STC909-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC909-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2023-00276-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Rosalba Casta\u00f1eda Reyes contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y los Juzgados Primero Civil del Circuito y, Cuarto y Quinto Civil Municipal, todos de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo con radicado N\u00ba 1994-10989. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y vida digna, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas en el asunto referido. <\/p>\n
Del ambiguo escrito constitucional y de los soportes allegados, se establece que Mario Ricardo Bol\u00edvar promovi\u00f3 proceso ejecutivo contra Ingenier\u00eda Civil e Hidr\u00e1ulica Ltda. -Inchi Ltda.- y Gustavo Eladio D\u00edaz Lozano, -fallecido-, en el que se dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n y se remataron los bienes cautelados, tras lo cual fue ordenada su entrega. <\/p>\n
La se\u00f1ora Rosalba Casta\u00f1eda Reyes, quien alega que desde 1995 es poseedora del inmueble con matr\u00edcula inmobiliaria N\u00ba 350-84873, ubicado en la Urbanizaci\u00f3n Tolima Grande de Ibagu\u00e9 y rematado en el proceso ejecutivo mencionado, manifest\u00f3 que se opuso a su entrega en varias ocasiones ante Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9, comisionado para el efecto. <\/p>\n
Sostuvo que, en esas diligencias, en las que participaron otras personas que tambi\u00e9n se opusieron en calidad de poseedores respecto de los dem\u00e1s predios rematados, las oposiciones planteadas fueron negadas y el recurso de apelaci\u00f3n que propusieron, lo resolvi\u00f3 negativamente el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 el 6 de marzo de 2020. <\/p>\n
Asegur\u00f3 que el despacho comisionado entreg\u00f3 de manera simb\u00f3lica los lotes rematados, pero sobre las mejoras plantadas en los mismos le permiti\u00f3 a ella y a otras personas mantener la posesi\u00f3n, para que ellos mismos \u00abresolvieran la situaci\u00f3n, estando actualmente, ya hace m\u00e1s de dos a\u00f1os, all\u00ed en posesi\u00f3n del lote y de las mejoras\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, si bien ella formul\u00f3 apelaci\u00f3n contra el \u00faltimo rechazo de las oposiciones, adoptado el 10 de agosto de 2021, ese recurso no fue resuelto porque, seg\u00fan verific\u00f3 en el expediente, el Juzgado comisionado no le dio curso a la misma, \u00absituaci\u00f3n que se ratifica con el pronunciamiento del despacho Quinto Civil Municipal porque fija fecha de continuaci\u00f3n de entrega, sin nada decirse de lo que manifest\u00f3 en la oposici\u00f3n el 10 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el hecho de negarse la oposici\u00f3n y desconocerse la apelaci\u00f3n que interpuso, vulnera sus derechos, as\u00ed como su \u00abpatrimonio econ\u00f3mico, porque no se permite que reclame (\u2026) [sus] derechos de propiedad sobre las mejoras, pese a que el mismo comitente dispuso que deber\u00edan atenderse conforme dispone la ley\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en auto de 4 de agosto de 2022 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 dispuso que el comisionado continuara \u00abcon la entrega de las mejoras el d\u00eda 8 de febrero de 2023\u00bb, lo que considera arbitrario porque quieren \u00absacarla de su casa\u00bb, desconociendo sus derechos y la decisi\u00f3n de 3 de diciembre de 1997, mediante la cual a Gustavo Eladio D\u00edaz Lozano (fallecido) se le neg\u00f3 la solicitud de \u00ablanzamiento por ocupaci\u00f3n de hecho\u00bb que propuso frente a quienes han pose\u00eddo los terrenos rematados, pues se reconoci\u00f3 la legitimaci\u00f3n de \u00e9stos para detentar tal posesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Como consecuencia de lo expuesto, solicit\u00f3 el amparo de sus \u00abderechos (\u2026) disponiendo lo pertinente para [su] protecci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a los accionados para que ejercieran su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en los procesos mencionados. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Ibagu\u00e9, manifesto que en la providencia de 6 de marzo de 2020 resolvi\u00f3 negativamente la apelaci\u00f3n propuesta contra el rechazo de la oposici\u00f3n a la entrega propuesta por Rosalba Casta\u00f1eda, aqu\u00ed accionante, y en auto de 1\u00ba de marzo de 2022 declar\u00f3 inadmisible la apelaci\u00f3n formulada por el opositor Cl\u00edmaco Gonz\u00e1lez Ure\u00f1a. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el amparo no cumpl\u00eda el presupuesto de inmediatez, por lo cual deb\u00eda ser negado. <\/p>\n
2. Mario Ricardo Bol\u00edvar advirti\u00f3 que de accederse a las pretensiones de la accionante se vulneraria su derecho a la seguridad jur\u00eddica y afirm\u00f3, que en seis (6) oportunidades, otros opositores en el proceso reprochado, promovieron acciones de tutela contra las mismas decisiones ahora cuestionadas, amparos que fueron acumulados y negados por esta Corte en sentencia STC229-2023. Agreg\u00f3 igualmente que el amparo ahora propuesto desconoc\u00eda el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 relat\u00f3 los antecedentes del asunto cuestionado e indic\u00f3 que \u00abla se\u00f1ora Casta\u00f1eda, no es parte en el ejecutivo, reclama posesi\u00f3n, pero no identifica sobre cu\u00e1l predio\u00bb, pues fueron varios los subastados que se encuentran pendientes de entrega. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 indic\u00f3 que no conoci\u00f3 del litigio reprochado; sin embargo, anot\u00f3 que all\u00ed \u00abse adelant\u00f3 el proceso ejecutivo promovido por Mar\u00eda Consuelo Mora contra Rosalba Casta\u00f1eda bajo el radicado No. 73-001-40-03-001-1995-25715-00 el cual fue terminado por perenci\u00f3n por auto de 28 de septiembre de 2009, encontr\u00e1ndose archivadas las diligencias\u00bb. <\/p>\n
5. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos por parte de los dem\u00e1s involucrados en la presente queja constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. S\u00f3lo las providencias judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinado el escrito constitucional, se evidencia que la queja de la se\u00f1ora Rosalba Casta\u00f1eda Reyes recae, frente a (i) la providencia de 6 de marzo de 2020, mediante la cual el Tribunal Superior de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3 el rechazo de las oposiciones propuestas por la actora y otros frente a la entrega de los bienes rematados en el proceso ejecutivo radicado N\u00ba 1994-10989, (ii) el de 10 de agosto de 2021, mediante el cual, el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 comisionado para la entrega del inmueble \u00abprocedi\u00f3 a realizar la identificaci\u00f3n del bien inmueble identificado como Lote 29 de la Manzana T del Barrio Tolima Grande, con miras a practicar su entrega\u00bb y respecto del cual la peticionaria se\u00f1ala que no se surti\u00f3 la alzada que propuso y, (iii) el auto de 25 de agosto de 2022 por el que, el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 comisionado, fij\u00f3 para el 8 de febrero de 2023 la continuaci\u00f3n de la entrega de los predios rematados. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se advierte el fracaso de esta acci\u00f3n constitucional frente a los dos primeros motivos de queja, pues se desconoce el presupuesto de la inmediatez, en tanto que la reclamante tan s\u00f3lo acudi\u00f3 a esta jurisdicci\u00f3n el 25 de enero de 2023, esto es, luego de transcurrir m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os desde la primera decisi\u00f3n controvertida y m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y cinco (5) meses desde la segunda. <\/p>\n
Dichos t\u00e9rminos superan holgadamente el plazo de seis (6) meses establecido por esta Sala para concurrir de manera oportuna a este mecanismo, \u00abSi bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, por tanto muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (CSJ. STC. 14 sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 oct. 2011, exp. 2011-02245-00 y recientemente en STC1526-2022, STC6331-2022 y STC7548-2022, entre otras). <\/p>\n
Por tanto, si la peticionaria se demor\u00f3 en proponer este amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a los accionados y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales, m\u00e1xime si no adujo razones para justificar su tardanza. <\/p>\n
4. A lo anterior debe agregarse, que la queja de la actora, en cuanto a la supuesta falta de tramitaci\u00f3n de la apelaci\u00f3n que propuso contra el auto de 10 de agosto de 2021 tampoco sale avante al incumplir el presupuesto de la subsidiariedad, puesto que, revisada la actuaci\u00f3n censurada, no se observa que concurriera ante las autoridades naturales a poner de presente tal reproche, lo que evidencia su incuria y, en consecuencia, la improcedencia de este mecanismo, pues como lo ha indicado esta Sala en otros casos, <\/p>\n
\u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n (\u2026) de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ. STC6580-2021 y STC15430-2022, entre muchos otros). <\/p>\n
5. Finalmente, la censura contra el auto de 25 de agosto de 2022, mediante el cual el Juzgado Quinto Civil Municipal de Ibagu\u00e9 fij\u00f3 para el 8 de febrero de 2023 la continuaci\u00f3n de la entrega de los predios rematados, tampoco se abre paso, pues esa decisi\u00f3n es producto del tr\u00e1mite legalmente surtido en la ejecuci\u00f3n reprochada, iniciada desde 1994 y donde ya se hallan clausuradas las etapas anteriores y necesarias para proceder a tal entrega. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente las diligencias judiciales, la Sala, de vieja data ha se\u00f1alado que, <\/p>\n
\u00abno se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u2019 (sentencia de tutela de 29 de noviembre de 2006, Exp. No. 8001-2213-000-2006-00079-01)\u00bb (subraya fuera de texto) (CSJ STC791-2021 y STC11109-2022). <\/p>\n
6. En consecuencia, el amparo no prospera. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve Declarar Improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosalba Casta\u00f1eda Reyes contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 y los Juzgados Primero Civil del Circuito y, Cuarto y Quinto Civil Municipal, todos de esa ciudad. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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