STC897-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC897-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00318-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alianza Dicon S.A.S. y Jimmy Alexander Gonz\u00e1lez Rojas contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Civil del Circuito de Ramiriqu\u00ed y los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2021-00158. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, los actores reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido por el auto de 19 de diciembre de 2022, mediante el cual la magistratura encartada, con apoyo en una argumentaci\u00f3n que consideraron insuficiente, dej\u00f3 en firme el mandamiento de pago que el juez de primera instancia hab\u00eda librado inicialmente en su contra, pero que posteriormente revoc\u00f3 en virtud del recurso de reposici\u00f3n que ellos formularon. <\/p>\n
2. Pidieron, en consecuencia, que se deje sin efecto la fustigada providencia y que, en su lugar, se ordene resolver nuevamente el asunto. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Inversiones y Construcciones Ingenieros Vargas y Asociados S.A.S. se opuso a la implorada salvaguarda, por estimar razonable la providencia de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la solicitud de amparo, involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dicha providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal inici\u00f3 precisando que \u00abla cuesti\u00f3n debatida se dirige a cuestionar el hecho de que la falladora de instancia haya se\u00f1alado, como requisito para la existencia del t\u00edtulo valor, que \u00e9ste no cumpl\u00eda con los requisitos mercantiles debido al tipo de negociaci\u00f3n, pues la misma deb\u00eda hacerse a cr\u00e9dito. Por su parte, la recurrente sostiene que las condiciones de pago est\u00e1n dadas, pues se estableci\u00f3 que \u201cen el documento de factura electr\u00f3nica, se establece son las condiciones de la negociaci\u00f3n, que en este caso es el campo correspondiente a TIPO DE NEGOCIACION: CONTADO, MEDIO DE PAGO, EFECTIVO\u201d, lo que permit\u00eda tener por acreditados los requisitos de la facturaci\u00f3n electr\u00f3nica. Adem\u00e1s, que a la factura no le eran aplicables las disposiciones comerciales y que el estado del pago no era requerido para la factura electr\u00f3nica. Sobre este particular, debe indicar este juez colegiado que los argumentos expuestos por la recurrente se encuentran llamados a prosperar\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, anot\u00f3 que, \u00abno se desconoce por esta sala lo acertado, en parte, del argumento expuesto por el juzgado de primera instancia, respecto a que \u201csi el pago de la negociaci\u00f3n de bienes o de la prestaci\u00f3n de servicios se hizo de contado, no puede ponerse a circular una factura como t\u00edtulo valor\u201d. M\u00e1s all\u00e1 de la cita doctrinal, que se plasm\u00f3, pero no se referenci\u00f3, ello se corresponde con la literalidad de lo dispuesto en el art\u00edculo 9 del Decreto 3327 de 2009 que establece: \u201cArt\u00edculo 9\u00b0. Las facturas de venta de bienes o de prestaci\u00f3n de servicios pagados de contado no tendr\u00e1n el car\u00e1cter de t\u00edtulo valor\u201d. El anterior apartado normativo ser\u00eda suficiente para respaldar el auto de primer grado, pues es claro que en el t\u00edtulo valor base del recaudo se estableci\u00f3 esta forma de pago, esto es, de contado. No obstante, le\u00edda la normativa en comento se encuentra que esta disposici\u00f3n no resulta aplicable al sistema de facturaci\u00f3n electr\u00f3nica, por as\u00ed disponerlo el art\u00edculo 10 del mentado decretado que reza: \u201cArt\u00edculo 10. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicaci\u00f3n y no es aplicable a las facturas electr\u00f3nicas\u201d. As\u00ed las cosas, es patente el hecho de que en el presente asunto el establecimiento de una forma de pago de contado, no invalida per se el documento como t\u00edtulo valor, por tratarse esta de una factura electr\u00f3nica\u00bb. <\/p>\n
M\u00e1s adelante, arguy\u00f3 que, \u00abRebatido el argumento seg\u00fan el cual a las facturas electr\u00f3nicas no le son aplicables las reglas del C\u00f3digo de Comercio, es menester entrar a detallar si se acredit\u00f3 el cumplimiento de sus requisitos, que es otro de los alegatos de la recurrente, en espec\u00edfico en lo que tiene ver con consagraci\u00f3n del estado del pago, que es un requerimiento establecido en el numeral 3 del art\u00edculo 774 del C.C. Para tal efecto, esta colegiatura no advierte una limitaci\u00f3n insalvable para la ejecuci\u00f3n por ausencia de establecimiento de la referida condici\u00f3n, en raz\u00f3n a que la norma comercial subordina o sujeta la inserci\u00f3n en la factura de tal requisito, al usar la expresi\u00f3n \u201csi fuere el caso\u201d, lo que quiere decir que si bien es cierto que el estado del pago se establece como un requisito de la factura, ello no ocurre autom\u00e1ticamente y en todos los eventos donde se libre una facturaci\u00f3n electr\u00f3nica, sino que obedece a las circunstancias especiales en que haya lugar a dicha consagraci\u00f3n, las cuales no se presentan en este asunto debido a que se discute o pone en tela de juicio la existencia real del pago de las facturas, lo que sin duda alguna se erige en el pont\u00f3n del compulsivo. En este orden de ideas, trat\u00e1ndose de una factura sobre la cual, presuntamente, no se ha efectuado ning\u00fan abono, el establecimiento del estado del pago no se constituye como una condici\u00f3n que per se afecte la validez del t\u00edtulo e impida su ejecuci\u00f3n, al menos en lo que toca a esta especifica exigencia, de tal modo que el argumento de la recurrente, seg\u00fan el cual el estado del pago no es requisito necesario en la factura electr\u00f3nica, adquiere un grado de razonabilidad, no porque este sea un requisito que escape a este sistema de facturaci\u00f3n, sino porque dadas las connotaciones especiales de la actuaci\u00f3n (presunta insatisfacci\u00f3n de lo adeudado), su ausencia no vicia la calidad del instrumento cambiario como base del recaudo\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 igualmente que, \u00abde conformidad con lo anterior, no resulta de recibo el argumento vertido en el auto de primera instancia, al reclamar la exigencia de un requisito que se derivaba de un entendimiento literal de la normatividad comercial, m\u00e1xime cuando en la demanda se expuso que la ejecutada \u201cno ha realizado pago de las facturas electr\u00f3nicas\u201d. Al margen de lo anterior, debe precisarse que la decisi\u00f3n de primer grado se caracteriz\u00f3 por su abstracci\u00f3n, pues se limit\u00f3 a se\u00f1alar el incumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo valor, sin brindar mayores explicaciones; situaci\u00f3n que conllev\u00f3, incluso, a que los motivos para la negaci\u00f3n del mandamiento de pago, se complementaran con la exposici\u00f3n de reproches efectuada por la parte apelante. Por eso, aun cuando podr\u00edan ser suficientes los argumentos relativos a la imposibilidad de desechar como t\u00edtulo valor la factura electr\u00f3nica, que ten\u00eda pago de contado, hubo la necesidad de entrar a analizar otros aspectos remarcados en la apelaci\u00f3n, tal y como se verific\u00f3 en l\u00edneas precedentes, circunstancia que, de todas maneras, en nada afecta la decisi\u00f3n a la que se arriba por este juez integrante del colegiado, conforme a las anotaciones plasmadas con anterioridad\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a los argumentos que los ejecutados hab\u00edan esgrimido en su intento de derruir la orden de pago, se\u00f1al\u00f3 que \u00abal descartarse el incumplimiento de los requisitos del t\u00edtulo valor, pues precisamente en la demanda se estableci\u00f3 que lo que se persegu\u00eda es el pago de una obligaci\u00f3n insoluta, y al tenerse presente que el establecimiento de un pago de contado no minaba la calidad de los documentos base del recaudo, por tratarse de instrumentos electr\u00f3nicos, esta judicatura encuentra que la decisi\u00f3n censurada debe ser objeto de revocatoria. De manera tal que es, entonces, dentro del tr\u00e1mite procesal y en el debate que se trance en donde se debe dilucidar si el pago se realiz\u00f3 o no, pues la negaci\u00f3n del mismo hecho ex ante por la parte ejecutante, constituye una situaci\u00f3n que deber\u00e1 ser rebatida en la contienda que se libre dentro del proceso. Por esta misma senda, este Colegiado concluye que lo argumentado por la parte ejecutada en su recurso esgrimido contra el mandamiento de pago, m\u00e1s que atacar los requisitos formales del t\u00edtulo, tal y como lo asumi\u00f3 y acogi\u00f3 el auto reprochado en alzada, se erige m\u00e1s como una excepci\u00f3n de m\u00e9rito que debe ventilarse al seno de la causa judicial promovida, todo ello en garant\u00eda de los derechos de las partes al debido proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC897-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC897-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00318-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Alianza Dicon S.A.S. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71098","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71098","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71098"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71098\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71098"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71098"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71098"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}