STC982-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC982-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02717-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Luis Guillermo Quintero Torres frente al fallo proferido el 12 de diciembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00e9l contra Retroingenier\u00eda V&A S.A.S., los Juzgados Treinta y Uno Civil del Circuito y Quince Civil Municipal, ambos de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en los asuntos que originaron la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, petici\u00f3n, trabajo, igualdad y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por los accionados con ocasi\u00f3n de la vigencia de las cautelas dispuestas en los juicios ejecutivos reprochados. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 ordenar i) al estrado municipal acusado, \u00abse elaboren\u2026 los oficios de entrega de t\u00edtulos a favor de [su] empresa\u00bb; y ii) al Juzgado del circuito convocado, \u00abse elaboren\u2026 los oficios de terminaci\u00f3n[,] entrega de oficios y\u2026 de t\u00edtulos a [su] favor\u2026[,] como due\u00f1o de la empresa demandada (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. La situaci\u00f3n f\u00e1ctica relevante para definir este asunto es la que as\u00ed se sintetiza: <\/p>\n
2.1. Retroingenier\u00eda V&A S.A.S. promovi\u00f3 dos juicios ejecutivos en contra de Grupo Quintero y Asociados S.A.S., uno de los cuales le correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Municipal accionado y el otro al estrado de categor\u00eda circuito acusado. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela el actor se doli\u00f3 de que, en detrimento de la empresa all\u00ed ejecutada, de la que dijo ser propietario, con la anuencia de las sedes judiciales encausadas, en ambos juicios se est\u00e1n cobrando los mismos t\u00edtulos y se decretaron cautelas en contra de esa compa\u00f1\u00eda, desconociendo, adem\u00e1s, el acuerdo al que llegaron las partes para cesar su cobro jur\u00eddico, pacto que, adujo, la ejecutante present\u00f3 tard\u00edamente ante la judicatura. <\/p>\n
Destac\u00f3 que tal situaci\u00f3n \u00abest\u00e1 causando un grave perjuicio a la empresa\u2026, toda vez que con los dineros retenidos ha sido imposible pagar n\u00f3minas a empleados, desarrollar [su] objeto social\u2026 y realizar pagos de acreedores\u00bb; aunado a que la sociedad tiene \u00abcontratos respaldados con p\u00f3lizas que[,] en caso de incumplimiento[,] tendr\u00e1n que ser asumidas por [la] empresa[,] debido a la iliquidez que presenta\u2026 en estos momentos\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, en cuanto al asunto a su cargo, inform\u00f3 que \u00abpor auto del 9 de diciembre de 2022 que se notificar\u00e1 en estado del 12 de diciembre de 2022, se orden\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso por pago total de la obligaci\u00f3n, el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega de dep\u00f3sitos judiciales en caso de que no exista embargo de remanentes. En consecuencia, una vez se encuentre en firme la decisi\u00f3n, la secretar\u00eda del juzgado elaborar\u00e1 y tramitara los oficios y t\u00edtulos respectivos\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Quince Civil Municipal de la capital de la Rep\u00fablica pidi\u00f3 despachar desfavorablemente la salvaguarda, \u00abal haberse superado los hechos que dieron lugar a [su] interposici\u00f3n\u00bb, comoquiera que mediante prove\u00eddo del pasado 26 de octubre se puso fin al juicio ejecutivo que all\u00ed cursaba y, \u00aben aras de hacer menos gravosa la situaci\u00f3n del accionante, se procedi\u00f3 a la elaboraci\u00f3n de los t\u00edtulos judiciales a favor de la parte demandada, los cuales se encuentran a su disposici\u00f3n para ser cobrados en el Banco Agrario\u00bb. <\/p>\n
3. Retroingenier\u00eda V&A S.A.S. se opuso a la prosperidad del resguardo en su contra porque el quejoso nunca le present\u00f3 ninguna petici\u00f3n, \u00abal punto que con su escrito de tutela no hay prueba alguna de ello\u00bb; respecto al debido proceso, adujo que \u00abpresent\u00f3 las correspondientes solicitudes de terminaci\u00f3n\u2026 por el pago total de la obligaci\u00f3n, anterior a ello la suspensi\u00f3n del proceso que se encontraba en curso y era tramitado, sin contar con pronunciamiento alguno del ahora accionante, quien nunca tuvo desconocimiento del mismo\u00bb; y de cara al derecho al trabajo, aludi\u00f3 que ha sido su apoderado \u00abel interesado en solicitar el desembargo de las cuentas corrienetes (sic) de ahorro y\/o que a cualquier otro t\u00edtulo posea la parte demandada\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que frente al juzgado municipal se presenta un hecho superado porque \u00e9ste \u00abrealiz\u00f3 el correspondiente t\u00edtulo judicial a favor del accionante\u00bb y coadyuv\u00f3 \u00abla solicitud del accionante, con la finalidad de [que,] una vez se encuentre ejecutoriado el auto calendado del 09 de diciembre de la presente anualidad [se refiere al 2022] se proceda con la elaboraci\u00f3n del t\u00edtulo judicial contentivo de las sumas de dinero embargadas\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional declar\u00f3 inviable el resguardo \u00abteniendo en cuenta que\u2026 Luis Guillermo Torres no es parte ni tercero con inter\u00e9s reconocido en los pleitos objeto de la queja constitucional\u00bb, lo que \u00abdescarta su \u00ablegitimaci\u00f3n\u00bb para refutar en \u00abcausa propia\u00bb por esta extraordinaria v\u00eda, las decisiones all\u00ed proferidas\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el actor insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los cuales agreg\u00f3 que deb\u00eda darse prelaci\u00f3n a lo sustancial sobre las formas, m\u00e1xime cuando s\u00ed est\u00e1 legitimado en causa porque se ve perjudicado \u00aben el derecho al trabajo y en [su[ m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, porque\u2026 percib[e] un salario por el cargo que t[iene] y econ\u00f3micamente [s]e es[t\u00e1] viendo perjudicado debido a que no h[a] podido cumplir con [sus] obligaciones personales\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
2. De los elementos de convicci\u00f3n obrantes en las presentes diligencias anticipa la Sala el fracaso de la impugnaci\u00f3n, lo que impone confirmar el fallo del a-quo constitucional, comoquiera que el peticionario, Luis Guillermo Quintero Torres, muy a pesar de sus alegaciones, ciertamente carece de legitimaci\u00f3n para cuestionar por esta v\u00eda las actuaciones surtidas en los juicios ejecutivos entablados por Retroingenier\u00eda V&A S.A.S. contra el Grupo Quintero y Asociados S.A.S., por no ser parte ni interviniente reconocido en dicha contienda, a m\u00e1s que ninguna actuaci\u00f3n ha desplegado all\u00ed. <\/p>\n
Sobre la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo de resguardo constitucional, los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 establecen como presupuesto para su formulaci\u00f3n que quien as\u00ed obre tenga un inter\u00e9s que legitime su intervenci\u00f3n, el cual, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales, radica en cabeza de quien integra alguno de los extremos del litigio o fue reconocido como interviniente. <\/p>\n
En cuanto al alcance del citado canon 10\u00ba, la jurisprudencia constitucional ha considerado que: <\/p>\n
\u2026la legitimaci\u00f3n por activa en la acci\u00f3n de tutela se refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso (CC T-878\/07). <\/p>\n
Y en un caso de similares contornos al aqu\u00ed propuesto, la Sala precis\u00f3 que: <\/p>\n
…\u2018al ser evidente que la promotora de la queja carece de atribuci\u00f3n para adelantar por este medio la defensa de los derechos fundamentales reclamados dentro de un juicio donde no ostent\u00f3 la calidad de parte ni de tercero, emerge ostensible la improcedencia de la protecci\u00f3n impetrada, no siendo menester adentrarse en el contenido de la queja por cuanto lo primero excluye lo segundo\u2019 (sentencia de 26 de noviembre de 2010, exp. 11001-22-03-000-2010-01168-01, reiterada en fallo de 26 de julio de 2012, exp. No. 13001-22-13-000-2012-00198-01) (CSJ STC, 24 oct. 2012, rad. 00171-01; reiterada en STC2689-2015, 11 mar. 2015, rad. 00421-00). <\/p>\n
Entonces, se itera, habida cuenta que el tutelante no es parte ni interviniente reconocido en el proceso que por v\u00eda de tutela cuestion\u00f3, emerge di\u00e1fana su falta de legitimaci\u00f3n que le impide promover el resguardo a t\u00edtulo personal, sin que tal conclusi\u00f3n var\u00ede por su supuesta -no acreditada- condici\u00f3n de propietario y empleado de la sociedad ejecutada, en tanto que las inconformidades atinentes a sus dificultades laborales y econ\u00f3micas resultan ajenas al debate a surtirse al interior de las ejecuciones entabladas frente a la persona jur\u00eddica atr\u00e1s referida. <\/p>\n
3. En adici\u00f3n, en un asunto que, mutatis mutandis, resulta aplicable al de ahora, en el cual la persona natural que concurri\u00f3 a la acci\u00f3n supralegal, sin acreditarlo, dijo hacerlo como representante legal de una tercera de naturaleza jur\u00eddica; bajo los siguientes razonamientos, in extenso, esta Sala consider\u00f3 ausente su legitimaci\u00f3n en causa: <\/p>\n
2. De entrada, la Sala advierte que la tutela carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por ausencia del presupuesto de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, tal como pasa a explicarse. <\/p>\n
2.1. En efecto, sobre la legitimaci\u00f3n en la causa para promover una acci\u00f3n de tutela, debe tenerse en cuenta que el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991 establece que \u00e9sta <\/p>\n
[p]odr\u00e1 ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuar\u00e1 por s\u00ed misma o a trav\u00e9s de representante. Los poderes se presumir\u00e1n aut\u00e9nticos. Tambi\u00e9n se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no est\u00e9 en condiciones de promover su propia defensa (…) (Se subraya). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, la Corte Constitucional tiene decantado que las personas jur\u00eddicas tambi\u00e9n son titulares de algunos derechos fundamentales, los cuales pueden ser desconocidos por las autoridades o por particulares, lo que hace viable el escenario de la tutela para la protecci\u00f3n de esas garant\u00edas, en forma independiente de quienes la integran y en su representaci\u00f3n. En esos t\u00e9rminos, en la sentencia SU-439 de 2017 clarific\u00f3 las pautas a seguir para la identificaci\u00f3n de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa de la persona jur\u00eddica en la acci\u00f3n de tutela, as\u00ed: <\/p>\n
(i) Las personas jur\u00eddicas est\u00e1n facultadas para formular acciones de tutela en nombre propio o como agentes oficiosos de sus socios. <\/p>\n
(ii) La solicitud de amparo por parte de las personas jur\u00eddicas debe hacerse, prima facie, por medio de sus representantes legales. Tambi\u00e9n se permitir\u00eda que se actuara a trav\u00e9s de un adecuado apoderamiento judicial, y, extraordinariamente, en virtud de una agencia oficiosa (\u2026) <\/p>\n
(iv) La persona jur\u00eddica est\u00e1 en capacidad de velar por la protecci\u00f3n de sus propios derechos, es decir, se descarta que sus socios act\u00faen para la salvaguarda de sus intereses (\u2026). <\/p>\n
2.3. Aplicadas las anteriores consideraciones al caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se advierte la improcedencia de la salvaguarda, por falta de legitimaci\u00f3n del se\u00f1or\u2026 G\u00f3mez Blanco, en tanto no aport\u00f3 con la tutela el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de la sociedad que afirma representar. Al respecto, en asuntos con algunos contornos similares al ac\u00e1 debatido, la Sala ha establecido la inviabilidad de la acci\u00f3n constitucional: <\/p>\n
(\u2026) por la falta de legitimaci\u00f3n\u2026 al no haber aportado el certificado vigente de existencia y representaci\u00f3n de la sociedad que afirma representar, para acreditar que la persona que otorg\u00f3 el poder estaba facultada para tal efecto (\u2026). <\/p>\n
\u2018(\u2026) no obra en el plenario prueba de la existencia y representaci\u00f3n de la persona jur\u00eddica de que trata el presente asunto, ni tampoco se pueden verificar las facultades y limitaciones de la persona que otorga el poder especial, por cuanto la autorizaci\u00f3n dada mediante la escritura p\u00fablica referida no fue allegada con la tutela, lo cual evidencia una falta de legitimaci\u00f3n por activa (\u2026). <\/p>\n
Respecto de la necesidad de probar la existencia y representaci\u00f3n de las personas jur\u00eddicas para el otorgamiento de poderes, la Corte Constitucional ha expresado: <\/p>\n
\u2018es razonable exigir prueba de que quien otorga el poder al nuevo abogado es quien la persona jur\u00eddica invisti\u00f3 de poder general para representar sus intereses. Por tanto, el certificado legal que inicialmente se aport\u00f3 al proceso pierde validez para probar que quien dice ser representante legal, realmente lo es\u2026\u2019 (Sentencia T328-02) (\u2026). <\/p>\n
\u2026dado que no se vislumbra constancia de la representaci\u00f3n del accionante respecto de la empresa titular de los derechos que se reclaman, es inviable estudiar de fondo el ruego impetrado\u2019 (CST STC2039-2021, expediente 2020-00525-01). (STC13279-2021, expediente 2021-03483-00) (Se subraya). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente asunto, como se indic\u00f3, el tutelante no aport\u00f3 un certificado actual que acredite la condici\u00f3n en la que concurri\u00f3 a esta instancia para defender los derechos de la sociedad… (CSJ STC16728-2022, 15 dic., rad. 2022-04241-00). <\/p>\n
4. Lo consignado es suficiente para respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a los interesados a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito y env\u00edense las actuaciones pertinentes a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC982-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC982-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-02717-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por Luis Guillermo Quintero Torres frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71166","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71166","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71166"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71166\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71166"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71166"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71166"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}