su se\u00f1or padre CAMILO MANRIQUE, ex representante legal y ex promotor del proceso concursal de la sociedad la PRIMAVERA DESARROLLO Y CONSTRUCCION S EN C, hoy en LIQUIDACION JUDICIAL, son los causantes directos de la liquidaci\u00f3n y de los m\u00faltiples perjuicios causados en cabeza de la totalidad de Acreedores de la Liquidaci\u00f3n, y de c\u00f3mo violando el principio de derecho que indica que nadie puede usar a su favor su propio dolo o culpa \u201cNemo Auditur Propiam Turpitudinem Allegans\u201d, presentandose ahora ante la Corte para tratar de revertir mediante el mecanismo judicial de la tutela, contundentes fallos emitidos en su contra\u00bb. <\/p>\n
Al respecto, memor\u00f3 que \u00aben el proceso de Acci\u00f3n de Revocatoria identificado con No. 2020-480-00003, se aplicaron con rigor los art\u00edculos 74 y 75 de la Ley 1116 de 2006 y el C\u00f3digo General del Proceso, respetando el debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Colombia, estando pendiente por desatarse ante el Tribunal Superiro de Bogota, el recurso de queja interpuesto al haberse rechazado por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n radicado\u00bb. <\/p>\n
Sumado a ello, sostuvo que \u00ablo que si resulta grosero, es que en la impugnaci\u00f3n que por este medio se descorre, se afirme por parte del Impugnante que \u201cno puede haber da\u00f1o a los acreedores del concurso si los activos involucrados en el proceso concursal son suficientes para cubrir la totalidad del pasivo a cargo de la deudora\u201d, desconociendo la multiplicidad de motivos que se consagraron por parte de la Superintendencia y que motivaron el fallo y los graves e irreparables perjuicios que ya se causaron contra la totalidad de los acreedores, da\u00f1os y perjuicios que jam\u00e1s se repararan o subsanaran a los acreedores, sobre todo si se tiene en cuenta que jam\u00e1s se escritur\u00f3 por parte de la familia Manrique a los prometientes compradores los inmuebles que pagaron y que los pasivos y deudas se dejaron de cancelar desde hace m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os, y que escasamente, ojala alg\u00fan d\u00eda se lograr\u00e1 recuperar el capital (eso esperamos) con algunas indexaciones, no todas, y sin poder remediarse los gastos, costos y p\u00e9rdidas acumuladas que no son ni ser\u00e1n cuantificadas, ni pagadas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada incurri\u00f3 en presunta v\u00eda de hecho en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n revocatoria concursal que se inici\u00f3, entre otros, contra la sociedad libelista, por dictar sentencia el 26 de octubre de 2022, en la que accedi\u00f3 parcialmente al petitum, supuestamente, en desmedro de una adecuada valoraci\u00f3n probatoria y de las garant\u00edas derivadas del debido proceso. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Las decisiones de los jueces son, por regla general, ajenas a la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, excepto, como lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, en eventos en los que resultan manifiestamente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una v\u00eda de hecho, obviamente bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un t\u00e9rmino razonable a formular la queja y haya utilizado los remedios id\u00f3neos, tanto ordinarios como extraordinarios, con miras a conjurar la lesi\u00f3n alegada, salvo que se est\u00e9 en presencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de la Corte, mediante la cual la Delegatura para Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades resolvi\u00f3 la acci\u00f3n revocatoria concursal que se inici\u00f3, entre otros3; en contra de Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S. \u2013aqu\u00ed recurrente, no se advierte la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, ni la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, como pasa a explicarse. <\/p>\n
3.1. En efecto, (i) para establecer la viabilidad de la revocatoria de los negocios jur\u00eddicos contenidos en las escrituras p\u00fablicas n.\u00ba 1153 y 1154 del 24 de marzo de 2017, otorgadas en la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Villavicencio, con las que se transfiri\u00f3 el dominio de los bienes identificados con los FMI n.\u00ba 230-34142 y 230-78488, respectivamente, y, en consecuencia, (ii) ordenar a la inconforme reintegrarlos al patrimonio de Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S. en C. en liquidaci\u00f3n, la autoridad precis\u00f3, inicialmente, que se evidenci\u00f3 la insuficiencia de activos de la concursada para honrar las obligaciones adquiridas, en tanto que: <\/p>\n
\u00ab(i) mediante memorando con n\u00famero de radicaci\u00f3n 2022-01-64222 el 31 de agosto de 2022 el Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles inform\u00f3 sobre las resultas de la aprobaci\u00f3n de la calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos y aprobaci\u00f3n del inventario valorado\u2026 indicando que el total del pasivo asciende a la suma de $208 575 684 028 y el activo a $206 762 614 805; en consecuencia existe una diferencia entre el activo y el pasivo de $1 813 069 223 por lo que est\u00e1 probada la insolvencia de la sociedad en concurso. <\/p>\n
(ii) el valor de pasivo litigioso y contingente corresponde a $5 908 950 000 y no se ha previsto el valor de los gastos de administraci\u00f3n del proceso concursal y los honorarios del auxiliar de la justicia, valores que debe cubrir la sociedad en concurso. <\/p>\n
(iii) no existe la suficiencia de bienes tangibles que componen el patrimonio del deudor para cubrir la totalidad del pasivo y los gastos del proceso\u2026 as\u00ed como el valor real que en su momento deba pagarse del pasivo litigioso y contingente. <\/p>\n
(iv) la diferencia (\u2026) es fundamental porque lo que busca la norma es precisamente proteger financiera y contablemente el cr\u00e9dito, de suerte que la deudora debe tener un respaldo suficientemente s\u00f3lido para [que] la celebraci\u00f3n de un acto o negocio dentro del periodo de sospecha no desequilibre ni afecte las condiciones de pago del cr\u00e9dito. <\/p>\n
(v) otro escenario posible corresponde a que la sociedad en concurso celebra[ra] nuevamente un acuerdo de reorganizaci\u00f3n y regresa[ra] a un proceso de reorganizaci\u00f3n, bajo este supuesto debe indicarse que una de las consecuencias de la admisi\u00f3n al proceso de reorganizaci\u00f3n y parte de las reglas de suscribir un acuerdo es que los acreedores deben redefinir los plazos iniciales, lo que de entrada ya rompe el equilibrio del negocio que dio origen a la obligaci\u00f3n incumplida; es decir, de admitirse la reorganizaci\u00f3n los acreedores, que ya de por si ven\u00edan soportando un incumplimiento, est\u00e1n obligados a esperar mucho m\u00e1s tiempo de lo inicialmente pactado y a modificar las condiciones de sus cr\u00e9ditos para que se les satisfagan las obligaciones. <\/p>\n
(vi) esta situaci\u00f3n (\u2026) puede convertirse en un escenario adverso ante un evento de incumplimiento del mismo; no solo pierden la expectativa de pago en las condiciones previstas tras una espera importante, sino que, adem\u00e1s, sus cr\u00e9ditos quedan en ostensible desventaja porque antes que ellos y con cargo a los activos de la sociedad deudora se deben pagar los gastos de administraci\u00f3n causados durante la liquidaci\u00f3n judicial, luego los causados durante el acuerdo de reorganizaci\u00f3n y ah\u00ed s\u00ed los propios que dieron origen al acuerdo atendiendo a la prelaci\u00f3n legal de cr\u00e9ditos\u00bb4 (Se destaca). <\/p>\n
En ese sentido, tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que los enunciados negocios jur\u00eddicos se perfeccionaron durante el periodo de sospecha previsto en el numeral 1 del art\u00edculo 74 de la Ley 1116 de 20065, de modo que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta injustificable (para el inmueble 230-34142) que en el 2015 La Primavera haya adquirido el bien por $4 000 000 000 y en el 2017, es decir 2 a\u00f1os despu\u00e9s, el mismo bien hubiere sido vendido a Agropecuaria Pe\u00f1ablanca por el mismo valor que lo adquiri\u00f3 la sociedad en concurso, escenario totalmente opuesto a lo que sucede en el mercado de la venta de bienes inmuebles, ya que los mismos tienden a valorizarse, no a mantener o disminuir su precio en el tiempo. En consecuencia, no encuentra el despacho una raz\u00f3n financiera que sustente el valor de venta que pag\u00f3 Agropecuaria Pe\u00f1ablanca en su momento, m\u00e1s a\u00fan si lo que necesitaba la sociedad era liquidez para ejecutar la construcci\u00f3n del centro comercial esta venta del a\u00f1o 2017 al mismo valor del a\u00f1o 2015 resulta cuestionable (\u2026). <\/p>\n
En cuanto al inmueble No. 230-78488 dijo que \u201cel lote anillo vial fue adquirido por La Primavera por un valor de $5 658 075 000\u2026 al revisar los recibos de caja el precio por el que se vendi(\u00f2) es inferior ($665 000 000) al que la primera lo adquiri\u00f3\u201d. Afirm\u00f3 que el da\u00f1o a los acreedores qued\u00f3 \u201crepresentado en que del activo de la concursada se excluyeron bienes por una suma superior a $9 158 075 000 por los que inicialmente la concursada los adquiri\u00f3 y como contraprestaci\u00f3n la deudora no recibi\u00f3 beneficio alguno\u201d. <\/p>\n
Y que los representantes legales y socios gestores de las sociedades demandadas no actuaron de buena fe porque \u201clos actos y negocios demandados se celebraron con un \u00fanico prop\u00f3sito familiar y empresarial que indiscutiblemente repercutieron en la agravaci\u00f3n de la insolvencia de la compa\u00f1\u00eda y con ello se gener\u00f3 da\u00f1o a los acreedores de la concursada. Este proceder a todas luces es reprochable, constitutivo de la ausencia de buena fe exigida en la norma en estudio\u00bb6 (Se subraya). <\/p>\n
3.2. Conforme con ello, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no es infundada o arbitraria, por lo que no se colige la configuraci\u00f3n de una v\u00eda de hecho, siendo claro, entonces, que el reclamo de la sociedad censora no halla recibo en esta sede excepcional. Por el contrario, lo que se advierte es una diferencia de criterio de aquella frente a la autoridad accionada, en tanto esa disposici\u00f3n fue contraria a sus expectativas. <\/p>\n
Por ello cabe agregar que, aunque se discrepara de lo resuelto, no podr\u00eda abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues es necesario que la determinaci\u00f3n se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub-lite. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado, entre otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00). <\/p>\n
3.3. De otra parte, en lo atinente a los dem\u00e1s embates formulados por la gestora \u2013en especial, lo concerniente al decreto de la prueba de oficio y la valoraci\u00f3n del citado informe que rindi\u00f3 el liquidador, con base en el cual se habr\u00eda fundamentado \u00abde forma irregular\u00bb la sentencia confutada\u2013, precisa la Sala que estos aspectos quedaron inmersos en la providencia que acaba de verse; por lo que, adem\u00e1s de devenir infructuosos esos reparos \u2013pues, pese a las exculpaciones ofrecidas en el memorial de impugnaci\u00f3n, tal como sostuvieron la autoridad encartada y el tribunal a quo constitucional, en el momento procesal oportuno no se realiz\u00f3 la manifestaci\u00f3n pertinente ante el cognoscente\u2013, la controversia sometida a verificaci\u00f3n de la Superintendencia de Sociedades ya qued\u00f3 definida, sin que sea viable acudir a este mecanismo excepcional a manera de instancia adicional. <\/p>\n
3.4. Finalmente, en cuanto a las resultas del incidente que la autoridad inici\u00f3 contra el auxiliar de la justicia que compareci\u00f3 al sub-lite, se anota que, ciertamente, la parte interesada deber\u00e1 exteriorizar las consideraciones que estime pertinentes en ese espec\u00edfico escenario, en el cual se definir\u00e1 lo que en derecho corresponda respecto de la conducta procesal desplegada por aquel \u2013que tambi\u00e9n se censura a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n\u2013, ya que, en ese contexto, efectuar cualquier pronunciamiento sobre el particular resultar\u00eda anticipado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La determinaci\u00f3n cuestionada se advierte razonable, en tanto no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve la manifiesta desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, y, por ende, tenga aptitud para lesionar las prerrogativas superiores suplicadas. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El expediente ingres\u00f3 a este despacho el pasado 25 de enero de 2023, de conformidad con la informaci\u00f3n consignada en el acta de reparto. <\/p>\n
2\u0002 Contra la mencionada determinaci\u00f3n se intent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, pero no se concedi\u00f3 por improcedente, raz\u00f3n por la cual se formul\u00f3 reposici\u00f3n y en subsidio queja, pero se mantuvo inc\u00f3lume la decisi\u00f3n al desatar la primera defensa, y se remiti\u00f3 la foliatura ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 para proveer la segunda. Durante el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n constitucional, el tribunal expidi\u00f3 el auto de 20 de enero de 2023, en el que declar\u00f3 \u00abbien denegado el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el abogado de Agropecuaria Pe\u00f1ablanca S.A.S., Jaime Andr\u00e9s Arias Pe\u00f1uela, \u00d3scar Eduardo Arias Pe\u00f1uela y Gloria Neyer Pe\u00f1uela de Arias contra la decisi\u00f3n emitida en audiencia llevada a cabo el 26 de octubre de 2022, por el Superintendente Delegado de Procedimientos Mercantiles de la Superintendencia de Sociedades\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 La Primavera Desarrollo y Construcci\u00f3n S en C en Liquidaci\u00f3n Judicial, Jaime Andr\u00e9s y \u00d3scar Eduardo Arias Pe\u00f1uela, y Gloria Pe\u00f1uela de Arias. <\/p>\n
4\u0002 Apartes de la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, transcritos por el tribunal a quo constitucional. <\/p>\n
5\u0002 \u00abArt\u00edculo 74. Acci\u00f3n Revocatoria y de Simulaci\u00f3n. Durante el tr\u00e1mite del proceso de insolvencia podr\u00e1 demandarse ante el Juez del concurso, la revocaci\u00f3n o simulaci\u00f3n de los siguientes actos o negocios realizados por el deudor cuando dichos actos hayan perjudicado a cualquiera de los acreedores o afectado el orden de prelaci\u00f3n de los pagos y cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de los cr\u00e9ditos reconocidos: 1. La extinci\u00f3n de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto que implique transferencia, disposici\u00f3n, constituci\u00f3n o cancelaci\u00f3n de grav\u00e1menes, limitaci\u00f3n o desmembraci\u00f3n del dominio de bienes del deudor, realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o comodato que impidan el objeto del proceso, durante los dieciocho (18) meses anteriores al inicio del proceso de reorganizaci\u00f3n, o del proceso de liquidaci\u00f3n judicial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario, obr\u00f3 de buena fe (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
6\u0002 Apartes de la diligencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, transcritos por el tribunal a quo constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC888-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC888-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-02639-01 (Aprobado en Sala de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada contra el fallo de 13 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71093","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71093","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71093"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71093\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71093"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71093"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71093"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}