STC989-2023<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC989-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2023-00279-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Leonardo Rodr\u00edguez Guzm\u00e1n frente al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito y la Sala Civil del Tribunal Superior, ambos de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad y a las partes e intervinientes del proceso de radicado 2018-00296. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, propiedad privada y dignidad humana. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. Jos\u00e9 Leonel Guzm\u00e1n Beltr\u00e1n promovi\u00f3 ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 un proceso de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa contra Leonardo Rodr\u00edguez Beltr\u00e1n1, por falta de consentimiento e incumplimiento en el pago del precio acordado, con el fin de que se restituyera el inmueble y se condenara al accionado al pago de los frutos y perjuicios. <\/p>\n
2.2. Surtidos los tr\u00e1mites pertinentes, el 20 de abril de 2022, el Juzgado dict\u00f3 sentencia2, en la cual: (i) declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n o caducidad de la acci\u00f3n propuesta por la pasiva, en lo referente a la resoluci\u00f3n del contrato de compraventa por la falta de consentimiento; (ii) declar\u00f3 resuelto el contrato de compraventa del predio en cuesti\u00f3n, por el incumplimiento del comprador -tutelante- en el pago acordado y, por tanto, lo conden\u00f3 a restituir el inmueble; (iii) neg\u00f3 la condena de perjuicios; y (vi) orden\u00f3 al demandante devolver al accionado la suma de $42.340.557, correspondiente al valor indexado del pago recibido en virtud del contrato; y (vii) conden\u00f3 en costas al demandado. <\/p>\n
2.3. La anterior decisi\u00f3n fue confirmada por la Corporaci\u00f3n accionada el 1 de noviembre de 20223. <\/p>\n
2.4. Frente a los fallos de instancia proferidos en el proceso de radicado 2018-00296-00 (01), el promotor censura que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, por indebida valoraci\u00f3n probatoria, porque no se tuvo en cuenta que en la \u00abpromesa de compraventa allegada [\u2026] se plasm\u00f3 en la cl\u00e1usula cuarta el precio [\u2026] que el demandante recibi\u00f3 de manos del comprador [\u2026] $15.000.000\u00bb, sumado a que la valoraci\u00f3n se limit\u00f3 a la escritura p\u00fablica 2902 de 2 de noviembre de 2013 y la adici\u00f3n de la promesa, sin mencionar los $15\u00b4000.000 entregados \u00abtal y como consta en la pruebas anexadas y de los testimonios\u00bb. <\/p>\n
Afirma que, con anterioridad, Jos\u00e9 Leonel Guzm\u00e1n Beltr\u00e1n hab\u00eda promovido ante el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta Ciudad una demanda por lesi\u00f3n enorme, en la cual se negaron las pretensiones, porque \u00abel precio se\u00f1alado en la escritura p\u00fablica fue puramente formal como quiera que el [\u2026] realmente acordado [\u2026] fue determinado en la adici\u00f3n de la promesa de compraventa esto es la suma de $45.000.000\u00bb; no obstante, aqu\u00e9l de \u00abmanera temeraria\u00bb interpuso el proceso objeto del actual reproche. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, el actor pide que se dejen sin efecto los fallos dictados en juicio de radicado 2018-00296. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Colegiado demandado respald\u00f3 la legalidad de la sentencia confutada. <\/p>\n
2. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Bogot\u00e1 \u00abconsider\u00f3 inapropiado emitir conceptos sobre la legalidad del actuar del Tribunal, [\u2026] por lo que me atengo a la evaluaci\u00f3n que en derecho realice\u00bb el a quo constitucional. <\/p>\n
3. El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito inform\u00f3 que conoci\u00f3 el proceso declarativo de radicado 2016-00621, el cual, despu\u00e9s de proferir sentencia, fue remitido al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, que confirm\u00f3 que tramita dicho asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si la Corporaci\u00f3n cuestionada vulner\u00f3 los derechos del accionante, con ocasi\u00f3n de la sentencia proferida el 1 de noviembre de 2022, que confirm\u00f3 la proferida por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil de Circuito de esta ciudad el 20 de abril de la misma anualidad (proceso 2018-00296). <\/p>\n
2. Revisadas las probanzas adosadas al plenario, se evidencia que, en la decisi\u00f3n confutada, el Colegiado cuestionado estableci\u00f3 que el problema jur\u00eddico a resolver frente al tutelante se centraba en definir si era procedente declarar la resoluci\u00f3n del contrato de promesa de compraventa suscrito entre las partes. <\/p>\n
2.1. Para abordar el asunto, refiri\u00f3 la condici\u00f3n resolutoria contenida en el art\u00edculo 1546 del C\u00f3digo Civil, por incumplimiento de lo pactado, resaltando que, con fundamento en el principio de estabilidad de los contratos, esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha se\u00f1alado que el prop\u00f3sito de toda obligaci\u00f3n consiste en imponer al deudor la carga de \u00abefectuar la prestaci\u00f3n debida, y si \u00e9ste prescinde de hacerlo, la ley otorga al acreedor la prerrogativa, y los medios para compelerlo a ejecutarla forzosamente, pues de no ser as\u00ed, todo deber jur\u00eddico ser\u00eda irrelevante, al colmo que permitir\u00eda a cualquiera, sustraerse caprichosamente\u00bb (CSJ SC5569-2019). <\/p>\n
2.2. Centrado en el caso concreto, el Tribunal precis\u00f3, en primer lugar, que la resoluci\u00f3n del negocio emitida por el a quo se fundament\u00f3 en que no se cancel\u00f3 el valor total de la compra, m\u00e1s no en la falta de consentimiento, por lo que era inane estudiar ese \u00faltimo aspecto. <\/p>\n
2.3. En cuanto a la decisi\u00f3n resolutoria, por incumplimiento, el ad quem resalt\u00f3 que, si bien en la promesa de compraventa suscrita el 2 de noviembre de 2013 se dijo que el valor era $35\u00b4000.000, en la misma fecha se firm\u00f3 una adici\u00f3n que estableci\u00f3 el precio en $45\u00b4000.000, sumado a que, en el interrogatorio de parte rendido en el proceso anterior de radicado 2016-00621, el tutelante declar\u00f3 que el valor de la negociaci\u00f3n de la compraventa fue \u00abpor 35 millones de pesos (\u2026) pero despu\u00e9s se hizo un anexo (\u2026) por diez millones de pesos m\u00e1s, ah\u00ed fue tambi\u00e9n cuando redactamos lo de las cuotas [\u2026] y que se hab\u00eda puesto el precio de diez millones [\u2026] por evitar costos\u00bb, por lo que dichos documentos, al no haber sido tachados, ten\u00edan plena validez. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, advirti\u00f3 que, aunque en la escritura p\u00fablica 2902 del 2 de noviembre de 2013, se indic\u00f3 que el precio acordado era de $10\u00b4000.000, el valor real, seg\u00fan las dem\u00e1s pruebas allegadas, fue de $45\u00b4000.000, de manera que lo plasmado en la escritura se desvirtu\u00f3, criterio que soport\u00f3 en lo referido en una sentencia de esta Sala4, en el sentido que, es posible probar, en contra de lo consignado en dicho instrumento, el valor real del negocio, <\/p>\n
con cualquiera de los medios legalmente admisibles, [\u2026] por tratarse de un debate entre las mismas partes contratantes\u2026 <\/p>\n
[\u2026] Por manera que al juez le es permisible (…) dejar de lado lo que en el instrumento p\u00fablico han consignado las partes para otorgarle el m\u00e9rito a medios diferentes, cualquiera sea su naturaleza, si es que estos racionalmente lo persuaden por su mayor fuerza de convicci\u00f3n. <\/p>\n
2.4. Con base en ello, el Tribunal concluy\u00f3 que como el comprador solo acredit\u00f3 el pago de $31\u00b4778.989 y no de $45\u00b4000.000, hab\u00eda un incumplimiento y, por tanto, la resoluci\u00f3n reclamada del contrato era procedente. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada, independientemente de que la postura sea o no compartida, no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones surtidas y las pruebas allegadas, con soporte en jurisprudencia relacionada, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, el fallo abord\u00f3, con suficiencia, el tema del incumplimiento en el pago total del precio convenido entre las partes en la promesa de compraventa y su adici\u00f3n, considerando, igualmente, lo expuesto por el propio accionado, de lo cual determin\u00f3 el valor real fue de $45\u00b4000.000. <\/p>\n
3.1. As\u00ed las cosas, en el sub judice se observa una disparidad de criterios entre lo considerado por el Colegiado accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden, pues esta acci\u00f3n especial no est\u00e1 prevista para que el operador judicial intervenga a como \u00ab\u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados\u00bb ni para que realizar, bajo ese pretexto, una \u00abrevisi\u00f3n oficiosa del asunto\u00bb5, sumado a que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto\u00bb6. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Por su parte, sobre la valoraci\u00f3n probatoria, la Corte tiene sentado que este mecanismo constitucional no es el indicado para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, pues es el administrador de justicia natural quien <\/p>\n
puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo\u2026 (CSJ STC 25 ene. de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 de 11 sept. 2020). <\/p>\n
4. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se negar\u00e1 la tutela impetrada. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Carpeta Primera Instancia, 01CuadernoPrincipal, folios 2, 166, 179. <\/p>\n
2\u0002 Carpeta Primera Instancia, 01CuadernoPrincipal, folios 219-222. <\/p>\n
3\u0002 Carpeta 02CuadernoTribunal, documento 20Sentencia. <\/p>\n
4\u0002 21 de octubre de 2010, rad. 2003-00527-01. <\/p>\n
5\u0002 Sobre el particular ver sentencia CSJ STC, 7 mar. 2008, rad. 2007-00514-01. <\/p>\n
6\u0002 Ver cita en las sentencias CSJ STC9955-2022, CSJ STC7600-2022 y CSJ STC7607-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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