STC928-2023<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC928-2023 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Rosibel Echeverry Ruiz instaur\u00f3 frente a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrio y el Banco Agrario de Colombia S.A., extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2017-00147. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista, en nombre propio, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y a la \u00abvida\u00bb, para que se ordenara dejar sin efecto el numeral 2\u00b0 de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 30 de noviembre de 2022, \u00ab\u00fanica y exclusivamente en [lo que respecta a la] desestim[aci\u00f3n de] la buena fe exenta de culpa alegada y (\u2026) emita una nueva (\u2026) sobre tal aspecto teniendo en cuenta lo se\u00f1alado\u00bb. <\/p>\n
En sustento adujo que acudi\u00f3 en calidad de opositora al juicio de restituci\u00f3n de tierras que Clara Victoria y Jorge Tulio \u00c1lzate Vel\u00e1squez y Daniela \u00c1lzate promovieron respecto de tres predios ubicados en la \u201ccarrera 7 n\u00b0 47-10, apartamento 201\u201d, \u201ccarrera 7 n\u00b0 47-14\u201d y \u201ccarrera 8 n\u00b0 36\u00aa-77\u201d, identificados con M.I. 019-3411, 019-2008 y 019-8013, correspondientemente (rad. 2017-00147), porque los dos primeros los adquiri\u00f3 en la diligencia de remate que celebr\u00f3 el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrio el 29 de marzo de 2003 en el \u201cejecutivo hipotecario\u201d que el Banco Agrario de Colombia S.A. inco\u00f3 contra Alonso de Jes\u00fas Correa Rodr\u00edguez (rad. 2002-00005). <\/p>\n
Dijo que inform\u00f3 en ese litigio que los inmuebles se avaluaron en $65\u2019472.600, raz\u00f3n por cual \u201cpag\u00f3 un justo precio de conformidad con el porcentaje informado por ese despacho (\u2026), actu[\u00f3] con absoluta rectitud en el marco de los negocios jur\u00eddicos (\u2026), con buena fe, plena confianza conforme a la Constituci\u00f3n y las leyes colombianas\u201d; sin embargo, la Magistratura censurada declar\u00f3 impr\u00f3spera su \u201coposici\u00f3n\u201d y le neg\u00f3 la calidad de compradora con buena fe exenta de culpa, el derecho a mejoras y de segunda ocupante (30 nov. 2022). <\/p>\n
Discrep\u00f3 de esa determinaci\u00f3n, por cuanto \u201c(i) D[io] por notorio, sin serlo, los asesinatos de los familiares de los solicitantes; (ii) Omit[i\u00f3] valorar el largo tiempo entre tales homicidios y la enajenaci\u00f3n del bien, acaecida en 2003; (iii) No t[uvo] en cuenta que en el folio del predio estaban registradas las adjudicaciones realizadas en una sucesi\u00f3n, licencia de venta de inmuebles de menores y en un remate, tr\u00e1mites surtidos ante despachos judiciales y lo cual le gener\u00f3 confianza sobre el predio para comprarlo; (iv) Reproch[\u00f3] la intermediaci\u00f3n de los juzgados judiciales, en las trasferencias de los inmuebles, pues \u00e9sta no acreditaba los antecedentes de violencia, y tampoco resulta suficiente para probar la buena fe; (v) Desconoc[i\u00f3] que no ten\u00eda ning\u00fan v\u00ednculo con las circunstancias tr\u00e1gicas que padecieron los padres de los solicitantes; e (vi) Inaplic[\u00f3] el precedente en la materia\u201d. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que padece \u201cc\u00e1ncer TUMOR MALIGNO DEL ENDOCERVIX\u201d, situaci\u00f3n que la motiv\u00f3 a adelantar esta salvaguarda \u201cpor no contar con el tiempo necesario antes de que se agrave [su] enfermedad (\u2026), no t[iene] recursos o tiempo para enfrentar un nuevo juicio p[oder] aclarar [la] verdad sobre los hechos materia de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras\u201d. <\/p>\n
2.- La Sala Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta pidi\u00f3 negar el ruego e insisti\u00f3 en los fundamentos de la providencia criticada. <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrio remiti\u00f3 el expediente digital del \u201cejecutivo hipotecario\u201d n.\u00b0 2002-0005 y cont\u00f3 que este finaliz\u00f3 \u201ccon el remate del inmueble (\u2026) que fue adjudicado a Rosibel Echeverry Ruiz\u201d. <\/p>\n
Melissa Rodr\u00edguez Echeverry coadyuv\u00f3 el petittum de la impulsora e indic\u00f3 que tambi\u00e9n \u201cse opuso solicitando el reconocimiento de su buena fe exenta de culpa a la hora de\u201d realizar el negocio jur\u00eddico respecto del fundo con M.I. 019-8013 que result\u00f3 involucrado en la lid objetada; en ese orden, exigi\u00f3 extender la concesi\u00f3n del amparo a su favor y pronunciarse acerca de lo solventado. <\/p>\n
El Banco Agrario de Colombia S.A. y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas – UAEGRTD instaron su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1.- Ab initio, se anuncia que el fallo reprochado dictado por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de C\u00facuta (30 nov. 2022) no fue el resultado de criterios subjetivos u ostensiblemente alejados del ordenamiento patrio o de la realidad procesal. <\/p>\n
Circunscrita la Corte a la inconformidad planteada por la actora, esto es, su \u00abbuena fe exenta de culpa\u00bb en la obtenci\u00f3n de los bienes identificados con M.I. 019-3411, 019-2008, se vislumbra que la Colegiatura confutada, en aras de establecer su condici\u00f3n en relaci\u00f3n con lo ocurrido en las propiedades, transcribi\u00f3 los argumentos expuestos por esta, a saber: <\/p>\n
\u00abque obr[\u00f3] con plena conciencia, lealtad, de manera correcta y conforma con la normatividad, actuando con plena seguridad que (\u2026) el Juzgado de Puerto Berr\u00edo estaban subastando los bienes ac\u00e1 reclamados con la Constituci\u00f3n y la Ley y asimismo (\u2026) al momento de hacer postura en el remate no mediaron presiones ni amenazas y tampoco se advirti\u00f3 que la enajenaci\u00f3n de las propiedades en cuesti\u00f3n se efectuada por agresiones o temores propiciados por los grupos armados ilegales con presencia en el sector; igualmente porque se realizaron averiguaciones con vecinos de la zona con m\u00e1s de treinta a\u00f1os de habitar la aludida municipalidad y en los Juzgados donde reposaban los expedientes. As\u00ed las cosas, se port[\u00f3] con meridiana diligencia, prudencia y por consiguiente no se aprovech[\u00f3] de ninguna situaci\u00f3n de violencia y que no tuvo injerencia el conflicto armado\u00bb. <\/p>\n
Luego, resalt\u00f3 que, en estos eventos, es necesario que quien alegue dicha posici\u00f3n, acredite que \u00absu comportamiento positivo y externo (\u2026) estuvo de veras signado por la rectitud y por consecuencia que nada hay que reprocharle. En par palabras: que fue exigentemente diligente\u00bb, por lo que, no es suficiente \u00abla mera manifestaci\u00f3n de que se ten\u00eda la convicci\u00f3n o creencia o pensamiento de estar actuando correctamente sino la efectiva comprobaci\u00f3n de que as\u00ed procedi\u00f3\u00bb, es decir, su carga en la Litis debe ser de \u00abactividad y dedicaci\u00f3n (\u2026) [para] suministr[ar] una prueba s\u00f3lida, plena, segura y completa (\u2026) destinada [a] (\u2026) patentizar su diligencia en esas gestiones de previo an\u00e1lisis que le autorizaban concluir que el proyectado negocio pod\u00eda realizarse sin inconveniente\u00bb. <\/p>\n
Con esas precisiones, adver\u00f3 que Echeverry Ruiz no satisfizo esa tarea, en tanto, se comprob\u00f3 que \u00abestuvo enterada de que los bienes por ella adquiridos en tiempos anteriores hab\u00edan sido de propiedad de los reclamantes (\u2026) y con antelaci\u00f3n de estos mismos\u00bb, tal como lo afirm\u00f3 en su declaraci\u00f3n al aceptar que revis\u00f3 los Certificados de Libertad y Tradici\u00f3n en donde aparecen los historiales de los due\u00f1os. <\/p>\n
Adicionalmente, verific\u00f3 que aquella tuvo conocimiento del asesinato de los propietarios Alberto \u00c1lzate y Glor\u00eda Luc\u00eda por rumores en la vecindad, de manera que, no le result\u00f3 justificable el hecho que \u00abse trat[ara] de unas compras a las que, en ambos casos, les antecedieron unos remates (\u2026) que al corresponderse con diligencias realizadas por el Ministerio de Justicia en las que el funcionario judicial hace las veces de representante del vendedor (\u2026) estaban per se revestidas de una comprensible garant\u00eda de legalidad y confiabilidad\u00bb; ello, comoquiera que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mero hecho de adquirir las propiedades de ese modo, no envolv\u00eda de suyo que los rematantes (que en cualquier caso siguen siendo \u201ccompradores\u201d) se ubicaren en lugar de c\u00f3modo privilegio que de alguna manera les significarse acaso un tratamiento benevolente o excepcional que por eso solo les dispensare del deber de acreditar la invocada buena fe exenta de culpa, con todo lo que ello significa. Nada de eso. Pues por fuera de que la prueba de esa categor\u00eda no se presume ni se sobrentiende cuanto que reclama cabal comprobaci\u00f3n como desde un comienzo se enfatiz\u00f3, a la verdad no existe raz\u00f3n f\u00e1ctica ni jur\u00eddica atendible para que en este espec\u00edfico caso y por ese motivo, se quiebre tan exigente postulado. No. De su cargo est\u00e1 probar irrefragablemente esa condici\u00f3n, justo como estar\u00eda compelido a hacerlo cualquiera que funja de opositor. No hay aqu\u00ed excepci\u00f3n ni tendr\u00eda por qu\u00e9 haberla\u00bb. <\/p>\n
Reforz\u00f3 la anterior apreciaci\u00f3n, destacando la venta de los bienes en menci\u00f3n adelantada por la curadora a trav\u00e9s de licencia judicial, una vez acaeci\u00f3 el crimen de Alberto \u00c1lzate y Glor\u00eda Luc\u00eda, ya que sus hijos menores de edad corr\u00edan peligro y por la imposibilidad de administrarlos por la situaci\u00f3n de violencia, circunstancias imposibles de evadir o desconocer por la \u00abopositora\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, en torno al reporte de caracterizaci\u00f3n de Rosibel Echeverry, evidenci\u00f3 que a la fecha no tiene \u00abcarencias\u00bb que la ubiquen como \u00abvulnerable\u00bb, ni observ\u00f3 afectaci\u00f3n a sus \u00abderechos a la vida digna ni al m\u00ednimo vital, ni mucho menos la p\u00e9rdida del terreno [la] dejar\u00eda expuesta a quedar en deplorable situaci\u00f3n\u00bb, habida cuenta que los inmuebles no eran utilizados para vivienda, pues reside en un lugar distinto, constat\u00f3 que tiene otros terrenos, veh\u00edculos y practica actividades de comercio, de lo que se infiere que no \u00abimplicar\u00eda poner en riesgo su estabilidad econ\u00f3mica\u00bb; as\u00ed las cosas, no se cumplieron los presupuestos para reconocerla como \u00absegunda ocupante\u00bb y asignarle compensaci\u00f3n a su favor. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como busca la precursora, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo prop\u00f3sito no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; STC,9232-2018, STC2544-2021, STC360-2023). <\/p>\n
3.- Respecto a Melissa Rodr\u00edguez Echeverry, \u00abopositora\u00bb en la causa controvertida, se aclara que la misma concurri\u00f3 al presente tr\u00e1mite como \u00abcoadyuvante\u00bb y no como accionante, por lo que le incumbe formular la \u00abtutela correspondiente con el fin de que sus requerimientos y presunta trasgresi\u00f3n a sus garant\u00edas supralegales sean objeto de debate y definici\u00f3n en sede constitucional. Frente a dicho t\u00f3pico, la Sala ha predicado: <\/p>\n
La coadyuvancia y\/o la participaci\u00f3n de terceros est\u00e1 encaminada a prestar ayuda o apoyo a la postura planteada ya sea por el demandante o demandado, no obstante, no puede llegar a ser parte de los extremos y, mucho menos, pretender formular sus propias pretensiones en la impugnaci\u00f3n del fallo, como en el presente caso ocurri\u00f3. As\u00ed las cosas, si los intervinientes consideran que se han vulnerado sus garant\u00edas fundamentales deber\u00e1n presentar una solicitud de amparo directa, en la que funjan como actores principales y reclamen sus propios derechos, a fin de permitir que los convocados ejerzan su defensa respecto de los mismos. (STC9558-2020, STC14770-2021). <\/p>\n
4.- En conclusi\u00f3n, el ruego no puede salir avante. <\/p>\n
<\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela interpuesta por Rosibel Echeverry Ruiz contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, el Juzgado Civil del Circuito de Puerto Berrio y el Banco Agrario de Colombia S.A. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
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HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
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<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
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<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
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<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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