STC938-2023<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC938-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 73001-22-13-000-2022-00458-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9 el 19 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Pablo Huelgos Reyes en nombre propio y como rector del Colegio T\u00e9cnico Carlos J. Huelgos, contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00b0 2021-00504. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Obrando en la citada condici\u00f3n, el accionante acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente quebrantados por las autoridades judiciales convocadas con las sanciones que le fueron impuestas dentro del incidente de desacato seguido en su contra. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes, se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
Olga Lucy G\u00f3mez Su\u00e1rez interpuso tutela contra el Colegio T\u00e9cnico Carlos J. Huelgos para que se le emita certificaci\u00f3n laboral por el tiempo que all\u00ed labor\u00f3 como docente, que correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Primero Civil Municipal de Ibagu\u00e9 bajo el n\u00b0 2021-00504, quien en fallo del 24 de noviembre de 2021 neg\u00f3 el amparo solicitado. <\/p>\n
Impugnado lo resuelto, en prove\u00eddo del 28 de enero de 2022 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma ciudad lo revoc\u00f3, para conceder la protecci\u00f3n reclamada y ordenar al representante legal del centro educativo accionado que \u00abemita una respuesta clara, concreta y de fondo a la petici\u00f3n enarbolada por [la gestora] el 7 de septiembre de 2021, teniendo en cuenta que se trata de la misma instituci\u00f3n educativa que para el periodo comprendido entre los a\u00f1os 1998 hasta 2002 se denomin\u00f3, seg\u00fan las resoluciones 783 de diciembre 24 de 1993 y 1903 de noviembre 29 de 2000, \u201cColegio Cooperativo Sindicato \u00danico de Choferes\u201d y \u201cColegio T\u00e9cnico Cooperativo Sindicato de Choferes \u201cCOOPESUC\u201d, respectivamente\u201d\u00bb. <\/p>\n
Como no se dio cumplimiento a la orden impartida, la citada convocante promovi\u00f3 incidente de desacato, el que culmin\u00f3 con decisi\u00f3n del 2 de septiembre siguiente, en la cual se sancion\u00f3 a Juan Pablo Huelgos Reyes, ahora accionante, como rector y representante legal del Colegio T\u00e9cnico Carlos J. Huelgos, con arresto de un (1) d\u00eda y multa de un (1) s.m.l.m.v., determinaci\u00f3n que fue confirmada en sede de consulta por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de la misma urbe en auto del d\u00eda 8 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Inconforme con la decisi\u00f3n constitucional de segunda instancia y la sancionatoria, el actor acude al presente mecanismo excepcional de protecci\u00f3n, pues \u00abEl despacho Ad-quem se niega a tener por contestado el derecho de petici\u00f3n de la accionado, a\u00fan cuando en la respuesta dada se le indica a la misma, que ella fue contratada por un tercero que no corresponde con el propietario del Colegio hoy d\u00eda, n\u00f3tese que el Colegio naci\u00f3 siendo propiedad de una persona JURIDICA SI (SIC) ANIMO DE LUCRO y hoy d\u00eda es de una persona NATURAL, y que de acuerdo con la informaci\u00f3n suministrada por la misma accionante, para el periodo que ella estuvo vinculada laboralmente a la instituci\u00f3n Educativa COLEGIO COOPERATIVO SINDICATO UNICO DE CHOFERES, era de propiedad de la COOPERATIVA DEL SINDICATO UNICO DE CHOFERES COOPESUC, la cual tuvo vida jur\u00eddica hasta el 21 de marzo 2004, fecha en la cual fue liquidada, de conformidad con el Acta 55 registrada en C\u00e1mara de Comercio de \u00e9sta ciudad, fecha en la que dej\u00f3 de existir EL EMPLEADOR de la accionante, pues ella misma indica que labor\u00f3 en dicha instituci\u00f3n en el periodo comprendido entre 1998 y 2002\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La vinculada Olga Lucy G\u00f3mez, en calidad de promotora dentro de la salvaguarda criticada, solicit\u00f3 desestimar lo reclamado, toda vez que \u00abhasta la fecha de hoy, el accionante ha sido renuente al cumplimiento de fallo de tutela proferido dentro de la Acci\u00f3n de Tutela RAD. 2021-00504 y pretende evadir lo ordenado por los jueces a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela presentada, ocultando hechos que ya han sido [all\u00ed] demostrados\u00bb. <\/p>\n
2. La Juez Cuarta Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 se\u00f1al\u00f3 que \u00abno se abre paso la solicitud de amparo, debi\u00e9ndose aplicar las reglas de procedencia de las acciones de tutela contra providencia judicial que han sido indicadas por la jurisprudencia constitucional\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
Neg\u00f3 el auxilio, dado que al examinar el fallo de tutela cuestionado y lo planteado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n, no resulta admisible acudir a una nueva acci\u00f3n constitucional para atacar una decisi\u00f3n de la misma naturaleza, m\u00e1s a\u00fan cuando tampoco se supera el requisito de la inmediatez; adem\u00e1s, frente a las decisiones adoptadas en sede del incidente de desacato promovido posteriormente, \u00abse tiene evidencia suficiente para considerar, que en efecto el accionante ha adoptado un comportamiento desafiante frente a la orden contenida en Sentencia del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 de 28 de enero de 2022\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor del resguardo discrep\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n, insistiendo en los planteamientos iniciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por el pretensor al haberlo sancionado por desacato, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida en su contra por Olga Lucy G\u00f3mez Su\u00e1rez n\u00b0 2021-00504. <\/p>\n
2. Caso concreto <\/p>\n
Examinados los argumentos de la queja constitucional y la informaci\u00f3n que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Improcedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones emitidas en incidentes de desacato <\/p>\n
En punto de la viabilidad del resguardo constitucional frente a decisiones proferidas al interior del incidente de desacato, ha de acudirse al criterio reiterado por la jurisprudencia de la Sala, que refiere que la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Carta contra actuaciones judiciales y prove\u00eddos de este mismo talante, resulta, por regla general improcedente: <\/p>\n
\u00abla actividad judicial que se inicia en el marco del art\u00edculo 86 de la constituci\u00f3n pol\u00edtica, solo puede ser examinada por los funcionarios competentes para tramitar los instrumentos jur\u00eddicos enunciados y previstos, que frente a los prove\u00eddos que se profieran en el tr\u00e1mite de los incidentes de desacato, no se considera procedente ning\u00fan otro instrumento diferente de reestudio, incluida como es natural la acci\u00f3n de tutela, porque se convertir\u00eda en un mecanismo llamado a minar las determinaciones tomadas en desarrollo de un tr\u00e1mite de indiscutido raigambre constitucional. <\/p>\n
Es evidente que la real intenci\u00f3n del legislador, en relaci\u00f3n con el incidente de desacato, era que se regulara a s\u00ed mismo, a trav\u00e9s de la decisi\u00f3n incidental y su eventual consulta cuando se impusiere sanci\u00f3n, con total autonom\u00eda y sin injerencia de \u00f3rganos externos, aun de nivel constitucional, que puedan interferir en sus decisiones\u00bb (CSJ STC, 29 nov. 2006, exp. 01927-01, reiterada, entre otras, en STC5121-2022, 27 abr. 2022, rad. 02043-01). <\/p>\n
De otro lado, el precedente constitucional ha dicho que la decisi\u00f3n que define un incidente de desacato puede ser atacada por la misma v\u00eda en el que \u00e9ste tuvo asidero, siempre y cuando se extraiga con solvencia la vulneraci\u00f3n a derechos tambi\u00e9n de orden superior, y en particular \u00abcuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la defensa de las partes o cuando impone una sanci\u00f3n arbitraria\u00bb (CC T-1113\/05). <\/p>\n
Seguidamente ese Alto Tribunal reiter\u00f3 la procedencia excepcional de la tutela en trat\u00e1ndose de \u00abrevertir o de detener situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden proferida en un proceso de amparo\u00bb (CC T-951\/13, T-373\/14); luego, recogiendo sus propios precedentes, mediante sentencia SU-627\/15, concluy\u00f3 que \u00absi la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n tambi\u00e9n ha sostenido su procedencia cuando la providencia reviste caracter\u00edsticas vulneradoras del debido proceso como cuando se omiten etapas de su tr\u00e1mite legal y \u00aben aquellos casos excepcionales, en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 8 feb. 2008 rad. 00344-01, reiterada STC, 9 feb. 2016, rad. 00901-01, STC8903-2022, 13 jul. 2022, rad. 01052-01). <\/p>\n
Realizada la verificaci\u00f3n del escrito inicial, los elementos de convicci\u00f3n adosados al expediente, la normativa y precedentes aplicables, la Sala precisa que habr\u00e1 de refrendarse la negativa del amparo, comoquiera que al revisarse el contenido del auto de 8 de septiembre de 2022, a trav\u00e9s del cual el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 confirm\u00f3, en sede de consulta, la sanci\u00f3n impuesta al gestor en su condici\u00f3n de representante legal del Colegio T\u00e9cnico Carlos J. Huelgos, no se advierte que el inconforme haya acreditado que su reproche se encuentre inmerso en alguna de las causales que potencialmente har\u00edan procedente este excepcional mecanismo, esto es, cuando el juez del desacato se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, vulnera el derecho a la defensa de las partes, impone una sanci\u00f3n arbitraria, o en aquellos casos en que se invoca ausencia de notificaci\u00f3n del accionado. <\/p>\n
N\u00f3tese, que la providencia cuestionada se ajusta a una hermen\u00e9utica razonable, puesto que se ciment\u00f3 en que lo probado \u00abda cuenta no solo el desobedecimiento de la orden impartida en el plano objetivo, sino de la renuencia injustificada (elemento culpabil\u00edstico) de Juan Pablo Huelgos Reyes en expedir la certificaci\u00f3n laboral por los servicios prestados desde el a\u00f1o 1998 hasta 2002 al Sindicato \u00danico de Choferes, hoy denominado Colegio T\u00e9cnico Carlos J. Huelgos, elevada por la accionante. <\/p>\n
La respuesta [d]el 19 de febrero de 2022, con la que el representante legal del Colegio T\u00e9cnico Carlos J. Huelgos pretende acreditar el cumplimiento, no resuelve de fondo, ni de manera clara y concreta las peticiones realizadas por Olga Lucy G\u00f3mez Suarez. Tal escrito contiene un listado de justificaciones para no suministrar la informaci\u00f3n deprecada, sin que se acredite gesti\u00f3n administrativa alguna para dar soluci\u00f3n de fondo al pedimento de la actora, desconociendo los informes presentados por la secretar\u00eda de educaci\u00f3n de Ibagu\u00e9, en los que se anexa la escritura p\u00fablica 1492 de 9 de septiembre de 2004, otorgada en la notar\u00eda quinta de esta ciudad, a trav\u00e9s de la cual fueron protocolizados documentos contentivos de \u201cla relaci\u00f3n del personal administrativo y docente que labor\u00f3 en la Instituci\u00f3n Educativa Colegio T\u00e9cnico Cooperativo Sindicato de Choferes COOPESUC antes, hoy Colegio T\u00e9cnico Carlos J. Huelgos (\u2026) En otras palabras, la mutaci\u00f3n de la raz\u00f3n social del colegio, que por cierto, se ha producido en dos oportunidades, no conlleva que se est\u00e9 frente a una nueva instituci\u00f3n educativa, pues opera bajo la misma licencia de funcionamiento, como lo se\u00f1ala la secretar\u00eda de educaci\u00f3n municipal en su informe\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la referida autoridad consider\u00f3 en el caso estudiado, que el accionado s\u00ed ha desatendido el cabal cumplimiento de la orden constitucional que le fue impartida, a efectos de certificarle a la se\u00f1ora Olga Lucy G\u00f3mez Su\u00e1rez el tiempo que labor\u00f3 como docente en el establecimiento educativo antes llamado Sindicato \u00danico de Choferes, raz\u00f3n por la cual, con la expedici\u00f3n de la providencia que defini\u00f3 el incidente de desacato, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Ibagu\u00e9 no incurri\u00f3 en causal de procedencia excepcional del amparo, en la medida en que motiv\u00f3 adecuadamente la decisi\u00f3n que declar\u00f3 en desacato al ahora censor, con independencia que \u00e9ste no comparta los razonamientos legales por aqu\u00e9lla esbozados. <\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la denegaci\u00f3n del resguardo, dado que no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones proferidas en virtud de un incidente de desacato. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la Sala a quo y, oportunamente, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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