STC904-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC904-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00304-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional requerida, dentro de la acci\u00f3n de tutela identificada con el radicado \u00ab08001221300020200009400\u00bb. <\/p>\n
Reclam\u00f3 que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla \u00abentregar copia de lo resuelto por la corte constitucional de la revisi\u00f3n de tutela [antes individualizada], de lo cual fue excluido de revisi\u00f3n por auto de 16 de abril de 2022, notificado por estado el 3 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
2. Para la definici\u00f3n del presente asunto el gestor sostuvo que le pidi\u00f3 a la Corte Constitucional copia del tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela antes identificada, quien el 24 de octubre de 2022 le respondi\u00f3 que la misma fue excluida de dicho mecanismo con auto del 16 de abril de 2022 y el expediente fue devuelto al despacho judicial de origen, que, dice el gestor, corresponde al del Magistrado Jorge Maya Cardona de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, por lo cual el 18 de octubre de 2022 elev\u00f3 solicitud mediante correo electr\u00f3nico a dicha colegiatura, para obtener copia de lo actuado ante la Corte Constitucional, sin que a la fecha haya obtenido ninguna respuesta. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo y orden\u00f3 enterar a la autoridad accionada. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
El Tribunal convocado guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
Ahora, Tocante a la premisa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Se destac\u00f3. CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867, reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., exp. 01762-01). <\/p>\n
2. La queja del actor se circunscribe a que la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla no ha emitido pronunciamiento o desplegado actuaci\u00f3n alguna, frente a la \u00abpetici\u00f3n\u00bb que le elev\u00f3 el 18 de octubre de 2022 para obtener copia de lo actuado en el tr\u00e1mite de eventual revisi\u00f3n surtido ante la Corte Constitucional para la acci\u00f3n de tutela correspondiente al consecutivo \u00ab08001221300020200009400\u00bb. <\/p>\n
Bajo el prenotado contexto, el asunto no corresponde analizarlo bajo las exigencias del derecho de petici\u00f3n, pues, al recaer la queja sobre una actuaci\u00f3n judicial, la verificaci\u00f3n recae sobre el respeto al derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
3. La documentaci\u00f3n obrante en el plenario da cuenta que desde el 18 de octubre de 2022 el accionante envi\u00f3 al correo electr\u00f3nico scf04bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co solicitud de \u00abcopia de lo resuelto por la Corte Constitucional de lo cual fue enviado el asunto antes mencionado a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n, de lo cual fue devuelto a su despacho de origen. Por consiguiente, solicito copia de la resoluci\u00f3n que haya tomado la corte en ese proceso de tutela si fue excluido de revisi\u00f3n o fue seleccionado para revisi\u00f3n\u2026\u00bb, a esto se suma la presunci\u00f3n de veracidad de que trata el precepto 20 del Decreto 2591 de 1991, ante la falta de pronunciamiento expreso por parte de la Colegiatura accionada frente a los hechos expuestos en la demanda de tutela, en especial, respecto de la ausencia de tr\u00e1mite a la citada solicitud del actor, de lo cual concluye la Corte que raz\u00f3n le asiste a \u00e9ste, por lo que el resguardo debe concederse. <\/p>\n
3.1. Ciertamente se muestra inaceptable que despu\u00e9s m\u00e1s tres (3) meses de enviada al Tribunal convocado la solicitud de copia de lo actuado en el tr\u00e1mite de revisi\u00f3n de la aludida acci\u00f3n de tutela, no se haya emitido ning\u00fan pronunciamiento al respecto, siendo que, seg\u00fan lo que afirm\u00f3 el gestor en su escrito inicial y que en este caso se presume cierto, el expediente de dicho tr\u00e1mite fue recibido por la Colegiatura proveniente de la Corte Constitucional en fecha cercana al mes de abril de 2022. <\/p>\n
3.2. Sobre el particular, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a la protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos(\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
3.3. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse respecto a la tardanza del Tribunal accionado en emitir alg\u00fan pronunciamiento frente a la solicitud del actor, sin que se advierta la presencia de circunstancias excepcionales que hayan obstaculizado la materializaci\u00f3n de tal cometido. <\/p>\n
Sobre el tema en comento (mora judicial), en pret\u00e9ritas ocasiones, esta Corporaci\u00f3n ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep. 2014, rad. 2014-2009-00) (Subrayas fuera de texto). <\/p>\n
Igualmente, en otro asunto de similares contornos, esta Corte anot\u00f3: <\/p>\n
\u2026la queja de[l] promotor est\u00e1 llamada a prosperar, destacando que si bien no puede desconocer la Corporaci\u00f3n los altos grados de congesti\u00f3n que presentan algunos despachos judiciales, igualmente es indiscutible que en el presente caso se est\u00e1 frente a un asunto en el que est\u00e1 pendiente la resoluci\u00f3n de un recurso de reposici\u00f3n desde el 22 de julio de 2014, es decir, hace poco m\u00e1s de siete meses, lapso que sin duda impide considerar que la tardanza criticada tenga justificaci\u00f3n, destacando que si bien la decisi\u00f3n es de naturaleza interlocutoria, el tiempo para emitirla no puede equipararse al que demanda la sentencia de fondo dentro de un asunto y que \u00e9stas actualmente deben dictarse en el t\u00e9rmino de un a\u00f1o en primera instancia y en seis meses en la segunda, de donde, en verdad, resulta un desprop\u00f3sito que la censura referida por la inconforme no haya sido resuelta aun (STC1860-2015, 25 feb. 2015, rad. 2014-00882-01). <\/p>\n
4. En ese orden, no cabe duda de que el Tribunal accionado ha trasgredido las garant\u00edas del actor, porque ha dilatado injustificadamente el tr\u00e1mite de la solicitud en comento, lo que impone conceder la salvaguarda para que dicha autoridad adopte las medidas adecuadas para dar la respuesta que considere pertinente. <\/p>\n
5. Basta lo dicho para acceder a la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el amparo solicitado. <\/p>\n
En consecuencia, se ordena a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que, dentro de las 48 horas contadas a partir de la notificaci\u00f3n de esta providencia, si a\u00fan no lo ha hecho, dentro del expediente de tutela identificado con el radicado \u00ab08001221300020200009400\u00bb, emita pronunciamiento frente a la solicitud elevada por el accionante el 18 de octubre de 2022, de conformidad con lo consignado en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y, si la decisi\u00f3n no es impugnada, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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