STC926-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC926-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2022-02268-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia (STP15668-2022) en la causa constitucional invocada por Jes\u00fas Enor Silva Moreno frente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad con ocasi\u00f3n del proceso penal 2019-10235, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
El accionante fue condenado por los delitos de acceso carnal abusivo y agravado con menor de 14 a\u00f1os, actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravados e incesto a la pena de 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n, decisi\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia por el colegiado accionado con providencia de 27 de abril de 2022. <\/p>\n
Cuestion\u00f3 en s\u00edntesis, los elementos probatorios que se tuvieron en cuenta para resolver su caso, especialmente la prueba de referencia, pues en su criterio se vulneraron los art\u00edculos 438 y 381 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. <\/p>\n
En consecuencia, pide que se revoque la decisi\u00f3n de segunda instancia que confirm\u00f3 la condena impuesta en su contra. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Sexto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento relat\u00f3 las actuaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite fustigado el aqu\u00ed tutelante, defendi\u00f3 la legal de sus actuaciones y cuestion\u00f3 la temeridad con la que act\u00faa Silva Moreno, puesto que en anteriores oportunidades se han decidido dos acciones de tutela relacionada sobre estas mismas circunstancias1. <\/p>\n
2. Francisco Capacho Torres, quien fuere defensor p\u00fablico de Jes\u00fas Enor Silva Moreno, mencion\u00f3 que hasta el 31 de diciembre de 2021 tuvo vinculaci\u00f3n con la entidad que lo habilitaba para ejercer la defensa del condenado, por lo que desconoce las actuaciones que se surtieron con posterioridad a tal data. <\/p>\n
3. El Procurador 60 Judicial II Penal de Cali, defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal, pues la prueba de referencia inducida en el juicio, consistente en la denuncia presentada por la v\u00edctima no trasgrede las garant\u00edas fundamentales del tutelante. <\/p>\n
LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo por temeridad, toda vez que con anterioridad, esa misma sala con anterioridad resolvi\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela, declarando la subsidiariedad por el no agotamiento del recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El memorialista impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, reiterando que ha sido mal asesorado en el proceso y excusando u insistencia con la misma acci\u00f3n de tutela, pero que acude a este mecanismo porque no conoce otro que pueda ejercer. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En el caso concreto, el censor cuestiona la decisi\u00f3n que lo conden\u00f3 a pagar 25 a\u00f1os de prisi\u00f3n por el delito de acceso carnal violento con menor de 14 e incesto, cometido contra su menor hija, por las discusiones probatorias que all\u00ed se dieron. <\/p>\n
3. En este orden de ideas, de manera liminar se advierte que esta Corporaci\u00f3n, en otrora oportunidad, se pronunci\u00f3 respecto de id\u00e9nticas inconformidades a las ahora expuestas, raz\u00f3n por la cual le est\u00e1 vedado realizar un nuevo estudio a la luz de los derechos fundamentales, toda vez que la presente acci\u00f3n se subsume en el supuesto del art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En efecto, en aquella oportunidad est\u00e1 Sala rese\u00f1\u00f3 como circunstancias relevantes para la definici\u00f3n de esa acci\u00f3n de tutela, los siguientes: <\/p>\n
2. En apoyo de su petici\u00f3n, se\u00f1al\u00f3 que el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Cali -en prove\u00eddo del 23 de noviembre de 2021- lo conden\u00f3 a 25 a\u00f1os de c\u00e1rcel por la comisi\u00f3n de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1o agravado, actos sexuales con menor de 14 a\u00f1os agravado e incesto. <\/p>\n
2.1. Luego, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la capital del Valle del Cauca -con providencia del 27 de abril de 2022- confirm\u00f3 la determinaci\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que \u00abse tenga en cuenta las serias dudas razonables que se evidencian en mi proceso y que se dicte un fallo de acuerdo a la ley y la Constituci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Y ante esas contingencias la Corte resolvi\u00f3 que: <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, el actor pretende que se deje sin efectos las decisiones de instancia proferidos dentro del proceso penal radicado 2019-10235. Esto pues, seg\u00fan su entender, los estrados judiciales resolvieron el pleito bas\u00e1ndose en pruebas de referencia, las cuales no eran aplicables al caso. Asimismo, resalt\u00f3 que la testigo principal no compareci\u00f3 al juicio, ni rindi\u00f3 testimonio, por tanto, se le deb\u00eda absolver porque su culpabilidad no fue probada m\u00e1s all\u00e1 de toda duda razonable. Y, por \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que la fiscal\u00eda <\/p>\n
arrim\u00f3 pruebas por fuera del periodo probatorio, por lo que, no cumpl\u00edan con los requisitos para su admisibilidad. <\/p>\n
2. Pues bien, revisado el expediente procesal se observa que no se cumple con el presupuesto general de la subsidiariedad exigido para la salvaguarda impetrada. Esto, comoquiera que el accionante no interpuso el recurso extraordinario de casaci\u00f3n con que contaba para atacar lo decidido en la providencia del 27 de abril de 2022. En ese <\/p>\n
orden de ideas, es claro que el impugnante desperdici\u00f3 las oportunidades procesales con miras a que le fueran atendidas sus s\u00faplicas, incuria que desnaturaliza la finalidad de la acci\u00f3n constitucional. Sobre el particular, ha destacado esta Colegiatura que: <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb. (ver recientemente CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
Se trata, entonces, de una queja constitucional reiterada, lo que basta para su rechazo. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico es pertinente recordar que si bien el ejercicio de la acci\u00f3n judicial es una potestad que cautela los derechos subjetivos y asegura la observancia del ordenamiento jur\u00eddico como lo se\u00f1ala Enrique Barros Bourie, no se puede incurrir en abuso de tales acciones2. <\/p>\n
El derecho procesal como una herramienta de acci\u00f3n, en aras de la resoluci\u00f3n de los conflictos jur\u00eddicos, establece las ritualidades del proceso en cada una de sus etapas y la forma en que deben concluir, adicion\u00e1ndole en caso de inconformidad de una de las partes, la posibilidad de acudir a otra instancia con las impugnaciones respectivas; pero cuando son omitidas esas r\u00e9plicas, o usadas sin atender las cargas propicias para su cabal efecto, no pueden pretender los interesados mantener el ejercicio obstinado de nuevas acciones para justificar el propio descuido. <\/p>\n
En asuntos que guardan similitud al presente caso, la Corte ha considerado que: <\/p>\n
[p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas (CSJ STC, 20 abr. 2006, rad. 2006-00522-00; STC6152, 21 may. 2015, rad. 2015-00678-01). <\/p>\n
4. Lo anterior se considera suficiente para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, confirma la providencia recurrida. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 STC10335-2022, Magistrado Ponente el doctor FRANCISCO TERNERA BARRIOS y STC8499-2022, Magistrada Ponente Dra. Hilda Gonz\u00e1lez Neira. <\/p>\n
2\u0002 BARROS BOURIE Enrique (2009), Tratado de Responsabilidad Extracontractual, Cap\u00edtulo IX Abuso de Derecho, Editorial Jur\u00eddica de Chile, Santiago-Chile. <\/p>\n
1 <\/p>\n
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