STC967-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC967-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00582\u201301 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (08) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 14 de diciembre de 2022, con la cual se deneg\u00f3 el amparo invocado por la sociedad Obranegra S.A.S. contra los Juzgados D\u00e9cimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento y el Treinta y Ocho Penal Municipal con Funciones de Control de Garant\u00edas de la misma ciudad, la Fiscal\u00eda Cincuenta y Seis Seccional Unidad de Administraci\u00f3n P\u00fablica y el despacho Cuarto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la capital de Antioquia. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2008-00083. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad promotora \u2013a trav\u00e9s de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, verdad, justicia, reparaci\u00f3n y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene: <\/p>\n
2. Ante el Juzgado Veintid\u00f3s Civil del Circuito de Medell\u00edn se adelant\u00f3 el proceso de responsabilidad civil extracontractual promovido por Javier Ignacio Arango Isaza y otros, contra Juan Carlos y Mauricio Zuloaga Latorre, Obranegra S.A. y Penca S.A. El estrado judicial -con prove\u00eddo del 17 de noviembre de 2016- acogi\u00f3 parcialmente las s\u00faplicas de la demanda y conden\u00f3 a los demandados a pagar ciertos emolumentos por concepto de da\u00f1o emergente, da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n y perjuicios morales. <\/p>\n
2.1. Inconformes, ambos extremos procesales interpusieron recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la referida ciudad -con providencia del 22 de mayo de 2018- aument\u00f3 la condena por da\u00f1o emergente a la suma de $1.349.702.892, pero neg\u00f3 el da\u00f1o a la vida en relaci\u00f3n. <\/p>\n
2.3. El 24 de enero de 2019, el apoderado de la sociedad accionante impetr\u00f3 recurso extraordinario de revisi\u00f3n ante la Corte Suprema de Justicia. Esta Corporaci\u00f3n -con auto AC398-2019 del 13 de febrero siguiente- inadmiti\u00f3 el medio impugnatorio otorgando 5 d\u00edas para que fuera subsanado. No obstante, lo anterior, comoquiera que no se cumpli\u00f3 en debida forma con la carga impuesta -con prove\u00eddo AC1563-2019 del 3 de mayo subsecuente- fue rechazado. Por este motivo, la recurrente present\u00f3 recurso de s\u00faplica, el cual fue desatado de forma negativa mediante providencia AC4811-2019 del 7 de noviembre posterior. <\/p>\n
2.4. Con ocasi\u00f3n de la solicitud de ejecuci\u00f3n elevada por la parte vencedora, el expediente fue remitido al Juzgado Cuarto Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn quien -con prove\u00eddo del 5 de octubre de 2019- libr\u00f3 mandamiento de pago. Luego -con el 17 de septiembre de 2020-2 orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
2.5. El promotor resalt\u00f3 que interpuso denuncia penal bajo radicado SPOA 2020-01875 contra los demandantes dentro de la causa civil por la presunta comisi\u00f3n del punible de fraude procesal. En este decurso le pidi\u00f3 al Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal de la capital de Antioquia que suspendiera el proceso ejecutivo por prejudicialidad. Empero, el mentado fallador la despach\u00f3 desfavorablemente. Determinaci\u00f3n confirmada por el estrado D\u00e9cimo Penal del Circuito de la misma ciudad con auto del 21 de junio de 2022. <\/p>\n
2.6. As\u00ed las cosas, la sociedad promotora adujo que los jueces dentro del proceso civil fueron inducidos al error por parte de los demandantes, comoquiera que mintieron \u00abcon el fin de conseguir el pago de un lote el cual alego no ten\u00eda valor comercial pues hab\u00eda quedado completamente destruido\u00bb. Adem\u00e1s, enrostr\u00f3 que no se ha suspendido la ejecuci\u00f3n a pesar de que est\u00e1 en curso ante la jurisdicci\u00f3n penal una denuncia por fraude procesal. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se ordene la suspensi\u00f3n del compulsivo hasta tanto no se decida de fondo le denuncia penal que cursa bajo radicado 2020-01875. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Juzgado D\u00e9cimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Medell\u00edn3 manifest\u00f3 que la acci\u00f3n de tutela no fue concebida para ser una tercera instancia, por tanto, pidi\u00f3 que fuera declarado improcedente el resguardo. <\/p>\n
2. La titular del Juzgado Treinta y Ocho Penal Municipal con Funci\u00f3n de Garant\u00edas de la capital de Antioquia4 se pronunci\u00f3 de cara a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica acaecida dentro de la causa penal de radicado 2020-01875. Y resalt\u00f3 que no se vulneraron las garant\u00edas superlativas de la sociedad promotora. <\/p>\n
3. El apoderado de Javier Ignacio Arango5 se opuso a la prosperidad del amparo, habida cuenta que no se cumple con los requisitos de la inmediatez y subsidiariedad. En cuanto al primero, rese\u00f1\u00f3 que el auto que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n fue emitido en 2020, es decir, hace m\u00e1s de dos a\u00f1os. Mientras que, respecto al segundo, enrostr\u00f3 que el gestor no apel\u00f3 la determinaci\u00f3n atr\u00e1s referida y tambi\u00e9n abandon\u00f3 el recurso de casaci\u00f3n que hab\u00eda impetrado. <\/p>\n
4. La Curadora ad-litem de la sociedad Penca S.A.6 solicit\u00f3 que al momento de dictarse sentencia se tengan en cuenta las pruebas aportadas por los intervinientes. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo, por cuanto no se cumpli\u00f3 con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. En trat\u00e1ndose del primero, ilustr\u00f3 que el auto que libr\u00f3 mandamiento de pago y sobre el cual gravita el resguardo, qued\u00f3 ejecutoriado el 17 de septiembre de 2020, por tanto, se sobrepasaron los 6 meses que jurisprudencialmente han sido establecido como un t\u00e9rmino prudente para proponer la acci\u00f3n de tutela. En la otra mano, enrostr\u00f3 que la actora no hizo uso del recurso de apelaci\u00f3n para atacar el prove\u00eddo que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Finalmente, en lo que respecta a las actuaciones desplegadas por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, apuntal\u00f3 que no ten\u00eda competencia para pronunciarse al respecto al no ser superior funcional de aquella autoridad. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el extremo activo reiterando los argumentos del libelo genitor. Adem\u00e1s, adujo que el fallador constitucional debi\u00f3 declararse impedido, debido a que es una de las v\u00edctimas dentro del proceso natural. Finalmente, reproch\u00f3 que no se dijo nada frente a la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
2. Escrutado el dossier procesal, se observa que trat\u00e1ndose de las quejas relacionadas con el an\u00e1lisis de las probanzas allegadas a la causa y lo relativo a las supuestas irregularidades frente al valor, estado y situaci\u00f3n jur\u00eddica del lote objeto de litigio, no se satisface el presupuesto general de la subsidiariedad. Ello pues, si bien la sociedad accionante inco\u00f3 recursos extraordinarios de casaci\u00f3n y revisi\u00f3n, lo cierto es que el primero fue inadmitido por no haberse pagado las expensas necesarias para continuar con su tr\u00e1mite, y el segundo fue rechazado por no haberse subsanado en debida forma. Por tanto, al no cumplir con las cargas que le fueron impuestas dej\u00f3 fenecer las oportunidades con que contaba para que fueran revisadas sus discrepancias. De igual forma, se avizora que tampoco hizo uso de la herramienta establecida en el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso atinente a la suspensi\u00f3n del proceso por prejudicialidad. <\/p>\n
De lo expuesto, la Corte reitera la improcedencia del ruego. Ello pues, la incuria en la utilizaci\u00f3n de los medios impugnatorios para atacar los desacuerdos frente a la determinaci\u00f3n del juez, imposibilitan el uso de esta senda constitucional, a\u00fan m\u00e1s si se tiene en cuenta que no es la direcci\u00f3n para redimir oportunidades legales fenecidas pues, no interponerlas o ejercerlas indebidamente, conlleva a que las partes involucradas en la determinaci\u00f3n est\u00e9n sometidas a sus efectos contrarios, en la medida que son la consecuencia de su dejadez. (ver recientemente en CSJ STC4031-2020). <\/p>\n
3. Sumado a lo anterior, se advierte tambi\u00e9n la desatenci\u00f3n del requisito de la inmediatez. Ello pues, desde el momento en que el Juzgado Cuarto Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn dict\u00f3 auto que libr\u00f3 mandamiento de pago -el 5 de octubre de 2019- y el que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n -el 17 de septiembre de 2020-, y la fecha de interposici\u00f3n de la presente tutela -4 de octubre de 2022-, transcurrieron m\u00e1s de los 6 meses definidos como razonables por la jurisprudencia para acudir a la acci\u00f3n constitucional. Sobre el particular, esta Colegiatura ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante. (CSJ STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020- 00030-01). <\/p>\n
4. Finalmente, de cara a las quejas elevadas en contra del Juzgado penal que tramita su denuncia, resulta imperioso se\u00f1alar que es dentro del respectivo proceso donde debe presentar los impulsos procesales que estime pertinentes. <\/p>\n
5. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo opugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese en esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. Oportunamente, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 7-16, archivo \u201c41ContestacionAbogadoVinculadoJavierIArango\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 17-28. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c29RespuestaJuzgado10PenalCtoMed\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c35RespuestaJuzgado38PenalMpalMed\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-6, archivo \u201c41ContestacionAbogadoVinculadoJavierIArango\u201d del expediente digital. <\/p>\n
<\/p>\n
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