STC907-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC907-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 19001-22-13-000-2022-00097-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la menor involucrada en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido, suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre y \u00abcomo agente oficiosa, abuela materna y representante legal de la menor \u201cN\u201d [de 12 a\u00f1os de edad actualmente]\u00bb, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la seguridad social, m\u00ednimo vital y vida digna de la ni\u00f1a, presuntamente vulnerados por los convocados. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que a partir del deceso de su hija \u201cC\u201d acaecido el 15 de marzo de 2019, \u00abasum\u00ed de manera provisional la custodia, tenencia y cuidado personal de \u201cN\u201d, a quien he tratado de garantizar sus derechos con los pocos ingresos que percibo realizando trabajos informales de modister\u00eda\u00bb, por cuanto \u201cR\u201d, padre biol\u00f3gico de la ni\u00f1a, \u00abha exteriorizado un total desinter\u00e9s y abandono, pues nunca ha ejercido su rol de padre y menos ha cumplido con las obligaciones que se originan de la patria potestad\u00bb. <\/p>\n
Que por lo anterior y debido a que \u00abdesde su nacimiento, [\u201cN\u201d] ha vivido conmigo (…), inici\u00e9 ante la Comisar\u00eda de Familia de (\u2026), los tr\u00e1mites para obtener la custodia definitiva [a lo cual accedi\u00f3 esa autoridad expidiendo] la resoluci\u00f3n n\u00b0 (\u2026) de fecha 02 de julio de 2019\u00bb, y tras ello, \u00aben la primera semana de agosto de 2019, solicit\u00e9 a Porvenir S.A. el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes a que tiene derecho mi nieta, en virtud de los aportes a seguridad social efectuados en vida por mi hija\u00bb; empero, la entidad \u00abneg\u00f3 dar tr\u00e1mite a la solicitud (\u2026), argumentando que para poder radicar[la] debo allegar la providencia judicial con la cual se me designe como curadora permanente de mi nieta\u00bb. <\/p>\n
Que luego de contratar a un abogado para que insistiera en dicha reclamaci\u00f3n, \u00abal cabo de dos a\u00f1os renunci\u00f3 al poder sin ning\u00fan resultado positivo\u00bb, instaur\u00f3 demanda de privaci\u00f3n de patria potestad contra el progenitor de la menor y \u00abmi designaci\u00f3n como [su] guardadora\u00bb, la cual correspondi\u00f3 al Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, a quien solicit\u00f3 \u00abmedida cautelar [para que] me autorizara tramitar ante el Fondo de Pensiones Porvenir, la pensi\u00f3n de sobrevivientes a que tiene derecho mi nieta\u00bb. <\/p>\n
Que habiendo admitido la demanda el 13 de junio de 2022, el juzgado neg\u00f3 la cautela porque, en su criterio, \u00abprimero es necesario que se agote el derecho de defensa y contradicci\u00f3n de la parte pasiva (\u2026), requiri\u00e9ndose adelantar el proceso hasta la decisi\u00f3n de fondo\u00bb; ante ello, gestion\u00f3 la notificaci\u00f3n del demandado, \u00abquien mediante declaraci\u00f3n juramentada manifest\u00f3 (\u2026) no tener inter\u00e9s en el proceso y tampoco oposici\u00f3n a los hechos y pretensiones de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Que frente a la petici\u00f3n elevada \u00abel 19 de julio de 2022 [para que se profiriera] sentencia anticipada o en su defecto decretara la medida cautelar [el accionado], mediante auto interlocutorio No. (\u2026) del 9 de diciembre de 2022 (\u2026), neg\u00f3 la sentencia anticipada y guard\u00f3 silencio respecto a la solicitud de medida cautelar, la cual estaba encaminada a lograr la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales fundamentales y prevalentes de la menor \u201cN\u201d\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que \u00abse ordene [al Fondo de Pensiones] Porvenir S.A. [que] sin m\u00e1s dilaciones y exigencias adicionales (\u2026), reconozca y pague la pensi\u00f3n de sobrevivientes a que tiene derecho la menor \u201cN\u201d, [as\u00ed como] el retroactivo a que haya lugar por concepto de las mesadas pensionales causadas y dejadas de pagar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, pidi\u00f3 declarar improcedente la acci\u00f3n, aduciendo que \u00abdeneg\u00f3 la solicitud de medida cautelar deprecada en el escrito de demanda (\u2026), con fundamento en el derecho de defensa y contradicci\u00f3n que le asiste al demandado, quien tiene la representaci\u00f3n legal de la menor, [y por] estimarse necesario que se culmine el proceso con decisi\u00f3n de fondo, oportunidad en la cual, se considerar\u00e1 si los hechos del escrito de demanda encuentran sustento en las pruebas que obren en el proceso\u00bb; y que si bien el demandado no se opuso a la pretendida privaci\u00f3n de patria potestad, \u00abpor tratarse de un asunto relacionado con el estado civil, no surte efecto allanamiento, ni desistimiento ni aceptaci\u00f3n alguna, por cu\u00e1nto la causal debe ser probada por los medios de convicci\u00f3n [que] consagra el Estatuto Procesal Civil\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, dijo que otra raz\u00f3n para la no prosperidad de la tutela, consist\u00eda en que \u00abno cumple con el requisito de subsidiariedad\u00bb, habida cuenta que \u00abla se\u00f1ora \u201cM\u201d por intermedio de su apoderado, debi\u00f3 agotar los recursos ordinarios procedentes en contra del auto No. (\u2026) de diciembre 09 de 2022 [y que], a\u00fan vencido el t\u00e9rmino para recurrir, existe una v\u00eda m\u00e1s expedita y \u00e1gil, que es reiterar su solicitud para que se resuelva la nueva petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. La sociedad administradora de fondos de pensiones y cesant\u00edas Porvenir S.A., solicit\u00f3 \u00abdesvincular\u00bb a esa entidad \u00abo declarar\u00bb a su favor, \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, no vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales, y hecho exclusivo de un tercero\u00bb. Esto, porque \u00abno puede presentar [la actora] solicitud de pensi\u00f3n de sobrevivencia en calidad de custodia de [la menor], ya que no tiene la representaci\u00f3n legal que tiene inmersa la administraci\u00f3n de los bienes del menor\u00bb, y que si ella, \u00abcuenta con la curadur\u00eda, lo debe demostrar y a la fecha no lo ha realizado\u00bb, por tanto, para tramitar la referida solicitud pensional \u00abcarece de legitimaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. El Procurador (\u2026) Judicial II de Familia de \u201cX\u201d, solicit\u00f3 denegar las pretensiones, porque \u00abno se advierten irregularidad alguna (\u2026), en tanto el auto por medio del cual se neg\u00f3 la solicitud de sentencia anticipada [se] desconoce que haya motivo de recurso alguno\u00bb, aunado a que \u00abpor la naturaleza del proceso en donde se evidencia que est\u00e1 en juego el estado civil de las personas y sobre todo, personas con minor\u00eda de edad, se hace necesario agotar todas las fases procesales, incluyendo la pr\u00e1ctica de pruebas [como] el testimonio de los parientes de la adolescente (\u2026), m\u00e1xime cuando el juzgado de instancia, hay tiene se\u00f1alado en los t\u00e9rminos razonables, fecha, hora y forma de la pr\u00e1ctica de las audiencias que por ley deben surtirse\u00bb. A\u00f1adi\u00f3, que \u00abexistiendo un progenitor, este es el representante legal de aquella persona con minor\u00eda de edad y hasta que no exista acto en contrario, aquel asumir\u00e1 tal representaci\u00f3n [y que] tal decisi\u00f3n, debe ser de car\u00e1cter definitiva y no transitoria o temporal como se pretende con la solicitud de medida cautelar\u00bb. <\/p>\n
4. La Defensora de Familia del ICBF, con argumentos similares a los se\u00f1alados en la demanda, dijo que resultaba \u00abprocedente\u00bb acoger lo pretendido para que \u00abse garanticen y materialicen a plenitud\u00bb los derechos fundamentales de la ni\u00f1a. <\/p>\n
5. La curadora ad litem de \u201cR\u201d, apoy\u00f3 la postura que expres\u00f3 su representado dentro del pleito ordinario, consistente en no oponerse a los hechos y pretensiones de la demanda ni a la solicitud de medida cautelar deprecada a favor de la menor. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Concedi\u00f3 parcialmente el auxilio, al estimar que el juzgado \u00abvulner\u00f3 las garant\u00edas fundamentales de la menor, por omitir resolver la medida de cautela\u00bb, comoquiera que en el proceso de privaci\u00f3n de patria potestad, \u00abla parte demandante pidi\u00f3 -desde el pasado 19 de julio de 2022- dictar sentencia anticipada \u201co en su defecto decretar la medida cautelar solicitada\u201d\u00bb, con auto del 9 de diciembre de 2022, \u00abfij\u00f3 fecha para audiencia (\u2026) para el d\u00eda 28 de abril de 2023, [pero] sobre la solicitud de medida cautelar no hizo ning\u00fan pronunciamiento\u00bb, por lo que, tras pedir infructuosamente el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes ante Porvenir S.A., la omisi\u00f3n acarrea perjuicios a la ni\u00f1a. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 que conced\u00eda la protecci\u00f3n \u00abpero no en los t\u00e9rminos pedidos (\u2026), pues escapa a la competencia funcional de esta corporaci\u00f3n ordenar el reconocimiento y pago de mesadas pensionales, retroactivos e intereses, para lo cual debe surtirse el tr\u00e1mite respectivo [sino], para ordenarle a la Juez de instancia que, en el t\u00e9rmino perentorio indicado (\u2026), proceda a definir si la cautela o medida de protecci\u00f3n pedida a favor de la menor de edad resulta procedente en aras de salvaguardar sus garant\u00edas fundamentales, m\u00e1xime cuando ese se constituye en el medio id\u00f3neo para tal efecto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la promotora del resguardo para refutar que \u00absi bien es cierto el juzgado perpetu\u00f3 la vulneraci\u00f3n de los derechos de \u201cN\u201d al negar la medida cautelar que buscaba la protecci\u00f3n de los mismos, es el fondo de pensiones y cesant\u00edas Porvenir S.A., el principal responsable de dicha vulneraci\u00f3n, al exigir una carga adicional, desproporcionada e irrazonable para tramitar, reconocer y pagar la pensi\u00f3n de sobrevivientes a que tiene derecho la menor, esto es, exigir providencia judicial en la que se me designe como su curadora definitiva, lo que en su sentir corresponde a desconocimiento del precedente jurisprudencial aplicable [T-108 de 2022]\u00bb. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la inconformidad planteada por la accionante en sede de impugnaci\u00f3n, corresponde establecer si la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesant\u00edas Porvenir S.A., vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales de su nieta menor de edad, porque para tramitar el reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de sobrevivientes, adujo falencias en la representaci\u00f3n legal de la beneficiaria. <\/p>\n
2. De la tutela para reclamar acreencias pensionales. <\/p>\n
Frente a la posibilidad de emplear este mecanismo jur\u00eddico para procurar el reconocimiento y pago de pensiones, la Corte Constitucional record\u00f3 que seg\u00fan precedentes jurisprudenciales -citados en sentencia T-1058 de 2004-, como regla general deven\u00eda improcedente, al precisar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en principio, las controversias suscitadas con ocasi\u00f3n del reconocimiento de derechos pensionales no le corresponden a la jurisdicci\u00f3n constitucional en sede de tutela, ya que se trata de pretensiones de orden legal para cuya definici\u00f3n existen en el ordenamiento jur\u00eddico otras instancias, medios y procedimientos administrativos y judiciales ordinarios (T-01\/97; T-036\/97; T-718\/98, T-660\/99; T-408\/00 y T-398\/01). En consecuencia, la acci\u00f3n de tutela no procede para el reconocimiento de derechos pensionales, bien se trate de pensiones de vejez, invalidez, o de sobrevivientes, o de la sustituci\u00f3n pensional, a menos que dadas las circunstancias del caso concreto, los medios de defensa judicial resulten ineficaces para la garant\u00eda de los derechos fundamentales o se pueda razonablemente prever la ocurrencia de un perjuicio irremediable (T-553\/98 y T-627\/97)\u00bb. <\/p>\n
De cara al reconocimiento de la \u00abpensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb, se\u00f1al\u00f3 que \u00abexcepcionalmente procede\u00bb cuando \u00abi) el no reconocerla ocasione la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital y a la vida en condiciones dignas de la familia o beneficiarios del causante, ii) que por ser el solicitante un sujeto de especial protecci\u00f3n requiere de una soluci\u00f3n oportuna; y iii) del acervo probatorio se evidencie el cumplimiento de los requisitos necesarios para la obtenci\u00f3n del derecho a la pensi\u00f3n de sobrevivientes\u00bb (CC T-479\/08). Se subraya. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Del estudio realizado a los argumentos de la presente queja y su cotejo con las piezas procesales allegadas, la Sala modificar\u00e1 el fallo de primer grado, en el sentido de adicionarlo para declarar improcedente el amparo dirigido contra Porvenir S.A., habida cuenta que el razonamiento expuesto para no dar curso a la solicitud de reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobrevivientes, se muestra ajustado a derecho y por ende no conlleva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
3.1. En efecto, partiendo de que, seg\u00fan el ac\u00e1pite precedente, s\u00f3lo excepcionalmente le es dable al juez de tutela adentrarse en discusiones como la aqu\u00ed planteada, de cara a la solicitud de reconocimiento y pago de una pensi\u00f3n de sobrevivientes, se advierte que el auxilio es improcedente -inclusive como mecanismo transitorio-, pues no es desfasada la exigencia de Porvenir S.A., consistente en acreditar la representaci\u00f3n legal de la beneficiaria de la prestaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
Esto, en atenci\u00f3n a que la calidad de \u00abguardadora\u00bb que se requiere para adelantar el tr\u00e1mite en comento, no se suple con el acta en el que una autoridad administrativa le asigna o convalida la custodia y cuidado personal. Sobre las diferencias existentes entre una y otra figura jur\u00eddica, la jurisprudencia constitucional explic\u00f3 que: \u00abla custodia y cuidado personal se traduce en el oficio o funci\u00f3n mediante la cual se tiene poder para criar, educar, orientar, conducir, formar h\u00e1bitos, dirigir y disciplinar la conducta del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente y la cual corresponde de consuno a los padres y se podr\u00e1 extender a una tercera persona, mientras que la patria potestad hace referencia al usufructo de los bienes administraci\u00f3n de esos bienes, y poder de representaci\u00f3n judicial y extrajudicial del hijo, en cabeza de los padres y que solo el Juez de Familia podr\u00e1 disponer en un tercero\u00bb (CC T-351\/18). <\/p>\n
En ese orden, mientras viva uno de los padres de la persona sujeta a patria potestad, la pretensi\u00f3n enfilada a que se provea guardador o curador, sea este leg\u00edtimo o dativo, exige la previa declaraci\u00f3n judicial de suspensi\u00f3n o de privaci\u00f3n del ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad que por ley est\u00e1 radicada en cabeza de ese progenitor, pues en raz\u00f3n a las funciones que por su naturaleza emergen de dichas figuras jur\u00eddicas, las mismas no pueden coexistir. <\/p>\n
\u00abdada su naturaleza, la patria potestad est\u00e1 conformada por poderes conjuntos que deben ejercer ambos padres, o a falta de uno de ellos le corresponde al otro, y refiere a la administraci\u00f3n del patrimonio de los hijos, al usufructo de los bienes que les pertenecen, a la representaci\u00f3n judicial y extrajudicial en todos los actos jur\u00eddicos que se celebren en beneficio de los hijos, y a la facultad de autorizar sus desplazamientos dentro y fuera del pa\u00eds. (\u2026). Se trata entonces de una instituci\u00f3n jur\u00eddica de orden p\u00fablico, irrenunciable, imprescriptible, intransferible y temporal, de la cual se deriva que los padres no pueden sustraerse al cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales que tienen con sus hijos, a menos que la patria potestad sea suspendida o terminada por decisi\u00f3n judicial cuando se presenten las causales legalmente establecidas [T-041\/96]. De all\u00ed que, la patria potestad sea reconocida en la actualidad no como una prerrogativa o derecho absoluto de los padres [C-727\/15], sino como una instituci\u00f3n instrumental que permite a \u00e9stos garantizar los derechos de sus hijos y servir al logro del bienestar de los menores\u00bb (CC T-384\/18). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
Entonces, mientras no haya sentencia judicial en firme que declare la suspensi\u00f3n o la p\u00e9rdida de la patria potestad que reposa en el padre de la menor, previa tramitaci\u00f3n de un proceso verbal soportado en una cualquiera de las causales consagradas en los art\u00edculos 310 y 315 del estatuto sustancial civil, la abuela materna o cualquier otro interesado no podr\u00e1 intentar v\u00e1lidamente que un juez le otorgue la guarda de dicho infante, ni podr\u00e1 asumir la administraci\u00f3n de sus bienes en tanto esta es una facultad que se le otorga al representante legal. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se desvirt\u00faa que la exigencia realizada por Porvenir S.A., se satisfaga con la presentaci\u00f3n del acta administrativa en la que se estableci\u00f3 la custodia de la ni\u00f1a en cabeza de la aqu\u00ed querellante. <\/p>\n
3.2. Finalmente, en relaci\u00f3n con la manifestaci\u00f3n de la accionante sobre el supuesto desconocimiento de precedentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional, esa misma Corporaci\u00f3n, en postura reiterada por esta Sala, ha sostenido que \u00abla acci\u00f3n de tutela produce efectos inter partes y no erga omnes. Es decir, las decisiones que adopta el juez de tutela no tienen una alcance general, impersonal y abstracto, sino particular y concreto. Sin embargo, lo anterior no se opone a los efectos vinculantes de las sentencias de tutela, pues a pesar de que no se puede trasladar o extender la decisi\u00f3n adoptada por la Corte en un proceso determinado, a otro proceso que se ha trabado entre partes distintas, ello no significa que la doctrina sentada en una sentencia previa no resulte aplicable a los otros casos que re\u00fanan las mismas circunstancias de hecho relevantes\u00bb (CC T-583\/06); lo que quiere decir que no necesariamente este tipo de determinaciones tiene la virtualidad de extender de manera autom\u00e1tica sus efectos a otras situaciones como la que aqu\u00ed se plantea, m\u00e1xime si los contextos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos no son id\u00e9nticos. <\/p>\n
4. De la tutela como mecanismo transitorio. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, se ha dicho y reiterado que, para analizar la aptitud del auxilio bajo la aludida modalidad de protecci\u00f3n, no es suficiente la simple afirmaci\u00f3n de inminencia en la amenaza de las prerrogativas iusfundamentales, sino que incumbe aportar las pruebas que permitan acreditarlo. Esto, porque para evaluar el remedio extraordinario como instrumento temporal, es necesario que el peticionario concrete las circunstancias por la que los medios previstos ordinariamente en la ley, no tengan la aptitud para atender sus requerimientos. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, la pretensora tampoco prob\u00f3 las m\u00ednimas exigencias de estar frente a un perjuicio irremediable, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC, 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01), y porque esta modalidad \u00abse subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Por lo discurrido, se modificar\u00e1 el fallo impugnado para adicionarlo en el sentido de denegar el amparo dirigido contra la Sociedad Administradora de Cesant\u00edas y Pensiones Porvenir S.A., al estimarse en esta sede que no infringi\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas. En lo dem\u00e1s, se ratificar\u00e1 lo resuelto por el tribunal a-quo, en tanto se aprecia acertado y adicionalmente no fue objeto de refutaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, MODIFICA la sentencia impugnada. <\/p>\n
En consecuencia, se ADICIONA el numeral primero para se\u00f1alar como inciso 2\u00b0: En raz\u00f3n a que se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n, DECLARAR improcedente la tutela dirigida contra Porvenir S.A., habida cuenta lo explicado en la parte motiva de esta providencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por un medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC907-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC907-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 19001-22-13-000-2022-00097-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71105","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71105","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71105"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71105\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71105"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71105"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71105"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}