STC922-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC922-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00073-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Diana Alexandra L\u00f3pez L\u00f3pez le instaur\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial, extensiva a la Secretar\u00eda Judicial de esa Corporaci\u00f3n, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Boyac\u00e1, Gestor Express Ltda., Red Salud Casanare E.S.E., Fernando Antonio Piraban Mu\u00f1oz y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo 2012-00650. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad, buen nombre, derecho al trabajo y seguridad jur\u00eddica\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura querellada, que \u00abdeje sin efecto la sentencia proferida el d\u00eda 07 de septiembre de 2022, por las irregularidades presentadas y en su lugar se conceda la figura de la prescripci\u00f3n, de acuerdo con las consideraciones expuestas\u00bb. <\/p>\n
De la prueba obrante en el dossier se extrae que la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Boyac\u00e1 en la investigaci\u00f3n disciplinaria que Fernando Antonio Pirab\u00e1n Mu\u00f1oz, en representaci\u00f3n de la empresa Gestor Express Ltda., inco\u00f3 contra la actora (n\u00ba 2012-00650), la \u00ab[declar\u00f3] responsable disciplinariamente (\u2026) del incumplimiento al deber establecido en el art\u00edculo 28-8 del C\u00f3digo Disciplinario del Abogado, en consecuencia, de la falta tipificada en el art\u00edculo 35 -4, ib\u00eddem, a t\u00edtulo de dolo\u00bb y la sancion\u00f3 \u00abcon suspensi\u00f3n de seis (6) meses en el ejercicio de la profesi\u00f3n como autora responsable de la falta contra la honradez del abogado\u00bb (30 ag. 2021). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 la promotora que \u00absolo hasta el a\u00f1o 2020, se calific\u00f3 la falta por parte del Consejo Superior de la Judicatura de la ciudad de Tunja; generando as\u00ed la prescripci\u00f3n de la falta tal y como lo determina el Art 24 de la Ley 1123 de 2007\u00bb, por lo que, \u00ab[la propuso] pero seg\u00fan la determinaci\u00f3n del Magistrado indicaba, que como a\u00fan no se hab\u00eda consignado el resto del dinero, la falta se entend\u00eda como continuada y, por lo tanto, no prescrib\u00eda\u00bb; adem\u00e1s, \u00abno relaci\u00f3n[\u00f3] las fechas del proceso, solo habla de la fecha de calificaci\u00f3n del mismo que se surti\u00f3 en 2020, luego de 8 a\u00f1os de instaurada la queja\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que apel\u00f3 esa decisi\u00f3n y la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial la convalid\u00f3 y dispuso \u00abREMITIR copia del presente fallo, con constancia de su ejecutoria, a la Unidad de Registro Nacional de Abogados, para efectos de su anotaci\u00f3n, fecha a partir de la cual empezar\u00e1 a regir la sanci\u00f3n impuesta, de conformidad con lo dispuesto en el art\u00edculo 47 de la Ley 1123 de 2007\u00bb (7 sep. 2022), en su opini\u00f3n, \u00absin una debida notificaci\u00f3n\u00bb por cuanto \u00abla falta qued\u00f3 en el sistema desde el d\u00eda del fallo\u00bb, es decir, \u00abla sanci\u00f3n qued\u00f3 desde el d\u00eda 07 de septiembre de 2022, sin que a la fecha se haya notificado la decisi\u00f3n; (\u2026) que no ten\u00eda por qu\u00e9 conocer o por qu\u00e9 saber sin una debida notificaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que le notificaron electr\u00f3nicamente esa determinaci\u00f3n el 6 de octubre de 2022, la que \u00abfue posterior al reporte de la sanci\u00f3n\u00bb, sin tenerse en cuenta que el \u00abnumeral SEGUNDO DEL FALLO establece que el mismo queda a partir de la ejecutoria del acto y no desde la fecha de realizaci\u00f3n del fallo; ejecutoria que no ha quedado en firme como quiera que la notificaci\u00f3n se ejerci\u00f3 hasta el d\u00eda 06 de octubre de 2022, seg\u00fan consta en el correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que \u00abpretende [con esta acci\u00f3n] se de aplicaci\u00f3n a la figura de la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n de acuerdo con el Art 24 de la Ley 1123 de 2007 en el entendido que la fecha de radicaci\u00f3n de la queja fue en el 2012, fecha en la cual presuntamente el quejoso indic\u00f3 que hab\u00eda una discrepancia sin probar la del pago de los honorarios (fecha del \u00faltimo acto ejecutivo de la falta)\u00bb, de ah\u00ed que, \u00abpasados 8 a\u00f1os en el 2020 el Magistrado ponente sancion\u00f3 la falta sin tener en cuenta el t\u00e9rmino establecido en la Ley [por lo que] solicita al Despacho, en aras del control de las actuaciones que se debe efectuar en cualquier etapa del proceso y con el fin de sanear el tr\u00e1mite de este asunto, verificar la configuraci\u00f3n del fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n que se indica en los art\u00edculos 23, 24 26 y 27 de la Ley 1123 de 2007\u00bb. <\/p>\n
Reproch\u00f3 tales providencias, en raz\u00f3n a que (i) \u00abEs claro que este asunto no es de car\u00e1cter permanente o continuado toda vez que la consumaci\u00f3n de la falta no se mantiene en el tiempo, lo que hace que la comisi\u00f3n de la falta se extienda de igual manera\u00bb; (ii) \u00abLa carga de la prueba es de ambas v\u00edas y el quejoso no demostr\u00f3 el pago de las gestiones previas autorizadas y adelantadas por la togada, ni tampoco demostr\u00f3 no haberse beneficiado de ellas, igualmente ocurre en que en el expediente no obra prueba que se\u00f1ale los supuestos perjuicios de que fue objeto, ni las acciones de cobro consecuencia del incumplimiento, dejando prescribir y caducar esta acciones\u00bb; y, (iii) \u00ab[L]a supuesta conducta que realiz\u00f3 la aqu\u00ed encartada se materializ\u00f3 el 27 de septiembre del 2011, cuando el quejoso recibi\u00f3 el informe y pago resultado de las gestiones realizadas por la Abogada Diana Alexandra L\u00f3pez L\u00f3pez\u00bb, debido a esto, \u00abEl t\u00e9rmino prescriptivo se cumpli\u00f3 el 27 de septiembre del 2016 [para] la anterior contabilizaci\u00f3n del t\u00e9rmino prescriptivo, tomar\u00e9 como dato de inicio la fecha en que se present\u00f3 la queja contra la aqu\u00ed disciplinada, 26 de marzo de 2012, en este evento tambi\u00e9n se observa que el t\u00e9rmino prescriptivo se cumpli\u00f3 el 26 de marzo del 2017\u00bb. <\/p>\n
2.- La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y resalt\u00f3 que \u00abla falta por la que fue sancionada la doctora L\u00f3pez L\u00f3pez (\u2026) es una falta de car\u00e1cter permanente, as\u00ed se puede establecer en las siguientes decisiones: en el radicado 11001110200020180099801, sentencia de 9 <\/p>\n
de marzo de 2022, aprobada en sala 019; en el radicado 19001110200020140070401, sentencia de 6 de abril de 2022, aprobada en la sala 28; [entre otras]\u00bb, porque \u00abel art\u00edculo 24 ejesdum establece que si bien el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinara es de cinco a\u00f1os, en el tema de las faltas de car\u00e1cter permanente o continuado, dicho t\u00e9rmino comienza a contarse desde el \u00faltimo acto ejecutivo de la falta y en el caso presente, hasta cuando se profiri\u00f3 la sentencia de segunda instancia, se segu\u00eda ejecutando la falta, es decir no se hab\u00edan entregado los dineros a quien correspond\u00edan, raz\u00f3n por la cual se entiende que esa falta es permanente\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, \u00abal proferir la sentencia, fechada el 7 de septiembre de 2022, consider\u00f3, como lo sigue considerando, que ten\u00eda competencia para pronunciarla; es m\u00e1s en el contenido del escrito, con el que se sustent\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n, ni si quiera marginalmente se puso en tela de juicio la existencia de la acci\u00f3n disciplinaria, ya que toda la argumentaci\u00f3n se centr\u00f3 en la cantidad de dinero que la abogada devolvi\u00f3 a Pirab\u00e1n Mu\u00f1oz y en la buena fe de ese acto\u00bb; aunado a ello, \u00abcualquier irregularidad que se haya presentado frente a la fecha de iniciaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, es un tema que escapa a la \u00f3rbita de [ese] magistrado, toda vez que, es competencia de la secretar\u00eda judicial de [esa] Comisi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Boyac\u00e1, la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1 y Red Salud Casanare E.S.E., alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; la primera, ya que \u00abla gestora no da cuenta de hechos u omisiones atribuidos a esta Sala, constitutivos de transgresi\u00f3n a sus prerrogativas superiores, ni enfila ning\u00fan reproche concreto frente a lo tramitado o decidido por esta Sala, [por ende] (\u2026) solicit[\u00f3] se desvincule (\u2026) del tr\u00e1mite constitucional, por falta de legitimaci\u00f3n por pasiva\u00bb y, las dem\u00e1s, en virtud a que, no han transgredido prerrogativa alguna de la reclamante. <\/p>\n
La Oficina Jur\u00eddica de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial indic\u00f3 que la \u00abinconformidad [radica] en una indebida lectura de la informaci\u00f3n registrada en el certificada de antecedentes disciplinarios\u00bb porque en el \u00abaparte que se indica \u201cFecha sentencia\u201d, corresponde a la fecha de la providencia por la cual se impuso o confirm\u00f3 la sanci\u00f3n disciplinaria y no a la de la ejecutoria o notificaci\u00f3n de tal determinaci\u00f3n\u00bb. Por lo tanto, \u00aben el telegrama de notificaci\u00f3n que la se\u00f1ora LOPEZ LOPEZ acept\u00f3 haber recibido el 6 de octubre de 2022, con negrillas y subrayas se le inform\u00f3 que \u201cEL REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS INFORMAR\u00c1 A PARTIR DE CU\u00c1NDO COMENZAR\u00c1 A REGIR DICHA SANCI\u00d3N\u201d\u00bb, conforme al canon 47 de la Ley 1123 de 2007 y, por ende, \u00abes el Registro Nacional de Abogados quien informa la fecha en la cual iniciar\u00eda a cumplirse la sanci\u00f3n, como se le indic\u00f3 al momento de enviarle el telegrama citatorio, de manera que, no se entiende la inconformidad manifestada por Diana Alexandra L\u00f3pez L\u00f3pez, pues: I) desde el mismo momento de su notificaci\u00f3n se le advirti\u00f3 que la sanci\u00f3n iniciaba en la \u00e9poca se\u00f1alada por el Registro Nacional de Abogados; y ii) la suspensi\u00f3n impuesta solo inici\u00f3 a ejecutarse luego de surtidos los tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n – 21 de octubre de 2022-\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, certific\u00f3 que \u00abEn el proceso disciplinario No. 150011102000201200650 seguido contra la Dra. DIANA ALEXANDRA LOPEZ LOPEZ, el fallo sancionatorio fue discutido y aprobado en sesi\u00f3n de Sala No. 68, llevada a cabo el 7 de septiembre de 2022, con la presencia de los 5 magistrados de los 7 que integran la sala plena, y el voto favorable de todos ellos, con lo cual se obtuvieron las mayor\u00edas requeridas por el antelado reglamento interno; situaci\u00f3n certificada por [esa] Secretar\u00eda Judicial, con el telegrama de notificaci\u00f3n remitido a los sujetos procesales al momento de notificarle el preanotado prove\u00eddo\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien, el debate se dirige tambi\u00e9n contra el fallo expedido por la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Boyac\u00e1 (30 ag. 2021), se analizar\u00e1 \u00fanicamente el de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial (7 sep. 2022), por ser el que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
2.- Auscultado dicho proveimiento, se descarta la existencia de un yerro que amerite ser conjurado en esta senda excepcional, en la medida que no luce antojadizo, ni ilegal; por el contrario, obedece, a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 razonadamente los reparos de L\u00f3pez L\u00f3pez, en torno a \u00absi ha operado o no el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n frente a la falta cometida\u00bb en el juicio disciplinario objetado. <\/p>\n
En efecto, previo a examinar cada uno de los dem\u00e1s puntos de la alzada, esa Colegiatura expuso como hechos relevantes, para solventar lo atinente a la \u00abprescripci\u00f3n de la falta censurada\u00bb que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se tiene que el 19 de noviembre de 2010 la firma Gestor Express Ltda., mediante su representante legal Fernando Antonio Pirab\u00e1n Mu\u00f1oz, otorg\u00f3 poder a la abogada Diana Alexandra L\u00f3pez L\u00f3pez20 para que iniciara una acci\u00f3n ejecutiva en contra de Red Salud Casanare, con fundamento en tres facturas (063, 064 y 066). Dicho proceso judicial fue conocido por el Juzgado Civil del Circuito de Yopal y se tramit\u00f3 de manera normal al punto que, mediante auto de 28 de septiembre de 2011, el despacho dio terminaci\u00f3n al proceso al dar aprobaci\u00f3n a un acuerdo de transacci\u00f3n celebrado entre la disciplinada (facultada para ello) y Red Salud Casanare. <\/p>\n
En dicho acuerdo, la Red Salud Casanare se comprometi\u00f3 a pagar con dos cheques, uno por la suma de setenta millones setecientos ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos ($70.708.742) en favor de Gestor Express Ltda., y el otro por valor de veintitr\u00e9s millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuarenta pesos ($23.454.040) en favor de Diana Alexandra L\u00f3pez L\u00f3pez. <\/p>\n
Posteriormente, el 4 de octubre de 2011 la letrada entreg\u00f3 junto con el informe final de gesti\u00f3n sobre el proceso y el acuerdo de pago al quejoso como se desprende de la documental visible a folios 134 a del cuaderno 1. De esta documental se evidencia el comprobante de egreso No. 40103 del 27 de septiembre de 201121, en la cual se relaciona el pago de setenta millones setecientos ocho mil setecientos cuarenta y dos pesos ($70.708.742), y otro comprobante de egreso No. 40104 de la misma data por valor de veintitr\u00e9s millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuarenta pesos ($23.454.040) ambos, suscritos a satisfacci\u00f3n por la disciplinada y la Tesorera de Red Salud Casanare. <\/p>\n
No obstante, lo anterior, el contrato de prestaci\u00f3n de servicios celebrados entre el quejoso y la abogada, acord\u00f3 en su cl\u00e1usula segunda \u201cEl se\u00f1or FERNANDO ANTONIO PIRAB\u00c1N MU\u00d1OZ pagar\u00e1 por concepto de honorarios, el 20% de la totalidad del dinero recaudado (\u2026)\u201d y no se hizo menci\u00f3n alguna en gastos extras en ninguna otra cl\u00e1usula. <\/p>\n
Adicional a lo anterior, de conformidad con lo expresado por el mismo quejoso en la ampliaci\u00f3n de la queja, no recibi\u00f3 por parte de la disciplinada ning\u00fan otro informe que rindiera cuentas detalladas de los conceptos del cobro realizado sin la autorizaci\u00f3n previa o que diera cuentas de los gastos causados en atenci\u00f3n a las gestiones previas realizadas por la abogada. <\/p>\n
No obstante, la disciplinada no entreg\u00f3 la totalidad del dinero y se apropi\u00f3 de rubros que no le correspond\u00edan, aduciendo que no le fueron pagadas unas gestiones previas y porque el descuento efectuado se hizo sobre ciento veinte millones ($120.000.000)\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, coligi\u00f3 la inoperancia de aquel fen\u00f3meno, al ser de ejecuci\u00f3n permanente, dado que, <\/p>\n
\u00abBajo ese contexto, la falta que contempla el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 35 de la Ley 1123 de 2007, relativa a \u201cNo entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gesti\u00f3n profesional (\u2026)\u201d, considera esta Colegiatura para el caso materia de pronunciamiento es de ejecuci\u00f3n permanente, per se, la misma contin\u00faa vigente al d\u00eda de hoy, y hasta que se verifique la devoluci\u00f3n de los montos que no le correspond\u00edan tomar a la letrada; luego no ha operado el fen\u00f3meno jur\u00eddico de la prescripci\u00f3n como bien lo advirti\u00f3 el a quo\u00bb. <\/p>\n
3.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb y mal podr\u00eda tildarse de sesgada, caprichosa o mucho menos infundada la directriz recriminada, como anhela la impulsora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, espec\u00edficamente, en lo referente a la \u00abprescripci\u00f3n de la acci\u00f3n disciplinaria\u00bb, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad del sendero superlativo, que no es la de servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC2544-2021 citada en STC9971-2022). <\/p>\n
4.- Ahora bien, respecto de las \u00abpresuntas irregularidades\u00bb acaecidas en el acto de notificaci\u00f3n del veredicto de segunda instancia, porque a)- \u00abLa sanci\u00f3n qued\u00f3 desde el d\u00eda 07 de septiembre de 2022, sin que a la fecha se haya notificado la decisi\u00f3n; (\u2026) que no ten\u00eda por qu\u00e9 conocer o por qu\u00e9 saber sin una debida notificaci\u00f3n\u00bb; b)- La \u00ab[modificaci\u00f3n de] la fecha del reporte de la sanci\u00f3n dej\u00e1ndola el d\u00eda 21 de octubre de 2022, extendi\u00e9ndola en el tiempo y haciendo de forma flagrante m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n y vulnerando a todas luces el debido proceso, el derecho al trabajo\u00bb y; c)- La \u00abirregularidad reportada en el Art 288 del C.G.P\u00bb, puesto que, en el \u00abregistro fotogr\u00e1fico del fallo notificado, solo se encuentra 1 firma de todos los magistrados que intervinieron en [\u00e9l]\u00bb; se vislumbra que la tutelante elev\u00f3 \u00absolicitud de nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u00bb en la cual expuso tales quejas (11 oct. 2022), desestimada, a trav\u00e9s de auto de 23 de noviembre (Derivado: 16 AUTO TR\u00c1MITE.pdf, C-2), que qued\u00f3 en firme en raz\u00f3n a que no lo atac\u00f3 en forma oportuna, procediendo el mecanismo de la s\u00faplica, a voces del art. 331 del C\u00f3digo General del Proceso, circunstancia que hace palpable su descuido en el empleo de los \u00abmedios de defensa ordinarios\u00bb. <\/p>\n
Significa, entonces, que la gestora pudo exponer ante la \u00abCorporaci\u00f3n\u00bb confutada las inconformidades que ahora trae a este tr\u00e1mite extraordinario; sin embargo, renunci\u00f3 a esa posibilidad. De ah\u00ed que deba soportar las consecuencias adversas por haber desaprovechado esa herramienta. <\/p>\n
Al respecto, esta Corte tiene dicho que, <\/p>\n
(…) el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales, impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades preclu\u00eddas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria (\u2026). STC6916-2020, citada en STC13745-2022-. <\/p>\n
Ello, en virtud a que <\/p>\n
(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (STC6916-2020, citada en STC13745-2022). <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, el socorro resulta impr\u00f3spero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Diana Alexandra L\u00f3pez L\u00f3pez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC922-2023 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC922-2023 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2023-00073-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Desata la Corte la tutela que Diana Alexandra L\u00f3pez L\u00f3pez le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71114","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71114","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71114"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71114\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71114"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71114"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71114"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}