STC997-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC997-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 47001-22-13-000-2022-00349-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta el 7 de diciembre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Javier Diaz Granados Villacis, contra el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil de radicado 2017-00145-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por intermedio de apoderado, el solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de defensa, debido proceso, e igualdad, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, por un mal procedimiento m\u00e9dico al se\u00f1or Carlos Javier Diaz Granados Villacis \u00able cortaron la m\u00e9dula espinal\u00bb, motivo por el que present\u00f3 demanda contra Coomeva EPS, que correspondi\u00f3 al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, en el que inform\u00f3 el correo electr\u00f3nico en el que se pod\u00edan realizar notificaciones. <\/p>\n
Reproch\u00f3 que en ese tr\u00e1mite no se notific\u00f3 la fecha para la audiencia inicial, y el d\u00eda en fueron avisados el apoderado del accionante se encontraba enfermo, motivo por el que se solicit\u00f3 aplazamiento de esa diligencia, porque por la premura fue imposible conseguir otro profesional. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que una vez enterados que se profiri\u00f3 sentencia en esa oportunidad, solicit\u00f3 la nulidad, y solo 36 meses despu\u00e9s, el 11 de mayo de 2022, se les comunic\u00f3 que fue negada en auto de 17 de septiembre de 2021, sin que hubiesen tenido la oportunidad de interponer recurso alguno, porque no fue notificada al correo electr\u00f3nico suministrado. <\/p>\n
Inform\u00f3 que los presentes hechos fueron objeto de dos tutelas presentadas con anterioridad, que no fueron falladas de fondo \u00abpor falta de legitimaci\u00f3n en la causa por falta de poder\u00bb, radicados 47001-22-13-000-2022-01390-00 y 47001-22-13-000-2022-00246-00, conocidas en primera instancia por el Tribunal Superior de Santa Marta, y v\u00eda impugnaci\u00f3n por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo narrado, solicit\u00f3 \u00abse decrete la nulidad de la sentencia proferida en el presente proceso dentro del radicado: 47001315300520170014500, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, por haber una solicitud de aplazamiento legalmente sustentada a la audiencia donde se profiri\u00f3 dicha sentencia, ordenando que se fije nueva fecha para la audiencia, con auto que se nos debe notificar al correo electr\u00f3nico anexo en la demanda\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria, pidi\u00f3 que \u00abse ordene notificarnos la providencia que resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad y dio por terminado el proceso, para que empiece a correr nuestra oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, refiri\u00f3 que conoci\u00f3 del proceso en referencia, en el que el 30 de abril de 2019, fij\u00f3 el 8 de mayo siguiente como fecha para llevar a cabo la audiencia del 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso, la que se notific\u00f3 en estados. <\/p>\n
Indic\u00f3, adem\u00e1s que se han interpuesto diferentes acciones de tutela que fueron negadas. <\/p>\n
2. Coomeva EPS en liquidaci\u00f3n, refiri\u00f3 no haber vulnerado los derechos fundamentales reclamados, y, reclam\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. La Defensora de Familia Centro Zonal Santa Marta 1, se\u00f1al\u00f3 el fundamento de su funci\u00f3n e indic\u00f3 que los derechos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes prevalecen sobre los dem\u00e1s. <\/p>\n
4. El Procurador Provincial de Instrucci\u00f3n de Santa Marta, sostuvo que no ha vulnerado los derechos reclamados, tampoco encontr\u00f3 queja relacionada con el asunto, y, por tanto, solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Santa Marta, neg\u00f3 el amparo, atendiendo que no encontr\u00f3 satisfechos los requisitos de la inmediatez y la subsidiariedad. <\/p>\n
Para ese efecto, sostuvo que la decisi\u00f3n atacada era la de 8 de mayo de 2019, sobre la cual se solicit\u00f3 nulidad de la sentencia que fue resuelta por el Juzgado accionado el 17 de septiembre de 2021, y la solicitud de notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de un canal digital, se neg\u00f3 el 11 de mayo de 2022, habiendo sido presentada esta acci\u00f3n el 25 de noviembre de 2022, super\u00e1ndose el t\u00e9rmino de oportunidad establecido para esa finalidad. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la subsidiariedad, argument\u00f3 que proferida la sentencia en audiencia celebrada el 8 de mayo de 2019, el actor ten\u00eda a su alcance el recurso de apelaci\u00f3n, mecanismo del que no hizo uso, adem\u00e1s una vez negada la nulidad formulada, guard\u00f3 silencio al respecto, pese a que contra esa determinaci\u00f3n proced\u00edan los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n, cuya notificaci\u00f3n, se surte por estado y no de forma personal. <\/p>\n
Finamente, sostuvo que, si el cuestionamiento tambi\u00e9n reca\u00eda en la providencia de 30 de abril de 2019, a trav\u00e9s del cual se fij\u00f3 fecha para audiencia, \u00e9ste se notifica por estado y no tiene recursos, resultando inadmisible que por esta v\u00eda preferente y excepcional se invoque una indebida notificaci\u00f3n, bajo la \u00f3ptica del Decreto 806 de 2020, que no hab\u00eda sido expedido. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante, quien sostuvo que por los mismos hechos present\u00f3 dos acciones de tutela que fueron negadas porque el abogado no ten\u00eda legitimaci\u00f3n en la causa por falta de poder, raz\u00f3n por la que siempre se demostr\u00f3 inter\u00e9s y por esto, se podr\u00eda entender que los t\u00e9rminos fueron interrumpidos. <\/p>\n
Adujo que era imposible apelar la sentencia proferida en audiencia, atendiendo que el apoderado del accionante se encontraba grave de salud, y por eso, solicit\u00f3 su aplazamiento, momento a partir del cual ocurri\u00f3 la interrupci\u00f3n del proceso, configurando nulidad procesal, la cual fue alegada y negada, sin haber tenido oportunidad de interponer recurso, puesto que no fue notificada al correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, establece que es contrario a la Constituci\u00f3n, el uso abusivo e indebido de las acciones de tutela, el cual se concreta en la duplicidad del ejercicio del amparo entre las mismas partes, por los mismos hechos y con el mismo objeto. <\/p>\n
Sobre el particular, ha establecido esta Corporaci\u00f3n que \u00abEl abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad\u00bb (CSJ. STC1951-2020). <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, se observa que el reclamo del se\u00f1or Carlos Javier Diaz Granados Villacis, se encamin\u00f3 a que se decretara la nulidad de la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, en el proceso radicado 47001315300520170014500, y en su defecto, se ordenara notificar la providencia que resolvi\u00f3 solicitud de nulidad conta esta \u00faltima. <\/p>\n
Sin embargo, revisado el contenido de la demanda inicial y las pruebas allegadas a este tr\u00e1mite, se advierte el fracaso de lo reclamado a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, toda vez que, esta Corporaci\u00f3n en sentencia STC13295-2022, proferida el 5 de octubre de 2022, en la acci\u00f3n de tutela de radicado 7001-22-13-000-2022-00246-01, ya se pronunci\u00f3 frente a los mismos hechos, quejas y pretensiones elevadas por el accionante, y confirm\u00f3 su denegatoria en primera instancia. <\/p>\n
Para arribar a tal conclusi\u00f3n, en las consideraciones de esa sentencia se explic\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) 3.1. Revisadas las diligencias, esta Sala advierte que habr\u00e1 de ratificarse la negativa del tribunal a quo, por incumplirse el requisito que viene de comentarse, comoquiera que el pretensor guard\u00f3 silencio frente i) al auto proferido el 17 de septiembre de 2021, por medio del cual se neg\u00f3 la nulidad de la sentencia proferida al interior del litigio por indebida notificaci\u00f3n, (v. gr., reposici\u00f3n, en virtud de la previsi\u00f3n general del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, y apelaci\u00f3n, en atenci\u00f3n al num. 6 del canon 321 ejusdem); y, ii) el prove\u00eddo calendado 11 de mayo de 2022, mediante el cual se desestim\u00f3 la solicitud de notificaci\u00f3n de la prenotada decisi\u00f3n al correo electr\u00f3nico de su apoderado (v. gr., reposici\u00f3n, Cit.), pese a las inconformidades que arguye en esta sede excepcional, en relaci\u00f3n con lo all\u00ed dispuesto. <\/p>\n
Al respecto, la Sala ha sido enf\u00e1tica al expresar que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, rad. 23023, citada en STC17487-2016, 1\u00b0 dic. 2016, rad. 00607-01, y STC8514-2022, 6 jul. 2022, rad. 01155-01). <\/p>\n
3.2. En consecuencia, las advertidas omisiones en el uso de los mecanismos de defensa que el ordenamiento procesal prev\u00e9 para presentar sus argumentos releva a esta particular justicia de ahondar en las dem\u00e1s tem\u00e1ticas expuestas por el recurrente, teniendo en cuenta que, como se anot\u00f3, la viabilidad del amparo se encuentra supeditada a la actuaci\u00f3n diligente del interesado, en procura de la resoluci\u00f3n de las controversias en el escenario pertinente. <\/p>\n
3.3. Por lo dem\u00e1s, aunque el gestor se duele de no haber recibido, ni su apoderado, en sus correos electr\u00f3nicos las decisiones respectivas, basta con se\u00f1alar que la Sala ha precisado que para formalizar la notificaci\u00f3n por estado de las disposiciones judiciales \u00abno se requiere, de ninguna manera, el env\u00edo de \u2018correos electr\u00f3nicos\u2019, amen que se exige solamente, como ya se dijo, hacer su publicaci\u00f3n web y en ella hipervincular la decisi\u00f3n emitida por el funcionario jurisdiccional\u2019. \u2018Acorde con esto no resulta reprochable la actuaci\u00f3n llevada a cabo por el colegiado demandado, ya que conforme a las comprobaciones referenciadas previamente, se encuentran en estricta alineaci\u00f3n con lo regulado por la normativa aludida, toda vez que el \u00abestado electr\u00f3nico\u00bb de esa fecha bien refleja la respectiva \u2018notificaci\u00f3n\u2019, y adem\u00e1s, con ella fue adjuntado el auto que corri\u00f3 traslado para la sustentaci\u00f3n de la alzada (art. 9 del Decreto 806 del 2020, en consonancia con el 14 de la misma), acatando en estricto orden los par\u00e1metros de motivaci\u00f3n y necesidad constitucional de la mentada disposici\u00f3n\u2019\u00bb (CSJ STC5158-2020, 5 ago. 2020, rad. 01477, reiterada en STC5776-2022, 11 may. 2022, rad. 00028-01). <\/p>\n
3. Ahora bien, para identificar la total identidad de la acci\u00f3n de tutela No. 2022-00246-00 con la presente, basta con observar, <\/p>\n
3.2 En las dos acciones constitucionales, las pretensiones son esencialmente id\u00e9nticas, <\/p>\n
1.- Pretensi\u00f3n Principal: Que se decrete la nulidad de la sentencia proferida en el presente proceso dentro del radicado: 47001315300520170014500, proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, por haber una solicitud de aplazamiento legalmente sustentada a la audiencia donde se profiri\u00f3 dicha sentencia, ordenando que se fije nueva fecha para la audiencia, con auto que se nos debe notificar al correo electr\u00f3nico anexo en la demanda. <\/p>\n
2.- Alternativa: Que se ordene notificarnos la providencia que resolvi\u00f3 la solicitud de nulidad y dio por terminado el proceso, para que empiece a correr nuestra oportunidad de ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
3.- Segunda Alternativa: La que los Se\u00f1ores Magistrados consideren permitente, para el buen funcionamiento de la Administraci\u00f3n de Justicia. <\/p>\n
3.3 Igualmente ocurre con los hechos, en ambas se observa, i) describieron el que catalogaron como un mal procedimiento m\u00e9dico, ii) se indica que presentaron demanda ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santa Marta, en la que suministraron correo electr\u00f3nico donde se pod\u00edan notificar, iii) se fij\u00f3 fecha para audiencia inicial que no se notific\u00f3, iv) se solicit\u00f3 aplazamiento, dado que el apoderado padec\u00eda problemas de salud, v) fue imposible conseguir abogado en sustituci\u00f3n, vi) el apoderado sigue en tratamiento m\u00e9dico, vii) enterados de que se hab\u00eda proferido sentencia formularon nulidad por no haberse tenido en cuenta el grave estado de salud del apoderado, viii) 36 meses despu\u00e9s, fue enterado que la nulidad hab\u00eda sido negada en auto de 17 de septiembre de 2021, sin tener oportunidad de interponer recurso, ix) desconocen si se puso en traslado la nulidad invocada, y x) el proceso se dio por terminado, se resolvi\u00f3 solicitud de nulidad y no se notific\u00f3 debidamente. <\/p>\n
3.4. Por lo anterior, al comparar ambos escritos de tutela surge evidente que el planteamiento principal es exactamente el mismo, aunque el sustento f\u00e1ctico pretende dar apariencia de divergencia, sin lograrlo. <\/p>\n
4. Siendo as\u00ed, no escapa al an\u00e1lisis de la Sala que las referidas acciones constitucionales conservan una duplicidad esencial que hacen evidente su identidad. Debe resaltarse, adem\u00e1s, que la parte actora en ning\u00fan momento explic\u00f3 que se presentara alg\u00fan motivo justificado y verdaderamente extraordinario que le permitiera a instaurar nuevamente esta acci\u00f3n. <\/p>\n
De suerte que, lo que se observa en este caso, es la finalidad de buscar el proferimiento de otra providencia en la que se acceda a las peticiones que con antelaci\u00f3n fueron negados en esta Corporaci\u00f3n, eludiendo que en la actualidad se tiene que, mediante auto de 19 de diciembre de 2022 (T9081214), la sentencia STC13295-2022 fue excluida de revisi\u00f3n, por la Corte Constitucional, sobreviniendo sobre la tem\u00e1tica los efectos de la cosa juzgada constitucional, y sobre el cual, esta Corporaci\u00f3n, ha precisado que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [si] la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la acci\u00f3n de tutela fallada por las Oficinas Judiciales accionadas, ello no hace, per se, viable una nueva solicitud de amparo por cuanto en este evento el afectado que se encuentre inconforme con un fallo de tutela puede acudir ante el \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n constitucional para solicitar la revisi\u00f3n del fallo, con fundamento en lo dispuesto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991. Empero, en firme la aludida decisi\u00f3n de exclusi\u00f3n deviene la ejecutoria formal del fallo de segunda instancia ahora censurado, con lo cual queda clausurado en forma definitiva el debate iusfundamental\u00bb (CSJ. STC, 2 ag. 2013, rad. 2013-00851-01, reiterada en CSJ STC, 3 sep. 2015, rad. 2015-00086-03, STC13385-2022) <\/p>\n
5. Como no existe duda de la igualdad de ambas acciones de tutela, la correspondiente a este tr\u00e1mite resulta temeraria, caracter\u00edstica sobre la que esta Sala ha indicado que, \u00ab[S]i la nueva acci\u00f3n es igual a la anterior, vale decir, si entre ambas existe identidad de hechos y derechos, as\u00ed como las partes accionante y accionada, no importa que tengan algunas diferencias incidentales, y por \u00faltimo, si la repetici\u00f3n del amparo obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial\u00bb (CSJ STC1090-2020). <\/p>\n
6. Por tanto, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, por temeridad se confirmar\u00e1 la improcedencia de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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