AC245-2023 (2018-00055-01)<\/p>\n
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LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
AC245-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05376-31-12-001-2018-00055-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por el convocante frente a la sentencia de 1 de agosto de 2022, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, en el proceso verbal que promovi\u00f3 H\u00e9ctor Montoya Restrepo contra la Promotora Soto del Este S.A.S. y otros. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. Pretensiones y fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
El actor pidi\u00f3 que se ordenara a la demandada cumplir con las obligaciones a su cargo, derivadas del \u00abcontrato at\u00edpico denominado \u201ccontrato de acuerdo\u201d\u00bb. Consecuencialmente, reclam\u00f3 \u00abque se condene a los demandados al pago de los perjuicios causados y de los frutos dejados de percibir por el demandante conforme a justa tasaci\u00f3n pericial pero que razonadamente y seg\u00fan el juramento estimatorio han sido estimados (…) en $2.000.000.000\u00bb. <\/p>\n
De forma subsidiaria, solicit\u00f3 que se resolviera la referida convenci\u00f3n, por incumplimiento atribuible a la Promotora Soto del Este S.A.S.; o, en su defecto, que se declarara su nulidad absoluta, ordenando en cualquier caso la restituci\u00f3n de \u00ablas franjas de terreno integrantes del bien inmueble de propiedad del demandante que ocup\u00f3 con la parcelaci\u00f3n de los inmuebles ubicados en las veredas Puente Pel\u00e1ez y Pantanillo (…)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Fundamento f\u00e1ctico. <\/p>\n
En sustento de dichas s\u00faplicas, el actor sostuvo que durante la intervenci\u00f3n urban\u00edstica de un inmueble colindante, la convocada ocup\u00f3 una franja de terreno de su propiedad. Para superar ese impase, celebraron el susodicho \u00abcontrato de acuerdo\u00bb, en virtud del cual la Promotora Soto del Este S.A.S. se oblig\u00f3 a otorgar dos servidumbres de tr\u00e1nsito para que el se\u00f1or Montoya Restrepo accediera a su predio \u00abtanto desde la v\u00eda que comunica a los municipios El Retiro y Montebello, como por la v\u00eda que tiene inicio en la parte frontal de la propiedad\u00bb. Asimismo, se comprometi\u00f3 a realizar varias obras civiles de adecuaci\u00f3n, a cambio de la cesi\u00f3n de dos franjas de la heredad que pertenece al convocante. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que \u00abla sociedad accionada y en general los demandados, puede decirse que de ninguna manera han honrado sus compromisos, puesto que no han cumplido absolutamente ninguno de los que adquirieron en el contrato objeto de este proceso tal como puede constatarse a trav\u00e9s de la prueba que se solicitara por inspecci\u00f3n judicial con la que se pretende probar que (para el d\u00eda de hoy e incluso para el d\u00eda en que la prueba se practique) la sociedad demandada y en general todos los demandados se abstienen de darle cumplimiento en un todo y por todo a lo convenido\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Actuaci\u00f3n Procesal. <\/p>\n
1. Enterados de la admisi\u00f3n de la demanda, la Promotora Soto del Este S.A.S. y el se\u00f1or Guillermo Palacio V\u00e9lez formularon las defensas de \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva frente al codemandado Guillermo Palacio\u00bb; \u00abinexistencia de incumplimiento por parte de la promotora\u00bb, \u00abinexistencia de perjuicios materiales\u00bb, \u00abincumplimiento contractual del demandante\u00bb, \u00abimposibilidad de cumplir con las obligaciones no cumplidas a la fecha\u00bb y \u00abcaducidad de la acci\u00f3n o prescripci\u00f3n del derecho\u00bb. <\/p>\n
Los restantes demandados (Jos\u00e9 Yuri Arboleda Rengifo y Ra\u00fal Andr\u00e9s Mira Pe\u00f1a) fueron representados por curador ad litem, quien excepcion\u00f3 \u00abinexigibilidad de la obligaci\u00f3n\u00bb; \u00abcobro de lo no debido\u00bb; \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb y \u00abprescripci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Mediante sentencia de 22 de julio de 2019, el Juzgado Civil del Circuito de la Ceja declar\u00f3 (i) la falta de legitimaci\u00f3n de todas las personas naturales convocadas (con quienes el demandante no hab\u00eda ajustado ning\u00fan pacto), y (ii) la nulidad absoluta parcial de varios apartes del \u00abcontrato de acuerdo\u00bb, en el entendido de que correspond\u00edan a negocios jur\u00eddicos preparatorios, que no reun\u00edan los requisitos de validez previstos en el art\u00edculo 1611 del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
En lo dem\u00e1s, deneg\u00f3 las pretensiones, por considerar que las restantes prestaciones consignadas en \u00abcontrato de acuerdo\u00bb) no pod\u00edan considerarse promesas de contratos, y por lo mismo, reun\u00edan los requisitos de ley. Sin embargo, estim\u00f3 que los pactos vigentes son inexigibles, en tanto que no se pact\u00f3 un plazo o condici\u00f3n para que la sociedad demandada realizara las adecuaciones all\u00ed descritas. <\/p>\n
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3. El demandante interpuso recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El tribunal confirm\u00f3 lo decidido en primera instancia, con apoyo en los siguientes argumentos: <\/p>\n
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i. Tras contrastar \u00ablos textos que en este caso se vertieron para dar cumplimiento a las fases de \u201creparos concretos\u201d y \u201csustentaci\u00f3n\u201d, (…) no existe una verdadera simetr\u00eda o concordancia [entre ellos], puesto que circunscribi\u00e9ndose el primero, huelga anotar, el formulado ante el a quo, a la prueba de la propiedad del demandante y a los perjuicios o indemnizaci\u00f3n a que afirma tener ese extremo derecho, el segundo se ocup\u00f3 de aspectos diferentes, como el cuestionamiento a la declaratoria parcial de la nulidad absoluta y la improcedencia de la sanci\u00f3n prevista para los casos de juramento estimatorio\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. Por consiguiente, \u00abla competencia de esta Corporaci\u00f3n en segunda instancia para resolver el recurso de apelaci\u00f3n se limita, en virtud de los reparos concretos presentados y los puntos \u00edntimamente ligados a ellos contenidos en la sustentaci\u00f3n, (i) a la incidencia en el proceso del derecho de propiedad que afirma detentar el demandante y haber acreditado en el plenario, y (ii) al derecho a los perjuicios e indemnizaci\u00f3n que asevera debi\u00f3 hab\u00e9rsele reconocido, campo en el cual, es posible, analizar lo relativo a las restituciones mutuas negadas por el funcionario de primer grado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. En atenci\u00f3n a lo anterior, el tribunal tendr\u00eda vedado \u00abadentrase en temas como la viabilidad de declarar parcialmente la nulidad absoluta del contrato (pedida en una de las pretensiones subsidiarias), o el de la improcedencia de la sanci\u00f3n contemplada en el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso, pues, como acaba de relacionarse y contrastarse, son t\u00f3picos nuevos sobre los que ninguna menci\u00f3n se hizo ante el a quo al tiempo de plantear los \u201creparos concretos\u201d, y que por lo mismo, est\u00e1n vedados para el ad quem, de suerte que cuando la censura ha sido puntual, los dem\u00e1s aspectos de la sentencia adquieren la autoridad de la cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. As\u00ed las cosas, \u00abcomo en la etapa de la sustentaci\u00f3n la parte demandante pretendi\u00f3 edificar una renovada censura, sobre esos puntos nuevos y ya relacionados, no es posible acometer su estudio, ni siquiera por la circunstancia de versar o hacer relaci\u00f3n uno de ellos a una nulidad absoluta, toda vez que la misma ya fue declarada en primer grado, y la discusi\u00f3n gravita sobre si esa declaratoria se debe extender a todas las obligaciones incorporadas en el \u201ccontrato de acuerdo\u201d o algunas de ellas. En otras palabras, la oficiosidad que permite el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, subrogado por el precepto 2\u00ba de la Ley 50 de 1936, ya no es predicable ahora en sede de segunda instancia, porque la \u201cnulidad absoluta\u201d de la referida convenci\u00f3n ya fue declarada\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
v. Dadas las circunstancias explicadas, la impugnaci\u00f3n queda reducida a las restituciones mutuas, tem\u00e1tica frente a la cual importa destacar que, \u00absi en gracia de discusi\u00f3n se asumiera que los convocados ocupan o poseen una franja de terreno de propiedad del accionante, mal podr\u00eda ordenarse su devoluci\u00f3n como consecuencia de la nulidad absoluta declarada en este proceso por la juzgadora de primera instancia, pues los demandados -de ser cierto que la ocupan o la poseen- lo har\u00edan no por cuenta del contrato declarado nulo, sino de una situaci\u00f3n de facto antecedente, que el propio \u201cContrato de Acuerdo\u201d detalla (…)\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. Y si se teorizara que el contrato que ajustaron las partes vino a regularizar la situaci\u00f3n de hecho antecedente, permitiendo as\u00ed \u00abque la Promotora siguiera ocupando alguna la franja con la anuencia del actor, lo cierto es que en materia de inmuebles es preciso tener claridad sobre el bien a restituir; es decir, su \u00e1rea, cabida y linderos. Asimismo, si lo que se pretende es la restituci\u00f3n de un predio en virtud de su propiedad, se debe demostrar esa titularidad, en la forma id\u00f3nea prevista por la ley\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. En ese sentido, \u00abcompet\u00eda a H\u00e9ctor Montoya Restrepo la carga de acreditar esas circunstancias, pero, visto en detalle el expediente, se advierte que no arrim\u00f3 oportunamente ninguna prueba que permita de manera fehaciente llegar al convencimiento pleno sobre su propiedad y las caracter\u00edsticas del terreno a restituir, pues, conforme lo destac\u00f3 la juez de primer grado, desde la demanda suministr\u00f3 un \u00e1rea aproximada y al absolver interrogatorio fue impreciso en se\u00f1alarla, de tal forma que mal puede ahora reclamar por qu\u00e9 no se produjo la respectiva restituci\u00f3n, cuando uno de los fundamentos para no acceder a ella fue la falta de individualizaci\u00f3n sobre el fundo o la parte de \u00e9l que deb\u00eda retornar al dominio y se\u00f1or\u00edo del gestor de esta acci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. La declaratoria de nulidad parcial del contrato sobre el que gravitaron las pretensiones \u00abno garantizaba al demandante nada diferente a un pronunciamiento expreso a las restituciones mutuas, mas no a la restituci\u00f3n efectiva de un inmueble, al pago de frutos o a una indemnizaci\u00f3n, cosas que pasan o se supeditan a la prueba fehaciente de dichos conceptos, cuesti\u00f3n que a espacio explic\u00f3 la juzgadora de primera instancia, y que no result\u00f3 desvirtuado en los reparos concretos, donde \u00fanicamente se reafirm\u00f3 la calidad de propietario del accionante y el derecho que estim\u00f3 le asist\u00eda a una indemnizaci\u00f3n o perjuicios\u00bb. <\/p>\n
DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
El convocante formul\u00f3 tempestivamente el recurso extraordinario de casaci\u00f3n. Al sustentarlo, propuso dos reproches, al amparo de la causales primera y segunda del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Tras denunciar la infracci\u00f3n directa de los art\u00edculos 1741 y 1742 del C\u00f3digo Civil, el se\u00f1or Montoya Restrepo sostuvo que el tribunal interpret\u00f3 de forma incorrecta \u00abla norma sustancial que consagra la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta de un contrato\u00bb, lo que lo llev\u00f3 a concluir que \u00abal haberse declarado la nulidad absoluta, de forma parcial, por parte del juez a quo y no haberse apelado por el recurrente este punto en los reparos dicha situaci\u00f3n impide que la segunda instancia conozca o se pronuncie frente a la nulidad absoluta del contrato\u00bb. <\/p>\n
Para fundamentar esa afirmaci\u00f3n, adujo que el citado art\u00edculo 1741 permite inferir que \u00abel juez, sin discriminar instancia, tiene el deber de declarar la nulidad del acto o contrato cuando aparezca de manifiesto. La norma en parte alguna consagra, como lo entiende el H. Tribunal en la sentencia atacada, que la declaratoria oficiosa de la nulidad absoluta de un contrato no puede ser decretada por el Juez de segunda instancia cuando fue declarada de forma parcial por la primera instancia\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que \u00abla declaratoria de nulidad del contrato que sirvi\u00f3 de base a esta demanda ten\u00eda que ser decretado por los jueces de conocimiento, y de no de forma parcial, pues la nulidad deprecada en la demanda y reconocida por la se\u00f1ora Juez en su sentencia era manifiesta en el acto o contrato por ausencia de requisitos de ley, como claramente se rese\u00f1a en la sentencia de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
Como colof\u00f3n, sostuvo que el ad quem \u00abincurre igualmente en una violaci\u00f3n directa a la ley sustancial cuando se confirma una sentencia que declar\u00f3 la nulidad absoluta de forma parcial pues la nulidad producida por la omisi\u00f3n de alg\u00fan requisito, como acaeci\u00f3 en este caso, comporta, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 1741 la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, que no de parte de \u00e9l y esta irregularidad permite, obviamente, que el juez de segunda instancia conozca y se pronuncie sobre dicha violaci\u00f3n legal\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
En este caso, \u00abse pretermite el debido proceso cuando se impone una sanci\u00f3n sin que confluyen los presupuestos f\u00e1cticos establecidos por la norma que consagra la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n; ciertamente las pretensiones no se negaron [pues] el proceso termin\u00f3 con sentencia de primera instancia declarando la nulidad absoluta del contrato demandado, aunque de forma parcial, se acogi\u00f3 la pretensi\u00f3n segunda subsidiaria\u00bb. <\/p>\n
A ello agreg\u00f3 que el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso \u00abno se\u00f1ala que dicha sanci\u00f3n se impone cuando no se concedan las pretensiones consecuenciales; es decir, si en el caso en estudio se concedi\u00f3 la pretensi\u00f3n principal de nulidad absoluta del contrato obvio resulta que no pod\u00eda imponerse la sanci\u00f3n mencionada. Adem\u00e1s, es que no se concedi\u00f3 la pretensi\u00f3n consecuencial por una pretermisi\u00f3n del art\u00edculo 1746 del C.C. por parte de la se\u00f1ora Juez de primera instancia y ello excluye el otro presupuesto f\u00e1ctico exigido por la norma, a saber, que la pretensi\u00f3n se niegue por no demostraci\u00f3n del perjuicio por negligencia del actor y aqu\u00ed recu\u00e9rdese que en el caso en estudio procede igualmente la condena en abstracto\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, indic\u00f3 que \u00abde conformidad con el art\u00edculo 333 del C\u00f3digo General del Proceso, una de los fines del recurso de casaci\u00f3n lo constituye la protecci\u00f3n de los derechos constitucionales (dentro de los cuales est\u00e1 el debido proceso probatorio), el control de legalidad de los fallos y la reparaci\u00f3n de los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida y es que (…) se incurre en una violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial cuando se impone una sanci\u00f3n con fundamento en unos supuestos que no concurren en el caso en estudio\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Fundamentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
La fundamentaci\u00f3n t\u00e9cnica de las causales de casaci\u00f3n exige que el impugnante demuestre la presencia de yerros que comprometan la legalidad de la decisi\u00f3n cuestionada, tanto en la aplicaci\u00f3n de las normas de derecho sustancial (yerros in iudicando), como en la actividad procesal connatural al juicio (errores in procedendo). <\/p>\n
Para atender ese cometido, el inconforme deber\u00e1 observar, invariablemente, los requerimientos se\u00f1alados en las leyes procesales y la jurisprudencia para la apropiada sustentaci\u00f3n del remedio extraordinario, dentro de los cuales cabe destacar: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La formulaci\u00f3n, por separado, de los respectivos cargos, con la especificaci\u00f3n, de forma clara, precisa y completa, de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, que deben armonizar con alguno de los cinco motivos de casaci\u00f3n previstos en el precepto 336 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
<\/p>\n
ii. En caso de denunciar la infracci\u00f3n de normas de derecho sustancial regulatorias del litigio, como consecuencia de errores jur\u00eddicos (v\u00eda directa), o yerros f\u00e1cticos o de derecho (v\u00eda indirecta), es necesario incluir la pauta jur\u00eddica que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, haya sido transgredida, sin que sea necesario integrar una proposici\u00f3n normativa completa. <\/p>\n
<\/p>\n
iii. Si se elige la v\u00eda directa, \u00abel cargo se circunscribir\u00e1 a la cuesti\u00f3n jur\u00eddica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
iv. Ahora, si se afirma que la violaci\u00f3n ocurri\u00f3 por la v\u00eda indirecta, por desaciertos de hecho o de derecho, es decir, los comprendidos en los supuestos de la causal segunda del precepto 336 del estatuto procesal, no es admisible referirse a aspectos f\u00e1cticos no debatidos en las instancias. <\/p>\n
<\/p>\n
v. En lo que tiene que ver con el \u00aberror de derecho\u00bb, que se materializa cuando, en la actividad de valoraci\u00f3n jur\u00eddica de los medios de convicci\u00f3n \u2013aducci\u00f3n, incorporaci\u00f3n y apreciaci\u00f3n\u2013 se contrar\u00edan las reglas legales que gobiernan el r\u00e9gimen probatorio, deben se\u00f1alarse las normas de esa naturaleza que se consideran quebrantadas, as\u00ed como hacer una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que lo fueron. <\/p>\n
<\/p>\n
vi. A su turno, si se denuncia un \u00aberror de hecho\u00bb, esto es, el que se exterioriza en la valoraci\u00f3n del contenido material de las pruebas legal y oportunamente allegadas al juicio, deber\u00e1 manifestarse en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son, en concreto, las pruebas o piezas procesales sobre las que recay\u00f3 el desacierto en la actividad de apreciaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
vii. Asimismo, a fin de probar la pifia f\u00e1ctica, ser\u00e1 menester evidenciar que, respecto del escrito introductorio del proceso, su contestaci\u00f3n o los medios de prueba, hubo pretermisi\u00f3n o suposici\u00f3n total o parcial, o que su materialidad fue alterada, ya por adici\u00f3n o cercenamiento de expresiones o frases, o tergiversaci\u00f3n arbitraria de su contenido. Igualmente se debe especificar lo inferido por el juzgador de cada medio de conocimiento, y se\u00f1alar su tenor material, con el fin de dejar en claro en qu\u00e9 consisti\u00f3 la alteraci\u00f3n de la prueba. <\/p>\n
<\/p>\n
viii. El cargo por error de hecho, adem\u00e1s, debe comprender la totalidad de las deducciones probatorias sobre las cuales se apoy\u00f3 la providencia discutida (completitud), enfilarse con precisi\u00f3n absoluta hacia dichas conclusiones (enfoque), y demostrar la dimensi\u00f3n del error, de modo que se muestre tan grave y notorio que su sola exhibici\u00f3n sugiera que las tesis del tribunal son contraevidentes. <\/p>\n
<\/p>\n
ix. Igualmente, en el evento de soportarse la acusaci\u00f3n en la preterici\u00f3n u omisi\u00f3n de apreciaci\u00f3n de pruebas incorporadas al plenario, se requiere identificar esos medios de convicci\u00f3n, as\u00ed como su contenido, en aquello que guarde relaci\u00f3n con los hechos referidos como no probados en el fallo impugnado, y que tengan incidencia en la resoluci\u00f3n que haya sido adoptada. <\/p>\n
<\/p>\n
x. Los cargos por incongruencia de la sentencia con los hechos o las pretensiones de la demanda, o con las excepciones propuestas por el demandado o que el juez ha debido reconocer de oficio (causal tercera) y por transgresi\u00f3n a la prohibici\u00f3n de la reformatio in pejus (causal cuarta), no pueden gravitar alrededor de apreciaciones probatorias. <\/p>\n
<\/p>\n
xi. Si se fustiga la decisi\u00f3n del tribunal por haber sido proferida en un juicio viciado nulidad, ha de tenerse en cuenta que el motivo de invalidaci\u00f3n no puede estar saneado, en los t\u00e9rminos que prev\u00e9n los art\u00edculos 135 y 136 del estatuto procesal civil actualmente vigente. <\/p>\n
<\/p>\n
xii. El censor tiene la carga de evidenciar el alcance del desacierto esgrimido en el sentido decisorio (trascendencia), para lo cual, acreditado alguno de los motivos aducidos como sustento de la casaci\u00f3n, debe explicarse por qu\u00e9 el fallo definitivo habr\u00eda de ser distinto del cuestionado, adem\u00e1s de favorable a los intereses del recurrente. <\/p>\n
En resumen, como lo ha sostenido la Sala: <\/p>\n
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2. An\u00e1lisis de las censuras. <\/p>\n
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1. El cargo primero es incompleto y oscuro. <\/p>\n
En la sentencia de primera instancia, el juez de la causa consider\u00f3 que el documento que las partes titularon \u00abcontrato de acuerdo\u00bb conten\u00eda dos negocios jur\u00eddicos distintos. Varias estipulaciones eran asimilables a promesas de contratar (las cl\u00e1usulas n.\u00b0 1, 1-A, 1-B, 2, 3-C, 3-D y 4), y las restantes se refer\u00edan a la obligaci\u00f3n de realizar ciertas obras civiles de adecuaci\u00f3n en los terrenos en los que se desarrollaba el proyecto inmobiliario de la demandada. <\/p>\n
A partir de esa diferenciaci\u00f3n, el funcionario a quo estim\u00f3 que las cl\u00e1usulas que pod\u00edan caracterizarse como promesas de contratar eran nulas, porque las partes no se\u00f1alaron ning\u00fan plazo o condici\u00f3n para la celebraci\u00f3n de los m\u00faltiples contratos prometidos. En cuanto a los dem\u00e1s apartes del \u00abcontrato de acuerdo\u00bb, descart\u00f3 la presencia de cualquier vicio; es decir, reafirm\u00f3 su validez. <\/p>\n
Esa determinaci\u00f3n fue recurrida, pero los puntos rese\u00f1ados no fueron objeto de reparos. La \u00fanica inconformidad del apelante fue expuesta al finalizar la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00abSe me hace raro que lo de la propiedad del se\u00f1or H\u00e9ctor Montoya en todo el proceso me parece est\u00e1 supremamente demostrada, y en cuanto al derecho que tiene a los perjuicios, indemnizaciones que se han negado esta es parte de la inconformidad y dentro del t\u00e9rmino legal sustentar\u00e9 m\u00e1s profundamente esta petici\u00f3n de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, y sin advertir en el restringido marco de su inconformidad, el se\u00f1or Montoya Restrepo sustent\u00f3 su alzada pidiendo que la anulaci\u00f3n se extendiera a la totalidad del contrato, al que atribuy\u00f3 una \u00fanica naturaleza preparatoria, sin preocuparse por explicar las razones de esa aseveraci\u00f3n, o por desvirtuar los argumentos en contrario del fallo apelado. Debido a esa inconsistencia formal, el tribunal desestim\u00f3 la alzada. <\/p>\n
Ahora bien, en desarrollo de su cr\u00edtica en sede de casaci\u00f3n, el actor adujo que el ad quem habr\u00eda infringido de forma directa el art\u00edculo 1742 del C\u00f3digo Civil, que impone a los jueces el deber de declarar las nulidades absolutas que aparezcan de manifiesto en el acto o contrato objeto de su escrutinio \u2013bajo ciertas condiciones\u2013. Sin embargo, obvi\u00f3 exponer razones claras que justificaran esa intervenci\u00f3n en un caso con particularidades como las rese\u00f1adas. <\/p>\n
A pesar de la relevancia que se les atribuy\u00f3 a los l\u00edmites formales de la competencia del tribunal como juez de apelaci\u00f3n, el casacionista nada dijo al respecto. Tampoco explic\u00f3 por qu\u00e9 el \u00abcontrato de acuerdo\u00bb deb\u00eda interpretarse como un \u00fanico negocio jur\u00eddico de promesa de compraventa, ni mucho menos expuso de qu\u00e9 manera la extensi\u00f3n de la declaratoria de nulidad favorecer\u00eda sus intereses \u2013lo cual parece necesario, pues las obligaciones que subsisten est\u00e1n \u00fanicamente a cargo de su contraparte\u2013. <\/p>\n
A esa oscuridad argumentativa cabe a\u00f1adir el hecho de no haber intentado demostrar que la nulidad efectivamente se estructur\u00f3 frente a toda la convenci\u00f3n. En efecto, el se\u00f1or Montoya Restrepo se limit\u00f3 a insistir en que el tribunal ten\u00eda la facultad \u2013abstracta\u2013 de declarar de oficio cualquier nulidad absoluta contractual, pero no dio razones que llevaran a concluir que, en este asunto concreto, tal prerrogativa debi\u00f3 haber sido ejercida, dando lugar a la anulaci\u00f3n total del \u00abcontrato de acuerdo\u00bb. <\/p>\n
Y, naturalmente, al despreocuparse por esclarecer de qu\u00e9 manera estar\u00edan viciados los pactos que los jueces de instancia consideraron v\u00e1lidos, el cargo inicial qued\u00f3 irremediablemente truncado, incluso asumiendo \u2013en simple gracia de discusi\u00f3n\u2013 que los linderos de la competencia del juez de la apelaci\u00f3n no pod\u00edan impedir la declaratoria de oficio de cualquier nulidad sustancial. <\/p>\n
Es decir, a\u00fan si se prescindiera de la referida limitante formal, habr\u00eda sido necesario justificar la extensi\u00f3n de los vicios de ciertos apartes del \u00abcontrato de acuerdo\u00bb a la totalidad de los compromisos all\u00ed consignados, ilustraci\u00f3n que, se insiste, brilla por su ausencia en la demanda de sustentaci\u00f3n que ocupa la atenci\u00f3n de la Corte. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El cargo segundo constituye un alegato novedoso, que no satisface las exigencias formales de la causal segunda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
En su postrero cuestionamiento, el casacionista se doli\u00f3 de otro punto del debate ajeno a su recurso de apelaci\u00f3n: la imposici\u00f3n de la sanci\u00f3n pecuniaria que prev\u00e9 el art\u00edculo 206 del C\u00f3digo General del Proceso para aquellos eventos en los que no logra demostrarse la causaci\u00f3n de las p\u00e9rdidas o perjuicios patrimoniales estimados bajo juramento por el demandante al iniciar la causa. <\/p>\n
Por esa v\u00eda, como la \u2013abstracta\u2013 cr\u00edtica del se\u00f1or Montoya Restrepo no fue sometida a consideraci\u00f3n del tribunal y de las dem\u00e1s partes durante las instancias ordinarias, su alegato constituye un \u201cmedio nuevo\u201d, <\/p>\n
\u00ab(…) el cual, como con insistencia lo tienen definido la Sala, es \u201cinadmisible en casaci\u00f3n, toda vez que \u2018la sentencia del ad quem no puede enjuiciarse \u2018sino con los materiales que sirvieron para estructurarla; no con materiales distintos, extra\u00f1os y desconocidos. Ser\u00eda de lo contrario, un hecho desleal, no s\u00f3lo entre las partes, sino tambi\u00e9n respecto del tribunal fallador, a quien se le emplazar\u00eda a responder en relaci\u00f3n con hechos o planteamientos que no tuvo ante sus ojos, y a\u00fan respecto del fallo mismo, que tendr\u00eda que defenderse de armas para \u00e9l hasta entonces ignoradas\u2019 (Sent. 006 de 1999 Exp: 5111), al fin y al cabo, a manera de m\u00e1xima, debe tenerse en cuenta que \u2018lo que no se alega en instancia, no existe en casaci\u00f3n\u2019 (LXXXIII p\u00e1g. 57)\u201d (CSJ, SC del 21 de agosto de 2001, Rad. N.\u00b0 6108). <\/p>\n
En tiempo m\u00e1s reciente se precis\u00f3 que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n \u201cno puede basarse ni erigirse exitosamente\u201d en \u201celementos novedosos, porque \u00e9l, \u2018cual lo expuso la Corte en sentencia de 30 mayo de 1996, expediente 4676, \u2018no es propici[o] para repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora; semejante irrupci\u00f3n constituye medio nuevo y es entonces repulsado (\u2026), sobre la base de considerarse, entre otras razones, que \u2018se violar\u00eda el derecho de defensa si uno de los litigantes pudiese echar mano en casaci\u00f3n de hechos, extremos o planteamientos no alegados o formulados en instancia, respecto de los cuales, si lo hubiesen sido entonces, la contraparte habr\u00eda podido defender su causa. Pero promovidos ya cerrado el proceso, la infirmaci\u00f3n de la sentencia con apoyo en ellos, equivaldr\u00eda a la pretermisi\u00f3n de las instancias, de las formas propias del tr\u00e1mite requerido, con quebranto de la garant\u00eda institucional de no ser condenado sin haber sido o\u00eddo y vencido en juicio (LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76)\u2019\u201d (CSJ, SC del 9 de septiembre de 2010, Rad. n.\u00b0 2005-00103-01)\u00bb (CSJ SC18500-2017, 9 nov.). <\/p>\n
Con similar orientaci\u00f3n, recientemente se insisti\u00f3 en la necesidad de rechazar <\/p>\n
\u00ab(…) asuntos ajenos a las instancias que son ondeados de forma novedosa para cuestionar la decisi\u00f3n recurrida (SC, 16 jul. 1965, G. J. n.\u00b0 2278-2279, p. 106). Lo anterior, en salvaguardia de la finalidad excepcional del remedio extraordinario, que supone cuestionar la sentencia como thema decisum, sin que sea dable reabrir el debate de instancia o proponer lecturas novedosas de la controversia para buscar una decisi\u00f3n favorable. \u201cTotal que, seg\u00fan el transcrito numeral 3 del art\u00edculo 374 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, el embiste debe ser preciso, en el sentido de dirigirse con acierto contra las bases de la sentencia de instancia, sin que sea posible que se aleje de ellas para traer reflexiones de \u00faltimo minuto o aspectos que est\u00e1n por fuera de la discusi\u00f3n\u201d (negrilla fuera de texto, AC1014, 14 mar. 2018, rad. n.\u00b0 2005-00036-02). \u201cCon esta prohibici\u00f3n tambi\u00e9n se tutelan los derechos de defensa y contradicci\u00f3n de los no recurrentes, quienes podr\u00edan verse sorprendidos con un replanteamiento de la plataforma f\u00e1ctica que var\u00ede la causa petendi, sin que tuvieran la oportunidad de controvertirlo y, menos a\u00fan, hacer pedidos probatorios para su desestimaci\u00f3n. Agr\u00e9guese que, admitir argumentos nuevos en casaci\u00f3n, hiere la lealtad procesal, en tanto se espera que en los grados jurisdiccionales se discutan las materias f\u00e1cticas objeto de su ligio, sin que pueda aguardarse al final para izar t\u00f3picos con los que se pretende una resoluci\u00f3n favorable\u201d (CSJ, SC1732 del 21 de mayo de 2019, rad. 2005-00539-01)\u00bb (CSJ SC2779-2020, 10 ago.). <\/p>\n
A lo anterior, cabe agregar que el hecho de que el tema fuera ajeno a la alzada interpuesta conllev\u00f3 que el tribunal no efectuara ning\u00fan pronunciamiento frente a la sanci\u00f3n que se le impuso al recurrente. Por tanto, tampoco pudo haber incurrido en la alegada transgresi\u00f3n indirecta de la ley sustancial, pues a\u00fan si su silencio pudiera considerarse improcedente, el error nunca ser\u00eda resultado de la tergiversaci\u00f3n o preterici\u00f3n de ning\u00fan medio de prueba, ni mucho menos de la transgresi\u00f3n de una norma de naturaleza probatoria. <\/p>\n
Esta incompatibilidad es tan evidente que, en desarrollo de la sustentaci\u00f3n del recurso, el actor no hizo referencia a ning\u00fan medio de prueba. Ni siquiera aludi\u00f3 a alg\u00fan defecto en la interpretaci\u00f3n del texto de la demanda, o de alguna otra pieza procesal; simplemente se doli\u00f3 de que el tribunal no hubiera revisado, de oficio, la procedencia de una condena pecuniaria frente a la cual el propio sancionado no expres\u00f3 ninguna inconformidad. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Comoquiera que los ataques formulados en la demanda de casaci\u00f3n no resultan formalmente id\u00f3neos, es imperativa la inadmisi\u00f3n de la demanda, como lo dispone el art\u00edculo 346-1 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO. DECLARAR INADMISIBLE la demanda de casaci\u00f3n presentada por H\u00e9ctor Montoya Restrepo contra la sentencia de fecha y procedencia indicadas. <\/p>\n
SEGUNDO. Por secretar\u00eda, rem\u00edtase el expediente al tribunal de origen. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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AC245-2023 (2018-00055-01) LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente AC245-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00ba 05376-31-12-001-2018-00055-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de dos de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71189","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71189","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71189"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71189\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71189"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71189"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71189"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}