STC988-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC988-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2023-00273-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
La Corte decide el resguardo constitucional promovido por Mardhely Gil Ram\u00edrez contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado 2002-00152. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y vivienda digna. Del escrito inicial y las pruebas allegadas se resalta lo que viene. <\/p>\n
2. Ante el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n Civil del Circuito de Barranquilla se adelant\u00f3 el proceso ejecutivo promovido por Jos\u00e9 de Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Monsalve -en calidad de cesionario del Banco BBVA S.A.- contra Mardhely Gil Ram\u00edrez. <\/p>\n
2.1. El juez cognoscente -con providencia del 29 de abril de 2014- encontr\u00f3 no probadas las excepciones propuestas por la demandada y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n. Inconforme, interpuso recurso de apelaci\u00f3n. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -con prove\u00eddo del 6 de marzo de 2015-1 confirm\u00f3 lo resuelto por el a quo. <\/p>\n
2.2. El apoderado de la ejecutada solicit\u00f3 dar por terminado el pleito con base en lo establecido por la Ley 546 de 1999. El estrado judicial -con auto del 1\u00ba de junio de 2016-2 accedi\u00f3 al petitorio y orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares que hab\u00edan sido practicadas. <\/p>\n
2.3. El ejecutante, radic\u00f3 ante el juez cognoscente incidente de nulidad invocando la causal 2\u00aa del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso. Sin embargo, el despacho -con determinaci\u00f3n del 27 de mayo de 2022-3 neg\u00f3 lo pedido. Por este motivo, el recurrente inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n. El primero, fue resuelto de manera negativa el 22 de agosto siguiente4, pero concedi\u00f3 la alzada. <\/p>\n
2.4. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla -con prove\u00eddo del 13 de enero de 2023-5 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n recurrida. Y, en su lugar, decret\u00f3 la nulidad de lo actuado desde el auto del 1\u00ba de junio de 2016. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, la actora aduce que la Corporaci\u00f3n atacada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por cuanto el proceso deb\u00eda terminarse de manera autom\u00e1tica por ministerio de la ley, pues no hab\u00eda \u00abnecesidad de consentimiento, de manifestaci\u00f3n de voluntad, no hab\u00eda necesidad de que la parte demandada lo pidiera o ejerciera actividad judicial alguna, por cuanto la terminaci\u00f3n del proceso era una obligaci\u00f3n del juez\u00bb. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se le ordene a la autoridad judicial accionada que deje sin efecto la providencia proferida el 13 de enero de 2023. Y, en ese sentido, emita un nuevo fallo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla6 se pronunci\u00f3 frente a los fundamentos f\u00e1cticos del libelo genitor. Destac\u00f3 que se comprob\u00f3 la configuraci\u00f3n de la nulidad prevista en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, por cuanto \u00abla sentencia de segunda de instancia, proferida por este Tribunal, hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, por tal motivo, no le era permitido al juez inferior hacer ning\u00fan pronunciamiento de fondo sobre el tema del t\u00edtulo ejecutivo base del recaudo coercitivo\u00bb. Con base en lo anterior, pidi\u00f3 que fuera denegado el amparo. <\/p>\n
2. Jos\u00e9 de Jes\u00fas Monsalve7 solicit\u00f3 que fuera despachado desfavorablemente el resguardo, ya que no se cercen\u00f3 ninguna garant\u00eda superlativa de la promotora. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la autoridad accionada vulner\u00f3 las prebendas fundamentales aducidas por la actora, con ocasi\u00f3n de la presunta v\u00eda de hecho en que incurri\u00f3 al declarar la nulidad de lo actuado. Esto, comoquiera que el a quo natural decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del pleito con base en lo establecido por la Ley 546 de 1999, por tanto, era su obligaci\u00f3n y no pod\u00eda apartarse de dicho proceder. <\/p>\n
2. Escrutado el material probatorio, se observa que la autoridad judicial accionada -con providencia del 13 de enero de 2023-8 revoc\u00f3 el fallo de primera instancia, decretando la nulidad de lo actuado desde el auto del 1\u00ba de junio de 2016. <\/p>\n
2.1. En efecto, la mentada Corporaci\u00f3n comenz\u00f3 por ilustrar los principios y elementos que rigen la instituci\u00f3n de las nulidades procesales establecidas en los art\u00edculos 132 y siguientes del C\u00f3digo General del Proceso. En ese sentido, refiri\u00f3 que el numeral 2\u00ba del canon 133 ibidem, causal invocada dentro del litigio natural, dispone que el proceso es nulo, en todo o en parte \u00abCuando el juez procede contra providencia ejecutoriada del superior, revive un proceso legalmente concluido o pretermite \u00edntegramente la respectiva instancia\u00bb. <\/p>\n
2.2. De la lectura de la norma citada, concluy\u00f3 que <\/p>\n
Esta omisi\u00f3n es motivo de nulidad del proceso, puesto que su transgresi\u00f3n se basa principalmente en que las providencias de segunda instancia deben cumplirse sin falta por el inmediato inferior jer\u00e1rquico, luego que reciba el expediente al decidirse la alzada. Entonces, el inferior que dispone cosa distinta, o realiza otro acto procesal, as\u00ed sea equivocada la decisi\u00f3n del ad quem incurre en esta causal. <\/p>\n
2.3. Ahora bien, entrando a analizar la providencia recurrida, afirm\u00f3 que el fallador de primera instancia se equivoc\u00f3 al decretar la terminaci\u00f3n del proceso con base en lo dispuesto por la Ley 546 de 1999, pues <\/p>\n
\u2026 se encuentra en el expediente sentencia de segunda instancia del 6 de marzo de 2015, proferida por el Magistrado Abd\u00f3n Sierra Guti\u00e9rrez, dentro del proceso de la referencia, en la que se resolvi\u00f3 confirmar la sentencia de primera instancia. Para arribar a su decisi\u00f3n, entre otras, se indic\u00f3 que: <\/p>\n
\u201c\u2026con la demanda se trajo el proceso de conversi\u00f3n y se expresa que al cr\u00e9dito se le hicieron las imputaciones que se deducen del mismo a ra\u00edz de los aspectos declarados inconstitucionales, por lo que correspond\u00eda al demandado, entre sus mecanismos de defensa alegar y demostrar, que dicha liquidaci\u00f3n, conversi\u00f3n y alivios expresados en la demanda no se ajustaron al mandato constitucional y los procedimiento (sic) fijados para tal efecto; pero nunca argumentar que el t\u00edtulo no cuenta, como tal, con claridad\u2026\u201d <\/p>\n
2.4. De conformidad con lo rese\u00f1ado ut supra, manifest\u00f3 que el prove\u00eddo dictado en segunda instancia hizo tr\u00e1nsito a cosa juzgada, \u00abpor tal motivo, no le era permitido al juez inferior hacer ning\u00fan pronunciamiento de fondo sobre el tema del t\u00edtulo ejecutivo base del recaudo coercitivo, puesto que su competencia, est\u00e1 definida claramente, para continuar con las fases de ejecuci\u00f3n o cumplimiento de la decisi\u00f3n que defini\u00f3 la litis\u00bb. <\/p>\n
2.5. De lo discurrido, concluy\u00f3 que el a quo incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto, habida cuenta que \u00abal ser inferior jer\u00e1rquico del Cuerpo Colegiado que resolvi\u00f3 en segunda instancia, no est\u00e1 facultado para desconocer la decisi\u00f3n del superior, apart\u00e1ndose de su resoluci\u00f3n, aunque, la considerara no concordante con su particular criterio, el cual no puede hacer prevalecer\u00bb. Y agreg\u00f3 que \u00abDe esta manera resulta claro, que la actuaci\u00f3n de la Juez de instancia no estuvo ajustada a derecho, pues de forma desacertada procedi\u00f3 a tomar una decisi\u00f3n en contra de providencia ejecutoriada del superior\u00bb. <\/p>\n
3. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable9. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo del tema y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n. <\/p>\n
3.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
3.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia. Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que <\/p>\n
[E]l juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural. (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
4. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 6-11, archivo \u201cC06IncidenteNulidad\/08Recursos20220603\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 285-295, archivo \u201c01Principal\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-14, archivo \u201cPRUEBA_25_1_2023, 8_58_56\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 1-18, archivo \u201cPRUEBA_25_1_2023, 9_00_11\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-10, archivo \u201c07. Auto Rad 44.303 (2022-01-13) Nulidad Causal 2a_REVOCA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-4, archivo \u201cOficio (2022-02-03) contestacionTutela_RAd_11001-02-03-000-2023-00273-00\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c11001020300020230027300-0017Memorial\u201d del expediente digital. <\/p>\n
8\u0002 Folios 1-10, archivo \u201c07. Auto Rad 44.303 (2022-01-13) Nulidad Causal 2a_REVOCA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
1 <\/p>\n
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