STC940-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC940-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00236-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 18 de octubre 2022 por la Sala Civil -Familia \u2013Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel \u00c1ngel Gonz\u00e1lez Cruz contra la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial – Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Meta, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Guayabetal, Juzgado Promiscuo Municipal de Acac\u00edas, Orlando Jos\u00e9 Mosquera Borja, Juan Pablo Moreno Romero, Jaime Gonz\u00e1lez Cruz, Adriana Marcela Acosta Gonz\u00e1lez, Claudia Roc\u00edo Navas Cruz y la Oficina de Registro de Instrumento P\u00fablicos Zona Sur de Bogot\u00e1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclam\u00f3 protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, debido proceso, celeridad, acceso a la justicia e igualdad, integridad familiar y vida digna, que dice vulnerados por las autoridades accionadas, por lo que solicit\u00f3 que \u00ab2. Se conmine a los accionados para que, expliquen por qu\u00e9 raz\u00f3n, los procesos en contra de: JUZGADO 01 PROMISCUO MUNICIPAL DE GUAYABETAL y JUZGADO 02 PROMISCUO MUNICIPAL DE ACACIAS META y los Profesionales del Derecho ORLANDO JOSE MOSQUERA BORJA y JUAN PABLO MORENO ROMERO, no han programado audiencia con los denunciados?. 3. Se conmine a los accionados para que, expliquen por qu\u00e9 raz\u00f3n, si fueron \u201cdiligentes\u201d, al programar una audiencia en un proceso que no era de su competencia, sino de la Seccional Bogot\u00e1 y que adem\u00e1s es m\u00e1s reciente?.4. Se conmine a los accionados para que, expliquen por qu\u00e9 raz\u00f3n, omitieron respuesta al Derecho de Petici\u00f3n dentro de los t\u00e9rminos de Ley?. 5. Se conmine a los accionados, para que informen, que avances ha tenido el proceso en contra del Profesional del derecho denunciado y por qu\u00e9 raz\u00f3n, el proceso fue remitido inicialmente a la seccional del Meta?.6. Se conmine a los accionados a aplicar los principios de: Celeridad, imparcialidad y objetividad en la administraci\u00f3n de justicia, en este proceso cuyas pruebas son contundentes y se aportaron de manera oportuna y cuyo tr\u00e1mite, no ha generado ning\u00fan resultado a pesar del tiempo transcurrido (m\u00e1s de un a\u00f1o).\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. El 31 de agosto de 2021, radic\u00f3 v\u00eda correo electr\u00f3nico una queja disciplinaria contra los titulares de los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Guayabetal y Promiscuo Municipal de Acac\u00edas, as\u00ed como de los profesionales del derecho Orlando Jos\u00e9 Mosquera Borja y Juan Pablo Moreno Romero. Dicho tr\u00e1mite por competencia correspondi\u00f3 a la Comisi\u00f3n Seccional del Disciplina Judicial de Meta. <\/p>\n
2.2. El 12 de noviembre de 2021, radic\u00f3 derecho de petici\u00f3n ante la Comisi\u00f3n Seccional del Disciplina Judicial de Meta, frente a la cual recibi\u00f3 respuesta el 16 del mismo mes y a\u00f1o, en donde se le brind\u00f3 informaci\u00f3n relacionada con la radicaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n disciplinaria tanto en contra de los titulares de los juzgados como de los profesionales del derecho, as\u00ed mismo se le inform\u00f3 que dichos procesos se encontraban en tr\u00e1mite. <\/p>\n
2.3. El 24 de marzo de 2022 radic\u00f3 un segundo derecho de petici\u00f3n ante la Comisi\u00f3n Seccional accionada, quien dio respuesta el 30 del mismo mes y a\u00f1o, informando que la investigaci\u00f3n en contra de los titulares de los juzgados identificada con el radicado n\u00famero 5000125020002021003660, se encontraba en indagaci\u00f3n preliminar, en igual sentido se indic\u00f3 al peticionario que el tramite disciplinario radicado n\u00famero 5000125020002021004160, seguido en contra de los abogados denunciados, tenia programada audiencia de pruebas y calificaci\u00f3n provisional. <\/p>\n
2.4. El 24 de julio de 2022 radic\u00f3 un tercer derecho de petici\u00f3n ente la Comisi\u00f3n Seccional accionada al no advertir avances en los procesos disciplinarios, pues hab\u00eda transcurrido m\u00e1s de 10 meses desde la radicaci\u00f3n de la queja, no obstante, tras 2 meses no ha recibido respuesta alguna a su petici\u00f3n, as\u00ed como tampoco se advierte avance en el tramite de la investigaci\u00f3n disciplinaria. <\/p>\n
1. La Comisi\u00f3n Nacional de Judicial manifest\u00f3 la existencia de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que revisado el sistema de consulta de los procesos advirtieron que los radicados descritos por el petente no han llegado a dicha dependencia con el fin de realizar el respectivo reparto y dar el tr\u00e1mite correspondiente. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal del Guayabetal (Cundinamarca), adujo carecer de legitimaci\u00f3n para responder por cuanto no es el llamado a brindar informaci\u00f3n de cara a la queja disciplinaria interpuesta contra s\u00ed mismo. <\/p>\n
3. La Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial de Meta, indic\u00f3 que no existe ning\u00fan tipo de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del accionante, puesto que, para la fecha de la radicaci\u00f3n del tercer derecho de petici\u00f3n, se encontraban en cambios estructurales y de personal, lo que dificult\u00f3 el tr\u00e1mite de la solicitud del actor, sin embargo, advierte que ya se dio respuesta a la petici\u00f3n, configur\u00e1ndose as\u00ed una carencia de objeto por hecho superado por lo que solicita denegar la pretensiones de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
4. Jaime Gonz\u00e1lez Cruz, en su condici\u00f3n de hermano del accionante indic\u00f3 que este act\u00faa en su nombre y representaci\u00f3n y por consiguiente avala todo lo manifestado en el libelo, haciendo alusi\u00f3n a la mala actuaci\u00f3n de los denunciados. <\/p>\n
5. Juan Pablo Moreno Romero, indic\u00f3 que representa los intereses de Jaime Gonz\u00e1lez Cruz la interior del proceso ejecutivo iniciado en su contra por Claudia Roc\u00edo Navas, el cual en la actualidad se encuentra en el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Acac\u00edas. Se\u00f1al\u00f3 que Jaime Gonz\u00e1lez Cruz, quien se identifica con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 6.769.745, y de quien solicit\u00f3 el abogado de la parte demandante el embargo de sus derechos de cuota parte sobre un bien inmueble de la ciudad de Bogot\u00e1, no es el mismo Jaime Gonz\u00e1lez Cruz, a quien representa al interior del proceso mencionado, pues su representado se identifica con la cedula de ciudadan\u00eda n\u00famero 7.250.293 de Puerto Boyac\u00e1. <\/p>\n
Adujo que, es claro que el accionante es un hom\u00f3nimo de su representado, quien es el demandado dentro del proceso ejecutivo en el juzgado de Acac\u00edas, quien adem\u00e1s no cuenta con bienes en la ciudad de Bogot\u00e1 y su esposa no es Marisol Coy Gonz\u00e1lez como se advierte en la escritura p\u00fablica con la cual se solicit\u00f3 la media cautelar. Aunado a lo anterior, resalta que su poderdante en su calidad de demandado no tiene la facultad para solicitar del decreto de medidas cautelares. <\/p>\n
6. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Acac\u00edas arguy\u00f3 que asumi\u00f3 la competencia del proceso ejecutivo el 14 de diciembre de 2018, en el estado que se encontraba, es decir con auto que libra mandamiento de pago y decreta medidas cautelares, en el cual se orden\u00f3, entre otras, el embargo del 50% del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria en 50S 40116666, del Circulo Registral de Bogot\u00e1 D.C., por lo que los supuestos yerros alegados por el accionante ya ven\u00edan materializado desde el juzgado primario, no obstante, considera que el error en lo que respecta al embargo del inmueble de quien no era parte dentro del proceso no pude ser imputable a su hom\u00f3logo de Guayabetal, por cuanto se advierte que el tr\u00e1mite realizado por este se surti\u00f3 conforme a los par\u00e1metros legales. <\/p>\n
Afirma que, si existe falta o falta de pericia como lo alega el actor, es de parte de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Zona Sur de Bogot\u00e1, quien inscribi\u00f3 la medida son advertir que en el oficio que comunicaba la medida la misma tenia consignado de manera clara el radicado del proceso, as\u00ed como el nombre y cedula de ciudadan\u00eda del ejecutado. <\/p>\n
Manifiesta adem\u00e1s que, dentro del tramite del proceso ejecutivo que se tramita en dicha dependencia judicial no existe solicitud alguna por parte del accionante, en representaci\u00f3n de su hermano como tercero incidental, mediante la cual se pretendiera poner en conocimiento el error cometido y solicitara el levantamiento de la medida cautelar decretada en su momento, procediendo el accionante a interponen denuncias mas no a ejercer los actos tendientes a resolver el yerro advertido. <\/p>\n
7. Claudia Roc\u00edo Navas y Adriana Marcela Acosta Gonz\u00e1lez, en calidad de demandante y apoderada judicial, respectivamente, al interior del proceso ejecutivo, manifestaron que no les consta nada en relaci\u00f3n con lo hechos narrados en la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
8. La Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos Zona Sur de Bogot\u00e1, manifest\u00f3 que dicha entidad no tiene injerencia alguna en lo hechos narrados en la acci\u00f3n constitucional, indicando adem\u00e1s que la situaci\u00f3n alegada por el petente no puede ser dirimida por esta en atenci\u00f3n a sus atribuciones legales. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal neg\u00f3 el resguardo al considerar que se configur\u00f3 la causal de improcedencia consagrada en el numeral primero del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991, por cuanto no advirti\u00f3 vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales alegados por el accionante, toda vez que se advirti\u00f3 que la entidad accionada dio respuesta a la petici\u00f3n incoada mediante oficio SCSDJM 222 del 11 de octubre de 2022, la cual fue notificada al correo electr\u00f3nico reportado por el actor, advirti\u00e9ndose entonces la existencia de un hecho superado. <\/p>\n
As\u00ed mismo, indic\u00f3 que en relaci\u00f3n con el presunto yerro cometido al interior del tr\u00e1mite del ejecutivo, no se evidenci\u00f3 petici\u00f3n alguna presentada ante el juzgado de conocimiento encaminada al levantamiento de la medida cautelar decretada, as\u00ed como tampoco se advirti\u00f3 actuaci\u00f3n alguna tendiente a poner de presente el error cometido, no siendo la acci\u00f3n de tutela el mecanismo que remplace tales actuaci\u00f3n en virtud de su car\u00e1cter subsidiario y residual, m\u00e1xime cuando una vez revisadas las diligencias se evidencia que la apoderada de la ejecutante, evidenciando la existencia del hom\u00f3nimo y en aras de corregir lo correspondiente a la medida cautelar err\u00f3neamente consignada en el bien inmueble del hermano del accionante, solicit\u00f3 el levantamiento de la misma, tr\u00e1mite que se surtiendo ante la autoridad competente, por lo que no se advierte un perjuicio irremediable que implique la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor reiter\u00f3 que la solicitud sustento de la presente acci\u00f3n no ha sido resuelta, toda vez que en la respuesta al derecho de petici\u00f3n se hace una extensa exposici\u00f3n de cuales son las facultades del quejoso al interior del proceso disciplinario, en donde adem\u00e1s se le recrimin\u00f3 le hecho de haber realizado varias peticiones anteriores, sin tener en cuenta que lo que se pretende es obtener informaci\u00f3n frente a las quejas interpuestas en su calidad de victima de actuaciones irregulares por parte de los administradores de justicia, advirti\u00e9ndose que se est\u00e1 ante una situaci\u00f3n donde los denunciados son juristas y quien interpone la queja un ciudadano indefenso del com\u00fan con poca escolaridad, quien solo pretende tener informaci\u00f3n ya que en la plataforma de la Rama Judicial no se ven reflejadas las actuaciones realizadas en los procesos disciplinarios. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el juez constitucional consider\u00f3 que no hubo vulneraci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, tras tener en cuenta la respuesta suministrada por la entidad accionada en donde indicaba que en virtud de unos cambios estructurales al interior de dicho despacho judicial no hab\u00eda sido posible atender la petici\u00f3n del actor, pasando por algo lo consagrado en el art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, el cual establece un termino de 15 d\u00edas h\u00e1biles para responder las peticiones. <\/p>\n
Respecto de lo indicado por el juzgado de Acac\u00edas, respecto a la ausencia de petici\u00f3n del levantamiento de la medida cautelar en virtud del error cometido, considera que se trata de un irrespeto ejercida en su contra como v\u00edctima, por cuando en la petici\u00f3n realizada el 28 de junio de 2021, se expusieron los hechos y se solicit\u00f3 se le expidiera copia integra del expediente, as\u00ed mismo se requiri\u00f3 un informe completo de las actuaciones desplegadas al interior del proceso junto con una explicaci\u00f3n sobre los motivos por los cuales no fue notificado del mismo en debida forma, sin que se le suministrara el plenario, en donde solo se le indic\u00f3 la fecha en que se realizar\u00eda la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Con fundamento en lo anterior, reiter\u00f3 que su garant\u00eda fundamental no solo de petici\u00f3n sino al debido proceso, celeridad, acceso a la justicia, igualdad, integridad familiar y vida digna se est\u00e1n viendo comprometidas con la actuaci\u00f3n de la accionada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por su car\u00e1cter eminentemente residual y subsidiario, se requiere para su procedencia que no exista otro medio id\u00f3neo de defensa y se hayan agotado de manera diligente las herramientas ordinarias de control que el ordenamiento superior y la ley consagran para la protecci\u00f3n de tal clase de garant\u00edas. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, verifica la Corte que la queja del actor se circunscribe a que la sede judicial acusada no ha dado respuesta \u00abde fondo\u00bb a la solicitud que elev\u00f3 el 21 de julio de 2022, enfilada a obtener informaci\u00f3n de cara al tr\u00e1mite de los procesos disciplinarios identificados con radicados 50001250200020210036600 y 50001250200020220022400, seguidos en contra de los titulares de los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Guayabetal y Promiscuo Municipal de Acac\u00edas y los profesionales del derecho Orlando Jos\u00e9 Mosquera Borja y Juan Pablo Moreno Romero, respectivamente; requiriendo adem\u00e1s celeridad en el tr\u00e1mite de los mencionados proceso en pro de cesar con el da\u00f1o a los implicados como consecuencia del error cometido en el decreto la medida cautelar sobre el inmueble de su propiedad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ha de resaltarse que, respecto al derecho de petici\u00f3n ante autoridades judiciales, la Sala ha manifestado en varias oportunidades que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica. (CSJ STC, 20 y 31 Mar. 2000. Rad. Nos. 4822 y 4867, reiterada, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., exp. 01762-01). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, descendiendo al caso sub examine, se advierte que el resguardo estaba llamado a fracasar, toda vez que no se evidencia la vulneraci\u00f3n del derecho fundamental de petici\u00f3n del promotor del resguardo, por cuanto su solicitud no estaba dirigida a que se le resolvieran asuntos puramente administrativos, sino por el contrario se circunscrib\u00eda a cuestiones propias del proceso disciplinario tramitado por parte de la entidad enjuiciada, teniendo en cuenta que, se reitera, lo pretendido por el tutelante era obtener informaci\u00f3n respecto del estado actual del mismo, en donde adem\u00e1s solicit\u00f3 se impartiera celeridad en tr\u00e1mite de la investigaci\u00f3n, pues a su juicio solo con la sentencia cesar\u00eda el da\u00f1o ocasionado con un error al momento de materializar una medida cautelar consistente en el embargo del 50% del inmueble de matr\u00edcula inmobiliaria en 50S 40116666, del Circulo Registral de Bogot\u00e1 D.C. . <\/p>\n
3. Cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n al debido proceso del tutelante, pues se vislumbra que con oficio SCSDJM 222 calendado 11 de octubre de 2022, la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Meta se pronunci\u00f3 sobre la petici\u00f3n que se pregona insatisfecha, precis\u00e1ndole al actor la forma de intervenir al interior del proceso disciplinario en su calidad de quejoso, el cual es limitado, en atenci\u00f3n a que no es parte al interior del mismo, indic\u00e1ndose adem\u00e1s que, en atenci\u00f3n del estado procesal del tr\u00e1mite, el mismo goza de reserva legal. <\/p>\n
As\u00ed mismo, se le explic\u00f3 de manera detallada que su solicitud fue resuelta solo hasta 11 de octubre de 2021, en atenci\u00f3n a varias suspensiones de t\u00e9rminos en virtud de cierres extraordinarios de Despacho, as\u00ed como cambio de titular del mismo lo que gener\u00f3 que el correo institucional estuviera bloqueado por los interregnos de tiempo relacionados. <\/p>\n
Finalmente, se suministr\u00f3 al actor informaci\u00f3n general del estado del proceso radicado 50001250200020210036600, el cual sea del caso indicar, de la revisi\u00f3n de las probanzas obrantes en el cuaderno constitucional se advierte que fue el radicado en el cual se acumularon las investigaciones tanto de los titulares de los Juzgados Primero Promiscuo Municipal de Guayabetal y Promiscuo Municipal de Acac\u00edas, como de los profesionales del derecho Orlando Jos\u00e9 Mosquera Borja y Juan Pablo Moreno Romero. <\/p>\n
As\u00ed pues, en el citado oficio la autoridad enjuiciada precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el proceso 50001250200020210036600, se profiri\u00f3 Auto de INDAGACI\u00d3N PRELIMINAR, de fecha Octubre 22 de 2021, dicho proceso se iniciaba con Ley 734 de 20021, que dispone que la INDAGACI\u00d3N PRELIMINAR, tendr\u00e1 una duraci\u00f3n de 6 meses, por lo tanto revisado como se revis\u00f3 cada uno de los 1.439 expedientes que se encuentran en Secretar\u00eda, se nota que dicha etapa estaba vencida, raz\u00f3n por la cual se pasa al despacho ahora, del nuevo Magistrado Dr. Jos\u00e9 Alejandro Quintero Lizarazo(mientras dura la suspensi\u00f3n del Magistrado titular CHRISTIAN EDUARDO PINZ\u00d3N ORTIZ). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, teniendo en cuenta que cuando se tramita un Auto se debe tramitar en su totalidad, al no haberse notificado, ni solicitado las pruebas, mal habr\u00eda haberse cumplido el numeral 7, que dispone: <\/p>\n
Teniendo en cuenta que en el escrito allegado se enrostran hechos de connotaci\u00f3n disciplinaria en contra de los abogados ORLANDO JOS\u00c9 MOSQUERA BORJA y JUAN PABLO MORENO ROMERO, se ordena por Secretar\u00eda remitir copia de la queja as\u00ed como de sus anexos a Oficina Judicial para surtir el respectivo reparto ante esta instancia. <\/p>\n
Al nombramiento de la nueva secretar\u00eda y en vista que dicha etapa procesal estaba vencida, y con el cambio de magistrado, el 16deseptiembrede2022, se pasa al despacho informando dicha situaci\u00f3n. Se le informa, adem\u00e1s que, estando el proceso al despacho, se proceder\u00e1 a darle tr\u00e1mite a la disposici\u00f3n del despacho cuando \u00e9ste lo profiera, en estricto orden de llegada a esta secretar\u00eda. De esta forma queda respondido el derecho de petici\u00f3n. Es importante recomendarle que, para la revisi\u00f3n de los procesos, le queda muy f\u00e1cil ingresar a la p\u00e1gina de la Rama Judicial y consultar cada uno, sin la necesidad del desgaste innecesario y desbordado que hace del aparato judicial, con escritos que se le deben responder y que hace a\u00fan m\u00e1s gravosa la congesti\u00f3n de la corporaci\u00f3n.\u00bb. (\u00ab24Contestaci\u00f3n.pdf\u00bb). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, actualmente no existe vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del gestor que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que la situaci\u00f3n denunciada fue superada, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional que se elev\u00f3, por lo que carece de objeto impartir una orden con miras a que resuelva sobre dicha solicitud, pues ello ya ocurri\u00f3. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026si la actuaci\u00f3n de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada, en el sentido de que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la acci\u00f3n de tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez constitucional carecer\u00eda de sentido (CSJ STC, 3 jul. 2009, rad. 00080-01; reiterada en CSJ STC, 2 feb. 2012, rad. 2011-00541-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en relaci\u00f3n con el error cometido en el decreto y practica de la medida cautelar al interior del proceso ejecutivo, es importante precisar que, si bien el accionante present\u00f3 varias solicitudes a los juzgados vinculados, las mismas iban encaminadas a obtener informaci\u00f3n de cara al tr\u00e1mite en donde se materializ\u00f3 la cautela, mas no para efectuar el levantamiento de la misma en virtud del yerro cometido, advirti\u00e9ndose que existen otros medios de defensa judicial para lograr la cesaci\u00f3n de la situaci\u00f3n que de la que se duele el accionante, por lo que no cumple en este sentido con el car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, m\u00e1xime cuando ya se encuentra en gesti\u00f3n el levantamiento de la medida cautelar, por lo que no se logr\u00f3 demostrar la existencia de un perjuicio irremediable que autorice la intervenci\u00f3n de juez constitucional. <\/p>\n
4. Lo consignado resulta suficiente para despachar la impugnaci\u00f3n formulada e imponen respaldar el fallo de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC940-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC940-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-22-14-000-2022-00236-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 18 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71127","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71127","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71127"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71127\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71127"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71127"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71127"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}