STC912-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC912-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2022-00161-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 14 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cG\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los agentes del Ministerio P\u00fablico y Defensor\u00eda de Familia adscritos a ese despacho judicial. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, la solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que \u00abdesde hace dos a\u00f1os\u00bb, present\u00f3 demanda de divorcio contra \u201cA\u201d, la cual fue radicada en el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de \u201cX\u201d bajo el n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d, pero \u00abhasta el momento\u00bb no ha sido posible \u00abnotificar\u00bb al demandado, pese a que \u00abexisten normas y herramientas jur\u00eddicas que permiten a un juez utilizar[las] para hacer comparecer a su despacho a cualquier ciudadano que se rija bajo nuestra Carta\u00bb. <\/p>\n
Que, en raz\u00f3n a lo anterior, el demandado \u00abha podido evadir la justicia perjudic\u00e1ndome, [pues] no he podido obtener mi divorcio [y] tampoco el amparo de la manutenci\u00f3n de mis dos hijos menores \u201cS\u201d de 13 a\u00f1os y \u201cF\u201d de 6 a\u00f1os, [quienes] se encuentran estudiando y el padre aporta lo que le viene en gana, [y no] lo que la ley ordena\u00bb, no obstante que \u00ablabora desde hace varios a\u00f1os con contrato a t\u00e9rmino indefinido con salario m\u00e1s del m\u00ednimo\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que su proceso \u00abavanza pero a paso lento\u00bb, debido que su demandado \u00abse ha valido de procedimientos anti jur\u00eddicos para dilatar[lo]\u00bb, y que \u00absi mi apoderado no ha hecho bien su trabajo, no soy yo ni mis menores hijos quienes tengamos que pagar las consecuencias de [sus] falencias\u00bb, concluyendo tras ello que \u00abla justicia no me puede condenar a vivir el resto de mi vida atada a un compromiso del cual ya no quedan sino los documentos\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende que se ordene lo pertinente para remediar la supuesta \u00abdilaci\u00f3n procesal\u00bb enrostrada al estrado convocado, en el tr\u00e1mite y definici\u00f3n del pleito por ella incoado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADA <\/p>\n
Que tras auto del 21 de abril de 2022, en el que requiri\u00f3 \u00abpor segunda vez\u00bb, el \u00ab1 de junio de 2022 se incorpor\u00f3 la constancia de env\u00edo de comunicaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal (\u2026), sin ser tenida en cuenta, en raz\u00f3n a que no probaba que hubiera sido recibida por el demandado; tampoco se advert\u00eda el t\u00e9rmino para contestar la demanda ni el t\u00e9rmino a partir del cual se tendr\u00eda por notificado, [por lo que], se requiri\u00f3 por tercera vez a la parte actora para que procediera a notificar en debida forma a la parte pasiva\u00bb. <\/p>\n
Que, como el 14 de julio de 2022 el representante judicial de la demandante alleg\u00f3 constancia de env\u00edo de notificaci\u00f3n personal sin el cumplimiento de las exigencias legales, no la tuvo en cuenta y \u00abrequiri\u00f3 por cuarta vez\u00bb acreditar la notificaci\u00f3n. Que esa actuaci\u00f3n se repiti\u00f3 el 31 de agosto de 2022, dando lugar al \u00abquinto requerimiento\u00bb, y por cuanto este tambi\u00e9n fue infructuoso, \u00abpor auto No. (\u2026) del 18 de octubre de 2022\u00bb, dispuso \u00abla terminaci\u00f3n del proceso por desistimiento t\u00e1cito\u00bb. Por \u00faltimo, con auto del 1\u00b0 de noviembre de 2022 \u00abrechaz\u00f3\u00bb un recurso de reposici\u00f3n, \u00abdada su evidente extemporaneidad\u00bb. <\/p>\n
2. La Defensora de Familia del ICBF, dijo que en raz\u00f3n a que el proceso de divorcio que impetr\u00f3 la ac\u00e1 quejosa, fue terminado por desistimiento t\u00e1cito seg\u00fan auto del 18 de octubre de 2022, en tanto que \u00abla se\u00f1ora \u201cG\u201d y su apoderado judicial no cumplieron con los requisitos requeridos para realizar en debida forma la notificaci\u00f3n del demandado\u00bb, la interesada \u00abpuede acudir a otras instancias para reclamar el derecho de alimentos de sus hijos y, por lo tanto, la presente acci\u00f3n de tutela es improcedente\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio al considerar que la reclamante, \u00abno protest\u00f3, v\u00eda reposici\u00f3n, ninguna de las providencias que le rechazaron las diferentes comunicaciones con las que quiso demostrarle al convocado el cumplimiento de la carga procesal de notificaci\u00f3n del extremo pasivo, cuya desatenci\u00f3n deriv\u00f3 a la postre en la declaratoria de desistimiento t\u00e1cito dispuesto en la providencia del 18 de octubre \u00faltimo, de la cual no cabe predicar arbitrariedad alguna\u00bb. Acot\u00f3 que el juzgado act\u00fao con \u00ablaxitud\u00bb porque debi\u00f3 declarar terminado el proceso al incumplirse el primer requerimiento, y que esa decisi\u00f3n \u00abla afectada no la recurri\u00f3 oportunamente en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n\u00bb, inobservando el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la accionante aduciendo \u00abla \u00fanica noticia que tuve del proceso por parte del despacho y el abogado, fue que el despacho hab\u00eda declarado el desistimiento t\u00e1cito argumentando que por varias ocasiones le hab\u00edan ordenado al abogado notificar al demandado y que no lo hab\u00eda hecho, yo no tengo por qu\u00e9 salir perjudicada en mis derechos por la negligencia de mi abogado\u00bb. Asever\u00f3 igualmente que la referida determinaci\u00f3n, evidencia \u00abvarios yerros jur\u00eddicos\u00bb, entre ellos, que en el expediente \u00abno aparece la notificaci\u00f3n por edicto, lo cual debe de hacer el juzgado, tampoco por conducta concluyente y menos a trav\u00e9s de terceros, tampoco explican que hizo el despacho para remediar las falencias de mi apoderado en favor de la protecci\u00f3n de mis derechos legales y constitucionales (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de \u201cX\u201d, vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la demandante, porque, supuestamente, no ha otorgado el impulso pertinente al proceso de divorcio por ella instaurado (rad. n\u00b0 \u201c2021-00000\u201d). <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada en STC16252-2022, 7 dic., rad. 00852-01, entre otras). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Analizados los argumentos del presente reclamo y la informaci\u00f3n allegada por los intervinientes y que se halla adosada al expediente, la Sala confirmar\u00e1 la sentencia de primera instancia, precisando que lo ser\u00e1 porque de cara a la supuesta dilaci\u00f3n procesal injustificada que se le endilga al accionado, se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Lo anterior, porque del informe rendido por la funcionaria cognoscente, corroborado con el respectivo expediente digital, se establece que, a la demanda de divorcio incoada por la ac\u00e1 quejosa, se le otorg\u00f3 el tr\u00e1mite de rigor, sin perjuicio de que el avance procesal se vio truncado, pero por causa no imputable al despacho accionado. <\/p>\n
En efecto, presentada la demanda el 15 de febrero de 2021, una vez subsanada fue admitida por el juzgado mediante prove\u00eddo del 24 del mismo mes y a\u00f1o; luego, sin actividad de la interesada, en atenci\u00f3n a la revocatoria del poder al abogado que ven\u00eda represent\u00e1ndola, con auto del 13 de septiembre de 2021, se reconoci\u00f3 personer\u00eda al nuevo mandatario, disponi\u00e9ndose \u00abcompartir el presente proceso\u00bb a efectos de que pudiera tener \u00abacceso al expediente electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
Enseguida, se observa que mediante auto del 4 de octubre de 2021, el despacho accionado emiti\u00f3 el requerimiento consagrado en el art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, a fin de que \u00abla parte actora y su apoderado (\u2026) se apersone[n] del presente asunto, dando cumplimiento a los numerales 2\u00b0 y 3\u00b0 del prove\u00eddo 249 del 24 de febrero de 2021\u00bb, esto es, gestionar la notificaci\u00f3n personal del demandado, advirtiendo que la desatenci\u00f3n implicar\u00eda \u00abtener por desistida t\u00e1citamente la respectiva actuaci\u00f3n [imponiendo] condena en costas\u00bb, conforme lo prev\u00e9 la norma en comento. <\/p>\n
Pese a la perentoriedad de la orden anterior, esta fue inobservada por la hoy querellante y su mandatario judicial, raz\u00f3n por la que, mediante auto del 21 de abril de 2022, los requiri\u00f3 \u00abpor segunda vez\u00bb, pues la gesti\u00f3n que sobre el particular acredit\u00f3 el profesional del derecho el 1\u00b0 de junio de 2022, no se ajustaba al ordenamiento jur\u00eddico y por tanto no era \u00fatil para los fines del avance de esa etapa procesal. <\/p>\n
Ciertamente, con auto de la misma data, el juzgado advirti\u00f3 que las constancias allegadas sobre notificaci\u00f3n del demandado, incumpl\u00edan \u00abel lleno de los requisitos\u00bb previstos en el art\u00edculo 291 del estatuto adjetivo, concordante con el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 806 de 2020, en tanto, \u00abla comunicaci\u00f3n enviada por correo electr\u00f3nico no prueba que el mismo haya sido acusado por parte del extremo pasivo, como tampoco se le advierte el t\u00e9rmino para contestar la demanda, el t\u00e9rmino en que se entender\u00e1 por notificado y todo aquello que reza la ley para que la notificaci\u00f3n del demandado se realice salvaguardando la tutela judicial efectiva y el debido proceso del se\u00f1or \u201cA\u201d\u00bb. <\/p>\n
En similares circunstancias a las descritas, del 1\u00b0 de junio al 31 de agosto de 2022, obran tres requerimientos m\u00e1s, los cuales, al no haber sido atendidos en oportunidad y debida forma, dieron paso a que, con auto del 18 de octubre de 2022, el querellado declarara terminado el proceso por desistimiento t\u00e1cito, absteni\u00e9ndose de condenar en costas. <\/p>\n
Finalmente, la foliatura da cuenta que contra la anterior decisi\u00f3n el apoderado de la demandante interpuso recurso de reposici\u00f3n, reconociendo \u00aberror\u00bb de su parte en la remisi\u00f3n de la constancia echada de menos por el juzgado, empero, como lo present\u00f3 de manera extempor\u00e1nea, fue rechazado con prove\u00eddo del 13 de diciembre de 2022. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, no se observa que en relaci\u00f3n con el pleito de divorcio incoado por la hoy quejosa, la autoridad enjuiciada hubiera mostrado una actitud dilatoria o con el \u00e1nimo de prolongarlo indebidamente, por el contrario, su proceder estuvo encaminado a insistir en que la actora cumpliera la carga procesal de notificar al demandado conforme al ordenamiento legal aplicable, lo que denota el inter\u00e9s en que el asunto avanzara hasta su normal culminaci\u00f3n, lo cual no fue posible habida cuenta el desinter\u00e9s de quien promovi\u00f3 la demanda. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la Sala estima necesario advertir que es infundada la queja de la actora respecto de la supuesta afectaci\u00f3n a las prerrogativas superiores de sus hijos, en tanto que, para la fijaci\u00f3n de alimentos a cargo del padre, el escenario id\u00f3neo para ello no necesariamente es el proceso de divorcio, sino que la ley prev\u00e9 instrumentos jur\u00eddicos expeditos ante autoridades administrativas y judiciales. <\/p>\n
En este orden, por cuanto la controversia planteada no conlleva afectaci\u00f3n a derecho superior alguno, el resguardo se torna improcedente, pues reiteradamente la jurisprudencia ha dicho que, para su prosperidad, \u00abse requiere [demostrar] que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada en STC10498-2022, 11 ago., rad. 00177-01, entre otras). <\/p>\n
De igual modo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que para la procedencia del auxilio, \u00ab[se exige] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr., rad. 00023-01, citada entre otras en STC15055-2022, 9 nov., rad. 00773-01). Se subraya. <\/p>\n
4. Consideraciones adicionales. <\/p>\n
En primer lugar, se realiza en relaci\u00f3n con la actuaci\u00f3n que puso fin al proceso por desistimiento t\u00e1cito, esto es, del auto adiado el 18 de octubre de 2022, porque si bien s\u00f3lo fue objeto de ataque en sede de impugnaci\u00f3n, la misma fue puesta en conocimiento de las partes en este asunto y sobre el particular se pronunci\u00f3 el tribunal a-quo, para ratificar que tal censura es improcedente. Esto, en la medida en que desatiende el requisito de subsidiariedad en la modalidad de incuria, porque contra esa providencia, la accionante -pese a contar con representante judicial-, no interpuso los recursos ordinarios de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n de que era susceptible. <\/p>\n
En segundo lugar, por cuanto la querellante pretende justificar su incuria en la supuesta \u00abnegligencia\u00bb de su apoderado judicial, la Sala reitera que el comportamiento incurioso de la actora y con ello la improcedencia del ruego tuitivo, no encuentra respaldo jur\u00eddico en tales exculpaciones, pues al contar con representante judicial, no es atribuible al accionado las posibles \u00abfalencias\u00bb en que pudo incurrir el togado en el ejercicio de sus deberes y funciones legal y convencionalmente establecidos. <\/p>\n
El anterior aserto ha sido convalidado de vieja data por la jurisprudencia al se\u00f1alar que: \u00abno es excusa aceptable la ignorancia de la ley de los ciudadanos o la falta de idoneidad de sus apoderados judiciales, \u201cporque el derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal\u201d, ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad o preclusi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 14 feb. 1997, exp. 3836, citada, entre otras muchas, en STC, 14 mar. 2001, exp. 01214-01, y STC, 9 jun. 2004, exp. 00448-01). <\/p>\n
En ese sentido tambi\u00e9n dijo que al otorgar poder a un abogado para que atienda un juicio, \u00abno se puede \u201cdejar de lado que el apoderamiento no entra\u00f1a el desentendimiento del interesado de los actos procesales, pues est\u00e1 claro que los derechos en disputa son los suyos\u201d [STC, 29 ene. 2007, exp. 00282-01], ni tampoco puede perderse de vista que \u201cexiste en cabeza de los sujetos procesales el deber de vigilancia y control que sobre la gesti\u00f3n de su mandatario ha de ejercer la parte interesada\u201d\u00bb (CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 00365-01), y que \u00abla eventual negligencia del profesional no sirve como descargo, ni habilita el escrutinio desde una perspectiva meramente subsidiaria como la que ata\u00f1e a este mecanismo, lo que no obsta para que, si a bien lo tiene, el gestor acuda ante las autoridades competentes, aunque desde luego asumiendo la responsabilidad de sus inculpaciones\u00bb (CSJ STC214-2016, 21 ene., rad. 2015-02887-01, citada en STC12206-2022, 14 sep., rad. 00409-01, entre otras). <\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00ab[h]a sido criterio reiterado de esta Corporaci\u00f3n, la improcedencia de la acci\u00f3n excepcional en el evento en que el gestor de la salvaguarda se duela de no haber estado debidamente representado dentro de las diligencias endilgadas, que tal situaci\u00f3n, le impidi\u00f3 ejercer su derecho de defensa y de contradicci\u00f3n, pues dicha justificaci\u00f3n no tiene la fuerza jur\u00eddica suficiente para obtener tal amparo, en tanto que es un tema que resulta ajeno a la \u00f3rbita del juez constitucional\u00bb (CSJ STC12840-2017, 23 ago., rad. 00282-01, citada entre otras en STC13954-2021, 19 oct., rad. 00261-01). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido, se avalar\u00e1 el fallo de primer grado, precisando que lo ser\u00e1 en virtud a que los reproches endilgados a la autoridad convocada, devienen infundados y por tanto no se consolid\u00f3 afectaci\u00f3n a prerrogativa superior alguna que justifique la injerencia del fallador excepcional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado, por la puntual raz\u00f3n y con las precisiones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020, CSJ – Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC912-2023 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC912-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 76001-22-10-000-2022-00161-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71108","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71108","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71108"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71108\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71108"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71108"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71108"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}