STC952-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC952-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 05000-22-13-000-2022-00238-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, que neg\u00f3 el amparo promovido Jorge Eliecer Sierra contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Concordia. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a Mar\u00eda Janeth Ruiz Casta\u00f1o y a las partes intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales de petici\u00f3n, acceso a la informaci\u00f3n, justicia y defensa, presuntamente vulnerados en el juicio ejecutivo de alimentos de radicado 05209318400120140005100. <\/p>\n
2. De las pruebas allegadas y del escrito de tutela se establece que, ante el Juzgado accionado, se adelanta el mencionado proceso promovido por Mar\u00eda Janeth Ruiz Casta\u00f1o, en representaci\u00f3n de Sara Carolina Sierra Ruiz, entonces menor de edad, contra el tutelante, en el que, el 7 de septiembre de 20221, quien adujo ser el abogado del ejecutado, solicit\u00f3: i) la terminaci\u00f3n, por pago de la obligaci\u00f3n; ii) informaci\u00f3n del desglose de las cuotas descontadas; iii) la devoluci\u00f3n de los t\u00edtulos; iv) copia de las liquidaciones del cr\u00e9dito y de los \u00abautos donde fueron autorizados\u00bb; v) se certifique cu\u00e1nto se le han descontado al ejecutado y \u00abpara qu\u00e9 fecha se cancelar\u00eda el total del cr\u00e9dito\u00bb; vi) se expida una constancia de los abonos realizados a la deuda; y vii) el desglose del cr\u00e9dito y copia de lo actuado. <\/p>\n
El 8 de septiembre de 2022 se dispuso no resolver lo solicitado, hasta que el abogado aportara el poder debidamente otorgado y orden\u00f3 a las partes que, en el t\u00e9rmino de 10 d\u00edas, presentaran la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito, teniendo como base la liquidaci\u00f3n aprobada el 27 de diciembre de 2021. <\/p>\n
El 19 de octubre de 2022, la parte interesada alleg\u00f3 el poder y, por auto del 27 de octubre siguiente, se decidi\u00f3 no reconocerle personer\u00eda, dado que, \u00abal verificar el SIRNA y el correo al cual fue enviado no coincide con el registrado\u00bb. Tal deficiencia fue corregida el 1 de noviembre de 2022, reiterando las solicitudes iniciales y, en auto del 3 de noviembre de esa anualidad, se reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado del demandado y se dispuso que, previo a resolver, deb\u00eda cumplirse lo ordenado en auto del 8 de septiembre anterior, para lo cual se concedieron 10 d\u00edas. <\/p>\n
3. El actor censura que, a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela, el accionado \u00abno me ha brindado una respuesta clara, precisa, congruente, de fondo y suficiente a mis peticiones\u00bb del 7 de septiembre y del 1 de noviembre de 2022, y que se le exige que primero responda un requerimiento, vulnerando con ello su derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3 que se ordene al Juzgado accionado contestar de fondo su derecho de petici\u00f3n del 7 de septiembre de 2022, reiterado el 1 de noviembre siguiente. <\/p>\n
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II. RESPUESTA RECIBIDA <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo de Familia de Concordia inform\u00f3 que el actor no recurri\u00f3 el auto del 3 de noviembre de 2022 e indic\u00f3 que su actuaci\u00f3n se rige por el art\u00edculo 446 del C\u00f3digo General del Proceso, no por las que regulan el derecho de petici\u00f3n, y que envi\u00f3 el expediente al interesado. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el auxilio, tras advertir que el derecho de petici\u00f3n no es un instrumento id\u00f3neo para el impulso de los procesos judiciales y que la solicitud del 7 de septiembre (terminaci\u00f3n por pago) se encuentra regulada por el art\u00edculo 461 del C\u00f3digo General del Proceso, sin que se observe retardo excesivo en la resoluci\u00f3n del asunto, pues el demandado no cumpli\u00f3 la carga exigida, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2 de la mencionada norma, ni manifest\u00f3 reparo alguno frente a la misma. <\/p>\n
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IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor cuestion\u00f3 que no se examinaron sus argumentos sobre la conducta omisiva del accionado. <\/p>\n
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V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el promotor pretende el amparo de sus derechos fundamentales, que considera vulnerados por la omisi\u00f3n del Juzgado convocado en responder de fondo las solicitudes del 7 de septiembre de 2022, reiteradas el 1 de noviembre siguiente, y por la exigencia impuesta en auto del 3 de noviembre de ese a\u00f1o. <\/p>\n
2. Preliminarmente, resulta pertinente se\u00f1alar que las peticiones que se formulan ante los jueces, en el marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo con las formas propias del juicio, de manera que el amparo del derecho de petici\u00f3n s\u00f3lo es procedente cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos, que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica; por tanto, en el presente asunto no es posible exigir una respuesta en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 23 de la Carta Pol\u00edtica, pues lo solicitado por el actor corresponde a un tr\u00e1mite judicial. <\/p>\n
3. Ahora bien, observa la Sala que, subsanado lo relacionado con la ausencia de poder para actuar en nombre del ejecutado, por auto del 3 de noviembre de 2022, el Juzgado reconoci\u00f3 personer\u00eda al apoderado y, frente a sus solicitudes, le indic\u00f3 que, previo a resolverlas, deb\u00eda cumplirse lo ordenado en el prove\u00eddo del 8 de septiembre anterior, esto es, presentar la actualizaci\u00f3n del cr\u00e9dito, exigencia que no se cumpli\u00f3. <\/p>\n
De manera que es inexistente la omisi\u00f3n o mora alegada por el promotor, pues el Juzgado accionado s\u00ed se pronunci\u00f3 frente a su requerimiento e impuso una carga que no se acredit\u00f3, a efectos de decidir lo pertinente, a pesar de que, el 2 de diciembre de 2022, el Juzgado remiti\u00f3 el expediente a la parte ejecutada y, por tanto, la tutela propuesta por la mora no tiene sustento. Sobre el particular, la jurisprudencia de esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha se\u00f1alado. <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u2018sin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u2019. <\/p>\n
<\/p>\n
lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u2018ello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos\u2026\u2019. (Ver cita en CSJ STC9187-2022). <\/p>\n
4. Ahora bien, frente a la inconformidad del actor, por la carga impuesta en los autos del 8 de septiembre y del 3 de noviembre de 2022, se advierte que, al no haber sido recurrido, el tutelante desperdici\u00f3 las oportunidades que tuvo a su alcance para controvertir esas providencias, omisi\u00f3n que imposibilita el uso de esta senda constitucional, si se tiene en cuenta que este es un mecanismo subsidiario y residual, que no puede ser usado por las partes como una instancia adicional, para subsanar la desidia en la interposici\u00f3n de las defensas ordinarias (Ver CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo atacado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Documento 71, expediente 2014-00051-00. <\/p>\n
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