STC972-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC972-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 08001-22-13-000-2022-00980-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 16 de diciembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, que neg\u00f3 el amparo peticionado por Magaly Judith Parra Mendoza contra los Juzgados Primero Civil Municipal y Octavo Civil del Circuito y la Fiscal\u00eda 56 de la Unidad de Patrimonio, todos de Barranquilla, Yamile Nazzar Torres y Mario Enrique Rocha Molina. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2019-00459. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora procura la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, defensa, igualdad, solidaridad, familia, vivienda digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se extraen los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Yamile Nazzar Torres formul\u00f3 demanda ejecutiva contra Magaly Judith Parra Mendoza, para que se librara mandamiento de pago en su contra, por las sumas instrumentadas en una letra de cambio (rad. 2019-00459). <\/p>\n
2.2. El 22 de julio de 2019, el Juzgado Primero Civil Municipal de Barranquilla libr\u00f3 orden de apremio por $25.000.000, m\u00e1s los intereses1. <\/p>\n
2.3. La ejecutada propuso, entre otras, la excepci\u00f3n de m\u00e9rito que denomin\u00f3 \u00abEXCEPCI\u00d3N A LA ACCI\u00d3N CAMBIARIA DEL ART\u00cdCULO 784, NUMERAL 12 DEL C\u00d3DIGO DE COMERCIO\u00bb2, que fundament\u00f3 en que el t\u00edtulo valor base de ejecuci\u00f3n (en blanco) fue diligenciado abusivamente por la demandante por una suma superior a la prestada y en que no exist\u00eda carta de instrucciones, razones por las cuales la letra de cambio era ineficaz. <\/p>\n
2.4. En audiencia de 10 de diciembre de 2020, el Juzgado declar\u00f3 no probadas las excepciones alegadas y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n3. <\/p>\n
2.5. El 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Barranquilla confirm\u00f3 el pronunciamiento del a quo4. <\/p>\n
3. La gestora cuestiona los fallos de instancia, porque la letra de cambio se llen\u00f3 abusivamente por un importe muy superior al realmente adeudado y no se contaba con carta de instrucciones. Agreg\u00f3 que contra la ejecutante formul\u00f3 denuncio criminal, del cual conoce la Fiscal\u00eda 56 de la Unidad de Patrimonio de Barranquilla, no obstante, ninguna investigaci\u00f3n ni averiguaciones ha adelantado. <\/p>\n
4. Con sustento en lo relatado pide dejar sin efectos las sentencias dictadas en ambas instancias, levantar la medida cautelar decretada sobre un inmueble de su propiedad, conminar a la Fiscal\u00eda 56 de Patrimonio Seccional de Barranquilla para que impute a la ejecutante los delitos en que incurri\u00f3 y requerir a la DIAN y a la C\u00e1mara de Comercio de esa ciudad, para que eluciden si \u00abel egreso de los 25 millones aparece registrado en la declaraci\u00f3n de renta\u00bb de la demandante y determinen si ella \u00abaparece registrada como comerciante\u00bb y \u00absi lleva los pertinentes y adecuados libros de contabilidad\u00bb o, en su defecto, que los ponga a disposici\u00f3n de esta Sala o indique d\u00f3nde se encuentran, para examinarlos con un perito contador. En adici\u00f3n, suplica que a la se\u00f1ora Nazzar Torres se le someta \u00aba una prueba de pol\u00edgrafo\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
Los estrados judiciales convocados defendieron la legalidad de su actuar. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el auxilio, tras no hallar que los falladores atacados incurrieran en v\u00eda de hecho. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La censora insisti\u00f3 en los argumentos del escrito inicial. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la gestora pide dejar sin efectos los fallos dictados en ambas instancias en el juicio atacado. <\/p>\n
2. De entrada se precisa que fue en la decisi\u00f3n emitida en sede de apelaci\u00f3n por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de la misma ciudad que se defini\u00f3 el asunto y, por tanto, el examen se circunscribir\u00e1 a lo all\u00ed resuelto5. <\/p>\n
3. En dicho pronunciamiento, el mencionado juzgador, luego de indicar cu\u00e1l era la finalidad de los juicios ejecutivos y sus presupuestos, se pronunci\u00f3 acerca de los reparos de la apelante -y aqu\u00ed promotora-, as\u00ed: <\/p>\n
Respecto del inconformismo primigenio del recurrente, delanteramente conviene sostener que la parte ejecutante pretende hacer efectivo el pago de la suma de dinero (veinticinco millones de pesos $25.000.000), por concepto de capital contenid[o] en la letra de cambio aportad[a] a la demanda, [la] cual result\u00f3 id\u00f3nea para incoar la acci\u00f3n coercitiva en tanto que cumple con las formalidades generales como espec\u00edficas exigidas por los art\u00edculos 422 del C.G.P., as\u00ed como los art\u00edculos 621 y 672 del C\u00f3digo de [C]comercio. <\/p>\n
Por consiguiente, la demandante al traer a la administraci\u00f3n de justicia un documento con las caracter\u00edsticas en comento, no hay dubitaci\u00f3n alguna que tambi\u00e9n trajo aparejad[o] el ejercicio de la acci\u00f3n cambiaria, as\u00ed el an\u00e1lisis realizado por la Juez de Primer Grado (\u2026) result\u00f3 acertado a la luz de las disposiciones que gobiernan esa clase de t\u00edtulos. <\/p>\n
Ahora, conforme al art\u00edculo 625 del C\u00f3digo de Comercio \u201ctoda obligaci\u00f3n cambiaria deriva su eficacia de una firma impuesta en un T\u00edtulo-Valor y de su entrega con la intenci\u00f3n de hacerlo negociable\u201d, por lo que, en principio, la letra de cambio aportada por la ejecutante como base de la acci\u00f3n acredita la obligaci\u00f3n perseguida, t\u00e9ngase en cuenta que a voces del art. 244 del C.GP. en concordancia con el 793 del C.Co., la firma all\u00ed impuesta se presume aut\u00e9ntica. <\/p>\n
En consecuencia, la parte demandante, cumpli\u00f3 la carga impuesta en el art. 167 del C.G.P. (\u2026). Correspondi\u00e9ndole entonces, al ejecutado y no al demandante como erradamente parece concebirlo el recurrente, la carga de probar los hechos que sirven de soporte a las excepciones que formule contra la acci\u00f3n cambiaria. <\/p>\n
Frente a la ineficacia derivada de la alegada falta de carta de instrucciones, adujo: <\/p>\n
Empero, tambi\u00e9n prev\u00e9 que: \u201c[p]ara que el t\u00edtulo, una vez completado, pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en \u00e9l han intervenido antes de completarse, deber\u00e1 ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorizaci\u00f3n dada para ello\u201d, lo que indica que el mismo debe ser llenado de conformidad [con] las instrucciones expresas dadas por el signatario y no a criterio del tenedor (\u2026). <\/p>\n
No obstante, la norma no consagra que esas instrucciones deban darse por escrito, por lo que bien pueden otorgarse verbalmente. <\/p>\n
As\u00ed pues, [p]ara salir avante en su excepci\u00f3n la ejecutada debi\u00f3 acreditar: 1) que el t\u00edtulo no ha sido negociado, es decir, que se encuentra en poder de quien lo recibi\u00f3. 2) que efectivamente el pagar\u00e9 fue firmado con espacios en blanco, 3) que no se dieron instrucciones para su diligenciamiento. <\/p>\n
Centrando en las pruebas all\u00ed practicadas, acot\u00f3: <\/p>\n
En el presente caso est\u00e1 acreditado con la lectura de la letra de cambio que la letra fue firmada con espacios en blanco, pues en el interrogatorio de parte absuelto a dicho extremo convocado, al preguntarle \u201cSra Magaly, usted dice que fue a la casa de ella en el barrio los robles, la demandante dice que ella iba a su casa y all\u00e1 le llevaba los pr\u00e9stamos, le entregaba el dinero en su casa y que se lo (\u2026) entregaba en efectivo, Sra. Magaly usted suscribi\u00f3 el documento letra de cambio, \u00bflo suscribi\u00f3 a sabiendas de que estaba suscribiendo un documento en blanco, que tiene toda la autenticidad que el c.co le otorga a esa clase de documentos (\u2026)?, [r]espondi\u00f3: \u201cpues como toda letra de cambio uno firma en blanco la letra, la letra firma en el espacio arriba el nombre y la c\u00e9dula, yo firm\u00e9 ah\u00ed, eso fue lo que hice, firmar una letra en blanco\u201d. <\/p>\n
Empero, contrario a lo afirmado por la excepcionante, la signataria de la letra s\u00ed dio precisas instrucciones para su diligenciamiento, advi\u00e9rtase que el documento que contiene la letra de cambio, tambi\u00e9n contiene inserta la carta de instrucciones para su diligenciamiento la cual aparece firmada por la demandada Magaly Parra, y aunque la demandada al \u201ccontestar\u201d el hecho segundo de la demanda, da [a] entender que la firma que aparece en la carta de instrucciones no es la suya, lo cierto es que no propuso la tacha de falsedad en los t\u00e9rminos del art. 270 del C.G.P. y no existe prueba en el plenario que acredite que la firma all\u00ed impuesta no es la suya, por lo que tal documento (carta de instrucciones) goza de la presunci\u00f3n de autenticidad a voces de lo dispuesto en el art. 244 del C.G.P. <\/p>\n
Y en esa carta de instrucciones suscrita por la ejecutada se lee: <\/p>\n
\u201cConforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 622 del c\u00f3digo de comercio autoriz\u00f3 a Yamile Nazzar Torres para que llene los espacios en blanco que aparecen en la letra de cambio No 01. <\/p>\n
En el espacio reservado para el capital, el valor que resulte a mi cargo en la contabilidad de Yamile Nazzar Torres (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Ahora, conforme a esas directrices el monto de la letra de cambio aportada al plenario deb\u00eda ser llenado por el valor que resultara a cargo de la demandada en la contabilidad que llevaba Yamile Nazzar Torres. <\/p>\n
As\u00ed las cosas y como[quiera] que, est\u00e1 acreditado que la parte demandada s\u00ed dio instrucciones para llenar los espacios en blanco del t\u00edtulo, no estaba llamada a prosperar la excepci\u00f3n relativa a que la demandada nunca suscribi\u00f3 la mentada carta de instrucciones, por lo que no es dable restarle eficacia al contenido de la letra de cambio aportada. <\/p>\n
A lo anterior, agreg\u00f3: <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, adem\u00e1s[,] que la parte demandada no aleg\u00f3 como fundamento de su excepci\u00f3n que la demandante llen\u00f3 el t\u00edtulo valor desconociendo la mencionada directriz impartida en la carta de instrucciones, por lo que mal puede, al momento de formular los reparos contra la sentencia de primer instancia, invocar hechos nuevos, dirigidos en esencia a que la demandante no llevaba contabilidad y que por ello contrari\u00f3 lo se\u00f1alado en la carta de instrucci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, [acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 625 C.Co], si la demandada Magaly Parra Mendoza impuso su firma en la letra de cambio cuyo pago se persigue, no pued[e] ahora desconocer su deber de prestaci\u00f3n, menos a\u00fan cuando ella dio instrucciones para su diligenciamiento y que en el proceso ni[siquiera] se aleg\u00f3, ni se prob\u00f3 que los espacios en blanco de ese t\u00edtulo se diligenciaron desconociendo esas directrices. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se refiri\u00f3 a la forma c\u00f3mo se llenaron los espacios en blanco del t\u00edtulo valor: <\/p>\n
4. Por otro lado, alega el recurrente que resultaba il\u00f3gico que la demandante entregara 25 millones: 5 millones a la demandada y 10 millones a cada una de las hermanas de \u00e9sta, sin haber realizado estudios crediticios al respecto y sin conocer los nombres de ellas, y donde adem\u00e1s no existiera firma alguna de quienes recibieron tales sumas en la respectiva letra de cambio. <\/p>\n
Lo cierto es que, conforme a lo analizado, no le asiste raz\u00f3n al recurrente al insinuar que le correspond\u00eda a la parte demandante allegar [las] documentales para soportar el contenido del t\u00edtulo valor, cuando quien busca desvirtuar la literalidad del t\u00edtulo valor base de la presente ejecuci\u00f3n, es la demandada, y quien es la llamada a probar los hechos que invoca. <\/p>\n
Ahora, la demandada alega que la obligaci\u00f3n fue por la suma de $3.600.000 y no por la contenida en el t\u00edtulo valor, sin percatarse que en la carta de instrucciones que firm\u00f3 indic\u00f3 claramente que el espacio reservado a capital se llenar\u00eda por el valor que resulte a mi cargo en la contabilidad de Yamile Nazzar Torres, sin que haya alegado y probado que conforme a esa contabilidad la suma resultante que deb\u00eda pagar la ejecutada era $3.600.000. <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, adem\u00e1s[,] que si bien la testigo Elizabeth Mar\u00eda Parra Mendoza a lo largo de su declaraci\u00f3n se\u00f1ala que la demandante no le hizo un pr\u00e9stamo a su hermana, la demandada, por $25.000.000, lo cierto [es] que tal aseveraci\u00f3n no encuentra respaldo en ning\u00fan otro medio probatorio; y que la declarante manifest\u00f3 que la demandante le hizo 6 pr\u00e9stamos a la demandada, no obstante, no precisa los montos y fechas (\u2026), por lo que su declaraci\u00f3n no resulta ser exacta, por lo que no lleva al despacho al convencimiento que la suma que le dio la demandante en mutuo a la ejecutada no es la se\u00f1alada en el t\u00edtulo valor. <\/p>\n
3.1. Revisada la determinaci\u00f3n rese\u00f1ada, se evidencia que el fallador del circuito atacado explicit\u00f3, motivadamente, las razones que lo condujeron a razonar que las excepciones propuestas por la ejecutada -aqu\u00ed accionante- no estaban llamadas a prosperar, como lo dedujo la juez de primera instancia. Como tal conclusi\u00f3n no se muestra abiertamente desprovista de fundamento, carente de sustento o manifiestamente alejada del orden jur\u00eddico o contraria a la realidad procesal o probatoria que refleja el expediente contentivo del proceso cuestionado, la tutela propuesta no est\u00e1 llamada a prosperar. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la solicitante, de manera que la salvaguarda peticionada no puede prosperar, por cuanto el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden6. <\/p>\n
3.2. A m\u00e1s de lo anterior, conviene memorar que en \u00abmateria de pruebas\u00bb esta Corporaci\u00f3n ha reiterado que: <\/p>\n
[E]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u2026 (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, el 7 oct. 2015, rad. 2336-00 y STC4937-2016 21 abr. 2016 rad. 2016-00057-01). <\/p>\n
De manera que cuando el asunto se analiza con base en los principios de autonom\u00eda e independencia y bajo las reglas de la sana cr\u00edtica, como en este caso, la tutela no es viable. <\/p>\n
4. De otro lado, ning\u00fan pronunciamiento se har\u00e1 frente a la pretensi\u00f3n deducida en contra de la Fiscal\u00eda 56 de la Unidad de Patrimonio de Barranquilla, en tanto, conforme lo puso de presente el a quo constitucional, el conocimiento de la queja contra ella la asumi\u00f3 la Sala Penal de ese mismo Tribunal, bajo el radicado 2022-00497. <\/p>\n
5. Por lo anterior, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia, en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Fol. 6, archivo digital 01ExpedienteDigitalizado .pdf. <\/p>\n
2\u0002 Fols. 17-27, archivo digital 01ExpedienteDigitalizado .pdf. <\/p>\n
3\u0002 Archivo digital 12ActaAudienciaFallo373.pdf <\/p>\n
4\u0002 Archivo digital 20Sentencia.pdf <\/p>\n
5\u0002 Criterio expuesto, entre otras sentencias, en CSJ STC4538-2020. <\/p>\n
6\u0002 Al respecto, ver, entre otras, STC 28. mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterada recientemente en la CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
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