STC994-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC994-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 15001-22-13-000-2022-00169-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Luz Constanza Gonz\u00e1lez Guerrero frente al fallo proferido el 5 de diciembre de 2022 por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Primero de Familia de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a la propiedad, presuntamente vulnerado por el estrado acusado al no acceder a su solicitud de asumir el pago de los pasivos reconocidos mediante sentencia ejecutoriada en el juicio criticado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la autoridad enjuiciada autorizarle \u00abpagar los pasivos y consecuencialmente pueda registrar el 30.37% como de [su] propiedad, ordenando al Registro de Instrumentos P\u00fablicos se registre el 30.37% sobre el binen inmueble identificado con M.I. 70-126774\u00bb. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el juicio de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal entablado por la accionante contra Omar Vicente Monroy Espinosa se dict\u00f3 sentencia aprobatoria del trabajo de partici\u00f3n el 9 de mayo de 2019, confirmada en segunda instancia el 4 de marzo de 2022. <\/p>\n
2.2. En lo que aqu\u00ed interesa, dentro de los pasivos all\u00ed se incluy\u00f3 la suma de $3.587.500 y para su pago se estableci\u00f3 una hijuela del 30.37% sobre el predio con folio inmobiliario Nro. 070-126774, adjudic\u00e1ndose a la actora el porcentaje restante de ese inmueble. <\/p>\n
2.3. La actora deprec\u00f3 al Juzgado que le autorizara asumir el pago de los pasivos con el fin de cancelarlos y obtener a su favor el registro del 100% de la propiedad sobre tal heredad, a lo que el 16 de junio de 2022 no accedi\u00f3 la sede judicial atacada, \u00abargumentando que la sentencia se encuentra ejecutoriada y no es posible modificar la partici\u00f3n\u00bb, lo que, ante su insistencia, le reiter\u00f3 el 4 de agosto siguiente. Determinaciones que cobraron ejecutoria sin objeci\u00f3n alguna. <\/p>\n
2.4. En sede de tutela, en concreto, adujo la quejosa que el Juzgado acusado debi\u00f3 acceder a su petici\u00f3n porque lo rogado \u00abno modifica la partici\u00f3n\u00bb, comoquiera que ella \u00abestar\u00eda pagando el pasivo que le correspondi\u00f3 a [su] exc\u00f3nyuge y as\u00ed podr\u00eda tener la propiedad del inmueble y disponer de ella\u00bb, siendo evidente que \u00abno pued[e] estar obligada a soportar una indivisi\u00f3n por siempre, pues ni siquiera pued[e] edificar en [ese] lote, [l]e negar\u00edan la licencia en planeaci\u00f3n municipal, pue ni siquiera es posible determinar f\u00edsicamente cu[\u00e1]l es el porcentaje que [l]e pertenece\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero de Familia de Tunja limit\u00f3 su intervenci\u00f3n a remitir link de acceso del expediente contentivo del asunto cuestionado y los datos de ubicaci\u00f3n de los all\u00ed intervinientes. <\/p>\n
2. La abogada Blanca Janet Quinchanegua C\u00e1rdenas, quien manifest\u00f3 actuar \u00ab[e]n [su] condici\u00f3n de apoderada de\u2026 Luz Constanza Gonz\u00e1lez Guerrero\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin arrimar el poder especial conferido por \u00e9sta para intervenir en su representaci\u00f3n en el presente tr\u00e1mite constitucional, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
3. La Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de esta actuaci\u00f3n porque \u00abno vulner\u00f3 derecho fundamental alguno del accionante, correspondi\u00e9ndole finalmente la legitimaci\u00f3n para pronunciarse al respecto del objeto de la presente tutela al Juzgado primero de familia del circuito\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja tambi\u00e9n pidi\u00f3 su exclusi\u00f3n de este tr\u00e1mite supralegal o despachar adversamente la salvaguarda por \u00abinexistencia de vulneraci\u00f3n a derecho fundamental alguno de la accionante\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando \u00aba todos los intervinientes del proceso criticado, entre estos, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Tunja, la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de esa ciudad, Asacob SAS y la Dian\u00bb, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 23 de noviembre (ATC1733-2022), deneg\u00f3 la salvaguarda al evidenciar que \u00abla negativa del juzgado accionado, no obedece a una posici\u00f3n caprichosa ni arbitraria del juzgador, sino que se atempera a las reglas propias de [esa] clase de procesos de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, la actora \u00abpuede adquirir de los dem\u00e1s cosignatarios, la cuota parte de \u00e9stos si as\u00ed lo considera\u00bb, a m\u00e1s que \u00abel tema objeto de tutela no tiene que ver con la conformaci\u00f3n del haber social, ni con el trabajo de partici\u00f3n. Tampoco [s]e cuestiona la sentencia aprobatoria de partici\u00f3n\u00bb; y \u00abbien ha podido su apoderada\u2026 interponer alg\u00fan recurso contra la providencia que le resolvi\u00f3 en forma negativa, y no lo hizo\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte actora insistiendo en sus planteamientos iniciales; agreg\u00f3 que aunque estuvo representada por diferentes profesionales del derecho, no puede resultar perjudicada por la \u00abnegligencia o falta de conocimiento\u00bb de \u00e9stos; que si manifest\u00f3 su \u00abdeseo de pagar el pasivo\u2026, no es posible\u2026 que\u2026 no pueda disponer de la plena propiedad del inmueble\u00bb; y que es imposible, como se sugiri\u00f3 en la decisi\u00f3n opugnada, que pueda \u00abhablar con el copropietario para llegar a un arreglo\u2026, pues el propietario de ese 15.2% es el pasivo de la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal y no\u2026 MONROY, adem\u00e1s que con \u00e9l t[iene] procesos en la fiscal\u00eda, porque los pocos muebles (tractor, tubos de riego, entre otros) que [l]e correspondieron, los desapareci\u00f3 a pesar de que se orden[\u00f3]\u2026 por el Juzgado Primero de Familia de Tunja que [l]e fueran entregados, y mediante diligencia de retirar los inmuebles con la Inspeccione (sic) de Polic\u00eda de Toca, igual \u00e9l los desapareci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, se anticipa la ratificaci\u00f3n de la decisi\u00f3n de primer grado, pero porque es patente que la solicitud de resguardo carece del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad, comoquiera que frente a los prove\u00eddos mediante los cuales, el 16 de junio y 4 de agosto de 2022, no se accedi\u00f3 a su solicitud, bajo el argumento certero de su inviabilidad debido a que la sentencia que aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n hab\u00eda cobrado ejecutoria, aqu\u00e9lla omiti\u00f3 interponer el recurso de reposici\u00f3n que, acorde con el canon 318 del C\u00f3digo General del Proceso, resultaba viable, siendo esa la oportunidad para exponer ante el fallador natural todas las inconformidades tra\u00eddas tard\u00edamente en la demanda de tutela. <\/p>\n
Esa circunstancia evidencia el descuido de la reclamante en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos ante el juzgador ordinario e impide al de tutela interferir el tr\u00e1mite respectivo, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los medios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado es fruto de su propia incuria. <\/p>\n
En cuanto al particular, la Corte ha sostenido que si la gestora de la protecci\u00f3n \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil [hoy 117 del C\u00f3digo General del Proceso] -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, ante la evidente e injustificada desatenci\u00f3n de la inconforme, sumado a que no se advierte conculcaci\u00f3n de derecho fundamental alguno y que cuenta con otras acciones judiciales para obtener lo aqu\u00ed pretendido, como lo resulta ser, entre otras, el correspondiente juicio divisorio; no avizora la Corte ninguna situaci\u00f3n excepcional que conlleve a la morigeraci\u00f3n del requisito en comento, por lo que no resultan de recibo las alegaciones tra\u00eddas en la impugnaci\u00f3n, debi\u00e9ndose ratificar que la protecci\u00f3n rogada es inviable a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, por la falta de agotamiento del medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, las situaciones denunciadas en sede de tutela; m\u00e1xime cuando \u00e9stas claramente se edificaron en meros alegatos de instancia que debieron proponerse all\u00ed para provocar el pronunciamiento respectivo, lo que, se itera, se omiti\u00f3 efectuar e impide la intervenci\u00f3n de esta justicia supralegal. <\/p>\n
3. Finalmente, respecto a la supuesta negligencia de los profesionales del derecho que representaron a la quejosa en el tr\u00e1mite atacado, se advierte que, como insistentemente lo ha sostenido esta Corte, \u00abno es suficiente motivo para impetrar con \u00e9xito el amparo constitucional, pues\u2026 aqu\u00e9lla ser\u00eda imputable a ella misma y no al juez acusado, dado que\u2026 con independencia de la eventual responsabilidad del abogado en el ejercicio de su profesi\u00f3n, y que el interesado puede reclamar por otras v\u00edas, no sirve para edificar una acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales\u00bb (CSJ STC, 18 may. 2009, rad. 00508-01; reiterada, entre muchas otras, en STC14506-2019, 24 oct., rad. 2019-03359-00). <\/p>\n
4. Lo dicho impone respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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