STC903-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00309-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Humberto Carlos P\u00e9rez Rivera contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo radicado n\u00ba 2010-00248. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, promovi\u00f3 ejecutivo singular contra el Municipio de San Jacinto del Cauca, persiguiendo el cobro de 5 cheques girados por dicha entidad territorial a su favor. <\/p>\n
Refiere que, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9, el 10 de noviembre de 2010 libr\u00f3 mandamiento de pago por la suma de \u00ab$118\u2019510.882.\u00bb; y, pese a que cumpli\u00f3 con el debido enteramiento del mismo, el municipio incoado no contest\u00f3 la demanda, por lo que, ante la falta de oposici\u00f3n, el juzgado el 5 de marzo de 2014 profiri\u00f3 auto ordenando proseguir con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Destaca que, con posterioridad, present\u00f3 varias liquidaciones del cr\u00e9dito (un total de 5, la \u00faltima del 31 de julio de 2018) frente a las cuales, el demandado siempre guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Indica que, el proceso fue objeto de conflicto de competencia que dirimi\u00f3 el Consejo Superior de la Judicatura, determinando que el juez habilitado para continuar con la actuaci\u00f3n deb\u00eda ser el civil del circuito de Magangu\u00e9 y no la jurisdicci\u00f3n contenciosa administrativa. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, una vez finaliz\u00f3 el tr\u00e1mite rese\u00f1ado (el del conflicto de competencia), el expediente retorn\u00f3 al despacho de conocimiento que, tras efectuar una nueva revisi\u00f3n al plenario, mediante auto del 19 de noviembre de 2021 decidi\u00f3 \u00abdejar parcialmente sin efecto el auto de mandamiento ejecutivo de 10 de noviembre de 2010, as\u00ed como los autos subsiguientes que aprobaron o modificaron las liquidaciones de cr\u00e9dito\u00bb; de igual forma, modific\u00f3 la \u00faltima liquidaci\u00f3n estableciendo el valor definitivo de la deuda en \u00ab$59\u2019150.391,05.\u00bb; providencia que confirm\u00f3 en su integridad el 12 de agosto de 2022 la Sala Civil Familia (sala unitaria) del Tribunal Superior de Cartagena. <\/p>\n
Resalta que los accionados respaldaron esa decisi\u00f3n en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso, es decir, en la potestad que la norma le otorga al juez para realizar control de legalidad del proceso; esto, tras advertir que exist\u00edan \u00abinconsistencias\u00bb en los t\u00edtulos objeto de cobro (cheques), puesto que en algunos de ellos la fecha de creaci\u00f3n era posterior a la de presentaci\u00f3n ante la entidad bancaria, y en otro, figuraba una fecha de elaboraci\u00f3n errada, por lo que consideraron no conformaban t\u00edtulos id\u00f3neos. <\/p>\n
Cuestiona con \u00e9nfasis las rese\u00f1adas providencias, respecto de las cuales, alega, constituyen v\u00edas de hecho por defectos \u00absustantivo, f\u00e1ctico y procedimental\u00bb; en ese sentido, sostiene que al juez \u00abno le est\u00e1 dado modificar su propia decisi\u00f3n, pues el auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n es la sentencia del proceso, que en virtud de que la contraparte no se defendi\u00f3 a trav\u00e9s de las excepciones, se procede a decidir el proceso mediante auto, motivo por el cual esta providencia hace tr\u00e1nsito a cosa juzgada, y m\u00e1s cuando no fue apelada, pues en ninguna de las etapas procesales la entidad demandada ha negado la existencia de la obligaci\u00f3n y mucho menos propuso nulidad alguna [\u2026] por lo que la decisi\u00f3n [\u2026] vulnera principios como la non reformatio in pejus y cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
Sobre el defecto sustantivo aduce que, se configura porque no fue correctamente aplicado el canon 132 del estatuto adjetivo, puesto que dicha norma \u00abestablece que agotada cada etapa del proceso el juez deber\u00e1 realizar el control de legalidad para corregir o sanear los vicios que configuren nulidades u otras irregularidades del proceso, las cuales, salvo que se traten de hechos nuevos, no se podr\u00e1n alegar en las etapas siguientes, es decir, que los vicios que afirma existen en el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago no pueden revisarse en etapas posteriores como err\u00f3neamente pretende hacerlo\u00bb, y que en virtud del 285 de esa misma codificaci\u00f3n, la sentencia no es revocable por el mismo juez que la pronunci\u00f3. <\/p>\n
Afirma que el fallador, lo que hizo con dicha decisi\u00f3n fue dar por probada una excepci\u00f3n que no fue propuesta por la entidad demandada y, adem\u00e1s, extempor\u00e1neamente; de igual forma, declar\u00f3 una \u00abnulidad (sic)\u00bb no alegada por la parte interesada, que deb\u00eda entenderse saneada. <\/p>\n
En cuanto a la verificaci\u00f3n de la validez de los cheques, asevera que ese tipo de titulo valor \u00abnace y produce efectos jur\u00eddicos en el momento que se presenta para su cobro independientemente de la fecha de creaci\u00f3n, debido a que el cheque posfechado [\u2026] de conformidad con el art\u00edculo 717 del C\u00f3digo de Comercio, si el girador tiene fondos en el banco tiene la obligaci\u00f3n de pagarlo cuando se presente para su pago, incluso si la presentaci\u00f3n se antes de la fecha indicada (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, critica la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada por el despacho, as\u00ed como las medidas cautelares ligadas a esta y, el haberle dado prevalencia al derecho sustancial por sobre el formal, pero generando en favor del municipio \u00abun enriquecimiento sin causa\u00bb y desconociendo que dicho principio debe operar para ambas partes. <\/p>\n
Agrega que, el derecho a la igualdad fue igualmente vulnerado pues, \u00abotras personas quienes al igual que el suscrito contaban con una sentencia en firme, esta no fue modificada, con fundamento en que la ley proh\u00edbe esto [\u2026] art\u00edculo 430 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide \u00abse revoque la decisi\u00f3n de 19 de noviembre de 2021, 27 de enero de 2022 [recurso de reposici\u00f3n] proferidas por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9 [\u2026] y de fecha 12 de agosto proferida por el Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Familia, Magistrado Giovanni Carlos D\u00edaz Villareal (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
El Juez Segundo Civil del Circuito de Magangu\u00e9 hizo un recuento de lo actuado en el tr\u00e1mite judicial en cuesti\u00f3n e indic\u00f3 que, ning\u00fan derecho de las partes ha vulnerado ya que, el control de legalidad que critica el actor \u00abfue producto de la facultad que el ordenamiento procesal general le confiere a los operadores de justicia, adem\u00e1s que dicha decisi\u00f3n se llev\u00f3 a cabo garantizando el debido proceso y el derecho de defensa, luego no es dable convertir esta acci\u00f3n constitucional en una instancia m\u00e1s (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales denunciadas en el ejecutivo n\u00ba 2010-00248, promovido por el ac\u00e1 actor contra el Municipio de San Jacinto del Cauca al dejar sin efecto, parcialmente, el mandamiento de pago proferido el 10 de noviembre de 2010 (y los subsiguientes) y modificar la liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito presentada por el ejecutante \u2013 prove\u00eddos del 19 de noviembre de 2021 y 12 de agosto de 2022, en primer y segundo grado, respectivamente \u2013, incurriendo con ello, supuestamente, en v\u00eda de hecho por defectos \u00absustantivo, f\u00e1ctico y procedimental\u00bb. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos de primera y segunda instancia que dejaron sin efecto, parcialmente, el mandamiento ejecutivo; el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 12 de agosto de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Familia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00; reiterada en STC2242-2015). <\/p>\n
4. Caso concreto \u2013 El auto cuestionado. <\/p>\n
Al examinar la providencia sometida a escrutinio de esta Corte, con el l\u00edmite propio del juez constitucional, no se observa procedente el amparo, puesto que la misma, en lo que es objeto puntual de reclamo, no constituye desviaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico con aptitud para lesionar las garant\u00edas superiores invocadas. <\/p>\n
En la decisi\u00f3n recriminada, preliminarmente, el magistrado ponente repas\u00f3 lo indicado en el art\u00edculo 132 del C\u00f3digo General del Proceso que remite a la facultad-deber que ata\u00f1e a los jueces de efectuar control de legalidad de las actuaciones; as\u00ed mismo, rese\u00f1\u00f3 lo contemplado en el 430 de la misma normativa (que alude a los requisitos formales del t\u00edtulo valor) y tras ponderarlos con los cobrados, motiv\u00f3 la determinaci\u00f3n adoptada. <\/p>\n
Seguidamente, el tribunal se\u00f1al\u00f3 que, pese a que la literalidad de este \u00faltimo precepto indica que no podr\u00eda ser posible para el juez efectuar un control legal con posterioridad al auto que ordena seguir adelante la ejecuci\u00f3n, y menos, si al interior del coercitivo aqu\u00e9l no fue controvertido, aclar\u00f3 que, esta Corte, al pronunciarse en un debate similar en sede de acci\u00f3n de tutela, precis\u00f3 que ello ser\u00eda procedente a\u00fan en una etapa ulterior a la sentencia (cit\u00f3 la STC14595-2017) y que, \u00abincluso de oficio\u00bb, le corresponder\u00eda verificar todo lo concerniente a \u00ablos requisitos del t\u00edtulo y los par\u00e1metros del mandamiento de pago\u00bb, si es que no lo hizo al dictar el fallo. En dicho sentido, puntualiz\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) As\u00ed las cosas, no solo es posible, sino obligatorio, el control de legalidad del t\u00edtulo ejecutivo posterior al mandamiento de pago en sus aspectos formales y sustanciales y m\u00e1s a\u00fan atendiendo a que se observa un error tan manifiesto, lo cual no es posible que siga dentro del proceso causando efectos, como es el caso objeto de estudio sobre la falta de claridad de los t\u00edtulos valores (cheques). <\/p>\n
Es por ello que, al realizar un an\u00e1lisis del compendio normativo aplicable al presente caso, considera esta magistratura que no le asiste la raz\u00f3n al apelante, pues inicialmente en el auto de fecha 19 de noviembre de 2021, se declar\u00f3 dejar sin efectos parcialmente el auto de mandamiento ejecutivo despu\u00e9s de aportarse pruebas por el juzgado en el control de legalidad realizado al mismo, se evidencia que los cheques no cumplen con las exigencias legales de un t\u00edtulo ejecutivo, por lo que en uno de ellos figuraba fecha del mes 18, lo cual es inexistente (cheque n\u00ba 0000746); as\u00ed mismo, de los otros dos cheques que se estudiaron se concluy\u00f3 que su fecha de emisi\u00f3n y fecha de presentaci\u00f3n para cobro no coinciden con la realidad jur\u00eddica (cheque n\u00ba 9174113) y (cheque n\u00ba 9174114), lo que dej\u00f3 como consecuencia que la liquidaci\u00f3n de los intereses en mora se hiciera con base en el t\u00edtulo valor, cheque n\u00ba 9174108, dicha providencia fue objeto de recurso de reposici\u00f3n en subsidio apelaci\u00f3n por parte del demandante decidi\u00e9ndose no reponer. Asimismo, al realizarse control de legalidad y observarse la falta de requisitos legales de los t\u00edtulos valores es pertinente realizar nuevamente la fijaci\u00f3n para liquidar los intereses en mora, observ\u00e1ndose que solo un cheque cumple con los requisitos legales que la norma exige. Situaci\u00f3n que se observa que sucedi\u00f3\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, bajo el contexto que viene de verse, m\u00e1s all\u00e1 de que la Corte comparta o no las determinaciones reprochadas, como aquellas se basaron en una motivaci\u00f3n que no es producto de la arbitrariedad, resulta improcedente la intervenci\u00f3n del juez de tutela; as\u00ed lo ha indicado en precedencia esta Sala, explicitando que no ser\u00e1 viable la injerencia de esta justicia excepcional, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, CSJ STC10726-2015 y STC1496-2016). <\/p>\n
De otro lado, se ha dicho que resulta impertinente acudir a esta v\u00eda tutelar con el \u00fanico prop\u00f3sito de hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n de la normativa aplicable o del contexto f\u00e1ctico-jur\u00eddico puesto en conocimiento del juzgador; en este punto, se ha expuesto de forma reiterada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01); <\/p>\n
Adicionalmente, en ese mismo sentido, se ha resaltado que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 00514-01, STC4198-2016, 7 abr. rad. 00052-01). <\/p>\n
Ahora, el hecho de que el gestor del auxilio disienta de la postura que ataca, no por ello abre camino a la prosperidad del reclamo constitucional; pues es necesario que la providencia cuestionada se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en este evento. Al respecto, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, rad. 02137-00; STC1558-2015 y STC4705-2016, 13 abr. rad. 00077-01). <\/p>\n
En definitiva, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la colegiatura aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
5. De la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad. <\/p>\n
Frente al planteamiento relacionado con esta prerrogativa, es oportuno advertir que no podr\u00eda admitirse tal afectaci\u00f3n bajo la premisa de existir decisiones en las cuales se ha admitido pretensiones como las que aqu\u00ed se exponen, pues, resulta leg\u00edtimo que el estudio de un determinado escenario procesal lleve a diferentes conclusiones, todas las cuales podr\u00edan ser acertadas, mientras sean cotejadas estrictamente con la ley aplicable; adem\u00e1s, los principios de independencia y autonom\u00eda que le confiere a los operadores jur\u00eddicos el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, permite un amplio margen de apreciaci\u00f3n en sus providencias. <\/p>\n
Pero, adem\u00e1s, m\u00e1s all\u00e1 de una somera menci\u00f3n a esta garant\u00eda, el actor no hizo alusi\u00f3n de forma espec\u00edfica a decisiones o precedentes judiciales que eventualmente se hubieran desconocido por los accionados, por lo que, no puede advertirse un trato diferencial con incidencia en esta s\u00faplica. <\/p>\n
En este particular, la Sala, frente a la afectaci\u00f3n del derecho a la igualdad como motivo de procedencia de los auxilios, ha sostenido, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, se duele el impugnante del trato desigual [otorgado a \u00e9l por los querellados]; empero, no acredit\u00f3 el aspecto relacional con el fin de efectuar el test de razonabilidad en la diferenciaci\u00f3n dispensada por las accionadas, exigencia que cobra relevancia cuando se demanda la protecci\u00f3n del derecho a la igualdad, puesto que con el prop\u00f3sito de determinar su desconocimiento, resulta necesario confrontar los casos concretos en los cuales las autoridades convocadas hayan actuado de manera diferente frente a situaciones semejantes a las que se encuentra inmerso el actor constitucional (\u2026)\u00bb (CSJ, STC, 18 oct. 2013, rad. 2013-00446-01, reiterada, entre otras, en STC6924-2017 18 may. 2017 rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
6. Conclusiones <\/p>\n
6.1. Los razonamientos contenidos en la decisi\u00f3n cuestionada hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial e inhiben al fallador constitucional para inmiscuirse en el asunto. <\/p>\n
6.2. No se demostr\u00f3 la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda esencial consagrada en el art\u00edculo 13 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica dado que el actor no alleg\u00f3 elementos que permitieran efectuar un paralelo concreto entre los asuntos aludidos a fin de establecer si la magistratura accionada dispendi\u00f3 un trato diferencial pese a la identidad de contextos. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC903-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00309-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Humberto Carlos P\u00e9rez Rivera contra […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71102","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71102"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71102\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}