STC999-2023<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC999-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 08001-22-13-000-2022-00978-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de ocho de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Barranquilla el 17 de enero de 2023, en la acci\u00f3n de tutela que Pedro Eduardo Lujan Saad formul\u00f3 contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los intervinientes en el proceso ejecutivo hipotecario radicado bajo el n\u00famero 08-00131-53-011-2018-00075-00, y Armando Ashton Giraldo, Juan Carlos, David y Elvirose Ashton Cabrera, en calidad de sucesores procesales de la se\u00f1ora Elvina Cabrera de Ashton. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3, en s\u00edntesis, en el proceso ejecutivo hipotecario que promovi\u00f3 contra Andr\u00e9s Bernate Rueda, en sentencia de 11 de marzo de 2019 se dispuso continuar con la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que el 8 de septiembre de 2020, Elvina Cabrera de Ashton present\u00f3 demanda ejecutiva hipotecaria acumulada, a la que se opuso el 13 de septiembre de 2021 y propuso las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3 prescripci\u00f3n del t\u00edtulo y falsedad en documento privado. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que el 13 de enero de 2022, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla admiti\u00f3 la acumulaci\u00f3n de la demanda y orden\u00f3 suspender la ejecuci\u00f3n de la sentencia proferida, hasta tanto se resolviera de fondo, sin embargo, no se pronunci\u00f3 respecto al memorial presentado el 13 de septiembre de 2021, pese a que hab\u00eda radicado m\u00e1s de diecinueve (19) solicitudes de impulso procesal. <\/p>\n
Explic\u00f3 que por lo anterior promovi\u00f3 ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Atl\u00e1ntico, vigilancia administrativa (2022-01915) la que sirvi\u00f3 para que, el Juzgado accionado en auto de 12 de julio de 2022, diera traslado de la contestaci\u00f3n y la oposici\u00f3n que present\u00f3 frente a la nueva demanda, de las excepciones propuestas y de otras actuaciones pendientes por resolver. <\/p>\n
Destac\u00f3, que, una vez vencido el traslado, el 3 de agosto siguiente solicit\u00f3 que se fijara fecha para la audiencia que resolviera sobre la acumulaci\u00f3n, peticiones que reiter\u00f3 con escritos de 29 de agosto y 16 de septiembre sin obtener respuesta, lo que oblig\u00f3 a que nuevamente presentara vigilancia judicial (2022-03351) con la cual logr\u00f3, que el Juzgado accionado fijara fecha de audiencia para el 30 de noviembre de 2022 a las 9:00 am, la que, pese a su comparecencia, sin ninguna explicaci\u00f3n, no se realiz\u00f3. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 22 de septiembre de 2022, pidi\u00f3 que se profiriera sentencia anticipada, e insisti\u00f3 el 19 de octubre de 2022, sin obtener respuesta. <\/p>\n
<\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, inform\u00f3 que el 12 de julio de 2022, se pronunci\u00f3 sobre la demanda acumulada, y corri\u00f3 traslado de las excepciones propuestas por el apoderado judicial del se\u00f1or Lujan Saad. <\/p>\n
Adicion\u00f3, que, en auto de 15 de noviembre de 2022, fij\u00f3 fecha para llevar a cabo audiencia \u00fanica de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 C\u00f3digo General del Proceso, providencia que fue recurrida por el hoy accionante, por hab\u00e9rsele negado el decreto de una prueba sobreviniente aportada, lo que impidi\u00f3 realizar la audiencia previamente programada. <\/p>\n
Asever\u00f3, que el 30 de noviembre de 2022, el accionante present\u00f3 una solicitud de control de legalidad y sentencia anticipada, y que no ha podido resolver debido a la alta carga laboral que tiene a su cargo, en los m\u00e1s de 1.779 procesos que tramita, lo que la oblig\u00f3 a que las peticiones fueran resueltas en orden cronol\u00f3gico de radicaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Superior de Barranquilla, neg\u00f3 el amparo con fundamento en que, si bien \u00abla demanda acumulada fue presentada en septiembre 8 de 2020, de manera que a la fecha de presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela que nos ocupa, en diciembre de 2022, han transcurrido m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os sin que se hubiere adoptado una decisi\u00f3n de fondo, lo cual resulta en verdad revelador de que el tr\u00e1mite del proceso se ha excedido en los t\u00e9rminos previstos en el art.120 del C.G.P. [\u2026] se encuentra pendiente resolver acerca del recurso de reposici\u00f3n presentado contra el literal h del auto fechado, se\u00f1alar nueva fecha de audiencia, y resolver sobre las solicitudes de realizaci\u00f3n de control de legalidad y de proferimiento de sentencia anticipada [por lo que no pod\u00eda] entrar a se\u00f1alar si se halla o no acreditada para imponer a la jueza accionada la obligaci\u00f3n de dictar sentencia anticipada, como quiera que es esa una decisi\u00f3n exclusiva del juez natural\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, tomando como referencia la fecha de inicio del traslado del recurso de reposici\u00f3n (29 de noviembre de 2022) los t\u00e9rminos para resolver sobre los aspectos antes mencionados, dispuestos en el inciso 1\u00ba del art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso, no se encontraban vencidos, de manera que, respecto de esta \u00faltima actuaci\u00f3n, no pod\u00eda predicarse mora judicial que ameritara la concesi\u00f3n del amparo solicitado. <\/p>\n
Sin embargo, previno a la autoridad judicial accionada \u00aben los t\u00e9rminos indicados en el art.24 del Decreto 2591 de 1991 [para] que proced[iera] a resolver las solicitudes antes indicadas, y en general a culminar el tr\u00e1mite del proceso, con acatamiento estricto de los t\u00e9rminos procesales dispuestos en el art. 120 del C.G.P.\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el interesado para reiterar su pretensi\u00f3n, concretamente, la de ordenar a la accionada que profiera sentencia anticipada, y se\u00f1alar que el Juzgado accionado ha sido requerido en varias ocasiones por no cumplir con los t\u00e9rminos judiciales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, Pedro Eduardo Lujan Saad acudi\u00f3 inconforme con el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, porque pese a haberle solicitado sentencia anticipada en el proceso ejecutivo hipotecario -acumulado- promovido por la se\u00f1ora Elvina Cabrera de Ashton, en la demanda que del mismo tipo de asunto el adelanta bajo el radicado 08-00131-53-011-2018-00075-00 contra Andr\u00e9s Bernate Rueda, no ha atendido su petici\u00f3n, lo que gener\u00f3 una demora que afecta sus derechos fundamentales <\/p>\n
<\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con problem\u00e1ticas de esta especie, donde se cuestionan situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir \u00ab(\u2026) aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas (\u2026)\u00bb (CSJ. STC, 29 ab. 2011, exp. 00094-01, citada entre otras en STC8439-2014 y STC9263-2022). <\/p>\n
Ahora, Sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la Corte ha dicho y reiterado que, <\/p>\n
(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026) (CSJ. STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC4313-2021, STC10877-2021 y STC9263-2022). <\/p>\n
3. Revisadas las piezas digitales allegadas a este tr\u00e1mite, la Sala observa las siguientes actuaciones relevantes para la decisi\u00f3n que adoptar\u00e1, <\/p>\n
3.1 El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Barranquilla, en auto de 15 de noviembre de 2022, se\u00f1al\u00f3 como fecha para adelantar la audiencia de que tratan los art\u00edculos 372 y 373 del C\u00f3digo General del Proceso el 30 de noviembre siguiente, dentro de la demanda ejecutiva hipotecaria acumulada, contra la cual, el aqu\u00ed accionante, se opuso y present\u00f3 excepciones. <\/p>\n
3.2 Sin embargo, la audiencia no se adelant\u00f3, toda vez que el se\u00f1or Lujan Saad (accionante) present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n contra de una parte de la referida providencia, concretamente, frente a la negativa recibida en relaci\u00f3n al decreto de una prueba sobreviniente presentada. <\/p>\n
3.3 El Expediente ingres\u00f3 al Despacho el 7 de diciembre de 2022, y se encuentra pendiente por resolver, entre otros, la solicitud de sentencia anticipada reiterada por el impugnante. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Juzgado accionado inform\u00f3 que no hab\u00eda podido decidir oportunamente sobre las distintas peticiones elevadas por el actor, debido a que contaba con m\u00e1s de 1779 procesos, de los cuales 911 est\u00e1n activos con tr\u00e1mites pendientes, por lo que deb\u00eda priorizar el orden cronol\u00f3gico de radicaci\u00f3n de cada solicitud elevada por los usuarios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, aunque pudiera se\u00f1alarse que se super\u00f3 el plazo establecido en el art\u00edculo 120 del C\u00f3digo General del Proceso para que el juez se pronuncie frente a ese tipo de solicitudes, no advierte la Corte que el lapso transcurrido y comprendido entre la radicaci\u00f3n de las peticiones y la formulaci\u00f3n de la protecci\u00f3n, luzca desproporcionado como para predicar de \u00e9l una patente vulneraci\u00f3n de los derechos superiores de la parte interesada. <\/p>\n
N\u00f3tese que la acci\u00f3n de tutela como instrumento excepcional, se viabiliza ante una queja de esta naturaleza siempre y cuando se acredite que la falta de resoluci\u00f3n que se denuncia ha tenido su origen en la negligencia de la autoridad accionada, pues el simple paso del tiempo analizado en forma aislada, no se erige, objetivamente, en raz\u00f3n suficiente para que se estructure la morosidad se\u00f1alada. <\/p>\n
En relaci\u00f3n a esta tem\u00e1tica, la Sala ha se\u00f1alado que, en este tipo de situaciones de \u00abmora judicial\u00bb, solo podr\u00e1n considerarse aquellas que carezcan de defensa, es decir, que resulte indudable la existencia de un comportamiento flagrantemente omisivo, <\/p>\n
\u00abla protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ. SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 01138-00, citada en STC1863-2017 y, STC2000-2018, reiterada en STC195-2021, STC10205-2021 y, STC16549-2022, entre otras). <\/p>\n
En este sentido, es de anotar que no todo \u00abretraso\u00bb en un proceso judicial es vulnerador de derechos fundamentales, por lo que la tutela no puede proceder autom\u00e1ticamente ante el incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del funcionario atacado, m\u00e1xime si el tiempo denunciado no podr\u00eda calificarse como desmedido o atentatorio de los plazos razonables, o producto de una evidente dejadez del responsable. <\/p>\n
5. Sumado a lo expuesto, es claro que el sistema de turnos al que se encuentra sujeto el Juzgado accionado, debe ser acatado, en raz\u00f3n a que proceder en contra de ello implicar\u00eda el desconocimiento del derecho a la igualdad de los dem\u00e1s usuarios en similares condiciones a las del aqu\u00ed accionante, cuyos procesos han de ser atendidos seg\u00fan el orden de ingreso, conforme el art\u00edculo 18 de la Ley 446 de 1998, m\u00e1xime cuando el se\u00f1or Lujan Saad no prob\u00f3 que las circunstancias puestas de presente le estuviese ocasionado un perjuicio irremediable, que amerite un trato prioritario y el cambio de turno de resoluci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
6. Como consecuencia de lo expuesto, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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