STC962-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC962-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00435-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira el 1\u00ba de diciembre de 2022, con la cual se declar\u00f3 improcedente el amparo reclamado por Mario Restrepo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el Juzgado accionado en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00198-00. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que act\u00faa en la acci\u00f3n referida, en la cual, la autoridad cuestionada incumpli\u00f3 los t\u00e9rminos que consagra la ley para tramitar la acci\u00f3n popular. Adem\u00e1s, manifest\u00f3 que la accionada resuelve los recursos fuera de t\u00e9rmino y se niega a \u00abreponer y fijar fecha de pacto en fecha m\u00e1s pr\u00f3xima\u00bb1. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 que se le ordene a la accionada cumplir los t\u00e9rminos que le impone la ley 472 de 1998, \u00abque me comparta el libro radicador de audiencias del despacho\u00bb y que \u00abacepte mi desistimiento de mi acci\u00f3n popular\u00bb. Por \u00faltimo, solicit\u00f3 que se le ordene a la \u00abprocuradora general naci\u00f3n, pronunciarse en derecho en la tutela y me designe un procurador delegado a fin que a mi nombre presente tutelas\u00bb y \u00abordenar una vigilancia expr\u00e9s al juzgado tutelado en todas las acciones populares que se encuentran en dicho despacho\u00bb2. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda Regional de Instrucci\u00f3n de Risaralda solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite. Adujo que la situaci\u00f3n que alega el accionante es ajena al Ministerio P\u00fablico, toda vez que \u00ab\u2026el accionante no ha presentado ante esta Procuradur\u00eda Regional ninguna solicitud, queja o reclamo af\u00edn con lo discutido en esta acci\u00f3n constitucional\u00bb3. <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Pereira pidi\u00f3 que se niegue el amparo deprecado. Inform\u00f3 que tanto ese despacho como los dem\u00e1s que conocen de acciones populares tienen una \u00abcarga laboral excesiva\u00bb4. Asimismo, manifest\u00f3 que, mediante auto del 11 de noviembre de 2022, ese Despacho \u00abdecidi\u00f3 rechazar de plano el recurso de reposici\u00f3n formulado por el actor popular, por no cumplir con los requisitos necesarios, de igual manera, se neg\u00f3 la remisi\u00f3n de la agenda del despacho\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA. <\/p>\n
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira declar\u00f3 improcedente el amparo solicitado. Advirti\u00f3 que se incumpli\u00f3 con el requisito de la subsidiariedad, pues el accionante omiti\u00f3 hacer uso del recurso de reposici\u00f3n frente al auto mediante el cual se \u00ab(i) Rechaz\u00f3 por improcedente (\u2026) el recurso de reposici\u00f3n tendiente a que se adelantara la fecha de la audiencia de pacto de cumplimiento y (ii) Neg\u00f3 la solicitud cuyo prop\u00f3sito era que se le compartiera el cronograma de las audiencias del despacho\u00bb. Asimismo, sobre la pretensi\u00f3n dirigida al Ministerio P\u00fablico y a que el Despacho accionado acepte su desistimiento de la acci\u00f3n popular, indic\u00f3 que en ninguna el promotor demostr\u00f3 haber elevado \u00abalguna petici\u00f3n en esos t\u00e9rminos\u00bb5. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo. Manifest\u00f3 \u00abAPELO\u00bb6. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto sub examine, corresponde a la Corte establecer si se vulner\u00f3 el derecho fundamental invocado por el actor, con ocasi\u00f3n a la presunta mora judicial de la accionada en resolver el recurso de reposici\u00f3n y a la negativa de fijar fecha m\u00e1s pr\u00f3xima para la audiencia de pacto de cumplimiento, dentro de la acci\u00f3n popular de radicado 2022-00198-00. <\/p>\n
2. Temprano advierte esta Sala la improcedencia del amparo constitucional deprecado. Y, por tanto, la decisi\u00f3n impugnada habr\u00e1 de ser confirmada. En efecto, del an\u00e1lisis de los medios de convicci\u00f3n allegados7, se observa que en auto del 11 de noviembre de 20228, el juzgado accionado resolvi\u00f3 rechazar el recurso de reposici\u00f3n presentado por el accionante debido a la falta de sustentaci\u00f3n del mismo. Adem\u00e1s, se abstuvo de acceder a la solicitud de que se compartiera el libro radicador de audiencias del despacho por cuanto este se encuentra en f\u00edsico y le recomend\u00f3 acercarse de forma presencial para su revisi\u00f3n. Contra esta decisi\u00f3n, el promotor no formul\u00f3 reparo alguno. <\/p>\n
3. Con lo anterior, la Corte concluye la improcedencia del ruego. Ello pues, la incuria en la utilizaci\u00f3n de los recursos establecidos9 para atacar los desacuerdos frente a las determinaciones de los jueces, imposibilitan el uso de esta senda constitucional, a\u00fan m\u00e1s si se tiene en cuenta que no es la direcci\u00f3n para redimir oportunidades legales fenecidas, pues no interponerlas o ejercerlas indebidamente, conlleva a que las partes involucradas en la determinaci\u00f3n est\u00e9n sometidas a sus efectos contrarios, en la medida en que son la consecuencia de su dejadez. No en vano esta Sala ha reiterado que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso. (ver recientemente en CSJ STC10385-2022, 10 de agosto, rad. 2022-00064-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, de cara a la presunta mora en que ha incurrido la autoridad judicial en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular, se evidencia que esto se debe a la excesiva carga laboral que existe en el Despacho y a las m\u00faltiples acciones populares que est\u00e1n en curso. As\u00ed las cosas, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1tica ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez. Sobre esta tem\u00e1tica, se ha expresado que: <\/p>\n
(…) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada. (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 de febrero de 2017, rad. 2016-02250-01; citada en STC195-2021, entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya)10. Por supuesto, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que la autoridad atacada no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. <\/p>\n
5. Finalmente, respecto a las pretensiones dirigidas a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y en torno al desistimiento de la acci\u00f3n popular, basta se\u00f1alar que el accionante no acredit\u00f3 haber elevado solicitudes en ese sentido frente a dichas autoridades, lo que imposibilita la utilizaci\u00f3n de esta herramienta subsidiaria para lograr tal prop\u00f3sito. <\/p>\n
6. Por estas razones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c0002Demanda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem. <\/p>\n
3\u0002 Archivo \u201c10Respuesta.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c13RespuestaJuzgado.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c15Fallo.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c17CorreoMarioRImpugna.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Expediente de la acci\u00f3n popular de rad. 2022-00198-00. <\/p>\n
8\u0002 Archivo \u201c30Auto20221111DecideRecursos.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
9\u0002 En efecto, el actor ten\u00eda a su alcance el recurso de reposici\u00f3n de conformidad con el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998. <\/p>\n
10\u0002 CSJ STC 29 de abril de 2011, rad. 00094-01; reiterada entre otras en17 de septiembre de 2013, rad. 00168-01; STC6772-2019, 30 de mayo de 2019, rad. 2019-01579-00 y STC5633-2021 rad. 2021-00299-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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