STC977-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC977-2023 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali el 5 de diciembre de 2022, con la cual se neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Cer\u00f3n Ib\u00e1\u00f1ez contra la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, y los Juzgados Quinto Civil del Circuito, Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Treinta y Seis Civil Municipal, todos de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervienen en el proceso ejecutivo de radicado 2022-00024-00. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora -por medio de apoderado- reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, propiedad, prevalencia del inter\u00e9s superior de los menores y vivienda, presuntamente vulnerados por las autoridades cuestionadas. <\/p>\n
2. Narr\u00f3 que adquiri\u00f3 mediante contrato de compraventa celebrado con Luz Mercedes \u00c1vila, los bienes inmuebles identificados con folios de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00fameros 370- 753135 y 753292, protocolizada en escritura p\u00fablica No. 2946 del 8 de noviembre de 2021 en la Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Cali. <\/p>\n
2.1. Inform\u00f3 que el 19 de noviembre siguiente, entreg\u00f3 a una funcionaria de la notar\u00eda la suma requerida para la cancelaci\u00f3n de la \u00abboleta fiscal y los derechos de registro\u00bb, documento que fue radicado para dicho tr\u00e1mite el 19 de enero de 2022, con el recibo 161993 y radicado No. 2022-2757. Posteriormente, el 18 de marzo de ese a\u00f1o, la Oficina de Registro realiz\u00f3 nota devolutiva consistente en el no pago de los derechos de registro de afectaci\u00f3n familiar, falencia que fue subsanada el 22 de ese mismo mes. <\/p>\n
2.2. A pesar de lo anterior, se\u00f1al\u00f3 que la Oficina de Registro -el 21 de abril de la misma calenda- hizo una segunda nota devolutiva en raz\u00f3n a que sobre los predios exist\u00eda un embargo. Situaci\u00f3n que no le fue comunicada y por ello -el 5 de octubre- insisti\u00f3 en el registro. Sin embargo, obtuvo otra nota devolutiva consistente en \u00abanotaci\u00f3n de embargo vigente\u00bb. <\/p>\n
2.3. Consider\u00f3 que la medida cautelar decretada por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali es irregular, pues ya estaba en tr\u00e1mite el registro de la Escritura P\u00fablica de compraventa bajo el radicado 2022-2757 del 19 de enero de 2022. Y la inscripci\u00f3n de embargo ordenada por el Juzgado se hizo el 11 de marzo de 2022. <\/p>\n
3. Demand\u00f3 el amparo de los derechos fundamentales invocados. En consecuencia, solicit\u00f3 que se ordene a la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali que registre la escritura p\u00fablica del 8 de noviembre de 2021. O en su defecto que se ordene al Juzgado Quinto Civil del Circuito que revoque el embargo y secuestro del bien en el proceso ejecutivo promovido de radicado 2022-00024-00. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali1, luego de relatar sus actuaciones al interior del compulsivo criticado, inform\u00f3 que la aqu\u00ed accionante otorg\u00f3 poder a dos abogados. Sin embargo, con auto del 22 de noviembre de 2022, se abstuvo de reconocerle personer\u00eda pues la interesada no hace parte del proceso. <\/p>\n
2. El Juzgado Treinta y Seis Civil Municipal de Cali2, indic\u00f3 que conoci\u00f3 del despacho comisorio No. 012 del 25 de mayo de 2022, el cual fue remitido el 18 de agosto de 2022, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali, a fin de realizar el secuestro del bien inmueble de propiedad de la demandada, Luz Mercedes \u00c1vila de Ortega. Comisi\u00f3n que est\u00e1 a la espera de avocarse el conocimiento y fijarle fecha, raz\u00f3n por la cual no ha vulnerado los derechos de la accionante. Por tanto, pidi\u00f3 que se deniegue el amparo implorado. <\/p>\n
3. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cali3 refiri\u00f3 que el proceso de radicado \u00abNo. 05-2022-00024-00, curs\u00f3 en este despacho judicial y fue remitido el d\u00eda 07 de septiembre de este a\u00f1o, a esa oficina judicial a fin de conocer sobre el tr\u00e1mite de la ejecuci\u00f3n de la sentencia\u00bb. <\/p>\n
4. La Notar\u00eda Novena del C\u00edrculo de Cali coment\u00f3 que realiz\u00f3 la escritura p\u00fablica de compraventa suscrita entre la accionante -como compradora- y Luz Mercedes \u00c1vila -vendedora- sobre los inmuebles con F.M.I., No. 370-753135 y 370-753292, la cual fue suscrita el 8 de noviembre de 2021, asign\u00e1ndose el n\u00famero 2946. <\/p>\n
Destac\u00f3 que las copias de la mencionada escritura fueron expedidas el 19 de noviembre del mismo a\u00f1o y entregadas el 7 de enero de 2022. Resalt\u00f3 que los dineros dejados a uno de sus escrituradores fueron de manera personal, por lo que no hubo solicitud formal a la notar\u00eda para prestar el servicio para el pago de la boleta fiscal y el registro. <\/p>\n
5. Luz Mercedes \u00c1vila de Ortega sostuvo que la negociaci\u00f3n y compraventa de los bienes inmuebles tra\u00eddos a colaci\u00f3n fue realizada de forma legal. Expres\u00f3 que la demanda ejecutiva, as\u00ed como el decreto de la cautela, fueron posteriores a la negociaci\u00f3n que tuvo con la actora, por lo cual no tiene responsabilidad alguna de que la misma no haya hecho el registro oportunamente. <\/p>\n
6. Bancolombia S.A. aleg\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. Y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali neg\u00f3 el amparo rogado. Consider\u00f3 que \u00abla Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Cali y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esta ciudad no incurrieron en alg\u00fan comportamiento, ya sea por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n, lesivo de las garant\u00edas de la gestora de esta acci\u00f3n que admita la excepcional intervenci\u00f3n del juez constitucional, en tanto que, cabe reiterar, su correspondiente actuaci\u00f3n est\u00e1 soportada en la normatividad que gobierna la figura del embargo\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la promotora. Destac\u00f3 que no comparte lo resuelto en primera instancia, pues a su juicio se debe aplicar la veracidad. Aduce que \u00abse ve afectada directamente por la decisi\u00f3n unilateral del accionado, en la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales a: el debido proceso, la igualdad, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la propiedad privada, toda vez que le fueron lacerados por la Oficina De Instrumentos P\u00fablicos De Cali\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si las autoridades cuestionadas vulneraron los derechos fundamentales de la libelista, con ocasi\u00f3n de la negativa a realizar el registro de la escritura p\u00fablica No. 2946 de la Notar\u00eda Novena de Cali. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio obrante en el plenario, se advierte que la acci\u00f3n constitucional impetrada habr\u00e1 de ser confirmada, ello en raz\u00f3n a la inexistencia de vulneraci\u00f3n por parte de las autoridades debatidas a los derechos invocados por la libelista. <\/p>\n
2.1. La Sala observa que la inconformidad de la quejosa radica en la imposibilidad de registrar la escritura p\u00fablica antes mencionada, concerniente a los inmuebles adquiridos producto de la compraventa suscrita con Luz Mercedes \u00c1vila, en raz\u00f3n a que, si bien acudi\u00f3 a la entidad accionada para tal prop\u00f3sito, esta le devolvi\u00f3 la documentaci\u00f3n por el no pago de los derechos de registro referente a la afectaci\u00f3n familiar. <\/p>\n
2.2. Paralelamente, en atenci\u00f3n al proceso ejecutivo promovido por Bancolombia S.A. contra Luz Mercedes \u00c1vila, el Juzgado Quinto debatido -con prove\u00eddo del 1\u00ba de febrero de 2022- resolvi\u00f3: <\/p>\n
1.- DECRETAR EL EMBARGO y retenci\u00f3n de las sumas de dinero depositados en cuentas corrientes, de ahorros, CDT, CDT o que a cualquier otro t\u00edtulo bancario o financiero que posea la parte demanda SERVICIOS Y SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S.A.S y LUZ MERCEDES \u00c1VILA ORTEGA, en las diferentes entidades bancarias indicadas en la solicitud de medidas previas con lo previsto en el Numeral 10\u00ba del Art\u00edculo 593 del C.G.P. Lim\u00edtese el anterior embargo a la suma de $ 240.000. 000.oo M\/cte. <\/p>\n
2.- DECRETAR El EMBARGO y posterior secuestro del inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-753292 registrado en la oficina de instrumentos p\u00fablicos de Cali, de propiedad de la demandada LUZ MERCEDES AVILA DE ORTEGA. <\/p>\n
3.- DECRETAR El EMBARGO y posterior secuestro del inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-753135 registrado en la oficina de instrumentos p\u00fablicos de Cali, de propiedad de la demandada LUZ MERCEDES AVILA DE ORTEGA. <\/p>\n
4.- DECRETAR El EMBARGO y posterior secuestro del inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 370-753135 registrado en la oficina de JUZGADO 5 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI SECRETARIA EN EL ESTADO No. 14 EN LA FECHA, 3 DE FEBRERO DE 2022 NOTIFICO A LAS PARTES EL CONTENIDO DEL PRESENTE AUTO, SIENDO LAS 8:00 AM. MARTHA ISABEL YELA GARCIA SECRETARIA- instrumentos p\u00fablicos de Cali, de propiedad de la demandada LUZ MERCEDES AVILA DE ORTEGA. <\/p>\n
En raz\u00f3n a dicho mandato, la oficina de Registro e Instrumentos P\u00fablicos de Cali, procedi\u00f3 a registrar el embargo de los bienes en disputa. Actuaci\u00f3n que imposibilit\u00f3 el registro perseguido por la aqu\u00ed tutelante. <\/p>\n
2.3. La actora se duele de dicha determinaci\u00f3n, pues aduce que ten\u00eda un turno anterior a la solicitud de registro de embargo emitida por el Juzgado Quinto atacado. <\/p>\n
3. De lo anotado, es claro que las inconformidades planteadas por la tutelante no pueden ser compartidas por esta Sala. Ello pues, a la fecha de radicaci\u00f3n del embargo ordenado por el Juzgado accionado, a\u00fan la actora no hab\u00eda allegado el comprobante de pago de la afectaci\u00f3n familiar, por lo que la Oficina de Registro enjuiciada se encontraba obligada a efectuar la orden Judicial impartida el 1\u00ba de febrero de 2022. Actuaciones que no vulneran los derechos alegados por la impulsora, puesto que est\u00e1n soportadas en el art\u00edculo 593 del C\u00f3digo General del Proceso y la Ley 1579 de 2012. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se evidencia una ausencia de vulneraci\u00f3n por parte de las autoridades enjuiciadas, pues independientemente de que las actuaciones no sean compartidas por la parte interesada, estas son respetuosas de las disposiciones normativas enunciadas. Y, por tanto, la vulneraci\u00f3n endilgada es inexistente, lo cual torna inviable la acci\u00f3n de tutela, ya que: <\/p>\n
[P]artiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (\u2026). En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026), ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger el interesado\u2026 Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela. Ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tramites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo (\u2026) en procura de sus derechos (T-013 de 2017). (CC T-130\/14; reiterada en T-330\/2022. Citada por esta Sala, entre otras, en STC137-2021). <\/p>\n
En lo concerniente a la presunci\u00f3n de veracidad, ciertamente el art\u00edculo 20 del Decreto 2591 de 1991 dispone que si el informe solicitado a la autoridad demandada no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa. Empero, dicho instrumento instituido para sancionar el desinter\u00e9s o la negligencia de las autoridades p\u00fablicas no conlleva a que el juez se precipite a fallar dando por verdadero todo lo que afirma el accionante, como lo plantea el defensor, sino que, acorde con la l\u00ednea de la Corte Constitucional, est\u00e1 obligado a buscar los elementos de juicio f\u00e1cticos que, mediante la adecuada informaci\u00f3n, le permitan llegar a una convicci\u00f3n seria y suficiente de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica sobre la cual habr\u00e1 de pronunciarse (T-644 de 2003). <\/p>\n
Incluso, pocos a\u00f1os despu\u00e9s de expedido el Decreto 2591 de 1991, dicha Corporaci\u00f3n precis\u00f3 que \u00abLa presunci\u00f3n de veracidad de que trata el art\u00edculo 20 del decreto 2591 de 1991 no puede constituirse en la patente de corso para conceder todo lo solicitado por el demandante del amparo. Dicha presunci\u00f3n s\u00f3lo puede aplicarse en cuanto se circunscribe a la competencia del juez de tutela. Lo contrario supondr\u00eda el desconocimiento de los principios en que se funda el Estado Social de Derecho\u00bb (T-392 de 1994)\u00bb (SP710-2020Radicaci\u00f3n No. 56681). (Reiterada en STC266-2021) <\/p>\n
5. Por estas razones, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados, en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del decreto 2591 de 1991. Oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folio 1-2 Anexo 015RespuestaJuz002EjeCtoanexo1.pdf. <\/p>\n
2\u0002 Folio 1-2. Anexo 010ContestacionJuz036CmpalAnexo1.pdf <\/p>\n
3\u0002 Folio 1-3. Anexo 019Correo_ RespuestaJuz005Ccto.pdf <\/p>\n
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