STC933-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC933-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00335-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Iracema Barrios R\u00faa contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n\u00ba 2020-00153. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Actuando por conducto de apoderado judicial, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso e igualdad, supuestamente conculcadas por las autoridades convocadas al proferir los fallos de primera y segunda instancia en el juicio n\u00ba 2020-00153. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como hechos que soportan la solicitud de amparo refiere, en s\u00edntesis, que promovi\u00f3 el citado proceso de responsabilidad civil contractual contra la Aseguradora Solidaria de Colombia, y otros, asunto que fue asignado por reparto al Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, quien mediante providencia de 6 de mayo de 2021 declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n denominada \u00abnulidad relativa del contrato\u00bb, por lo que neg\u00f3 las pretensiones. <\/p>\n
Relata que la anterior determinaci\u00f3n fue objeto de apelaci\u00f3n, no obstante, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 17 de junio de 2022, confirm\u00f3 el fallo. <\/p>\n
Inconforme con lo resuelto, el 30 de enero de 2023, promovi\u00f3 la presente solicitud de amparo cuestionando la forma en la que los jueces convocados valoraron las pruebas. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de esta excepcional senda constitucional se invaliden las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el proceso n\u00b0 2020-00153, y en su lugar, se acceda a lo solicitado en la demanda. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por conducto de una de sus magistradas hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en virtud del juicio que origina el reclamo constitucional, destac\u00f3 que el 17 de junio de 2022 revoc\u00f3 el fallo del a quo, sin que tal determinaci\u00f3n constituya v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez de tutela. Enfatiz\u00f3 que el auxilio incumple el presupuesto de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Aseguradora Solidaria de Colombia, se opuso a la prosperidad del amparo relievando que este particular mecanismo no ha sido establecido para dar tr\u00e1mite a la pretensi\u00f3n de la accionante, aunado a que no acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Banco Davivienda S.A., manifest\u00f3 que el contrato de leasing al que alude la promotora fue respaldado por un seguro de vida del deudor \u00abdesde el 05\/12\/2019 hasta el 31\/03\/2021 fue respaldado por el seguro de vida grupo deudores de la compa\u00f1\u00eda de Seguros Solidaria (Aseguradora que gan\u00f3 el proceso de licitaci\u00f3n de seguros hipotecarios para la vigencia del 01\/04\/2019 al 31\/03\/2021). Desde el 01\/04\/2021 a la fecha est\u00e1 respaldado por el seguro de vida grupo deudores de la compa\u00f1\u00eda de Seguros Bol\u00edvar (Aseguradora que gan\u00f3 el proceso de licitaci\u00f3n de seguros hipotecarios para la vigencia del 01\/04\/2021 al 31\/03\/2022). La p\u00f3liza de incendio y terremoto desde su inicio de vigencia ha sido con la compa\u00f1\u00eda de seguros Bol\u00edvar\u00bb. Destac\u00f3 que esa entidad s\u00f3lo funge como intermediario entre el cliente y la aseguradora. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla inform\u00f3 que ese despacho profiri\u00f3 sentencia de primera instancia el 6 de mayo de 2021, determinaci\u00f3n que fue \u00abconfirmada\u00bb por su superior jer\u00e1rquico funcional el 17 de junio de 2022. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la inmediatez, y una vez superado lo anterior, determinar si los estrados convocados vulneraron las prerrogativas que reclama la gestora al interior del juicio de responsabilidad civil contractual n\u00b0 2020-00153. <\/p>\n
<\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
Conforme a lo anterior, al realizar el examen preliminar de la acci\u00f3n, resulta imprescindible constatar la presencia de los se\u00f1alados requisitos, destac\u00e1ndose como esenciales el temporal y el de la subsidiariedad, esto es, que la reclamaci\u00f3n se realice en un t\u00e9rmino prudencial y razonable y, que previo a la invocaci\u00f3n del auxilio, se haya acudido a los instrumentos de defensa judicial legalmente previstos. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
Analizados los fundamentos que soportan el presente auxilio ha de precisarse que el resguardo implorado deviene improcedente por las razones que pasan a explicarse: <\/p>\n
Incumplimiento del requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01). <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace frente a las sentencias proferidas el 6 de mayo de 2021 y 17 de junio de 2022, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla, y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del precitado Distrito Judicial, en el juicio de responsabilidad civil n\u00ba 2020-00153 no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la presente tutela se radic\u00f3 el 30 de enero de 2023, es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como razonable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la eventual afectada debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto se ha dicho: <\/p>\n
De otra parte, tampoco se demostr\u00f3 justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues aunque el mentado requisito podr\u00eda flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, dichas circunstancias no fueron acreditadas en este caso. <\/p>\n
Cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El auxilio ser\u00e1 desestimado porque incumple el presupuesto de la inmediatez respecto del reproche endilgado frente a los fallos de 6 de mayo de 2021 y 17 de junio de 2022. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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