STC983-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC983-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2022-00331-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Antonio Arboleda Monta\u00f1o y William C\u00e1rdenas Giraldo frente al fallo proferido el 29 de noviembre de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ellos contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de ese lugar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos esenciales al debido proceso, igualdad, \u00abvida en conexidad con el trabajo\u00bb y \u00abacceso del servicio p\u00fablico de la justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por el estrado acusado al omitir resolver el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios que impulsaron. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar a la autoridad enjuiciada \u00abdarle tr\u00e1mite al incidente de liquidaci\u00f3n de [h]onorarios\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio ejecutivo incoado por Mejor Vivir Constructora S.A. – Mevicon S.A. contra Jaramillo Estrada Ltda. – en liquidaci\u00f3n, el 4 de agosto de 2022 el Juzgado convocado puso fin al proceso por pago total de la obligaci\u00f3n y rechaz\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios impulsado por los ac\u00e1 accionantes contra la referida deudora. Tal pronunciamiento no fue recurrido por \u00e9stos. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, adujeron los quejosos que la sede judicial atacada archiv\u00f3 el asunto sin resolver su \u00abincidente de liquidaci[\u00f3]n de honorarios\u2026[,] recibido por el\u2026 juzgado el\u2026 26 de septiembre de 2022\u00bb. <\/p>\n
Afirmaron que ese estrado, el 8 de noviembre de 2022 y por solicitud de otro apoderado judicial que en representaci\u00f3n de la ejecutada constituy\u00f3 Nelson Jaramillo (representante legal de la deudora), irregularmente orden\u00f3 la elaboraci\u00f3n de oficios para el levantamiento de las cautelas, sin que se hubiese revocado el poder que inicialmente se confiri\u00f3 a Arboleda Monta\u00f1o, expedido el correspondiente paz y salvo por la labor jur\u00eddica desplegada ni reconocido las prestaciones econ\u00f3micas derivadas de la misma, m\u00e1xime cuando qued\u00f3 acreditado su cabal cumplimiento, por lo que, incluso, se mostraba exigible la prima de \u00e9xito pactada. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas; destac\u00f3 que el pasado 4 de agosto \u00abrechaz\u00f3 el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios, teniendo en consideraci\u00f3n que el poder no fue revocado a profesional del derecho y que no se reunieron los requisitos legales para [su] formulaci\u00f3n\u00bb; e indic\u00f3 que \u00abno se encuentran actuaciones pendientes y que las providencias dictadas fueron debidamente motivadas, raz\u00f3n por la que\u2026 solicit[\u00f3]\u2026 negar la solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal \u00abal vislumbrarse la no vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno del accionante\u00bb. <\/p>\n
3. La Procuradur\u00eda Judicial II Ambiental y Agraria del Valle tambi\u00e9n rog\u00f3 su exclusi\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque ninguno de \u00ablos hechos que se narran como constitutivos de la presunta violaci\u00f3n\u2026 son de [su] responsabilidad\u2026 [y] desconoce la ocurrencia de los mismos\u00bb. <\/p>\n
4. Nelson Jaramillo Estrada manifest\u00f3 ser \u00abadulto Mayor de 96 a\u00f1os, raz\u00f3n por la cual no pud[o] acceder al correo donde inicialmente fu[e] notificado[,] pues no recuerd[a] la contrase\u00f1a\u00bb; que \u00ab[l]as razones que expone el accionante para sustentar el cobro de honorarios est\u00e1n reglamentadas y suplic[\u00f3]\u2026 estudiar de forma minuciosa, si es o no la forma legal de clarificar sus pretensiones\u00bb; que \u00ab[e]l poder fue revocado hace dos a\u00f1os, para el ejercicio de tr\u00e1mites externos al proceso que nos ocupa, sin embargo[,] en cuesti\u00f3n al proceso [fustigado]\u2026 nunca fue revocado el [m]ismo, y con las formalidades que exige el CGP\u00bb; que \u00ab[s]i bien solicit[\u00f3] informaci\u00f3n y documentos al Despacho las mismas se hicieron de manera personal como demandado y sin sustituci\u00f3n de Apoderado\u00bb; que \u00ab[n]o es un secreto que el tiempo [l]e ha pasado y no quier[e] tener situaciones no resueltas, la deuda con el Buen vivir\u2026 fue cancelada por [\u00e9l]. Raz\u00f3n por la cual solicit[\u00f3] copias sin intermediaci\u00f3n de abogado, dado que el Dr. Arboleda [lo] abandon\u00f3 como cliente y se dedic\u00f3 a entorpecer el proceso de liquidaci\u00f3n del m[is]mo\u00bb. <\/p>\n
5. La Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca igualmente exigi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite porque \u00abno es competente para atender el petitorio del accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional neg\u00f3 la salvaguarda al evidenciar que, \u00abantes de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n\u2026, el despacho fustigado dio respuesta a la solicitud [de] los accionantes[,] mediante auto del 4 de agosto del cursante a\u00f1o [se refiere al 2022], en el que se pronunci\u00f3 respecto del incidente de honorarios pretendido\u2026, decisi\u00f3n que adem\u00e1s no fue reprochada por los accionantes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, a los cuales a\u00f1adi\u00f3 que, precisamente, la expedici\u00f3n del prove\u00eddo del 4 de agosto \u00faltimo acredita la conculcaci\u00f3n de las garant\u00edas invocadas, comoquiera que caprichosamente se rechaz\u00f3 de plano el incidente formulado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, se anticipa la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, porque es patente que la solicitud de resguardo carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, comoquiera que frente al prove\u00eddo mediante el cual, el 4 de agosto de 2022, se rechaz\u00f3 de plano el incidente de regulaci\u00f3n de honorarios incoado por los quejosos, \u00e9stos omitieron interponer los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n que, acorde con los c\u00e1nones 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso, resultaban viables, siendo esa la oportunidad para exponer ante el fallador natural todas las inconformidades tra\u00eddas tard\u00edamente en la demanda de tutela. <\/p>\n
Esa circunstancia evidencia el descuido de los reclamantes en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el juzgador ordinario e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Corte ha sostenido que si el gestor de la protecci\u00f3n \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 117 del C\u00f3digo General del Proceso] -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la evidente e injustificada desatenci\u00f3n de los inconformes, no avizora la Corte ninguna situaci\u00f3n excepcional que conlleve a la morigeraci\u00f3n del requisito en comento, por lo que no resultan de recibo las alegaciones tra\u00eddas en la impugnaci\u00f3n, debi\u00e9ndose ratificar que la protecci\u00f3n rogada era inviable a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la falta de agotamiento del medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las situaciones denunciadas en sede de tutela; m\u00e1xime cuando \u00e9stas claramente se edificaron en meros alegatos de instancia que debieron proponerse all\u00ed para provocar el pronunciamiento respectivo, lo que, se itera, se omiti\u00f3 efectuar e impide la intervenci\u00f3n de esta justicia supralegal. <\/p>\n
3. Lo dicho impone respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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