STC894-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC894-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-30-000-2022-01215-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal el 14 de octubre del a\u00f1o pasado1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00d3scar Mauricio Gonz\u00e1lez Salamanca contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e1, el presidente y el secretario de la Subsecci\u00f3n B de la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Comit\u00e9 de Convivencia Laboral de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El demandante, obrando en su propio nombre, acudi\u00f3 al presente mecanismo constitucional para reclamar la protecci\u00f3n del derecho fundamental de \u00abpetici\u00f3n\u00bb y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Refiri\u00f3 que \u00abdel 6 de septiembre de 2021 al 9 de junio de 2022\u00bb radic\u00f3 ante el Comit\u00e9 de Convivencia laboral de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas queja por acoso laboral, en la que se realiz\u00f3 audiencia de conciliaci\u00f3n el 1\u00ba de abril de 2022. <\/p>\n
Dijo que, como dicho acto se declar\u00f3 fracasado, el 14 de junio de 2022 el aludido comit\u00e9 remiti\u00f3 la actuaci\u00f3n a la \u00abComisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb a efectos de que se investigara la presunta conducta, \u00absin que a la fecha haya tenido una resoluci\u00f3n clara, precisa, congruente y de fondo\u00bb pese a que el 31 de agosto de aquel a\u00f1o \u00abpetici\u00f3n[\u00f3] respetuosamente\u00bb se le informara el tr\u00e1mite dado a dicha querella. <\/p>\n
3. Deprec\u00f3, entonces, la protecci\u00f3n de las garant\u00edas supralegales consagradas en los art\u00edculos 23 y 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, orden\u00e1ndose a la Colegiatura convocada \u00abresponda de manera clara, precisa, congruente y de fondo la petici\u00f3n elevada el 31 de agosto de 2022\u00bb y que se \u00abtramite la queja de acoso laboral remitida\u2026 desde el 14 de junio de 2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA AUTORIDAD ACCIONADA <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, por conducto de su presidente, se opuso a la prosperidad del resguardo, por haberse configurado un hecho superado, en la medida que el 29 de septiembre de 2022 \u00abla secretar\u00eda judicial someti\u00f3 a reparto el asunto, correspondi\u00e9ndole el n\u00famero de radicaci\u00f3n 110010802000020220075900 y asignado al Honorable Magistrado Doctor(a) Mauricio Fernando Rodr\u00edguez Tamayo\u00bb, situaci\u00f3n que puso en conocimiento del quejoso \u00abel mismo d\u00eda\u00bb remitiendo EL oficio SJ-RYGG 30261 \u00aba las direcciones ozcargonzalez@hotmail.com ogonzalezs@cendoj.ramajudicial.gov.co\u00bb. <\/p>\n
2. De la sentencia de primer grado se extracta el informe rendido por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Bogot\u00e12, la que \u00abinform\u00f3 que el 14 de junio de 2022 recibi\u00f3 por parte del Comit\u00e9 de Convivencia Laboral\u2026 una queja disciplinaria en contra del H.M. Alberto Espinosa Bola\u00f1os, presidente de la Subsecci\u00f3n B de la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por lo anterior, el 26 de agosto siguiente, procedi\u00f3 al env\u00edo del proceso, por competencia, a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial. Adujo que lo anterior le ha sido explicado al accionante en respuestas que fueron anexadas en el traslado realizado a la instancia accionada [sic]\u00bb <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Otorg\u00f3 el amparo tras darle aplicaci\u00f3n al art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991, habida cuenta que \u00abla Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u2026 no se pronunci\u00f3 al interior de la presente acci\u00f3n constitucional, ni desminti\u00f3 lo dicho por el extremo activo en el escrito de amparo [sic]\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido orden\u00f3 a la aludida Corporaci\u00f3n \u00abresponda de manera clara, congruente y pertinente la solicitud [de 31 de agosto de 2022], dentro de un plazo que no podr\u00e1 [exceder] de las cuarenta y ocho\u2026 horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia [sic]\u00bb <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la presidente de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial advirtiendo que, contrario a lo sostenido por la Sala a quo, s\u00ed descorri\u00f3 el traslado de la demanda de tutela a trav\u00e9s del oficio PCNDJ-765, el cual fue remitido el 2 de octubre de 2022 a los correos electr\u00f3nicos notificasecpenal@cortesuprema.gov.co y secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co, por lo que solicit\u00f3 la revocatoria del amparo dispensado para, en su lugar, desestimarlo comoquiera que, antes de culminar la primera instancia, efectu\u00f3 la actividad solicitada por el gestor, poniendo en su conocimiento la situaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial vulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales invocadas por \u00d3scar Mauricio Gonz\u00e1lez Salamanca por cuanto, al parecer, no respondi\u00f3 una solicitud formulada por este el 31 de agosto de 2022, a trav\u00e9s de la cual solicitaba \u00abinformaci\u00f3n\u00bb acerca del tr\u00e1mite impartido a la queja disciplinaria formulada contra el presidente de la Subsecci\u00f3n B de la Secci\u00f3n Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por presunto acoso laboral. <\/p>\n
2. Improcedencia del derecho de petici\u00f3n cuando lo solicitado corresponde a asuntos jurisdiccionales <\/p>\n
En forma reiterada, la jurisprudencia de esta Corte ha se\u00f1alado la inviabilidad de la mencionada prerrogativa trat\u00e1ndose de tr\u00e1mites judiciales (salvo en el caso de temas de car\u00e1cter administrativo) en raz\u00f3n a que aqu\u00e9llos est\u00e1n sometidos a etapas o fases reguladas por el ordenamiento jur\u00eddico procesal de imperiosa aplicaci\u00f3n, cuyo desconocimiento eventualmente dar\u00eda lugar a quebrantar prerrogativas esenciales de igual linaje. <\/p>\n
Sobre este particular, la Sala ha dejado sentado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u00bb (CSJ STC 20 mar. 2000, Rad. 4822; y 20 mar. 2000, Rad. 4867, reiterada en otras en STC2408-2019, 28 feb. 2019, rad. 2018-02638-01) <\/p>\n
En igual sentido, se precisa, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no resulta factible inferir vulneraci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n dentro de una actuaci\u00f3n judicial, cuando se presenta una solicitud sobre ella misma y no se responde dentro de los t\u00e9rminos previstos en el C\u00f3digo Contencioso Administrativo, ya que el juez o magistrado que conduce un proceso est\u00e1 sometido a las reglas procesales que disciplinan el mismo y debe distinguirse con claridad entre los actos judiciales y los administrativos que puedan tener a su cargo \u00e9stos. Ante la eventual morosidad en resolver, el derecho fundamental que puede invocar el interesado y ser protegido, si fuere el caso, no es propiamente el de petici\u00f3n sino el debido proceso\u00bb. (CSJ STC 2 ago. 2002, Rad. 00199-01; reiterada en STC9838-2019, 24 jul., rad. 2019-00158-01). <\/p>\n
As\u00ed, cuando por v\u00eda de tutela se aduce el desconocimiento del precepto 23 de la Carta Pol\u00edtica por parte de una autoridad jurisdiccional, incumbe establecer si aquella solicitud concierne o no un asunto vinculado a la litis y, si se determina lo primero, el amparo devendr\u00e1 improcedente, por las razones expuestas. <\/p>\n
3. De la acci\u00f3n de tutela y su naturaleza jur\u00eddica <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagr\u00f3 este instrumento como un mecanismo extraordinario, preferente, subsidiario y residual para la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales, ante el menoscabo o la amenaza derivados de acci\u00f3n u omisi\u00f3n atribuible a las autoridades o a los particulares, en las situaciones espec\u00edficamente precisadas en la ley. <\/p>\n
Sin embargo, puede suceder que dentro del tr\u00e1mite constitucional cese la vulneraci\u00f3n o la amenaza acusada en el escrito introductorio, respecto de lo cual se ha entendido que si la acci\u00f3n se instituy\u00f3 para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los ciudadanos, en caso de prosperar, el amparo se debe traducir en una orden encaminada a la protecci\u00f3n actual y cierta de aquellas prerrogativas, la cual se concreta en una conducta positiva; en la cesaci\u00f3n de los hechos causantes de la perturbaci\u00f3n o amenaza; o por v\u00eda de imponer la abstenci\u00f3n de actos transgresores. <\/p>\n
Entonces, si desaparecen los supuestos de hecho aducidos, bien porque la conducta violatoria fue corregida, dej\u00f3 de tener vigencia o aplicaci\u00f3n el acto que lesion\u00f3 el derecho, o se realiz\u00f3 la actividad cuya omisi\u00f3n constitu\u00eda desconocimiento de este, se itera, pierde motivo el amparo, de ah\u00ed que no tendr\u00eda objeto impartir alguna orden, porque aquella caer\u00eda en el vac\u00edo. <\/p>\n
Ante ese panorama, el juez de tutela una vez constate la superaci\u00f3n del presunto hecho vulnerador, necesariamente le corresponde declarar la improcedencia del resguardo. <\/p>\n
4. Caso concreto <\/p>\n
En el sub examine se observa que la queja constitucional se contrae, esencialmente, a se\u00f1alar que la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, al parecer, no respondi\u00f3 una solicitud formulada el 31 de agosto de 2022 por \u00d3scar Mauricio Gonz\u00e1lez Salamanca referente al tr\u00e1mite impartido a la queja disciplinaria formulada contra un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por presunto acoso laboral. <\/p>\n
Como se indic\u00f3, el \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb es improcedente en el tr\u00e1mite de los asuntos judiciales, pues estos est\u00e1n sujetos a un procedimiento espec\u00edfico y normativa especial, de all\u00ed que todo lo que a ellos incumbe deba ser resuelto en los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale para el efecto. <\/p>\n
Sin embargo, al margen de lo anterior, se tiene que, a partir de la informaci\u00f3n suministrada por la presidenta de la Colegiatura accionada, la salvaguarda debe desestimarse, pues se efectu\u00f3 la actividad echada de menos por el interesado y se le comunic\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada, torn\u00e1ndose innecesario impartir orden alguna en tanto se configur\u00f3 la carencia actual de objeto. <\/p>\n
En efecto, al descorrer el traslado que se le hiciera de la solicitud de amparo, la aludida Corporaci\u00f3n manifest\u00f3 que, a trav\u00e9s del oficio SJ-RYGG 30261 de 29 de septiembre de 2022 (es decir con ocasi\u00f3n a la iniciaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite constitucional radicado el 22 del mismo mes), se le comunic\u00f3 a Gonz\u00e1lez Salamanca que la queja disciplinaria por \u00e9l formulada \u00abfue sometida a reparto\u2026 correspondi\u00e9ndole el n\u00famero de radicaci\u00f3n 11001080200020220075900 y asignad[a] al Honorable Magistrado Doctor(a) Mauricio Fernando Rodr\u00edguez Tamayo\u00bb; comunicaci\u00f3n que fue remitida al correo electr\u00f3nico ogonzalezs@cendoj.ramajudicial.gov.co, que es el mismo informado en el libelo introductor. <\/p>\n
La anterior circunstancia emerge como constitutiva del fracaso del resguardo, en la medida que, dado el contexto actual y en virtud de dicha actuaci\u00f3n, la omisi\u00f3n que dio origen a su interposici\u00f3n ha cesado, resultando inocuo cualquier pronunciamiento que pudiere hacerse frente a dicha situaci\u00f3n. <\/p>\n
Con lo anterior, queda claro que, en el transcurso de la primera instancia de este tr\u00e1mite constitucional, y en todo caso antes de la emisi\u00f3n del fallo, la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial realiz\u00f3 la actividad extra\u00f1ada por Gonz\u00e1lez Salamanca al asignar la queja formulada a un magistrado de esa Corporaci\u00f3n, con lo que se evidencia que su pretensi\u00f3n fue satisfecha. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, perdiendo el auxilio su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia, torn\u00e1ndose inane cualquier pronunciamiento del juez de tutela en ese sentido, conforme lo previsto en el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
Frente a la figura descrita esta Sala ha dicho \u00ab[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 02211-01; STC, 5 mar. 2015, rad. 00194-01, y STC11007, 10 ago. 2016, rad. 00420-01, entre otras). <\/p>\n
Entonces, por no existir una conculcaci\u00f3n actual de derecho fundamental alguno, de acuerdo con lo decantado, se itera, la tutela deviene improcedente. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo impugnado y en su lugar DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la impugnaci\u00f3n solo hasta el 1\u00ba de febrero de 2023. <\/p>\n
2\u0002 Si bien en el expediente electr\u00f3nico fueron adosados algunos documentos remitidos por dicha corporaci\u00f3n, no se encontr\u00f3 el oficio por medio del cual se dio respuesta a la demanda. <\/p>\n
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