STC995-2023<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC995-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2022-00100-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Juana Tomasa Morales Aguilar frente al fallo proferido el 16 de diciembre de 2022 por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, que no accedi\u00f3 a la acci\u00f3n de tutela promovida por ella contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de ese lugar, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos al debido proceso, igualdad, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y \u00abprevalencia de la ley sustancial\u00bb, presuntamente vulnerados por la autoridad acusada, en lo medular, por dar por terminado, por desistimiento t\u00e1cito, el proceso criticado. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar a la sede judicial accionada i) \u00abdejar sin efectos jur\u00eddicos el auto de\u2026 9 de septiembre de 2021 y que se notifique en legal forma el\u2026 [de] 21 de julio de 2021, es decir, por v\u00eda electr\u00f3nica\u00bb; y ii) \u00abpronunciarse mediante un auto para que explique por qu\u00e9 raz\u00f3n no acepta la carrera 28 No. 28-28 de esa ciudad como lugar para notificar al demandado\u2026 Bertel Guillot si \u00e9l reside ah\u00ed\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso: <\/p>\n
2.1. En el juicio declarativo de responsabilidad civil extracontractual por accidente de tr\u00e1nsito que, en el a\u00f1o 2017, entre otros, incoaron la accionante, Luis Rafael Sierra Rosado, Juan David Morales Aguilar y Francisco Javier Torres Morales contra Leiniker de Jes\u00fas Bertel Guillot, Francisco Collavini C\u00eda. Ltda., FSCR Ingenier\u00eda S.A.S. y Electricaribe S.A. E.S.P.; el 21 de julio de 2021, de conformidad con el precepto 317 del C\u00f3digo General del Proceso, el Juzgado acusado requiri\u00f3 a la parte actora para que en el t\u00e9rmino de 30 d\u00edas notificara a Bertel Guillot el auto admisorio de la demanda y, al hallar desatendido tal llamado, el 9 de septiembre siguiente decret\u00f3 la terminaci\u00f3n del proceso, \u00abpor desistimiento t\u00e1cito\u00bb. Decisiones que cobraron ejecutoria sin recursos. <\/p>\n
2.2. En sede de tutela, en concreto, la accionante se doli\u00f3 de que tal requerimiento nunca debi\u00f3 producirse porque previamente surti\u00f3 cabalmente el enteramiento del citado Bertel Guillot y tal decisi\u00f3n no le fue adecuadamente notificada, de forma electr\u00f3nica, como lo impon\u00edan los art\u00edculos 4\u00ba del Decreto 491 de 2020 y 8\u00ba del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que s\u00f3lo hasta el 12 de mayo de 2022, al concurrir al Juzgado, su mandatario judicial se enter\u00f3 de la existencia de tales prove\u00eddos, neg\u00e1ndosele la posibilidad de \u00abinterponer un recurso o la oportunidad de cumplir el requerimiento\u00bb; que por haber sido v\u00edctima de una agresi\u00f3n con arma de fuego, para tal momento aqu\u00e9l se vio imposibilitado de impulsar esta acci\u00f3n de tutela; y que \u00absi bien es cierto que hubo falta de impulso procesal, se debi\u00f3 a fuerza mayor del encierro total por la pandemia\u00bb, su apoderado \u00abten\u00eda preexistencia de salud y trabajaba desde casa\u00bb, y \u00abnadie estaba obligado a salir para contagiarse\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
2. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Riohacha histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas y deprec\u00f3 el despacho adverso de la salvaguarda porque \u00abcumpli\u00f3 con el mandato superior del debido proceso, pues una vez avocado el conocimiento del\u2026 asunto se le ha otorgado la oportunidad procesal a la parte demandante para realizar la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la demanda, sin llevar al final la notificaci\u00f3n solicitada y habi\u00e9ndolo requerido guard\u00f3 silencio, tampoco interpuso recurso; as\u00ed como tampoco lo interpuso sobre el auto que decret\u00f3 el desistimiento t\u00e1cito, despu\u00e9s de transcurrido un a\u00f1o el apoderado judicial se entera de la decisi\u00f3n tomada e interpone la acci\u00f3n que nos ocupa\u00bb. <\/p>\n
Por lo dicho, sostuvo que \u00abno se ha amenazado o conculcado derecho fundamental alguno, pues dentro del tr\u00e1mite\u2026 se ha cumplido con un debido proceso, y las partes han sido debidamente notificadas de las decisiones tomadas, por estados publicados por la plataforma TYBA y en el micrositio del juzgado en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, pudiendo en su momento hacer uso de los medios de impugnaci\u00f3n existentes, dejando pasar la oportunidad procesal de demostrar su inconformidad respecto a las decisiones tomadas\u00bb. <\/p>\n
3. Electricaribe S.A. E.S.P. – en liquidaci\u00f3n se opuso \u00aba las pretensiones de la demanda, teniendo en cuenta que las actuaciones cuestionadas\u2026 se ajustan a derecho\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal a-quo, tras renovar la actuaci\u00f3n vinculando \u00aba todos los sujetos parte en el proceso objeto del presente reproche constitucional, entre ellos, Luis Rafael Sierra Rosado, Juan David Morales Aguilar y Francisco Javier Torres Morales\u00bb, de acuerdo a lo ordenado por esta Sala en auto del pasado 5 de diciembre (ATC1807-2022), deneg\u00f3 la salvaguarda al hallar insatisfechos los presupuestos de la inmediatez y la subsidiariedad, lo primero, porque, sin justificaci\u00f3n, este reclamo tutelar se inco\u00f3 \u00abun (1) a\u00f1o y tres (3) meses despu\u00e9s de haberse proferido la providencia del 21 de julio de 2021\u00bb, destacando que tanto ese prove\u00eddo como el emitido el 9 de septiembre siguiente, fueron debidamente notificados por anotaci\u00f3n en estado; mientras que, lo segundo, porque frente a ese \u00faltimo pronunciamiento se omiti\u00f3 agotar los viables recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La inco\u00f3 la parte actora insistiendo en sus planteamientos iniciales, enfatizando que, como lo aleg\u00f3, los prove\u00eddos atacados no fueron debidamente notificados, lo cual implic\u00f3 que no los conociera oportunamente, de donde se desprend\u00eda la satisfacci\u00f3n de los presupuestos echados de menos por el a-quo constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Puestas as\u00ed las cosas, circunscrita la Sala a la impugnaci\u00f3n propuesta, se advierte que la salvaguarda propuesta estaba llamada al fracaso, lo que impone ratificar la decisi\u00f3n de primer grado, por las razones que se pasa a exponer: <\/p>\n
2.1. De entrada debe precisarse que, contrario a lo aducido por la quejosa, las decisiones que el 21 de julio y el 9 de septiembre de 2021 adopt\u00f3 en el juicio reprochado el Juzgado acusado, s\u00ed fueron debidamente notificadas por estado, acorde con el canon 295 del C\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el art\u00edculo 9\u00ba del Decreto 806 de 2020, como se pudo verificar al ingresar a la p\u00e1gina web \u00abhttps:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/web\/juzgado-01-civil-del-circuito-de-riohacha\/80\u00bb1, sin que ese \u00faltimo aparte normativo exigiese su remisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico de la reclamante o al de su apoderado, como err\u00f3neamente lo demanda; aunado a que, como insistentemente lo ha sostenido esta Sala en casos como el aqu\u00ed tratado, \u00abes deber de las partes e intervinientes en el proceso, interesadas en las resultas de una actuaci\u00f3n, seguir el estado del proceso y ejercer su debida vigilancia\u00bb (CSJ STC15768-2016). <\/p>\n
2.2. Zanjado lo anterior, muy a pesar de los planteamientos de la impugnante, acertada se muestra la conclusi\u00f3n del fallador constitucional de primer grado en cuanto a la insatisfacci\u00f3n del requisito de la inmediatez, habida cuenta que entre las datas en que se emitieron las decisiones atr\u00e1s referidas y la de interposici\u00f3n de la demanda de tutela que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (octubre de 2022), transcurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral fijado por la acentuada jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n como razonable y proporcional para activar esta acci\u00f3n excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de alg\u00fan motivo v\u00e1lido que justifique la anotada tardanza en acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n supralegal. <\/p>\n
En la materia, se ha sostenido que: <\/p>\n
…si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido (…), adem\u00e1s de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 10 may. 2012, rad. 2012-00413-01). <\/p>\n
2.3. De igual forma, la solicitud de resguardo tambi\u00e9n era improcedente respecto de las memoradas decisiones porque, contra la primera, la quejosa no formul\u00f3 el viable recurso de reposici\u00f3n ante el fallador ordinario; mientras que, frente a la segunda, dej\u00f3 de interponer las censuras horizontal y vertical que se mostraban procedentes, con lo cual abandon\u00f3 la posibilidad que ten\u00eda de agotar all\u00ed la discusi\u00f3n que aqu\u00ed plantea y de manera tard\u00eda pretende revivir, especialmente en cuanto a la supuesta acreditaci\u00f3n de la notificaci\u00f3n del demandado que supuestamente el estrado acusado ech\u00f3 de menos. <\/p>\n
De ah\u00ed que la salvaguarda no resulte viable porque el descuido en el empleo de los medios de protecci\u00f3n que existen en las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites correspondientes, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de defensa previstos en el orden jur\u00eddico, como aqu\u00ed aconteci\u00f3, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que les sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si la gestora del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
…es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; criterio reiterado, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
3. Siendo evidente que la falta de satisfacci\u00f3n de los presupuestos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, como aqu\u00ed ocurre, impide al fallador constitucional ocuparse del fondo del asunto sometido a su escrutinio, las anteriores razones se muestran suficientes para respaldar el fallo opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Enlaces espec\u00edficos: <\/p>\n
<\/p>\n
i. https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/14111153\/59307041\/02-2017-59+require+notificacion.pdf\/7d6a521b-5b58-4dc8-b3b6-a4f9a7d1c973<\/p>\n
ii. https:\/\/www.ramajudicial.gov.co\/documents\/14111153\/59307041\/02-2017-59+desistimiento+tacito.pdf\/793ce80f-8f9d-42c4-b86c-2b27906ff195 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC995-2023 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC995-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 44001-22-14-000-2022-00100-02 (Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide la impugnaci\u00f3n formulada por Juana Tomasa Morales Aguilar frente […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[59],"tags":[],"class_list":["post-71179","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-febrero-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71179","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71179"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71179\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71179"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71179"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71179"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}