AC208-2023 (2003-00001-01)<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC208-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-31-03-004-2003-00001-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito sustentador del recurso de casaci\u00f3n interpuesto por Bernardo Andr\u00e9s Robledo Abad frente a la sentencia de 25 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el juicio reivindicatorio que promovi\u00f3 el Banco del Estado S.A., sucedido procesalmente por Manuel Ovidio Correa Bello, contra Fabio Hermes Peralta Pinto y el recurrente, quien radic\u00f3 acci\u00f3n de pertenencia por v\u00eda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 declarar que es titular del derecho de dominio del predio denominado El Rinc\u00f3n, ubicado en la vereda El Caibe del municipio de Cumaral, departamento del Meta, al cual corresponde el folio de matr\u00edcula n\u00ba 230-0083613 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos, cuyos linderos se encuentran descritos en la demanda; y ordenar a Fabio Hermes Peralta Pinto o \u00aba los poseedores que este se\u00f1ale\u00bb restituir esa heredad. <\/p>\n
2. El Banco promotor sustent\u00f3 estas aspiraciones, en s\u00edntesis, indicando que mediante escritura p\u00fablica n\u00b0 3751 de 30 de noviembre de 1995 otorgada en la Notar\u00eda 27 de Bogot\u00e1, adquiri\u00f3 el predio citado, de Aegis Ltda., a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago. <\/p>\n
Sin embargo y debido a que el inmueble no fue entregado f\u00edsicamente, instaur\u00f3 proceso de entrega del tradente al adquirente, en el cual fue estimada su pretensi\u00f3n en ambas instancias, dando lugar a la diligencia de entrega llevada a cabo el 13 de junio de 2001, la cual atendi\u00f3 Fabio Hermes Peralta Pinto, quien no plante\u00f3 oposici\u00f3n alguna, adujo ser arrendatario del bien ra\u00edz y habida cuenta de los cultivos que ten\u00eda sembrados fue informado de que deb\u00eda acercarse a las instalaciones del Banco para formalizar su condici\u00f3n de tenedor. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la entidad demandante indic\u00f3 que ante la renuencia de Fabio Hermes Peralta Pinto para acudir al Banco y suscribir el correspondiente pacto que habilitara su tenencia, lo cit\u00f3 a conciliaci\u00f3n prejudicial con el fin de obtener la entrega de la posesi\u00f3n, pues actualmente aduce estar ejerciendo actos de se\u00f1or y due\u00f1o. Sin embargo, no compareci\u00f3. <\/p>\n
3. Notificado del auto admisorio del libelo, el enjuiciado se opuso al petitum a trav\u00e9s de las excepciones meritorias de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa en el extremo activo de la litis\u00bb y \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa en el extremo pasivo de la litis\u00bb, \u00e9sta fundada en que ostenta la condici\u00f3n de tenedor del fundo a nombre de una tercera persona, la cual no identific\u00f3, por lo que tampoco la llam\u00f3 al juicio. <\/p>\n
4. Con ocasi\u00f3n del adelantamiento del proceso y su posterior invalidaci\u00f3n por la Sala Civil \u2013 Familia – Laboral del Tribunal Superior de Villavicencio, Bernardo Andr\u00e9s Robledo Abad fue citado como poseedor del bien, quien, una vez notificado, manifest\u00f3, a trav\u00e9s de la misma apoderada judicial de Fabio Hermes Peralta Pinto: <\/p>\n
4.1. Oponerse a la reivindicaci\u00f3n y radic\u00f3 la defensa de \u00abprescripci\u00f3n extintiva\u00bb. <\/p>\n
4.2. Propuso demanda de mutua petici\u00f3n, deprecando declarar que adquiri\u00f3 el dominio de la heredad por prescripci\u00f3n \u00abordinaria\u00bb y disponer la inscripci\u00f3n de la sentencia. <\/p>\n
En compendio este peticionario expuso, como sustento de su pretensi\u00f3n, que recibi\u00f3 la posesi\u00f3n del inmueble con ocasi\u00f3n del contrato de promesa de compraventa que suscribi\u00f3 con Comercial Duarte e Hijos & C\u00eda., el 24 de marzo de 1995, habi\u00e9ndose comprometido a pagar el precio de la finca mediante la asunci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario que para tal \u00e9poca exist\u00eda a favor del Banco del Estado y entregando otras sumas a la promitente vendedora, lo que cumpli\u00f3 a pesar de m\u00faltiples inconvenientes. <\/p>\n
Finalmente refiri\u00f3 que desde el mes de marzo de 1995 posee el inmueble de manera p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida, sin interrupci\u00f3n civil o natural, por lo que complet\u00f3 el lapso de 10 a\u00f1os requerido para que opere la \u00abprescripci\u00f3n extraordinaria\u00bb. <\/p>\n
5. Una vez admitido el pliego de reconvenci\u00f3n, el demandante inicial se opuso mediante la proposici\u00f3n de las excepciones de \u00abinterrupci\u00f3n de la prescripci\u00f3n\u00bb, \u00abinexistencia de buena fe\u00bb e \u00abinexistencia de justo t\u00edtulo\u00bb. <\/p>\n
6. Agotadas las fases del proceso, en las cuales fue aceptada Central de Inversiones S.A. como sucesora procesal del demandante, a su vez como sucesora de esta intervino la Compa\u00f1\u00eda de Gerenciamiento de Activos Ltda. y como sucesor de la \u00faltima Manuel Ovidio Correa Bello, el 13 de febrero de 2018 el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Villavicencio dict\u00f3 sentencia en la que: I) declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb en relaci\u00f3n con el demandado Fabio Hermes Peralta Pinto; II) proclam\u00f3 infundada la excepci\u00f3n de \u00abprescripci\u00f3n\u00bb propuesta por Bernardo Andr\u00e9s Robledo Abad respecto de la petici\u00f3n reivindicatoria; III) y accedi\u00f3 a esta a favor de Manuel Ovidio Correa Bello, como sucesor procesal del Banco del Estado, con la consecuente entrega del predio objeto de la litis. <\/p>\n
7. Apelada tal decisi\u00f3n solamente por Bernardo Andr\u00e9s Robledo Abad, el tribunal la confirm\u00f3 el 25 de febrero de 2022. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
1. En resumen, el juzgador ad-quem consider\u00f3 cumplidos los presupuestos procesales e inexistente vicio que impusiera la renovaci\u00f3n de alguna etapa del juicio. <\/p>\n
2. A continuaci\u00f3n concluy\u00f3 que el bien objeto del pleito ostent\u00f3 la caracter\u00edstica de fiscal a partir de la fecha en que fue transferido al Banco del Estado, en tanto Empresa Industrial y Comercial del Estado y por ende entidad p\u00fablica, seg\u00fan el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal aportado, lo cual imped\u00eda la consolidaci\u00f3n de cualquier derecho derivado de la posesi\u00f3n material alegada, por mandato del art\u00edculo 407-4 del C. de P.C., hoy 375 numeral 4 del C\u00f3digo General del Proceso, que consagra la imprescriptibilidad de los bienes fiscales y de uso p\u00fablico, en concordancia con los c\u00e1nones 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 2519 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
Agreg\u00f3 tal fallo que la condici\u00f3n fiscal del inmueble perdur\u00f3 hasta el 20 de abril de 2007, cuando fue enajenado a Central de Inversiones S.A., empresa sometida al derecho privado, por lo que a partir de esta data el apelante adquiri\u00f3 la posesi\u00f3n, lo cual desembocar\u00eda en la desestimaci\u00f3n de la reivindicaci\u00f3n toda vez que el convocado, para la fecha de instauraci\u00f3n del libelo, ser\u00eda tenedor del fundo. <\/p>\n
Sin embargo, como el propio accionado inicial ha alegado en todos sus actos procesales que ha tenido la condici\u00f3n de poseedor, lo que constituye prueba de confesi\u00f3n, debe reconocerse por lo menos a partir del 20 de abril de 2007, m\u00e1xime si es deber de todo funcionario judicial valorar cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial, si el juicio ha perdurado por casi dos d\u00e9cadas y porque el bien ra\u00edz ha sido objeto de varias transferencias de dominio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, concluy\u00f3 el fallo, no se configura la prescripci\u00f3n adquisitiva alegada para enervar la reivindicaci\u00f3n, porque aun cuando la demanda fue radicada en el a\u00f1o 2003, en raz\u00f3n de las nulidades procesales declaradas qued\u00f3 admitida el 8 de febrero de 2013, y fue notificada al convocado dentro del a\u00f1o siguiente previsto en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil vigente para la \u00e9poca, generando la interrupci\u00f3n civil del citado fen\u00f3meno extintivo. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El demandado inicial y accionante por v\u00eda de reconvenci\u00f3n enarbol\u00f3 dos reproches en casaci\u00f3n, erigidos en las causales tercera y primera del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, en su orden. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Acus\u00f3 la sentencia de incongruente porque s\u00f3lo en la sentencia de segunda instancia fue analizada la naturaleza fiscal del inmueble materia de la controversia, pues previamente ninguno de los intervinientes propusieron tal alegato, tampoco los funcionarios judiciales que conocieron del juicio lo asumieron, ni siquiera en las actuaciones procesales anuladas. <\/p>\n
Adicion\u00f3 que no era dable al tribunal ir m\u00e1s all\u00e1 de los argumentos expuestos en la apelaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de primer grado, tampoco desconocer las actuaciones procesales desplegadas por casi dos d\u00e9cadas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Es pertinente indicar que por entrar en vigencia de manera \u00edntegra el C\u00f3digo General del Proceso a partir del 1\u00ba de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que consagr\u00f3, en los art\u00edculos 624 y 625 numeral 5\u00ba, que los recursos, entre otras actuaciones, deber\u00e1n surtirse bajo \u00ablas leyes vigentes cuando se interpusieron\u00bb, tal cual sucede con el que ahora ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, en raz\u00f3n a que fue radicado con posterioridad a la fecha citada. <\/p>\n
2. El numeral 2\u00ba del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso consagra que el escrito con que se promueve la casaci\u00f3n debe contener \u00ab[l]a formulaci\u00f3n, por separado, los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa.\u00bb <\/p>\n
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria, impone al censor el respeto de unas reglas t\u00e9cnicas orientadas a facilitar la comprensi\u00f3n de los argumentos con que pretende rebatir los sustentos del prove\u00eddo atacado. De ello se deriva la aplicaci\u00f3n del principio dispositivo, en cuya virtud esta Corporaci\u00f3n no puede subsanar las deficiencias observadas en la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed lo tiene advertido la Sala al exigir que \u00ab[s]in distinci\u00f3n de la raz\u00f3n invocada, deben proponerse las censuras mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserci\u00f3n, m\u00e1xime cuando no es labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes al plantearlos\u00bb (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-00419-01). <\/p>\n
No podr\u00eda ser de otra forma, pues la impugnaci\u00f3n se encuentra en manos del recurrente, quien establece los motivos y las razones que en su sentir pueden dar lugar a la casaci\u00f3n, sin que el \u00f3rgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado en su argumentaci\u00f3n, ya que asumir\u00eda el rol de un juez de instancia y suplantar\u00eda al censor1. <\/p>\n
3. Visto el primer cuestionamiento del pliego de casaci\u00f3n concluye esta Corporaci\u00f3n que no cumple las exigencias formales que le son imperativas, por lo que se impone su inadmisi\u00f3n, en la medida en que el recurrente argumenta, por la senda de la incongruencia, que el tribunal ad-quem carec\u00eda de facultades para analizar la naturaleza jur\u00eddica del inmueble respecto del cual \u00e9l, como convocado inicial, deprec\u00f3 la prescripci\u00f3n adquisitiva a trav\u00e9s de excepci\u00f3n meritoria as\u00ed como por v\u00eda de libelo de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
No obstante, tal reparo luce et\u00e9reo comoquiera que olvid\u00f3 argumentar si la exposici\u00f3n plasmada en el fallo criticado correspond\u00eda a defensa que no pod\u00eda ser declarada oficiosamente por el juez, de cara al ordenamiento procesal que regula tal materia, o se trata simplemente del reconocimiento de la ausencia de un presupuesto axiol\u00f3gico de las pretensiones, as\u00ed como las implicaciones de este requisito para la sentencia, todo en aras de fundamentar el supuesto exceso. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 306 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil prev\u00e9 que \u00abcuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n, deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb, por lo que correspond\u00eda al recurrente analizar si la conclusi\u00f3n expuesta en la sentencia atacada encajaba dentro de esta norma o si hubo exceso del fallador, en orden a configurar el motivo de incongruencia, indicando las razones de sus conclusiones, lo que no se plasm\u00f3 en el libelo bajo examen, m\u00e1s aun cuando sobre tal tem\u00e1tica el ordenamiento jur\u00eddico por v\u00eda jurisprudencial tiene sentado que: <\/p>\n
\u00abEn este orden se tiene que, como regla de principio, la decisi\u00f3n del superior est\u00e1 restringida a los argumentos expuestos por el apelante, lo que no obsta para que sentencie sobre tem\u00e1ticas respecto de las cuales el ordenamiento le impone pronunciarse motu proprio, por estar \u00edntimamente relacionadas con el asunto sometido a su conocimiento, verbi gratia, las restituciones mutuas derivadas de distintas modalidades de decaimiento de un acuerdo de voluntades (CSJ SC 020 de 2003, rad. 6610; SC10097 de 2015, rad. 2009-00241); el deber de reexaminar en juicios coactivos el t\u00edtulo ejecutivo aportado a efectos de determinar la cabal concurrencia de sus requisitos (CSJ STC15169 de 2019, rad. 2019-01721; CSJ STC13428 de 2019, rad. 2019-01460); entre otros eventos. <\/p>\n
Uno de estos pronunciamientos oficiosos que debe asumir el juzgador ad-quem corresponde al se\u00f1alado en el art\u00edculo 282 de la obra en menci\u00f3n, a cuyo tenor \u00ab[e]n cualquier tipo de proceso, cuando el juez halle probados los hechos que constituyen una excepci\u00f3n deber\u00e1 reconocerla oficiosamente en la sentencia, salvo las de prescripci\u00f3n, compensaci\u00f3n y nulidad relativa, que deber\u00e1n alegarse en la contestaci\u00f3n de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Otro lo constituye el an\u00e1lisis de los presupuestos del derecho reclamado por el demandante, sin que este proceder implique la desatenci\u00f3n del principio de la congruencia, porque como lo tiene dicho la Corte, \u00ab[d]esde esa perspectiva si lo que pasa por alto el sentenciador es la inexistencia del derecho reclamado, no quiere decir que el fallo sea inconsonante, que s\u00f3lo se da si no declara de oficio una \u00abexcepci\u00f3n\u00bb que forzosamente deb\u00eda reconocer. Esto es, no corresponde a un yerro in procedendo\u2026.\u00bb (CSJ SC4574 de 2015, rad. 2007-00600-02). <\/p>\n
Con otras palabras, no se explic\u00f3 cu\u00e1l era la barrera jur\u00eddica que ten\u00eda el funcionario judicial colegiado para negar el reconocimiento de la prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio deprecada en el libelo de mutua petici\u00f3n, en el contexto de las defensas procesales de fondo y los elementos de la usucapi\u00f3n para su reconocimiento. <\/p>\n
Al respecto la Corte ha reiterado que: <\/p>\n
[I]nvocada la inconsonancia de la sentencia recurrida, el censor en su exposici\u00f3n debe explicitar e identificar con exactitud d\u00f3nde est\u00e1 la desarmon\u00eda, como lo advirti\u00f3 la Sala al se\u00f1alar que \u2018acept\u00e1ndose que el cargo est\u00e1 montado s\u00f3lo sobre la incongruencia, se tiene que no fue cabalmente fundamentado, en la medida que no muestra el vicio que le enrostra a la sentencia opugnada, cuesti\u00f3n que el recurrente debi\u00f3 suplir cotejando el contenido objetivo del escrito incoativo del litigio -pretensiones y hechos- con la parte dispositiva del fallo censurado\u2019 (auto de 22 de mayo de 2008 y reiterado en el de 6 de febrero de 2009, expediente 2003 00423 y 1999-00591) (\u2026) Por tanto, no es suficiente con esbozar una falta de coherencia en lo decidido, sino que su planteamiento, para que sea completo, debe comprender la contraposici\u00f3n del fallo con todos los elementos debatidos al interior del litigio y que incidir\u00edan en su proferimiento, esto es la demanda, la contestaci\u00f3n y las excepciones propuestas, al tenor del art\u00edculo 305 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, de tal manera que aparezca de bulto una real desarmon\u00eda con el contexto (CSJ AC 10 sep. 2012, rad. n\u00b0 2009-00140-01). <\/p>\n
En consecuencia, no es dable admitir el presente cuestionamiento. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Al amparo de la causal segunda de casaci\u00f3n el inicial demandado y accionante en reconvenci\u00f3n adujo que el fallo de segunda instancia transgredi\u00f3 la ley sustancial por v\u00eda indirecta, debido a errores de hecho y de derecho en la apreciaci\u00f3n del material probatorio. <\/p>\n
En desarrollo del embate refiri\u00f3 que el veredicto incurri\u00f3 en error de hecho al valorar el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal del Banco del Estado, pues este s\u00f3lo muestra la naturaleza jur\u00eddica del Banco del Estado para el a\u00f1o 2002, no para el a\u00f1o 2007, como sociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y asimilado a Empresa Industrial y Comercial del Estado. <\/p>\n
Adem\u00e1s, tampoco pod\u00eda extraer que para tal momento el estado colombiano ten\u00eda en dicho Banco un capital social del 90%, ya que la \u00fanica forma de probar la composici\u00f3n accionaria de una compa\u00f1\u00eda es con el libro de accionistas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que en el aludido certificado consta la fusi\u00f3n por absorci\u00f3n del Banco Uconal, lo que fue omitido por el juzgador colegiado con el fin de establecer la aludida composici\u00f3n. <\/p>\n
Y culmin\u00f3 se\u00f1alando que estos errores determinaron la conclusi\u00f3n de que la finca El Rinc\u00f3n fue bien fiscal, por ende, imprescriptible. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El segundo cargo de la recurrente en casaci\u00f3n, al igual que el anterior, adolece de defectos t\u00e9cnicos que imposibilidad su curso, en la medida en que, de un lado, no se\u00f1al\u00f3 normas de derecho sustancial, connotaci\u00f3n que se predica de aquellas que a una situaci\u00f3n f\u00e1ctica espec\u00edfica dan una consecuencia tambi\u00e9n concreta, esto es, declaran, crean, modifican o extinguen la relaci\u00f3n jur\u00eddica que media entre los intervinientes. <\/p>\n
En esa misma providencia esta colegiatura precis\u00f3 que: <\/p>\n
por normas de derecho sustancial debe entenderse las que declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas concretas, es decir, las que se ocupan de regular una situaci\u00f3n de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia jur\u00eddica, y no las que se limitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a describir sus elementos, precisamente porque al ser tales, no pueden atribuir derechos subjetivos, tampoco las que regulan, como es natural entenderlo, determinada actividad procesal o probatoria. Presupuesto que es de vital importancia cumplirlo, porque de omitirse, al decir de la Sala, \u2018quedar\u00eda incompleta la acusaci\u00f3n, en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la omisi\u00f3n del reproche casacional de invocar normas de derecho sustancial basta para inadmitirlo, en raz\u00f3n a que el incumplimiento del requisito referido: <\/p>\n
(\u2026) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, \u2018(\u2026) en la medida en que se privar\u00eda a la Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontaci\u00f3n con la sentencia acusada, no pudi\u00e9ndose, ex officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la formulaci\u00f3n de los cargos, merced al arraigado car\u00e1cter dispositivo que estereotipa al recurso de casaci\u00f3n\u2019. <\/p>\n
Desde luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino \u00fanicamente, cual lo tiene decantado esta Corporaci\u00f3n, si declara, crea, modifica o extingue una relaci\u00f3n jur\u00eddica concreta, esto es, cuando regula una situaci\u00f3n de hecho, seguida de una consecuencia jur\u00eddica. Carecen de esa connotaci\u00f3n, por lo tanto, las normas que definen fen\u00f3menos jur\u00eddicos o describen sus elementos, pues al ser tales, en l\u00ednea de principio, no atribuyen derechos subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan determinada actividad procesal o probatoria. (CSJ AC481 de 2016, rad. n\u00ba 2007-00070). <\/p>\n
En suma, el embate padece de la aludida falla t\u00e9cnica que lo torna inadmisible. <\/p>\n
2. De otro lado, igualmente observa la Corte la carencia t\u00e9cnica en la formulaci\u00f3n del segundo embate, pues a pesar de anunciar la violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial debido a errores de derecho no dio cumplimiento al requisito contemplado en el inciso 3\u00b0 del literal a) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor \u00ab[c]uando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas.\u00bb (Destacado ajeno). <\/p>\n
Sobre ese requisito la Sala ha sido reiterativa en manifestar que \u00ab(\u2026) \u2018en trat\u00e1ndose de un cargo montado por v\u00eda indirecta, en el que le endilgue al sentenciador la comisi\u00f3n de errores de derecho, el censor no s\u00f3lo ha de citar las normas de disciplina probatoria que estime infringidas sino, adem\u00e1s, sustentar c\u00f3mo ocurri\u00f3 ese quebranto\u2019 (\u2026)\u00bb (CSJ SC 18 ene. 2010, rad. n\u00ba 2005-00081, reiterada en AC 25 may. 2012, rad. n\u00ba 2002-00222-01. Se subraya). <\/p>\n
Por lo tanto, era menester mencionar las normas de \u00edndole probatoria conculcadas y cumplir la tarea de describir los medios de prueba respecto de los cuales ocurri\u00f3 el error de derecho, para seguidamente extraer de estos los aspectos en que disinti\u00f3 el Tribunal, que constituyen yerros de derecho, y que hubiera llevado a una plataforma f\u00e1ctica distinta a la que se plante\u00f3 ese juzgador, lo que no se acat\u00f3. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, pertinente es recordar que el juez puede quebrantar la ley sustancial de forma indirecta cometiendo: I) errores de hecho, que aluden a la ponderaci\u00f3n objetiva de las pruebas, o; II) de derecho, cuando de su validez jur\u00eddica se trata. <\/p>\n
La inicial afectaci\u00f3n -por faltas f\u00e1cticas- ocurre cuando el fallador se equivoca al apreciar materialmente los medios de convicci\u00f3n, ya sea porque supone el que no existe, pretermite el que s\u00ed est\u00e1 o tergiversa el que acertadamente encontr\u00f3, modalidad \u00e9sta que equivale a imaginar u omitir parcialmente el elemento probatorio porque la distorsi\u00f3n que comete el Juzgador implica agregarle algo de lo que carece o quitarle lo que s\u00ed expresa, alterando su contenido de forma significativa. <\/p>\n
As\u00ed lo ha explicado la Sala al se\u00f1alar: <\/p>\n
Los errores de hecho probatorios se relacionan con la constataci\u00f3n material de los medios de convicci\u00f3n en el expediente o con la fijaci\u00f3n de su contenido objetivo. Se configuran, en palabras de la Corte, \u2018(\u2026) a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en \u00e9l no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad s\u00ed existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que s\u00ed existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuy\u00e9ndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adici\u00f3n o por cercenamiento (…)\u2019 (CSJ, SC9680, 24 jul. 2015, rad. 2004-00469-01). <\/p>\n
La otra modalidad de yerro, el de derecho, se configura en el escenario de la diagnosis jur\u00eddica de los elementos de prueba, al ser desconocidas las reglas sobre aducci\u00f3n e incorporaci\u00f3n, m\u00e9rito demostrativo asignado por el legislador, contradicci\u00f3n de la prueba o valoraci\u00f3n del acervo probatorio en conjunto. La Corte ense\u00f1\u00f3 que se incurre en esta falencia si el juzgador <\/p>\n
Aprecia pruebas aducidas al proceso sin la observancia de los requisitos legalmente necesarios para su producci\u00f3n; o cuando, vi\u00e9ndolas en la realidad que ellas demuestran, no las eval\u00faa por estimar erradamente que fueron ilegalmente rituadas; o cuando le da valor persuasivo a un medio que la ley expresamente proh\u00edbe para el caso; o cuando, requiri\u00e9ndose por la ley una prueba espec\u00edfica para demostrar determinado hecho o acto jur\u00eddico, no le atribuye a dicho medio el m\u00e9rito probatorio por ella se\u00f1alado, o lo da por demostrado con otra prueba distinta; o cuando el sentenciador exige para la justificaci\u00f3n de un hecho o de un acto una prueba especial que la ley no requiere. (CXLVII, p\u00e1gina 61, citada en CSJ SC de 13 abr. 2005, rad. 1998-0056-02; CSJ SC de 24 nov. 2008, rad. 1998-00529-01; CSJ SC de 15 dic. 2009, rad. 1999-01651-01, entre otras). <\/p>\n
Por lo tanto la censura final tampoco es admisible toda vez que no fue formulado guardando la t\u00e9cnica debida. <\/p>\n
3. Para abundar en razones la Corte as\u00ed mismo extracta que el cargo luce contradictorio, debido a que el demandado en reivindicaci\u00f3n critica al tribunal por colegir que el inmueble objeto de su s\u00faplica de pertenencia era bien fiscal, por lo menos mientras fue de propiedad del Banco del Estado porque no se prob\u00f3 su composici\u00f3n accionaria, pero a la vez aduce que tal entidad s\u00ed ten\u00eda la condici\u00f3n de \u00absociedad de econom\u00eda mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio d Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico y asimilado a Empresa Industrial y Comercial del Estado.\u00bb <\/p>\n
Es decir que el recurrente acepta que el Banco del Estado es entidad p\u00fablica, al tenor del precepto 68 de la ley 489 de 1998 que prev\u00e9 son \u00abentidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos p\u00fablicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades p\u00fablicas y las sociedades de econom\u00eda mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personer\u00eda jur\u00eddica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios p\u00fablicos y las dem\u00e1s entidades creadas por la ley o con su autorizaci\u00f3n, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos o la realizaci\u00f3n de actividades industriales o comerciales con personer\u00eda jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y patrimonio propio. Como \u00f3rganos del Estado aun cuando gozan de autonom\u00eda administrativa est\u00e1n sujetas al control pol\u00edtico y a la suprema direcci\u00f3n del \u00f3rgano de la administraci\u00f3n al cual est\u00e1n adscritas\u00bb; pero a rengl\u00f3n seguido critica al juzgador de \u00faltima instancia por colegir que el inmueble de propiedad del Banco del Estado era fiscal, lo cual revela que el cuestionamiento es incoherente, aspecto sobre el cual ha sido enf\u00e1tica la Corte en se\u00f1alar que: <\/p>\n
\u2026 las acusaciones imprecisas o las ayunas de claridad \u2013v.gr. las totalmente desenfocadas, las alambicadas, farragosas o las et\u00e9reas-; los reproches que, por situarse en la periferia o, en el mejor de los casos, en el umbral del raciocinio judicial pertinente, no permean la almendra de la providencia que emana del fallador; o las glosas que, por generales, vagas o panor\u00e1micas, no descienden cabal y puntualmente a la m\u00e9dula de la decisi\u00f3n del Tribunal o al an\u00e1lisis de la prueba respectiva, no est\u00e1n en consonancia con las reglas que, de marras, estereotipan la casaci\u00f3n\u2026 (CSJ SC003, 5 feb. 2001, reiterada en AC6986, 27 nov. 2015, rad. n\u00ba 2009-00218-01). <\/p>\n
Tal falencia traduce que el reproche no es admisible, en raz\u00f3n a que no se formul\u00f3 con respeto a la t\u00e9cnica debida. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, el cargo es incompleto, valga anotar, no toca la totalidad de las valoraciones probatorias en que fue cimentado el prove\u00eddo de segundo grado. <\/p>\n
Ciertamente, el tribunal desech\u00f3 la usucapi\u00f3n deprecada en el libelo de mutua petici\u00f3n as\u00ed como la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n extintiva planteada frente a la acci\u00f3n de dominio, porque el inmueble objeto de esos reclamos ostent\u00f3 la condici\u00f3n de fiscal desde el a\u00f1o 1995, cuando fue entregado a t\u00edtulo de daci\u00f3n en pago al Banco del Estado, hasta el a\u00f1o 2007 cuando este lo enajen\u00f3 a Central de Inversiones S.A. (conclusi\u00f3n que no aborda esta Sala por no ser la oportunidad para tal an\u00e1lisis). <\/p>\n
Y agreg\u00f3, el juzgador ad-quem, que a lo sumo a partir del a\u00f1o 2007 podr\u00eda considerar la posesi\u00f3n de Bernardo Andr\u00e9s Robledo Abad como habilitante de una futura usucapi\u00f3n, la que de cualquier manera fue interrumpida civilmente. <\/p>\n
Por su parte, la censura aduce que el bien no era fiscal para el a\u00f1o 2007, como lo estableci\u00f3 la sentencia, porque el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal del Banco del Estado s\u00f3lo da cuenta de su naturaleza para el a\u00f1o 2002. <\/p>\n
De all\u00ed se deprende que el cargo no reprocha la conclusi\u00f3n del veredicto a cuyo tenor desde el a\u00f1o 1995 y por lo menos hasta el 2002 -seg\u00fan la tesis del reproche en casaci\u00f3n- la finca El Rinc\u00f3n era bien fiscal, como tampoco atac\u00f3 el argumento seg\u00fan el cual la posesi\u00f3n del recurrente posterior al a\u00f1o 2007 fue interrumpida civilmente, lo que imped\u00eda acceder a sus reclamos. <\/p>\n
En tal orden de ideas, el ataque es inadmisible porque no combate todos los soportes del fallo criticado, cuesti\u00f3n frente a la cual la Corte ha indicado, en relaci\u00f3n con el recurso de que se trata, que: <\/p>\n
[su] especial naturaleza, extraordinaria y dispositiva, ha llevado al legislador, de antiguo, a exigir que la demanda que se presente ante el Tribunal de casaci\u00f3n cumpla con precisos y puntuales requisitos, que deben ser examinados al momento de su admisi\u00f3n y que, en caso de ser omitidos, impiden darle curso a tal pieza procesal para un estudio de fondo, pues el referido c\u00f3digo no permite -o habilita- la concesi\u00f3n de un plazo para que se subsanen las deficiencias que se observen en el escrito correspondiente. Sobre el particular esta Sala tiene dicho que \u2018\u2026el recurso de casaci\u00f3n debe contar con la fundamentaci\u00f3n adecuada para lograr los prop\u00f3sitos que en concreto le son inherentes y, por disponerlo as\u00ed la ley, es a la propia parte recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este requisito, lo que supone, adem\u00e1s de la concurrencia de un gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuesti\u00f3n, acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los motivos espec\u00edficos que la ley expresa, no por otros, y que entre el vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una precisa relaci\u00f3n de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha reiterado con ah\u00ednco la doctrina cient\u00edfica, si la declaraci\u00f3n del vicio de contenido o de forma sometido a la consideraci\u00f3n del Tribunal de Casaci\u00f3n no tiene injerencia esencial en la resoluci\u00f3n jurisdiccional y \u00e9sta pudiera apoyarse en premisas no censuradas eficazmente, el recurso interpuesto carecer\u00e1 entonces de la necesaria consistencia infirmatoria y tendr\u00e1 que ser desechado\u2019 (\u2026) En la misma providencia, se a\u00f1adi\u00f3 que \u2018\u2026para cumplir con la exigencia de suficiente sustentaci\u00f3n de la que se viene hablando, el recurrente tiene que atacar id\u00f3neamente todos los elementos que fundan el proveimiento, explicando con vista en este \u00faltimo y no en otro distinto, en qu\u00e9 ha consistido la infracci\u00f3n a la ley que se le atribuye, cu\u00e1l su influencia en lo dispositivo y c\u00f3mo este aspecto debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor importancia por cierto, que la cr\u00edtica a las conclusiones decisorias de la sentencia sea completa\u2019. Ello significa que el censor tiene la ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que conforman la base jur\u00eddica esencial del fallo impugnado, sin que sea posible desatender y separarse de la l\u00ednea argumental contenida en aquel prove\u00eddo\u2026 (CSJ AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01. Subray\u00f3 la Sala). <\/p>\n
Por contera, el embate no cumple otra exigencia formal necesaria para habilitar su admisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Total, los diversos defectos del embate casacional imponen negar su admisi\u00f3n, entre otras falencias que resulta innecesario mencionar habida cuenta que las anteriores son suficientes para obstruir el tr\u00e1mite. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
Primero: Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n allegada para sustentar el recurso interpuesto por Bernardo Andr\u00e9s Robledo Abad frente a la sentencia de 25 de febrero de 2022, proferida por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, en el juicio reivindicatorio que promovi\u00f3 el Banco del Estado S.A., sucedido procesalmente por Manuel Ovidio Correa Bello, contra Fabio Hermes Peralta Pinto y el recurrente, quien radic\u00f3 acci\u00f3n de pertenencia por v\u00eda de reconvenci\u00f3n. <\/p>\n
Segundo: Ordenar la devoluci\u00f3n por la secretar\u00eda del expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
Tercero. Reconocer a Astrid Carolina S\u00e1nchez Rinc\u00f3n como apoderada judicial de Bernardo Andr\u00e9s Robledo Abad en los t\u00e9rminos del poder a ella conferido. <\/p>\n
Notif\u00edquese <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
AC208-2023 (2003-00001-01) AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente AC208-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 50001-31-03-004-2003-00001-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de dos de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1 D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Decide la Corte sobre la admisi\u00f3n del escrito sustentador del […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71187","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71187","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71187"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71187\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71187"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71187"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71187"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}