STC929-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC929-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2023-00284-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jorge Eliecer Gonz\u00e1lez \u00c1vila contra la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el ejecutivo n\u00ba 2011-00127. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido por los autos (i) de 7 de marzo de 2022 (confirmado en prove\u00eddo de 19 de mayo siguiente), mediante el cual el fallador a quo se neg\u00f3 a avalar la acumulaci\u00f3n de demandas que \u00e9l pretende adelantar en el referido coactivo; y (ii) de 25 de julio de 2022, con el cual el ad quem declar\u00f3 bien denegada la apelaci\u00f3n interpuesta contra dichas decisiones. <\/p>\n
2. Pidi\u00f3, en consecuencia, que se dejen sin efecto las cuestionadas providencias y que, en su lugar, se acceda a la pretendida acumulaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Banco Davivienda S.A. manifest\u00f3 que del libelo introductor no se extrae trasgresi\u00f3n alguna que le sea atribuible. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento f\u00e1ctico de la demanda de tutela evidencia una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda all\u00ed invocada que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar las determinaciones sometidas a escrutinio de esta Corte, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de la garant\u00eda fundamental invocada, en raz\u00f3n a que dichas providencias obedecieron a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
Para desestimar la solicitud de acumulaci\u00f3n elevada por el querellante, el fallador a quo argument\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl art\u00edculo 626 del C.G.P. despleg\u00f3 de manera clara el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, de acuerdo al tipo de proceso, es decir, si era ordinario, abreviado, verbal sumario, ejecutivo y dem\u00e1s, y etapa en que se encontraba, o sea, si estaba en decreto de pruebas pero admitido y notificado, pr\u00e1ctica de pruebas, alegatos, o se encuentra para sentencia. Este r\u00e9gimen de transici\u00f3n regul\u00f3 como se transitar\u00eda del C\u00f3digo de Procedimiento Civil al C\u00f3digo General del Proceso en dichos procesos, por lo tanto, a partir de ese d\u00eda a todos los asuntos nuevos se les aplica el ordenamiento actual, mientras que los tr\u00e1mites en curso se someter\u00edan a las reglas de transici\u00f3n legislativa. Como la presente demanda trata de un proceso ejecutivo, nos remitiremos solo a lo previsto en los incisos 1 y 2 del numeral 4 del art\u00edculo 625 del C.G.P. (\u2026). Ahora bien, en el caso sub examine si no hubiere estado culminado el plazo para excepcionar, se continuar\u00eda aplicando el C\u00f3digo de Procedimiento Civil hasta que este expire; pero como dicho plazo culmin\u00f3, todas las actuaciones subsiguientes y situaciones procesales deben someterse al C\u00f3digo General del Proceso tal y como ha venido sucediendo, por lo que la acumulaci\u00f3n de demanda invocada no iba a ser la excepci\u00f3n y deb\u00eda decidirse conforme a los par\u00e1metros de la legislaci\u00f3n vigente (C.G.P.) como en efecto lo hizo el despacho, y no bajo la aplicaci\u00f3n de la normatividad del C.P.C. como lo pretende el reposicionista, que para este caso se encuentran extintas. Lo cierto es que aunque el presente proceso se inici\u00f3 como mixto, el cual se reg\u00eda por el mismo tr\u00e1mite de los ejecutivos con acci\u00f3n personal, la nueva legislaci\u00f3n unific\u00f3 la tramitolog\u00eda de todos los procesos de ejecuci\u00f3n, llegando al punto de permitir en los procesos de ejecuci\u00f3n con garant\u00eda real perseguir no solo la exclusividad de la efectividad de la garant\u00eda real sino la de otros bienes, tal como lo permit\u00eda el C\u00f3digo de Procedimiento Civil en los procesos de ejecuci\u00f3n con acci\u00f3n mixta, solo que como el presente proceso qued\u00f3 ajustado al comportamiento de la actual normatividad, se hace imposible la acumulaci\u00f3n pretendida por el recurrente conforme a as\u00ed lo dispone el art\u00edculo 463 del C.G.P. en su numeral 6 (\u2026). Incluso, en el caso de pretender acumular procesos ejecutivos con acci\u00f3n personal inciados, esta misma incompatibilidad se sigue dando en el marco de la nueva legislaci\u00f3n, a menos que la acumulaci\u00f3n lo solicite el ejecutante del proceso con garant\u00eda real, por as\u00ed prescribirlo el numeral 1 del canon 464 ibidem, que textualmente dice: \u201cPara que pueda acumularse un proceso ejecutivo quirografario a otro en el que se persiga exclusivamente la efectividad de la garant\u00eda real, es necesario que lo solicite el ejecutante con garant\u00eda real\u201d\u00bb. <\/p>\n
En lo que ata\u00f1e a la naturaleza apelable de la decisi\u00f3n reci\u00e9n citada, el tribunal se pronunci\u00f3 en el siguiente sentido: <\/p>\n
\u00abes menester aclarar primeramente que esta Judicatura de conformidad con el art\u00edculo 352 del C.G.P., va a dilucidar solamente si es procedente o no el recurso de apelaci\u00f3n contra el auto que neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n de demandas pretendida por el demandante en el proceso de la referencia, m\u00e1s no, si es procedente dicha acumulaci\u00f3n, dado que aqu\u00ed no se est\u00e1 resolviendo un recurso de apelaci\u00f3n, si no, el de queja. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el sub-lite, evidencia esta Judicatura que no se cumple con el requisito de procedencia para interponer el recurso, por las consideraciones que pasamos a exponer: <\/p>\n
Dentro del proceso de la referencia, alega la parte demandante que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Monter\u00eda – C\u00f3rdoba, toma un criterio equivocado al negar por improcedente el recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto adiado 07 de marzo de 2022, mediante el cual el Juzgado resolvi\u00f3 negar la acumulaci\u00f3n de la demanda pretendida por el se\u00f1or Eliecer Gonz\u00e1lez \u00c1vila. En raz\u00f3n a ello, el quejoso sostiene que s\u00ed procede el recurso de apelaci\u00f3n en contra del auto que neg\u00f3 dicha acumulaci\u00f3n, aduciendo que, como quiera que con la negativa de la acumulaci\u00f3n se producen dos efectos procesales, tales como negar el mandamiento ejecutivo y el rechazo de la demanda, debe proveerse la alzada, teniendo en cuenta que: 1. El auto que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago es apelable en el efecto suspensivo (Art. 438 del CGP). 2. El auto que rechaza la demanda es apelable (Art. Art\u00edculo 321num 1\u00ba C.G.P.) <\/p>\n
Concluye diciendo que, al operador judicial no le es permitido proveer providencias diferentes a las regladas en la ley adjetiva para pronunciarse sobre la presentaci\u00f3n de la demanda, y proferir orden de librar mandamiento de pago. <\/p>\n
Sea lo primera advertir que, si bien es cierto que el recurso de apelaci\u00f3n procede contra el auto que rechaza la demanda y el que niega total o parcialmente el mandamiento de pago, tal argumento manifestado por el quejoso no tiene asidero en el presente asunto, por cuanto la A quo en su providencia, no se pronunci\u00f3 sobre ello, solo lo hizo respecto a la acumulaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, esta Sala considera que la decisi\u00f3n de la Juez de primera instancia de negar la concesi\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n en subsidio interpuesto en contra del prove\u00eddo adiado 07 de marzo de 2022, est\u00e1 ajustada a derecho. Para entender lo anteriormente deprecado, es necesario remitirnos al art\u00edculo 321 del C.G.P., que establece taxativamente cuales son las providencias de primera instancia susceptibles del recurso de apelaci\u00f3n; entre ellos encontramos: <\/p>\n
\u201cArt\u00edculo 321. Procedencia Son apelables las sentencias de primera instancia, salvo las que se dicten en equidad. Tambi\u00e9n son apelables los siguientes autos proferidos en primera instancia: 1. El que rechace la demanda, su reforma o la contestaci\u00f3n a cualquiera de ellas. 2. El que niegue la intervenci\u00f3n de sucesores procesales o de terceros. 3. El que niegue el decreto o la pr\u00e1ctica de pruebas. 4. El que niegue total o parcialmente el mandamiento de pago y el que rechace de plano las excepciones de m\u00e9rito en el proceso ejecutivo. 5. El que rechace de plano un incidente y el que lo resuelva. 6. El que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva. 7. El que por cualquier causa le ponga fin al proceso. 8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la cauci\u00f3n para decretarla, impedirla o levantarla. 9. El que resuelva sobre la oposici\u00f3n a la entrega de bienes, y el que la rechace de plano. 10. Los dem\u00e1s expresamente se\u00f1alados en este c\u00f3digo.\u201d <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, la providencia que neg\u00f3 la acumulaci\u00f3n de la demanda pretendida por el actor no est\u00e1 se\u00f1alada en el art\u00edculo citado ni en ninguna otra norma aplicable al caso en cuesti\u00f3n, como un auto que admita recurso de apelaci\u00f3n, por lo tanto, no se podr\u00eda admitir un recurso en contra de una providencia que no es susceptible de \u00e9ste, pues resulta ser improcedente\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 a los falladores encartados. Por el contrario, las providencias criticadas se basaron en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para intentar hacer prevalecer una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza la independencia judicial. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que las fustigadas providencias se encuentren afectadas por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque las providencias materia de censura fueron motivadas y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al de los juzgadores de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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