STC948-2023<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC948-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-30-000-2022-01297-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los solicitantes, actuando en nombre propio, invocan el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por la corporaci\u00f3n judicial convocada. <\/p>\n
2. Se extrae de la demanda y anexos que, a los ac\u00e1 accionantes, la fiscal\u00eda les imput\u00f3 los delitos de \u00abconcierto para delinquir agravado y tr\u00e1fico, porte o tenencia de armas de uso privativo de las fuerzas armadas\u00bb (13 de junio de 2017) en virtud de ello, les fue impuesta medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en su lugar de residencia (cuya vigilancia se encuentra a cargo del establecimiento penitenciario y carcelario de Anserma). <\/p>\n
En el referido asunto penal, que se adelanta en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira \u2013 radicado n\u00ba 2017-00027 \u2013, el 12 de abril de 2018, dicha autoridad decret\u00f3 en favor de los procesados preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n respecto del delito de \u00abconcierto para delinquir agravado\u00bb, determinaci\u00f3n que fue apelada por el delegado del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n, para surtir la alzada, fue remitida el 17 de abril de ese mismo a\u00f1o a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira; sin embargo, cuestionaron que, a la fecha de presentaci\u00f3n de este amparo, la se\u00f1alada colegiatura no ha resuelto lo pertinente. <\/p>\n
Criticaron que, los magistrados del tribunal accionado \u00abse declaran impedidos para revisar [nuestro] caso [\u2026] [estamos detenidos] en detenci\u00f3n domiciliaria; [el] abogado renunci\u00f3 [al] caso. Existe dilataci\u00f3n del proceso\u00bb. <\/p>\n
3. Se infiere que pretenden que, se ordene a la autoridad tutelada, resuelva el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra la providencia que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por el delito de \u00abconcierto para delinquir agravado\u00bb (solicitaron tambi\u00e9n copias digitales del proceso que se les adelanta). <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, quien tiene la ponencia del asunto en cuesti\u00f3n inform\u00f3 que tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo el 9 de abril de 2021, y que, para entonces, el despacho contaba con una carga de 335 procesos penales y 120 acciones constitucionales \u00abvencidas y sin proyecto\u00bb. Puso de presente que, la decisi\u00f3n que reclaman los gestores no la ha proferido precisamente producto de la congesti\u00f3n laboral que padece. Agreg\u00f3 que, por lo mismos hechos, los aqu\u00ed actores promovieron otra acci\u00f3n de tutela de la que conoci\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Penal en primer grado (STP13853-2022 del 6 de octubre de 2022) en la que, por un lado, neg\u00f3 respecto de la reclamaci\u00f3n por la mora judicial, y concedi\u00f3 por el derecho fundamental de petici\u00f3n y orden\u00f3 que se le suministraran a los interesados copia \u00edntegra de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juzgado Sexto Penal Municipal con Funci\u00f3n de Control de Garant\u00edas de Pereira indic\u00f3 que, celebr\u00f3 las audiencias preliminares de control de garant\u00edas de los aqu\u00ed gestores, a quienes les impuso medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva en su lugar de residencia, as\u00ed mismo, que conoci\u00f3 de la solicitud de revocatoria de dicha medida, resolviendo esta \u00faltima negativamente el 6 de junio de 2022. <\/p>\n
3. El centro de Servicios Administrativos del Sistema Penal Acusatorio de Pereira y el Director General del INPEC, solicitaron la desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite tutelar por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
4. Los abogados Policarpo G\u00f3mez Acevedo y Diego Fernando G\u00f3mez Tovar, quienes fungieron como defensores de los accionantes, manifestaron que, a modo de ejemplo, la se\u00f1ora Fl\u00f3rez Cardona, se mostr\u00f3 reacia frente a la petici\u00f3n de levantamiento de la medida detencionaria, bajo el argumento que a aqu\u00e9lla \u00able era de beneficio porque acumulaba tiempo de privaci\u00f3n de la libertad que podr\u00eda ser tenido en cuenta ante una eventual condena\u00bb. A\u00f1adieron que, los actores han sido reiterativos en pretender iniciar acciones de tutela y requerimientos de libertad a sus espaldas, donde alegan, entre otras cosas, \u00abla carencia de defensa t\u00e9cnica\u00bb, por lo que decidieron renunciar al poder que aqu\u00e9llos les hab\u00edan conferido ante la disparidad de criterios. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 el auxilio por temerario, pues advirti\u00f3 que la queja planteada por los accionantes relacionada con la mora judicial que atribuyen al tribunal demandado, guarda identidad con la conocida por esa misma Sala y que fall\u00f3 con sentencia STP13853-2022, sin que la actual contenga elementos novedosos. Finalmente, indic\u00f3 que, de existir alg\u00fan reparo contra la medida de aseguramiento, la acci\u00f3n id\u00f3nea para plantearlo es el habeas corpus. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron los quejosos, quienes reiteraron su inconformidad con la falta de resoluci\u00f3n o prolongaci\u00f3n del proceso penal en el que est\u00e1n involucrados; adicionalmente, alegan que la medida detencionaria afecta sus derechos fundamentales \u00aba la vida digna y a la libertad total\u00bb. <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si los promotores est\u00e1n actuando con temeridad y, de superarse lo anterior, si el Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, incurri\u00f3 en mora judicial (al interior del proceso rad. 2017-00027) al no pronunciarse frente al recurso de apelaci\u00f3n formulado por el Ministerio P\u00fablico contra el auto proferido el 12 de abril de 2018 por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esa ciudad que decret\u00f3 la preclusi\u00f3n de la investigaci\u00f3n por el delito de \u00abconcierto para delinquir agravado\u00bb en favor de los procesados. <\/p>\n
2. La temeridad en el ejercicio de la tutela. <\/p>\n
El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 considera contrario a la Constituci\u00f3n el uso abusivo e indebido de la tutela, el que se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo constitucional entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con lo anterior, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u201cnuevo\u201d derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb. (CSJ STC 24 feb. 2006, rad. 0171-00, reiterada en STC9397-2019, 17 jul. rad. 2019-02151-00). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Para esta Corte est\u00e1 claro que la controversia propuesta por los accionantes en torno a la presunta mora judicial del tribunal tutelado ya fue objeto de examen constitucional por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en sentencia STP13853-2022 del 6 de octubre de 2022 (en la que concedi\u00f3 la salvaguarda por el derecho de petici\u00f3n y la neg\u00f3 respecto de la dilaci\u00f3n denunciada), circunstancia que impide reabrir nuevamente el debate. <\/p>\n
Es por ello que, a ninguna otra conclusi\u00f3n diferente a la inferida por la Sala de origen puede arribarse, en tanto que, ciertamente, la vigente demanda reviste las identidades subjetivas, objetivas y causales que evidencian el indebido ejercicio del resguardo, de donde surge n\u00edtida la improcedencia de la posterior actuaci\u00f3n de similar naturaleza, comoquiera que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00, citadas en STC20164-2017). <\/p>\n
3.2. La reiteraci\u00f3n de la acci\u00f3n se deduce con facilidad a partir de los antecedentes f\u00e1cticos y la problem\u00e1tica planteada en que se sustent\u00f3 la primera, resueltos por esa Sala as\u00ed: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) As\u00ed las cosas, puede extraerse que el argumento central con el cual se justifica la mora denunciada se circunscribe a la congesti\u00f3n judicial que presenta actualmente el despacho que tiene a cargo el asunto. Al respecto, la autoridad accionada ofrece un argumento razonable que justifica, en cierto modo, la tardanza en resolver el asunto en comento. De esta manera, es un hecho probado que el despacho ha tendido una carga laboral excesiva que ha desbordado las capacidades f\u00edsicas del magistrado y sus colaboradores, circunstancia que ha generado traumatismos en el proceso de administrar justicia y, concretamente, en el tiempo que ha durado la resoluci\u00f3n del recurso reclamado a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Adicionalmente, n\u00f3tese como la misma autoridad accionada reconoci\u00f3 la mora en resolver el recurso de reclamado en esta oportunidad. Sin embargo, ante la interposici\u00f3n de esta acci\u00f3n constitucional y el evidente paso desproporcional del tiempo el mismo Tribunal decidi\u00f3 priorizar el asunto e impartirle un tr\u00e1mite especial, de tal suerte que ya se elabor\u00f3 el proyecto de la determinaci\u00f3n judicial y est\u00e1 en discusi\u00f3n entre los magistrados que conforman la Sala de Decisi\u00f3n. <\/p>\n
Esta Sala no pierde de vista ni es insensible al hecho de que el tr\u00e1mite ha estado a expensas del Tribunal accionado durante aproximadamente 54 meses, lo cual constituye un lapso desproporcionado para desatar un recurso de apelaci\u00f3n interpuesto contra un auto de preclusi\u00f3n. Sin embargo, no es menos cierto que el proceso no ha sido objeto de una par\u00e1lisis procesal absoluta, pues avanz\u00f3 lentamente en la lista de turnos del despacho de tal forma que ya existe el proyecto de la determinaci\u00f3n judicial y se est\u00e1 surtiendo el tr\u00e1mite de rigor al interior de la Sala encargada de adoptar la decisi\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las particularidades de este caso concreto se adecuan a las caracter\u00edsticas exigidas por la Corte Constitucional para la configuraci\u00f3n de la mora judicial. Sin embargo, la autoridad accionada ofreci\u00f3 una justificaci\u00f3n que hace razonable la demora denunciada en esta acci\u00f3n de tutela. Por eso, en criterio de esta Sala, no hay lugar a declarar la configuraci\u00f3n de una mora judicial injustificada imputable a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira.\u201d <\/p>\n
Finalmente, en cuanto a la petici\u00f3n de copias del expediente del proceso penal del que son objeto los accionantes, concedi\u00f3 el amparo y orden\u00f3 al tribunal accionado proceder de conformidad. <\/p>\n
3.3. De manera que, n\u00f3tese, la demanda confrontada concuerda con la actual en todos sus puntos, siendo esta \u00faltima una evidente reiteraci\u00f3n de la primera, sin que se observen hechos nuevos o pretensiones sobrevinientes que eventualmente desvirt\u00faen el ejercicio temerario de la acci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como se anticip\u00f3, como la presente protecci\u00f3n concuerda en su esencia f\u00e1ctica, n\u00facleo tem\u00e1tico y pretensiones con la aqu\u00ed referenciada, resulta claro el abuso del instrumento constitucional al verificarse los presupuestos destacados por la jurisprudencia en cita. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) admitir tal proceder implicar\u00eda que cada actuaci\u00f3n judicial pudiera atomizarse por hechos, derechos e interpretaciones, ad-libitum del interesado, y que con los resultados aislados de la separaci\u00f3n \u00e9ste pudiera entablar un amparo, lo cual contrar\u00eda totalmente la prohibici\u00f3n de reiterarlo, pues, en verdad no est\u00e1 justificando la repetici\u00f3n, sino dando un pretexto para volver sobre situaciones ya juzgadas\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2013, exp. 2012-00517-01 y STC-2015, 12 feb. rad. 00213-00). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional \u2013 La subsidiariedad. <\/p>\n
Finalmente, prohijando lo razonado por la Sala a quo en torno al cuestionamiento que esbozan los actores respecto de la medida de aseguramiento que actualmente cumplen en su lugar de residencia, es cierto que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo pertinente para formular reclamaciones concernientes con el derecho a la libertad. <\/p>\n
Lo anterior, de conformidad con los numerales 1\u00ba y 2\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del decreto 2591 de 1991, puesto que, para dicho prop\u00f3sito existe una v\u00eda jur\u00eddica id\u00f3nea y especialmente instituida para el resguardo de esa prerrogativa como lo es el h\u00e1beas corpus1, acci\u00f3n que los actores no acreditaron haber impulsado. <\/p>\n
Por lo tanto, al existir esa senda especial de rango equiparable a la acci\u00f3n que aqu\u00ed se examina, incluso a\u00fan m\u00e1s expedita, debe ser a trav\u00e9s de aquella que se atiendan y resuelvan las solicitudes direccionadas al auxilio del derecho a la libertad, y no mediante el amparo general que ofrece la tutela. <\/p>\n
5. Conclusiones. <\/p>\n
5.1. Resulta evidente que el objeto, la causa y las partes en este tr\u00e1mite constitucional guardan identidad con el que ya fue conocido por esta Corporaci\u00f3n en sede de tutela (STP13853-2022), sin que hayan variado el contenido de los reclamos entre el amparo incoado con anterioridad y el que en esta ocasi\u00f3n se invoca. <\/p>\n
5.2. Los accionantes cuentan con otro medio de defensa judicial id\u00f3neo y concretamente destinado por el legislador para hacer valer la prerrogativa de la libertad. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Instrumento constitucional consagrado en el art\u00edculo 30 de la Carta Pol\u00edtica, desarrollado normativamente por la Ley 1095 de 2006, constituy\u00e9ndolo el legislador en un derecho y en una acci\u00f3n espec\u00edfica de protecci\u00f3n de la libertad: \u00abArt\u00edculo 1\u00b0. Definici\u00f3n. El H\u00e1beas Corpus es un derecho fundamental y, a la vez, una acci\u00f3n constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es privado de la libertad con violaci\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales o legales, o esta se prolongue ilegalmente. Esta acci\u00f3n \u00fanicamente podr\u00e1 invocarse o incoarse por una sola vez y para su decisi\u00f3n se aplicar\u00e1 el principio pro homine\u00bb. <\/p>\n
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