STL278-2023<\/p>\n
<\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STL278-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n no 100933 <\/p>\n
Acta n\u00ba 4 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta por JJJJ representado legalmente por CCCC, a trav\u00e9s de apoderado judicial, contra la sentencia emitida por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACI\u00d3N CIVIL, de fecha 14 de diciembre de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la parte recurrente en contra del JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE APARTAD\u00d3, tr\u00e1mite que se hizo extensivo a la SALA CIVIL – FAMILIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE ANTIOQUIA como a todos los intervinientes al interior del litigio de sucesi\u00f3n No. 05045318400120190062200. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
La Sala ha decidido, como medida de protecci\u00f3n a la intimidad de los menores involucrados en el presente asunto, suprimir de la providencia y de toda futura publicaci\u00f3n de ella, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permitan su identificaci\u00f3n, para lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del fallo de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes, lo anterior de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 7 de la Ley 1581 de 2012. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
La parte interesada en el resguardo, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al \u00abDebido Proceso, el de legalidad, Derecho A La Defensa, Derecho Al Acceso A La Administraci\u00f3n De Justicia\u00bb, de los cuales expres\u00f3, le fueron desconocidos por parte de las autoridades judiciales invocadas. <\/p>\n
De lo alegado en el escrito genitor y de las pruebas obrantes en el plenario, se logra extraer, que fue iniciado proceso de sucesi\u00f3n a causa del se\u00f1or JJJJ, fungiendo como interesados el ni\u00f1o JJJJ y la ni\u00f1a MMMM, a trav\u00e9s de sus representantes legales. <\/p>\n
Que el d\u00eda 5 de mayo de 2021, se llev\u00f3 a cabo audiencia de inventarios y aval\u00faos, seguidamente el 3 de marzo del a\u00f1o posterior, se realiz\u00f3 diligencia que resolvi\u00f3 las objeciones de manera desfavorable y cuya determinaci\u00f3n fue recurrida; por lo tanto, se envi\u00f3 el expediente al superior. <\/p>\n
Sostuvo el apoderado, que seguidamente el Juzgado de conocimiento conoci\u00f3 del trabajo de partici\u00f3n el 18 de abril de 2022; sin embargo, el funcionario judicial omiti\u00f3 el traslado a las partes, desde su punto de vista, porque no aparece esa actuaci\u00f3n en el registro TYBA, ni en el micrositio Web. <\/p>\n
Con fundamento en lo indicado adujo, que no le fue posible presentar las objeciones u observaciones que consideraba conveniente frente al trabajo de partici\u00f3n; que en atenci\u00f3n a esa situaci\u00f3n, el Tribunal Superior de Antioquia – Sala Civil \u2013 Familia declar\u00f3 desierta la alzada y emiti\u00f3 sentencia \u00abN\u00b0 132 de fecha 02 de mayo de 2022\u00bb, aprobando el inventario y aval\u00fao; como consecuencia, orden\u00f3 el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
Indic\u00f3, que present\u00f3 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n, requerimiento solventado por el juzgado de conocimiento en prove\u00eddo del 19 de mayo siguiente y notificado el d\u00eda despu\u00e9s. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que en el auto anterior se declar\u00f3 la improcedencia de la solicitud mencionada, al concluir que existe una sentencia en firme, y en atenci\u00f3n a ello, la parte interesada debe acudir al recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
Rese\u00f1\u00f3, que con el actuar del juez convocado \u00abel accionante, qued\u00f3 hu\u00e9rfano de la posibilidad de pronunciarse frente al <\/p>\n
trabajo de partici\u00f3n y oponerse a este.\u00bb. <\/p>\n
Pretende a trav\u00e9s del resguardo, se conceda el amparo de los derechos implorados, y se declare la nulidad \u00abde la providencia atacada, esto es, el traslado secretarial del trabajo de partici\u00f3n y en consecuencia la sentencia N\u00b0 132 de fecha 02 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. TR\u00c1MITE Y DECISI\u00d3N DE INSTANCIA <\/p>\n
Mediante prove\u00eddo del 7 de diciembre de 2022, se admiti\u00f3 la salvaguarda y se orden\u00f3 notificar a la accionada y vinculados, para que se pronunciaran frente al petitorio constitucional, si a bien lo dispon\u00edan; asimismo, se reconoci\u00f3 personer\u00eda para actuar al apoderado de la parte convocante. <\/p>\n
Dentro del t\u00e9rmino prevenido por el a quo que conoci\u00f3 de la presente acci\u00f3n, se pronunci\u00f3 el titular del Juzgado Promiscuo de Familia, asegurando de entrada, que el despacho utiliza como medio de comunicaci\u00f3n de las providencias, el proceso de informaci\u00f3n TYBA, tr\u00e1mite que ha venido adelantando de forma diligente \u00abdesde el 14 de noviembre de 2019\u00bb, y que las actuaciones que pretende nulitar por esta v\u00eda la parte actora, se encuentran debidamente notificadas, siendo una omisi\u00f3n de la parte interesada utilizar los mecanismos que tiene a su alcance dentro de las oportunidades procesales. <\/p>\n
A trav\u00e9s de fallo de fecha 14 de diciembre de 2022, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, declar\u00f3 improcedente el amparo, argumentando que el promotor acudi\u00f3 al presente mecanismo de manera tard\u00eda, lo que implicaba el desconocimiento de uno de los presupuestos para acudir a este tipo de remedios, concerniente a la inmediatez; al respecto sostuvo: <\/p>\n
Se hace tal aserci\u00f3n, habida cuenta que, entre la fecha de la providencia combatida (2 may. 2022), por medio de la cual el Juzgado Promiscuo de Familia de Apartad\u00f3 aprob\u00f3 \u00abel trabajo de partici\u00f3n\u00bb y comunic\u00f3 al Tribunal Superior de Bogot\u00e1 \u00abel desistimiento frente al recurso presentado contra el auto que resolvi\u00f3 las objeciones al inventario y aval\u00faos\u00bb, de conformidad con el inciso 12 del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo General del Proceso, y la radicaci\u00f3n del pliego genitor (1\u00ba dic. 2022), transcurri\u00f3 un lapso de (6) meses y veintisiete (27) d\u00edas; esto es, se super\u00f3 el semestre que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para ejercer la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
Cabe resaltar que, a pesar que en el proceso recriminado despu\u00e9s de la sentencia reprochada, se formul\u00f3 incidente de nulidad por \u00abtraslado del trabajo de partici\u00f3n\u00bb el cual se declar\u00f3 \u00abimprocedente\u00bb (19 may. 2022), y el Tribunal Superior de Antioquia declar\u00f3 desierta la alzada \u00abfrente al auto que resolvi\u00f3 las objeciones a los inventarios y aval\u00faos\u00bb (23 may.), contabilizado el t\u00e9rmino desde la \u00faltima de tales actuaciones, no cambia el sentido de la decisi\u00f3n a adoptar, porque desde entonces han corrido seis (6) meses y seis (6) d\u00edas. <\/p>\n
III. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Seguidamente expres\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior implica que, con la negaci\u00f3n de hacer el estudio de fondo de la situaci\u00f3n planteada, se esta (sic) afectando dr\u00e1sticamente los derechos de los dos menores involucrados en el presente asunto. En primera medida tal y como se puede observar en el recuento factico de la acci\u00f3n de tutela, se hicieron unas objeciones a los inventarios y aval\u00faos, los cuales no fueron aceptados por el Juzgado Promiscuo de Familia, por lo que se interpuso el respectivo recurso de apelaci\u00f3n. Al momento en que el juzgado aprob\u00f3 el trabajo de partici\u00f3n sin correr el respectivo traslado, se entiende por desierto el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto. <\/p>\n
Esta situaci\u00f3n afecta los derechos patrimoniales de los dos menores, y esta situaci\u00f3n permanece en el tiempo hasta la actualidad. <\/p>\n
Por todo lo anterior, solicit\u00f3 la revocatoria de la decisi\u00f3n de tutela de primer grado y, como consecuencia, se realice un estudio de fondo en el que se acceda al petitorio del escrito introductor. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece, que toda persona tiene la \u00abacci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991, art\u00edculo 1\u00ba, se\u00f1ala que \u00abtoda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares en los casos que se\u00f1ale este decreto\u00bb. <\/p>\n
Descendiendo al sub judice, la censura principal del presente asunto, se relaciona con que el juez constitucional proceda a declarar la nulidad de la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de partici\u00f3n de fecha 2 de mayo de 2022, que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n formulada frente al trabajo de partici\u00f3n, sin que la alzada fuera sustentada ante el superior, lo que implic\u00f3 declarar desierto el remedio y confirmar en su integridad la determinaci\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
Es relevante precisar en el presente caso, que siendo la acci\u00f3n de tutela un mecanismo de protecci\u00f3n excepcional frente a providencias judiciales, su prosperidad va ligada al cumplimiento de requisitos rigurosos y de procedibilidad, entre los cuales se destacan los generales y especiales, establecidos en la sentencia de Constitucionalidad C-590\/05, proferida con fundamento en los precedentes recogidos a partir de la sentencia C-543 de 1992, y que ha sido de reiteraci\u00f3n posterior por la Corte Constitucional, consistentes en: <\/p>\n
I). Que la cuesti\u00f3n que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. II). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumaci\u00f3n de un perjuicio iusfundamental irremediable. III). Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n. IV). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. V). Que la parte actora identifique de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneraci\u00f3n como los derechos vulnerados, y que hubiere alegado tal vulneraci\u00f3n en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible, y finalmente VI). Que no se trate de sentencias de tutela. Requisitos especiales: I) Defecto org\u00e1nico; II) Defecto procedimental absoluto; III) Defecto f\u00e1ctico; IV) Defecto material o sustantivo; V) Error inducido; VI) Decisi\u00f3n sin motivaci\u00f3n; VII) Desconocimiento del precedente y VIII) Violaci\u00f3n directa de la constituci\u00f3n, requisitos recogidos en la Sentencia C-590\/2005, reiterada, entre otras, SU-913\/2009 y T-125\/2012 (negrillas fuera del texto original). <\/p>\n
Pues bien, la jurisprudencia de manera invariable ha se\u00f1alado, que por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales por tanto, solo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacar tales decisiones, cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de los asociados. <\/p>\n
<\/p>\n
Los criterios que se han establecido para identificar las causales de procedibilidad en estos eventos, se basan en el reproche que merece toda actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o rebelada contra las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de las personas que han sometido la ventilaci\u00f3n de sus conflictos a la jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En la misma l\u00ednea, debe recordarse que uno de los presupuestos de esta acci\u00f3n es la inmediatez, elemento que adquiere gran relevancia para resolver su procedencia contra decisiones judiciales, en la medida en que el rese\u00f1ado precepto establece, que el mecanismo de amparo tiene por objeto reclamar ante los jueces la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica. <\/p>\n
<\/p>\n
Con relaci\u00f3n a ese postulado, la jurisprudencia constitucional ha enfatizado que el mecanismo de amparo, pese a no tener un t\u00e9rmino de caducidad expresamente se\u00f1alado en la Constituci\u00f3n o en la ley, procede dentro de un t\u00e9rmino razonable y proporcionado, contado desde el momento en que se produce la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho, por supuesto, teniendo en cuenta las particularidades de cada caso, las cuales han sido expuestas en sentencia T-1028 de 2010; reiterada en sentencias SU \u2013 168 de 2017, T \u2013 038 de 2017 y SU \u2013 108 de 2018, y que esta Sala cita de una forma breve: i) La existencia de razones v\u00e1lidas para la inactividad; ii) Cuando en el lapso en que se interpone la acci\u00f3n, es evidente la vulneraci\u00f3n o amenaza de derechos fundamentales; ii) Cuando la carga de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela en un plazo razonable resulta desproporcionada dada la situaci\u00f3n de debilidad manifiesta en la que se encuentra el accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
En el Sub Examine, pretende el actor que se deje sin efecto la decisi\u00f3n emitida por la autoridad judicial convocada, resaltando al respecto, que con posterioridad se profiri\u00f3 auto del 19 de mayo de 2022, notificado al d\u00eda siguiente, mientras se acudi\u00f3 a este procedimiento excepcional dada sus particularidades, hasta el 1\u00ba de diciembre de 2022, conforme se destaca de la informaci\u00f3n citada por la Sala Cognoscente en primer grado y de la p\u00e1gina de consulta de la rama judicial. <\/p>\n
En atenci\u00f3n a lo descrito en precedencia, la Sala avizora el desconocimiento del principio de inmediatez, toda vez que, si bien constitucional o legalmente no se consagra un l\u00edmite temporal de caducidad expresamente se\u00f1alado, v\u00eda jurisprudencial se tiene como t\u00e9rmino razonable para tal fin el de seis (6) meses, contados a partir del momento en que se produce el hecho generador de la vulneraci\u00f3n o amenaza del derecho. <\/p>\n
Es as\u00ed como, en relaci\u00f3n al principio explicado, en providencia CSJ STL1158-2018, 24 ene 2018, rad 49676, esta Corporaci\u00f3n consider\u00f3: <\/p>\n
<\/p>\n
[\u2026] [L]a Sala ha reiterado que el principio de la inmediatez es una de procedencia de la acci\u00f3n de tutela, en orden a garantizar la protecci\u00f3n de los derechos que se consideran vulnerados. Por ello, es indispensable estudiar cada caso en particular, toda vez que es necesario que exista una proporcionalidad entre el medio y el fin perseguido, que se promueva dentro de un t\u00e9rmino razonable y prudencial, en raz\u00f3n de la misma finalidad de la tutela. <\/p>\n
<\/p>\n
El requisito de inmediatez exige que la acci\u00f3n constitucional sea presentada en un lapso de tiempo cercano a la ocurrencia de los hechos que se considera vulneran los derechos fundamentales, con el objeto de evitar que el paso del tiempo desvirt\u00fae la amenaza o violaci\u00f3n. <\/p>\n
En cuanto a los reparos del escrito impugnatorio, esta Sala no considera que es justificable relativizar el principio en menci\u00f3n, porque al interior del proceso judicial se involucran intereses de personas que tienen una protecci\u00f3n especial (ni\u00f1o y ni\u00f1a), pues esa es una omisi\u00f3n que recae en la parte interesada, que al momento de dictarse la \u00faltima de las decisiones, de la que advierte se desconocieron las garant\u00edas constitucionales imploradas, debi\u00f3 efectuar la manifestaci\u00f3n correspondiente y no esperarse m\u00e1s de seis (6) meses para proponerlo. <\/p>\n
Entonces, debe tenerse en cuenta que, la tutela es un mecanismo al que puede acudir cualquier persona en nombre propio, es decir, fue concebida como un tr\u00e1mite sin tanto formalismo, lo que significa que las representantes legales del ni\u00f1o y la ni\u00f1a interesados en las resultas de la causa civil que llama la atenci\u00f3n de este estrado, de considerar que, con las determinaciones que se adoptaron se les desconoc\u00edan garant\u00edas de rango superiores, bien podr\u00edan de manera inmediata activar la senda; sin embargo, no lo hicieron y por ello el resultado actual le es esquivo. <\/p>\n
Asimismo, tampoco explica y sustenta las razones que conllevan al quebrantamiento de las prerrogativas que alega el apoderado y solo se limita a mencionar que se desconocen los derechos de \u00abmenores\u00bb haciendo alusi\u00f3n al tr\u00e1mite de rigor y a las etapas que debieron ser surtidas en su oportunidad procesal, sin que le pueda ser trasladado al juez de tutela esa obligaci\u00f3n de an\u00e1lisis y abordaje de la lite, m\u00e1xime si se incumple el requisito en menci\u00f3n. <\/p>\n
De acuerdo a los motivos expuestos, considera la Sala, que las justificaciones dadas por el apoderado de la parte actora no se acompasan con las reglas dispuestas por el m\u00e1ximo \u00f3rgano constitucional en la sentencia \u00eddem, para la flexibilizaci\u00f3n del presupuesto. <\/p>\n
En virtud a lo anotado, se concluye que, al no cumplirse con el requisito en menci\u00f3n, de entrada, no prospera el an\u00e1lisis de fondo de la decisi\u00f3n cuestionada al interior del presente debate, en concordancia con el numeral primero del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991; raz\u00f3n por la cual, se proceder\u00e1 a confirmar la decisi\u00f3n de primera instancia. <\/p>\n
<\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, por las razones expuestas en las motivaciones de esta providencia. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR a los interesados en la forma prevista en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese, publ\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
GERARDO BOTERO ZULUAGA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
FERNANDO CASTILLO CADENA <\/p>\n
LUIS BENEDICTO HERRERA D\u00cdAZ <\/p>\n
IV\u00c1N MAURICIO LENIS G\u00d3MEZ <\/p>\n
OMAR \u00c1NGEL MEJ\u00cdA AMADOR <\/p>\n
MARJORIE Z\u00da\u00d1IGA ROMERO <\/p>\n
SCLAJPT-12 V.00 <\/p>\n
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