STC899-2023 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC899-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00299-01 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-40-71-002-2022-00255-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte las impugnaciones formuladas frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio el 11 de enero de 2023, dentro de las acciones de tutela acumuladas, promovidas por Julieth Ang\u00e9lica Ruiz Baquero, quien dijo actuar en representaci\u00f3n de Oscar Felipe Alvarado Gomez, y por Lizeth Johanna Alvarado Rico contra el Juzgado Primero de Familia, la Inspecci\u00f3n Octava de Polic\u00eda y la Alcald\u00eda Municipal de esa ciudad, tr\u00e1mites a los cuales fueron vinculados los intervinientes en la sucesi\u00f3n n\u00ba 1990-12663. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando la primera en su propio nombre, y la segunda a trav\u00e9s de apoderado judicial, las solicitantes reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Inspecci\u00f3n Octava de Polic\u00eda de Villavicencio, en el diligenciamiento de una comisi\u00f3n librada dentro del juicio antes referido. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expusieron que el causante \u00abGerardo Antonio Alvarado Parra, inici\u00f3 la ocupaci\u00f3n como poseedor material con \u00e1nimo de se\u00f1or y due\u00f1o (\u2026), desde el d\u00eda 27 de julio de 1995, fecha en la que, -con ocasi\u00f3n de la promesa de compraventa del dominio y posesi\u00f3n con el se\u00f1or Ernesto Ditterich Chamarravi-, fue entregado el predio de 92 ha 3.269,86 m2, que hacen parte de denominado Finca La Camelia [M.I. 230-15645] y hacen parte de un predio de mayor extensi\u00f3n denominado antes \u201cLa Pomposa\u201d, con una cabida superficiaria total de los 2 predios de 170 ha 8.327,60 m2, ubicado en Villavicencio, vereda la Riviera\u00bb, y que tras el deceso de Alvarado Parra el 2 de mayo de 2021, \u00abse tramit\u00f3 la sucesi\u00f3n ante la Notar\u00eda 4 de Villavicencio, y con escritura n\u00b0 2340 del 12 de agosto de 2022 (\u2026), se adjudic\u00f3 [a sus herederos] parte de los derechos de posesi\u00f3n sobre la finca La Camelia\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abel Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, en auto proferido el 6 de agosto de 2019, expidi\u00f3 el despacho comisorio 025 de 2019 dentro del proceso de sucesi\u00f3n [de Erardo Ditterich Chamarravi – rad. n\u00b0 1990-12663], con el fin de que la Alcald\u00eda de Villavicencio apoyar\u00e1 la realizaci\u00f3n de la diligencia de entrega de los bienes del Albacea a los herederos para su administraci\u00f3n (\u2026), en el cual no se indic\u00f3 cual es la descripci\u00f3n, cabida o los linderos que permit\u00edan identificar el bien que era objeto de entrega, sin embargo, la providencia que orden\u00f3 la comisi\u00f3n insertos en el despacho comisorio eran claros en advertir, que al momento de hacer la diligencia se deb\u00edan respetar los derechos y garant\u00edas de terceros opositores, para lo cual se deb\u00eda dar tr\u00e1mite conforme lo se\u00f1ala el art. 338 del C.P.C. en concordancia con lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 309 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
Que para realizar la diligencia \u00abfue subcomisionada la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda No. 8 de Porf\u00eda\u00bb, precis\u00e1ndose que \u00ab\u201c[e]l predio La Camelia deber\u00e1 ser entregado a Erardo Ditterich Chamarravi y a sus hijos Erardo, Fernando, Werner y Gunter Ditterich Dalla Torre. Advi\u00e9rtase al comisionado que deber\u00e1 tener extremo cuidado de no trasgredir derechos fundamentales de terceros opositores, ci\u00f1endo su actuaci\u00f3n a lo establecido en [el estatuto adjetivo]\u201d\u00bb, pero \u00abcontrario a lo ordenado por el Juez en [autos del] 4 de febrero de 2014, 8 de febrero de 2019, 6 de agosto de 2019, comisorio 025 de 2019, art. 388 del C.P.C., 309 del C.G.P., [en la inspecci\u00f3n] se iniciaron una serie de actuaciones irregulares\u00bb, las que expuso en extenso. <\/p>\n
Que habi\u00e9ndose iniciado la diligencia el 2 de noviembre de 2021, el d\u00eda 5 del mismo mes y a\u00f1o \u00abse continu\u00f3 respecto a la parte del predio que estaba en posesi\u00f3n del se\u00f1or Gerardo Antonio Alvarado Parra [y en ella], el Inspector 8 de Polic\u00eda de Villavicencio, resolvi\u00f3 sin tener competencia para ello, la oposici\u00f3n presentada por el apoderado de los herederos del se\u00f1or Alvarado Parra, ordenando el desalojo inmediato, sin permitir el uso de recursos, nulidades, recusaciones y procediendo a entrega lo predios a los se\u00f1ores Erardo, Werner, Gunther Ditterrich por intermedio de su apoderado judicial\u00bb. <\/p>\n
Que \u00abante el actuar abiertamente arbitrario e irregular\u00bb por parte del comisionado, como que \u00abno se hab\u00eda identificado el predio La Camelia objeto de la diligencia de entrega, [pues] el predio ocupado por la familia Alvarado estaba compuesto por dos predios Finca La Camelia en extensi\u00f3n de 50 hect\u00e1reas y parte del predio La Pomposa en 42 hect\u00e1reas aproximadamente, sin que este \u00faltimo predio sea objeto de la orden de entrega comisionada y tampoco se permiti\u00f3 escuchar a los dem\u00e1s ocupantes\u00bb, tras la fallida interposici\u00f3n de recursos \u00abse present\u00f3 nulidad en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 34 del C.P.C, ante el juez comitente [quien], mediante providencia de fecha 11 de mayo de 2022, declar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado en la diligencia llevada a cabo los d\u00edas 2 a 5 de noviembre de 2021, ordenando en consecuencia de manera inmediata el restablecimiento de los derechos [de los hoy accionantes]\u00bb. <\/p>\n
4. Pretenden, que se proceda \u00abcomo mecanismo transitorio, [a] ordenar a la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda 8 De Villavicencio, [que] cumpla de manera inmediata y se materialice el restablecimiento de los derechos de [la familia Alvarado], sin m\u00e1s dilaciones, tardanzas, conforme fue ordenado por parte del Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, en las providencias de fecha 11 de mayo de 2022 y confirmada mediante providencia de fecha 30 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Inspector Octavo Urbano de Polic\u00eda de Villavicencio, luego de refutar el proceder de la abogada Julieth Ang\u00e9lica Ruiz Baquero, porque \u00abtoma posiciones subjetivas que atentan contra la dignidad y honorabilidad de un colega y la autoridad de Polic\u00eda\u00bb, y pedir que \u00abse compulsen copias al Consejo Superior de la Judicatura (\u2026), para que se investiguen [esas] afirmaciones temerarias\u00bb, se opuso a lo pretendido, afirmando que ese despacho \u00abno ha vulnerado derecho alguno\u00bb, y que \u00abla inmediatez que depreca la abogada, deber\u00e1 estar sujeta a la disponibilidad de agenda, al interior de la Inspecci\u00f3n, adem\u00e1s se tendr\u00e1 que tener certeza sobre el procedimiento de restablecimiento de derechos que hoy no est\u00e1 reglado en el C.G.P.\u00bb. Por lo dem\u00e1s, puso en conocimiento la existencia de las dos acciones para que se acumularan, como en efecto se produjo por el tribunal a-quo. <\/p>\n
2. El Juez Primero de Familia de Villavicencio, dijo que \u00abmediante auto de fecha 11 de mayo de 2022 (\u2026), se declar\u00f3 la nulidad de la diligencia de entrega hecha por el inspector 8 municipal de Polic\u00eda de esta ciudad, explicando las razones de la decisi\u00f3n, entre las cuales se mencion\u00f3 rechazar la oposici\u00f3n, al negar la interposici\u00f3n de recursos ordinarios cuando le solicitaron el uso de la palabra sin fundamento legal alguno, entre otros argumentos\u00bb. Que frente a los recursos presentados, \u00abpor auto del 30 de septiembre de [2022], desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n (\u2026), manteniendo la decisi\u00f3n, negando la alzada por no ser susceptible del mismo por expresa prohibici\u00f3n legal, y se\u00f1al\u00f3 los argumentos procesales, y constitucionales, por medio de los cuales se sosten\u00eda la decisi\u00f3n objeto de los recursos, a los cuales me atengo en esta oportunidad [y] con los cuales [se] podr\u00e1 concluir que el juzgado en momento alguno ha vulnerado derechos de los interesados\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que \u00abuna vez en firme los anteriores prove\u00eddos, la secretar\u00eda procedi\u00f3 a (\u2026) devolver el despacho comisorio al se\u00f1or inspector 8 municipal de polic\u00eda, a fin de que diera cumplimiento a lo ordenado en la citada providencia\u00bb, y en cuanto a la supuesta dilaci\u00f3n enrostrada al funcionario de polic\u00eda, se\u00f1al\u00f3 que \u00e9l \u00abes respetuoso del principio de la autonom\u00eda que tienen las diferentes autoridades de acuerdo a los rangos de su competencia y en el marco del debido proceso, de donde se tiene que, es dicha autoridad quien tiene el deber de revisar el asunto que le fue conferido en la comisi\u00f3n y determinar la urgencia en el cumplimiento de la misma\u00bb. <\/p>\n
3. El Municipio de Villavicencio, a trav\u00e9s del jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica, dijo que \u00abel Inspector es un agente representante del municipio, pero m\u00e1s all\u00e1, las actuaciones o decisiones que desarrollen los inspectores o corregidores, el municipio no tiene ninguna injerencia en virtud de lo preceptuado en el art\u00edculo 198 de la Ley 1801 de 2016, m\u00e1s conocida como el C\u00f3digo Nacional de Polic\u00eda y Convivencia\u00bb, y ante ello, se opuso a lo pretendido, \u00abpor no tenerse probado vulneraci\u00f3n de derecho alguno por parte de esta entidad\u00bb. <\/p>\n
4. Erardo Ditterich Chamarravi, Werner y Gunther Ditterich Dalla Torre, destacaron que el Inspector 8\u00b0 de Polic\u00eda \u00abno es el subcomisionado y no podr\u00e1 este dar cumplimiento a [la diligencia], teniendo en cuenta que el se\u00f1or juez lo que dijo es que se oficiara al alcalde municipal de Villavicencio, teniendo en cuenta que existe una recusaci\u00f3n formulada contra el funcionario de polic\u00eda (..), y que hasta el presente momento no se ha dicho quien deba cumplir esa funci\u00f3n\u00bb. Solicitaron declarar la \u00abimprocedencia de la tutela\u00bb, porque para adelantar la comisi\u00f3n, el Inspector \u00abni siquiera lleva m\u00e1s de 15 d\u00edas de haberse remitido [por el juzgado]\u00bb; tambi\u00e9n, por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa [porque] el subcomisionado es el doctor Arney Torres Nieves y no el inspector hoy octavo de polic\u00eda N\u00e9stor Alexander Garc\u00eda\u00bb; \u00abinexistencia de perjuicio irremediable [ya que] los herederos de Gerardo Antonio Alvarado Parra son cesionarios no poseedores\u00bb, adem\u00e1s invocaron \u00abmala fe y temeridad, inexistencia de mecanismo transitorio y fraude procesal\u00bb. <\/p>\n
5. Iossif Fernando Ditterich Dalla Torre, en su condici\u00f3n de legatario dentro de la sucesi\u00f3n cuya actuaci\u00f3n se cuestiona, critic\u00f3 a los apoderados de los hoy accionantes, por defender \u00abintereses mezquinos y materialistas\u00bb, pues en su sentir, el amparo solicitado es \u00abtemerario, mal intencionado y desprovisto de pruebas (\u2026), no existe el elemento del perjuicio irremediable [y] el deseo de estas personas es de causar confusi\u00f3n, mentirles a los operadores judiciales, hacerse las v\u00edctimas\u00bb. <\/p>\n
6. Ernesto Ditterich Huertas, expres\u00f3 que el Inspector de Polic\u00eda \u00abviene actuando debidamente y con total transparencia, pues le asiste la raz\u00f3n en dar espera a los pronunciamientos que se puedan dar por parte del superior\u00bb, y que \u00abla v\u00eda de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo [porque a los accionantes] en ning\u00fan momento se les ha violado [los] derechos esgrimidos\u00bb. <\/p>\n
7. Mary Nelly Dalla Torre de Ditterich, se opuso al auxilio porque \u00abno se han agotado los mecanismos de la v\u00eda ordinaria\u00bb y por la \u00abinexistencia de perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo que \u00abel se\u00f1or Gerardo Antonio Alvarado Parra, fue reconocido dentro del proceso de sucesi\u00f3n testada en calidad de cesionario de los derechos herenciales que le corresponden a Ernesto Ditterich Chamarravi y otros, providencia que a su vez resolvi\u00f3, que esta persona no era poseedor del inmueble, motivo por el cual, los herederos corren con la misma suerte de reconocimiento de la calidad de cesionario, mas no de poseedor\u00bb. <\/p>\n
8. El Defensor del Pueblo de la Regional del Meta, Carlos Eduardo Alvarado Garc\u00eda y la sociedad Arriba Grupo Empresarial S.A.S., \u00aben su condici\u00f3n de cesonaria [de] parte de los derechos de posesi\u00f3n real y material del predio denominado Finca La Camelia\u00bb, manifestaron coadyuvar la presente salvaguarda. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Deneg\u00f3 el amparo al advertir que \u00aben primer lugar, no existe mora alguna respecto a la actuaci\u00f3n de la inspecci\u00f3n octava de esta localidad, en proceder a cumplir con el despacho comisorio que fuera remitido al comisionado el 21 de noviembre de 2022, observando la Sala que se han desplegado sendas actuaciones en aras de proceder de conformidad y evitar futuras nulidades y en segundo lugar, deben los accionantes respetar el orden de ingreso y los turnos asignados a las actuaciones que adelanta la autoridad de polic\u00eda, que conoce el estrado judicial accionado, no siendo dable pretender alterar el mismo para tener prioridad, puesto que en sus mismas condiciones se encuentran muchos usuarios de la administraci\u00f3n de justicia y debe velarse por la garant\u00eda del derecho a la igualdad de todos los ciudadanos que acuden a las autoridades de polic\u00eda para la soluci\u00f3n de sus conflictos, m\u00e1xime que, en el presente asunto, no se evidencia un perjuicio irremediable que conlleve la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional de manera transitoria\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACIONES <\/p>\n
Con similares argumentos, las promotoras de las acciones -ac\u00e1 acumuladas-, afirmaron que \u00abexiste una err\u00f3nea valoraci\u00f3n de los hechos y las pruebas, al desconocer la existencia del perjuicio irremediable que se est\u00e1 ocasionando al no restablecerse los derechos de los accionantes [respecto de la] finca denominada La Camelia y parte de la finca La Pomposa, para un total de 92,3 hect\u00e1reas, es un predio rural sobre el que no se ha resuelto la oposici\u00f3n [planteada por la familia Alvarado]\u00bb. Insistieron en que los motivos expuestos por el Inspector de Polic\u00eda para no haber realizado la diligencia luego de que se anulara la anterior, \u00abconstituyen claras maniobras de dilaci\u00f3n\u00bb, ya que \u00ablos medios de prueba presentados muestran la forma desmedida como se est\u00e1 colocando trabas para entorpecer el cumplimiento de la orden [judicial]\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente: (i) si la abogada que impetr\u00f3 la acci\u00f3n de tutela radicada ante el tribunal a-quo bajo el n\u00b0 2022-00299, estaba facultada para interponerla a nombre de \u00d3scar Felipe Alvarado G\u00f3mez, y, de superarse lo anterior, (ii) si en raz\u00f3n a dicha queja constitucional, as\u00ed como de la promovida por Lizeth Johanna Alvarado Rico (rad. 2022-00255), se vulneraron las prerrogativas fundamentales en ellas invocadas, respecto del diligenciamiento del comisorio n\u00b0 025 de 2019, librado por el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio, para efectuar la entrega de un inmueble dentro del sucesorio n\u00b0 1990-12663. <\/p>\n
2. Del caso concreto. <\/p>\n
Examinados los argumentos de los reclamos y cotej\u00e1ndolos con la informaci\u00f3n extractada de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 el fallo desestimatorio, precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) en cuanto a la acci\u00f3n n\u00b0 2022-00299, se evidencia falta de poder especial, pues quien la promueve, adem\u00e1s de que no es parte ni tercero reconocido en el juicio de sucesi\u00f3n criticado, en este asunto no funge como apoderada judicial del interesado, no aduce ni prueba su intervenci\u00f3n como agente oficiosa; y, (ii) en lo atinente a la tutela acumulada (rad. 2022-00255), en la que se enrostra dilaci\u00f3n procesal injustificada en el tr\u00e1mite de una diligencia de entrega de inmueble, se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
2.1. Cuando en sede de tutela se act\u00faa a trav\u00e9s de representante judicial, es menester que el profesional del derecho allegue el mandato especial otorgado por el directamente afectado, situaci\u00f3n que fue desatendida en la acci\u00f3n radicada bajo el n\u00b0 2022-00299-01, dando lugar a que se declare la improcedencia de la protecci\u00f3n implorada. <\/p>\n
En efecto, el reproche enfilado contra la Inspecci\u00f3n Octava de Polic\u00eda de Villavicencio, porque supuestamente ha incurrido en mora en el tr\u00e1mite de la comisi\u00f3n ordenada por el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad dentro del sucesorio n\u00b0 1990-12663, no la aleg\u00f3 \u00d3scar Felipe Alvarado G\u00f3mez -en su calidad de interesado reconocido dentro del juicio-, y de quien se presume su capacidad para comparecer directamente, ni su mandatario judicial constituido mediante poder especial, sino que lo hizo la abogada Julieth Ang\u00e9lica Ruiz Baquero, aduciendo ser su \u00abapoderada general\u00bb, condici\u00f3n que no la habilita para accionar en causa ajena. <\/p>\n
Esto, porque tanto la Corte Constitucional como esta Sala han enfatizado que cuando en sede de tutela se act\u00faa a trav\u00e9s de abogado, es indispensable acreditar el derecho de postulaci\u00f3n consolidado mediante el otorgamiento de poder especial, no general como ac\u00e1 acontece. En una solicitud de tutela de similares contornos f\u00e1cticos al que ahora se revisa, la Sala declar\u00f3 su improcedencia sosteniendo: <\/p>\n
\u00abEn efecto, la representaci\u00f3n a que alude la ac\u00e1 reclamante respecto de \u2026 ciertamente resulta insuficiente para los efectos del amparo deprecado, en la medida en que su rol como apoderada general seg\u00fan se desprende de la escritura p\u00fablica n\u00ba 778 otorgada en la Notar\u00eda Sexta de Ibagu\u00e9 el 21 de mayo de 2018, no la faculta para actuar en nombre de la afectada dentro del pleito judicial, pues para ello se requiere que la ac\u00e1 accionante acredite ser abogada y seguidamente contar con poder especial para adelantar la respectiva acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Es necesario precisar que por v\u00eda del poder general, se puede representar al mandante en un tr\u00e1mite judicial que requiera derecho de postulaci\u00f3n, siempre y cuando sea abogado y cuente con la facultad expresa de actuar dentro de ese espec\u00edfico asunto; si no es profesional del derecho, o si lo es pero carece del mandato para ejercer como representante judicial en ese caso concreto, tendr\u00eda que constituir apoderado especial para legitimar su intervenci\u00f3n en el juicio, a menos que no contara con tal potestad. <\/p>\n
As\u00ed, era perentorio que en este caso la quejosa demostrara el derecho de postulaci\u00f3n para representar a quien funge como demandante en el proceso de interdicci\u00f3n, lo cual no hizo, y si pretend\u00eda actuar como su agente oficiosa, debi\u00f3 atender lo contemplado en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, esto es, alegar alguna circunstancia especial que le impidiera a su poderdante acudir por s\u00ed misma para defender sus derechos, omisiones que impiden estudiar de fondo las pretensiones. <\/p>\n
En apoyo a lo anterior, al resolver un caso en el que una abogada que hab\u00eda adelantado un proceso ante el juez ordinario soportado en un mandato especial, pero para promover la tutela adujo un poder general previamente otorgado por el interesado en el juicio, esta Corporaci\u00f3n dijo: <\/p>\n
\u00abDe conformidad con los anteriores lineamientos, se advierte que el fracaso de la presente acci\u00f3n proviene de la ausencia de legitimaci\u00f3n en la persona que suscit\u00f3 la tramitaci\u00f3n, por cuanto la abogada que suscribi\u00f3 el escrito de amparo, si bien cuenta con un poder general, no est\u00e1 provista de un mandato especial, espec\u00edfico, concreto y suficiente para actuar en nombre de \u2026dirigido a invocar la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales, por los puntuales argumentos que alude el resguardo implorado. <\/p>\n
Adicionalmente, la jurisprudencia ha advertido que no es suficiente que el solicitante aduzca venir actuando como apoderado judicial en el proceso, ya que: <\/p>\n
\u00ab[e]l profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos cuando los funcionarios judiciales incurren en v\u00edas de hecho al hacer pronunciamientos en el curso de la instrucci\u00f3n y fallo del mismo, [y que], el principio de la informalidad que impera en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, no llega hasta el aspecto proclamado por el impugnante, sin fundamento alguno, de pretender que puede actuar directamente en una tutela originada en supuestas v\u00edas de hecho cometidas en un proceso tramitado por los jueces ordinarios, como si a \u00e9l se le violaran los derechos fundamentales y no a su poderdante\u00bb (CSJ STC, 29 sep. 2003, exp. 00245-01, citada entre otras muchas en STC10476-2021, 19 ago., rad. 00267-01). Se subraya. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea, se\u00f1al\u00f3 que \u00abel hecho de que el interesado hubiese actuado como apoderado del demandante dentro del referido proceso, no lo habilita per se, para pretender la protecci\u00f3n constitucional de los derechos invocados, que, sin duda, est\u00e1n radicados en cabeza de aquel, y no en la suya, por ello, es necesario el otorgamiento de poder especial que lo faculte expresamente para pedir el amparo a nombre de otra persona\u00bb (CSJ STC, 4 feb. 2011, exp. 2010-00573-01), y que \u00abla legitimaci\u00f3n de los abogados para instaurar la acci\u00f3n de tutela aduciendo representaci\u00f3n judicial o contractual, exige de la presencia de un poder especial para el efecto (\u2026). La carencia de la citada personer\u00eda para iniciar la acci\u00f3n de amparo constitucional, no se suple con la presentaci\u00f3n del apoderamiento otorgado para un asunto diferente\u00bb (CSJ STC, 4 may. 2012, rad. 00145-01). <\/p>\n
Bajo tales premisas, no es dable que se abra paso el estudio de fondo respecto del asunto en comento (rad. 2022-00299-01), en la medida en que Oscar Felipe Alvarado Gomez, no justific\u00f3 la imposibilidad para interponer la acci\u00f3n por s\u00ed mismo o mediante apoderado especial, y la abogada que promovi\u00f3 la salvaguarda no invoc\u00f3 y menos acredit\u00f3 las exigencias para actuar como su agente oficioso. <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con la tutela acumulada (n\u00b0 2022-0025-01), incoada por Lizeth Johanna Alvarado Rico contra la Inspecci\u00f3n Octava Urbana de Polic\u00eda de Villavicencio, y cuyo conocimiento lo hab\u00eda iniciado el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes de Villavicencio, la Corte, como ya lo hab\u00eda anticipado, declarar\u00e1 su improcedencia en virtud a que deviene infundado su soporte f\u00e1ctico. <\/p>\n
Ciertamente, al encaminarse la acci\u00f3n a que se declare que el citado funcionario de polic\u00eda ha venido afectando las prerrogativas fundamentales de su promotora, por haber omitido \u00abcumplir de manera inmediata el restablecimiento de los derechos\u00bb que orden\u00f3 el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad dentro del juicio de sucesi\u00f3n de Federico Erardo Ditterich Hopfermuller (n\u00b0 1990-12663), no se advierte dilaci\u00f3n injustificada en dicho tr\u00e1mite que amerite su correcci\u00f3n a trav\u00e9s de esa excepcional senda jur\u00eddica. <\/p>\n
Ello, porque analizada la actuaci\u00f3n a partir del prove\u00eddo del 11 de mayo de 2022, en el que el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio resolvi\u00f3 \u00ab[d]eclarar la nulidad de todo lo actuado en la diligencia de entrega a que se contrae el despacho comisorio No. 025 a partir del d\u00eda 2 de noviembre de 2021, inclusive, [y como consecuencia], se ordena el restablecimiento de los derechos de las personas que alegaban el derecho de posesi\u00f3n al momento de adelantar la diligencia\u00bb, la supuesta tardanza en el cumplimiento de dichas \u00f3rdenes, no obedece a negligencia del Inspector de Polic\u00eda a quien se comision\u00f3 para tal efecto. <\/p>\n
N\u00f3tese que el juzgado fundament\u00f3 su decisi\u00f3n en que \u00abel funcionario de polic\u00eda encargado de adelantar la diligencia de entrega en el presente asunto, se extralimit\u00f3 en sus funciones, ya que no identific\u00f3 en debida forma el predio La Camelia al inicio de la diligencia en su totalidad, no dej\u00f3 constancia dentro del acta de que como iba a adelantar la diligencia, rechaz\u00f3 una oposici\u00f3n que fue presentada en tiempo de acuerdo a lo establecido por el mismo funcionario al iniciar la diligencia de entrega, no recibi\u00f3 los recursos que le fueron solicitados contra esa decisi\u00f3n a pesar de que el art\u00edculo 34 del C. P. Civil lo autorizaba al menos para recibirlos, alegando no tener facultades jurisdiccionales, pero si resolvi\u00f3 una recusaci\u00f3n cuando la competencia le correspond\u00eda al superior jer\u00e1rquico de dicho funcionario, y dio traslado al comitente de la solicitud de nulidad propuesta, pero mantuvo en firme la orden de desalojo sin permitir interponer los recursos, suspendiendo las actuaciones posteriores programadas al 5 de noviembre de 2021, cuando el efecto de la nulidad no es hacia al futuro\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, tras declarar la nulidad de lo actuado, orden\u00f3 la devoluci\u00f3n del comisorio n\u00b0 025, \u00aba fin de que el comisionado proceda de nuevo a renovar la actuaci\u00f3n observando las formalidades procesales y sustanciales propias para esta clase de diligencias\u00bb, precis\u00f3 que \u00abcomo existe una recusaci\u00f3n formulada contra el funcionario de polic\u00eda ARNEY TORRES NIEVES, se ordena oficiar a la Alcald\u00eda Municipal de Villavicencio, a fin de que informe si ya resolvi\u00f3 la misma, o de lo contrario designen otro funcionario de polic\u00eda que reemplace a este funcionario dada la recusaci\u00f3n en tr\u00e1mite y que el nuevo funcionario de inicio a la comisi\u00f3n conferida\u00bb. <\/p>\n
De lo anterior dimana que en raz\u00f3n a las \u00abirregularidades\u00bb saneadas mediante la declaratoria de nulidad, el juzgado dispuso que previo a adelantar de nuevo la comisi\u00f3n, deb\u00edan cumplirse \u00f3rdenes encaminadas a restablecer los derechos de quienes se opusieron a la diligencia de \u00abdesalojo\u00bb, y para ello deb\u00eda definirse su legitimaci\u00f3n, la oportunidad y las formas en que concurrieron, as\u00ed como la posibilidad de tramitar los recursos eventualmente omitidos, todo ello con estricta sujeci\u00f3n a las pertinentes circunstancias f\u00e1cticas y a la normativa aplicable al caso. Por su parte, al estrado judicial compet\u00eda verificar el pronunciamiento de la Alcald\u00eda de Villavicencio en relaci\u00f3n con la recusaci\u00f3n del funcionario de polic\u00eda que llev\u00f3 a cabo la inicial diligencia. <\/p>\n
Sin embargo, como la decisi\u00f3n anterior fue objeto de sendos recursos interpuestos por los apoderados judiciales de tres de los legatarios reconocidos al interior del juicio, con prove\u00eddo del 30 de septiembre de 2022, el juzgado resolvi\u00f3 \u00ababstenerse de reponer el auto recurrido [y] negar por improcedente la alzada formulada subsidiariamente\u00bb, significando ello que fue hasta la ejecutoria de la anterior providencia que qued\u00f3 habilitado el cumplimiento de la comisi\u00f3n. <\/p>\n
Esto, aunque para insistir en que no se practicara la entrega, contra la autoridad comisionada, los recurrentes impetraron acci\u00f3n de tutela (rad. 2022-00565), \u00abla cual fue negada en primera instancia [por el Juzgado 4\u00b0 Civil Municipal] y confirmada en segunda [por el Juzgado 1\u00b0 Civil del Circuito, ambos de Villavicencio]\u00bb, observ\u00e1ndose que, seg\u00fan auto proferido por la Corte Constitucional el 28 de octubre de 2022 (rad. T8988649), tal resoluci\u00f3n no fue seleccionada para revisi\u00f3n. <\/p>\n
Adicionalmente, de las explicaciones rendidas por el actual Inspector Octavo de Polic\u00eda de Villavicencio, se destaca que recibido el comisorio el 21 de noviembre de 2022, a \u00ablos escritos solicitando fecha para la diligencia, en los d\u00edas 25 de noviembre, 28 de noviembre y 2 de diciembre de 2022, se les dio respuesta dentro del plazo de ley\u00bb, y \u00abexpidi\u00f3 sendos oficios a las partes y a diferentes funcionarios de la Alcald\u00eda de Villavicencio, con el fin de analizar \u201cla inmediatez\u201d de la orden [judicial]\u00bb, criticando tras ello, \u00abel af\u00e1n desmedido [de la abogada reclamante] en realizar una diligencia, sin observancia y cuidado que requiere este tipo de diligencia[s]\u00bb. <\/p>\n
En ese mismo orden, el funcionario acusado rechaz\u00f3 que el oficio librado al juzgado comitente el 5 de diciembre de 2022, fuese para manifestar \u00abcaprichosamente\u00bb que no llevar\u00eda a cabo la diligencia, ni para manifestar \u00abque no sabe c\u00f3mo deber hacer[la]\u00bb, sino para poner en conocimiento \u00abuna situaci\u00f3n jur\u00eddica [en la que] la orden judicial no es clara y hay vac\u00edos legales y\/o jurisprudenciales, como lo es el procedimiento de restablecimiento de derechos, [siendo] lo m\u00e1s prudente que el suscrito Inspector de Polic\u00eda solicite al juez, aclaraci\u00f3n a dichas \u00f3rdenes judiciales, [pues] no conozco norma que proh\u00edba solicitar aclaraci\u00f3n de un despacho comisorio\u00bb. <\/p>\n
En esas circunstancias, aunado a que refut\u00f3 que se le criticara su advertencia sobre el impacto social que podr\u00eda suscitar la entrega de los predios, para lo cual previamente convoc\u00f3 a las autoridades competentes que representan los derechos de la comunidad, sobre la data para llevar a cabo la diligencia, expres\u00f3 que \u00abcomparte sustancialmente lo manifest\u00f3 [sobre] el acceso a la justicia de los dem\u00e1s ciudadanos villavicenses, en especial los de la comuna 8 y 9, [pues] estas personas ya hab\u00edan solicitado el acceso a la justicia para la soluci\u00f3n de diferentes problem\u00e1ticas de convivencia ciudadana y ya se les hab\u00eda asignado fecha y expedido las correspondientes citaciones\u00bb, y que por ello, \u00abla inmediatez [requerida], deber\u00e1 estar sujeta a la disponibilidad de agenda al interior de la Inspecci\u00f3n Octava Urbana de Polic\u00eda, adem\u00e1s se tendr\u00e1 que tener certeza sobre el procedimiento de derechos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, no se observa que de cara a la comisi\u00f3n para renovar la diligencia de entrega ordenada por el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio dentro del sucesorio n\u00b0 1990-12663, el Inspector Octavo de Polic\u00eda de Villavicencio hubiera mostrado una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongar indebidamente el asunto bajo su conocimiento, sino una justificada tardanza surgida de las circunstancias excepcionales antes esbozadas, las cuales, como lo asever\u00f3 el funcionario enjuiciado, est\u00e1n siendo sorteadas con observancia en las instrucciones judiciales, la normativa legal y obviamente los intereses superiores de los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia, sin alterar los turnos previamente establecidos ante esa autoridad. <\/p>\n
En raz\u00f3n a la ausencia de vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas, la salvaguarda no deviene viable tampoco bajo la modalidad transitoria para evitar un perjuicio irremediable, en la medida en que para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), situaci\u00f3n que en este asunto no fue demostrada, pues, como acaba de verse, el funcionario querellado no est\u00e1 poniendo en entredicho prerrogativa fundamental alguna, sino, por el contrario, est\u00e1 gestionando lo pertinente para cumplir a cabalidad las \u00f3rdenes judiciales conforme le fueron encomendadas. <\/p>\n
En situaciones como la del caso sub j\u00fadice, el resguardo invocado se torna improcedente, pues, seg\u00fan la decantada jurisprudencia de esta Corte, \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC14757-2022, 2 nov., rad. 03657-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha sostenido que para la viabilidad del amparo: \u00ab(\u2026) se requiere el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr., rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
3. Precisi\u00f3n final. <\/p>\n
Acerca del alcance de la coadyuvancia en sede constitucional, cabe recordar que seg\u00fan la jurisprudencia especializada, dicha figura corresponde a \u00abla participaci\u00f3n de un tercero con inter\u00e9s en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que \u00e9ste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estar\u00eda realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuar\u00eda entonces la naturaleza jur\u00eddica de la coadyuvancia\u00bb (CC T-1062\/10), y por ello, en esta oportunidad la Corte se abstendr\u00e1 de realizar pronunciamiento adicional a aquel que comprende la tem\u00e1tica que las actoras plantearon mediante sus querellas. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se ratificar\u00e1 la improcedencia de las acciones de tutela estudiadas, puesto que: (i) respecto de la n\u00b0 2022-00299, la actora carece de poder especial y no acredit\u00f3 las exigencias que demanda la agencia oficiosa para actuar en representaci\u00f3n del presuntamente afectado; y (ii) frente a la acumulada (2022-00255), no se justifica la intervenci\u00f3n del fallador excepcional en tanto no se consolid\u00f3 afectaci\u00f3n a prerrogativa superior alguna por parte de la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, se CONFIRMA el fallo desestimatorio del amparo, por las razones y precisiones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC899-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC899-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00299-01 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-40-71-002-2022-00255-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte las impugnaciones formuladas frente a la sentencia proferida por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71099","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71099","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71099"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71099\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71099"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71099"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71099"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}