STC980-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC980-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-01274-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Sandra Patricia Fuentes Cort\u00e9s frente al fallo proferido el 1\u00ba de diciembre de 2022 por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, contra el Juzgado Dieciocho de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, petici\u00f3n, igualdad, \u00abacceso y uso de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada por la tardanza en el tr\u00e1mite del juicio fustigado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la sede judicial encausada i) \u00abfijar como cuota provisional de alimentos la suma de\u2026 ($3\u2019000.000\u00b0\u00b0), m\u00e1s una suma igual por concepto de mensuales (sic) y\/o el\u2026 (24) por ciento del salario devengado por el alimentante. M[\u00e1]s la suma de Un mill\u00f3n y medio para Navidad y Cumplea\u00f1os\u00bb; ii) comunicar \u00abal pagador de la rama Judicial el embargo del salario que actualmente devenga\u2026 Gereda Antolinez\u00bb; y iii) \u00abCompulsar las copias necesarias para que la Comisi\u00f3n de \u00e9tica de la Rama Judicial\u2026 revisen (sic) los documentos aportados por\u2026 Gereda Antolinez\u2026 al momento del concurso y postulaci\u00f3n al Cargo de Juez\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los que as\u00ed se sintetizan: <\/p>\n
2.1. La accionante critic\u00f3 que la sede judicial acusada \u00abno ha resuelto siquiera las m\u00faltiples solicitudes de impulso procesal\u00bb que le ha presentado en el juicio de aumento de cuota alimentaria que promovi\u00f3 desde el a\u00f1o 2019, en representaci\u00f3n de su hija menor de edad, contra el padre de \u00e9sta, Elkin Horacio Gereda Antolinez. <\/p>\n
2.2. Destac\u00f3 que el progenitor de la ni\u00f1a es funcionario p\u00fablico, devenga m\u00e1s de $13.437.792,70 mensuales y, adem\u00e1s de todas las otras prestaciones de ley, $11.000.000 m\u00e1s de forma semestral, pero para la cuota alimentaria integral de la menor s\u00f3lo ofrece $300.000 y, descaradamente, al momento de posesionarse, falsamente manifest\u00f3 que \u00abno contaba o estaba inmerso dentro de proce[s]o de alimentos alguno\u00bb, resultando urgente que se resuelva sobre su petici\u00f3n de fijaci\u00f3n de cuota alimentaria provisional. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Procuradur\u00eda 186 Judicial II de Familia solicit\u00f3 que, de hallarse demostrada la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta por la quejosa, se declarara \u00abla vulneraci\u00f3n ius fundamental de los derechos de la actora y de su hija menor de edad por parte de la entidad judicial demandada, a quien se deber\u00eda exhortar a encausar (sic) el proceso\u2026 al rigor normativo de los procesos de alimentos, independientemente de la calidad del demandado\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Dieciocho de Familia de Bogot\u00e1 deprec\u00f3 \u00abdeclarar la carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb en lo referente al impulso del proceso fustigado e improcedentes las dem\u00e1s pretensiones \u00abpor no cumplir con el requisito de subsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que al asunto atacado \u00able ha dado el tr\u00e1mite que por ley procesal corresponde\u00bb, verific\u00e1ndose, \u00abprimero, la gesti\u00f3n de notificaci\u00f3n a la pasiva, segundo, el volumen de dem\u00e1s procesos que a la par tr\u00e1mite el juzgado, tercero, tiempo de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos en \u00e9poca de pandemia, cuarto, adaptaci\u00f3n a la virtualidad con todas las dificultades que trajo consigo dicha labor, y quinto, que al tr\u00e1mite hubo la necesidad de realizar control legalidad\u00bb; y destac\u00f3 que, en concordancia con ello, \u00abel 25 de noviembre de 2022, se emiti\u00f3 auto que decret[\u00f3] pruebas, neg\u00f3 alimentos provisionales y fij\u00f3 fecha de audiencia [de] que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del CGP, al considerar la agenda del despacho\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda 36 Judicial II de Familia pidi\u00f3 declarar \u00abjur\u00eddicamente improcedente\u2026 la tutela y\u2026 despach[ar] desfavorablemente las pretensiones de la accionante; por tratarse de un hecho superado\u00bb; y desvincular del tr\u00e1mite constitucional al estrado judicial accionado. <\/p>\n
4. Elkin Horacio Gereda Antolinez refut\u00f3 la situaci\u00f3n f\u00e1ctica expuesta por la accionante; adujo que \u00e9sta no conviv\u00eda con la menor de edad involucrada y tambi\u00e9n gozaba de una alta asignaci\u00f3n salarial; que, al margen de su v\u00ednculo laboral, \u00e9l ten\u00eda m\u00faltiples obligaciones distintas a la alimentaria ac\u00e1 denunciada; y que se posesion\u00f3 como funcionario p\u00fablico con antelaci\u00f3n al juicio de alimentos recriminado, de donde era falso que hubiese mentido al momento de asumir el cargo. <\/p>\n
Rog\u00f3 declarar improcedente la salvaguarda porque \u00abno se cumplen los presupuestos para pasar por alto el tr\u00e1mite previsto en la norma para estos asuntos\u00bb y \u00ab[l]o que pide la libelista es totalmente descabellado, pues pretende que por v\u00eda de tutela el Tribunal suplante al juez competente para resolver\u00bb. <\/p>\n
5. La abogada Claudia Alejandra Camargo Quiroga indic\u00f3 que aunque el Juzgado encausado, \u00aben virtud de la presente acci\u00f3n de tutela, procedi\u00f3 a disponer algunas actuaciones procesales, se neg\u00f3 a decretar alimentos provisionales\u00bb, por lo que se\u00f1al\u00f3 coadyuvar el ruego de la accionante en el sentido que se \u00abproceda a impartir la orden para que se declare la cuota provisional requerida en el escrito de Tutela, donde lo \u00fanico que se est\u00e1 buscando es el beneficio de una menor cuyo padre a pesar de tener los recursos necesarios para proveer una cuota alimentaria digna se sustrae flagrantemente de su responsabilidad econ\u00f3mica, siendo\u2026 Sandra Patricia\u2026 la \u00fanica responsable y obligada con las necesidades de la menor hija del se\u00f1or\u2026 Gereda Antolinez\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 el amparo porque \u00absi bien se constat\u00f3 la existencia de una mora judicial injustificada en la tramitaci\u00f3n de[l] proceso\u2026, dicha situaci\u00f3n se super\u00f3 con ocasi\u00f3n de la\u2026 acci\u00f3n de tutela, en la medida que, por auto del 25 de noviembre de 2022 la sede judicial accionada fij\u00f3 fecha y hora para celebrar la audiencia de que trata el art\u00edculo 392 del C. G. del P. para el 19 de enero de 2023 a las 9:30 a.m., plazo razonable si se tiene en cuenta que, en la misma providencia se decretaron las pruebas del proceso\u2026 Luego, corresponder\u00e1 primera facie al juez natural y no al constitucional, pronunciarse sobre el m\u00e9rito de las pretensiones de aumento de cuota alimentaria impetradas por la accionante siguiendo el curso natural del proceso que ha sido fijado por el legislador para esa clase de asuntos\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 no advertir \u00abde qu\u00e9 manera puedan verse conculcados los intereses de la menor\u2026, ya que, seg\u00fan se refiri\u00f3 en el l\u00edbelo genitor\u2026 y en la demanda declarativa, ya existe una cuota alimentaria fijada en cabeza del se\u00f1or Elkin Horacio, y sobre las cuales se est\u00e1 tramitando el cobro ejecutivo\u00bb; sumado a que \u00absobre la solicitud de \u00abalimentos provisionales\u00bb tambi\u00e9n se pronunci\u00f3 la c\u00e9lula judicial enjuiciada mediante el [mentado] prove\u00eddo\u2026, determinando que, fuera de lo antes se\u00f1alado, en el proceso de aumento de cuota alimentaria \u00abno se han acreditado los gastos de la menor hija en com\u00fan de las partes\u00bb\u2026\u00bb; y \u00abrespecto de la pretensi\u00f3n\u2026 enfilada a que se compulsen \u00abcopias [a] la Comisi\u00f3n de \u00e9tica de la Rama Judicial a fin que revisen los documentos aportados por el se\u00f1or\u2026 Gereda Antolinez, al momento del concurso y postulaci\u00f3n al Cargo\u2026\u00bb, si la se\u00f1ora Sandra Patricia considera que alg\u00fan funcionario judicial ha \u00abinfringido normas disciplinarias o penales, puede acudir directamente ante las autoridades competentes para que se adelante la investigaci\u00f3n que en cada caso particular legalmente corresponda, pues, la tutela no es un mecanismo de intermediaci\u00f3n de esas inconformidades. Naturalmente que asumiendo las responsabilidades que el legislador establece para estos casos, cuando la denuncia es absurda o temeraria\u00bb (CSJ, STC2309-2016)\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la actora aduciendo, exclusivamente, que la negativa del Juzgado acusado frente a la fijaci\u00f3n de los alimentos provisionales \u00abest\u00e1 haciendo m\u00e1s gravosa la situaci\u00f3n\u00bb, porque aunque \u00abGereda Antolinez, en calidad de padre[,] suministra una suma por concepto de alimentos para su hija, por un valor de\u2026 ($300.000), tambi\u00e9n es cierto que esta\u2026 es irrisoria frente al actual salario por \u00e9l devengado\u00bb; sumado a que \u00abtampoco participa de los gastos de su hija[,] adicionales o extras[,] que la cuota alimentaria actualmente ofrecida no alcanzan (sic) a cubrir\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo, y por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, se anticipa su fracaso, por lo cual habr\u00e1 de confirmarse el fallo del Tribunal a-quo, dada la inviabilidad del resguardo impetrado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
2.1. En lo tocante con la prerrogativa de \u00abpetici\u00f3n\u00bb ante instancias jurisdiccionales, como lo es el Juzgado atacado, la Corte ha puntualizado en varias oportunidades su improcedencia, sobre la base de que: <\/p>\n
Las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales (\u2026) deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (se destac\u00f3 – CSJ STC, 20 y 31 mar. 2000, rads. 4822 y 4867; reiteradas, entre otras, en STC13140-2015, 28 sep., rad. 01762-01). <\/p>\n
2.2. Por otro lado, en todo caso, ciertamente, como lo concluy\u00f3 el Tribunal a-quo, con el auto dictado en el curso de esta acci\u00f3n de tutela, el 25 de noviembre de 2022, el estrado judicial convocado atendi\u00f3, aunque adversamente, la solicitud de fijar alimentos provisionales a favor de la menor involucrada en el juicio atacado, al razonar que \u00abel proceso\u2026 es un aumento de cuota alimentaria y no fijaci\u00f3n de la misma, lo que indica que ya existe una suma establecida por tal concepto a favor de la menor, por lo que no resulta necesario fijar una\u2026 provisional como lo pretende la parte solicitante, aunado a que, una vez revisadas las\u2026 diligencias, no se han acreditado los gastos de la menor hija en com\u00fan de las partes\u00bb. <\/p>\n
De esta manera, es claro que en el curso del presente rito supralegal se super\u00f3 la situaci\u00f3n denunciada como conculcadora de derechos fundamentales, cumpli\u00e9ndose as\u00ed la pretensi\u00f3n constitucional de la peticionaria, por lo cual carece de objeto impartir una orden con miras a que el juzgador acusado se pronuncie frente a la mentada solicitud, pues ello ya ocurri\u00f3, raz\u00f3n por la cual se colige que ces\u00f3 la supuesta vulneraci\u00f3n de garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
De all\u00ed que el resguardo no pudiera prosperar, al vislumbrarse un \u00abhecho superado\u00bb, aspecto frente al cual la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente\u2026 la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
2.3. Por otro lado, siendo obvio que para cuando se radic\u00f3 la demanda de tutela g\u00e9nesis de esta actuaci\u00f3n (18 de noviembre de 2022), no exist\u00eda la citada decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el Juzgado el pasado 25 de noviembre, es patente la inviabilidad de que el juez constitucional, en esta oportunidad, se ocupe de los reparos novedosamente expuestos frente a la misma en el escrito de impugnaci\u00f3n, comoquiera que ese es un aspecto que no pudo ser cabalmente controvertido en este tr\u00e1mite y que la quejosa ha debido cuestionar, a trav\u00e9s del procedente recurso de reposici\u00f3n, ante el juzgador natural (lo que omiti\u00f3 hacer), de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los intervinientes, correspondi\u00e9ndole a aqu\u00e9lla agotar, ante el fallador ordinario, cualquier tipo de discusi\u00f3n al respecto. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC980-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC980-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-10-000-2022-01274-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Sandra Patricia Fuentes Cort\u00e9s frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71164","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71164","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71164"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71164\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71164"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71164"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71164"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}