AC379-2023 (2010-00310-01)<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC379-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-31-10-009-2010-00310-01 <\/p>\n
(Aprobada en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Se solicit\u00f3 declarar que el se\u00f1or Juan es el padre extramatrimonial de Juanita, nacida el 1 de febrero de 2004 con la consecuente fijaci\u00f3n de cuota alimentaria y comunicaci\u00f3n al notario respectivo (fl. 3, \u00ab01CuadernoPpal\u00bb). <\/p>\n
2. Notificado del auto admisorio (fl. 9), el demandado se opuso a las pretensiones, como excepciones formul\u00f3 las denominadas: falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa; mala fe, falta de certeza, duda y temeridad; fraude procesal, falta de diligencia, cuidado, impericia, imprudencia y negligencia; y, \u00abtodas las dem\u00e1s que se llegaren a probas dentro del proceso\u00bb (fls. 11 a 34). <\/p>\n
3. En sentencia del 13 de marzo de 2020, el a quo declar\u00f3 no probadas las excepciones de m\u00e9rito y, en consecuencia, tuvo al se\u00f1or Jos\u00e9 como padre de Juanita, ahora [Nuevos apellidos]. Fij\u00f3 cuota alimentaria y priv\u00f3 al progenitor de la patria potestad (fls. 425 a 432 \u00ab01CuadernoPpal\u00bb). <\/p>\n
4. Inconforme con lo decidido, el apoderado de Juan apel\u00f3 la sentencia. <\/p>\n
II. SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El 28 de enero de 2022, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn confirm\u00f3 el fallo de primera instancia, en resumen, expuso, que el problema jur\u00eddico se dirigi\u00f3 a resolver si por parte del a quo se incurri\u00f3 en una indebida valoraci\u00f3n probatoria al omitir en la apreciaci\u00f3n la profesi\u00f3n de la madre de Juanita; la manifestaci\u00f3n que aquella efectu\u00f3 al registrar a la menor de edad donde refiri\u00f3 como progenitor al se\u00f1or Juan1; la falta de pr\u00e1ctica de la prueba de ADN a los dem\u00e1s sujetos indicados por el demandado como presuntos padres, y la ausencia de vinculaci\u00f3n al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. <\/p>\n
Al respecto encontr\u00f3 que el 16 de septiembre de 2010 se orden\u00f3 la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN adem\u00e1s del demandado a los se\u00f1ores Juan2, Juan1, Juan3 y Juan4, por lo que se requiri\u00f3 al accionado para que aportara las direcciones donde podr\u00edan ser localizados. <\/p>\n
Mediante oficio del 9 de marzo de 2011 el Laboratorio de Identificaci\u00f3n Gen\u00e9tica de la Universidad de Antioquia inform\u00f3 que en prueba realizada el 1 de agosto de 2009 se excluy\u00f3 la paternidad de Juan2, de ah\u00ed que su vinculaci\u00f3n no resultaba necesaria al proceso. <\/p>\n
En auto del 3 de diciembre de 2012 respecto de los se\u00f1ores Juan3 y Juan4, se indic\u00f3 que no resultaba sencilla su vinculaci\u00f3n para la pr\u00e1ctica de la prueba gen\u00e9tica, por lo que se requiri\u00f3 al se\u00f1or Jos\u00e9 informara la direcci\u00f3n para localizarlos y as\u00ed realizar el examen de \u00e9l junto con los terceros; sin embargo \u00ab\u00e9ste no prest\u00f3 su colaboraci\u00f3n ni realiz\u00f3 las diligencias tendientes para que [Juan3] y [Juan4] comparecieran al laboratorio de gen\u00e9tica, siendo \u00e9ste quien ten\u00eda la carga de la prueba de demostrar que podr\u00eda ser uno de ellos y no \u00e9l el padre biol\u00f3gico de la adolescente [Juanita]\u00bb. <\/p>\n
Ante la inasistencia del demandado a la prueba cient\u00edfica que se fij\u00f3 en varias oportunidades, el Laboratorio de Gen\u00e9tica de la Universidad de Antioquia envi\u00f3 al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses una muestra del material gen\u00e9tico del se\u00f1or Jos\u00e9 que reposaba all\u00ed del 18 de junio de 2010, se utiliz\u00f3 para realizar el examen de ADN con la asistencia de la progenitora y la menor de edad el 31 de julio de 2019, cuyo resultado fue que el accionado no se excluy\u00f3 como padre de Luna contando con una probabilidad de paternidad del \u00ab99.9999999999%\u00bb, experticia que se someti\u00f3 a contradicci\u00f3n en auto del 6 de noviembre de 2019, descart\u00e1ndose \u00abla objeci\u00f3n por error grave [formulada por el demandado] porque dicha figura no se encontraba consagrada en el ordenamiento jur\u00eddico nacional \u201cmucho menos en los art\u00edculos 228 y 386\u201d del estatuto procesal\u00bb, adem\u00e1s el apelante no solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de un nuevo dictamen como lo se\u00f1ala el numeral 2, inciso 2, art\u00edculo 386 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Dijo que, si bien le asiste raz\u00f3n al recurrente en \u00absostener que el juez a quo no valor\u00f3 los dem\u00e1s medios probatorios obrantes en el proceso, ello no conlleva a quebrar la sentencia impugnada, que lo declar\u00f3 padre de [Juanita], porque de la confesi\u00f3n de aquel y los dem\u00e1s indicios se extrae la misma conclusi\u00f3n a la que lleg\u00f3 el funcionario de primera instancia\u00bb, los que se configuraron de la siguiente manera: (i) la confesi\u00f3n del demandado en la declaraci\u00f3n rendida el 17 de abril de 2010 ante la Comisar\u00eda de Familia del Centro Zonal sur oriental de Medell\u00edn, donde acept\u00f3 haber tenido relaciones sexuales con la demandante para el tiempo en que fue engendrada la menor de edad; (ii) la renuencia del demandado para la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN de la que no asumi\u00f3 el pago, tampoco justific\u00f3 su inasistencia, por lo que tuvo que realizarse ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con una mancha de sangre almacenada del 18 de junio de 2010 en el Laboratorio de Gen\u00e9tica Identigen; y (iii) los comportamientos del demandante \u00aby de su apoderada judicial tendientes a impedir la realizaci\u00f3n de la prueba de ADN ante la interposici\u00f3n reiterada no solo de recursos contra la mayor\u00eda de las decisiones emitidas por los jueces que intervinieron en la primera instancia en su tr\u00e1mite alegando vulneraci\u00f3n al debido proceso al accionado, sino tambi\u00e9n varias solicitudes de nulidad, los que fueron negadas, declaradas improcedentes y rechazadas\u00bb. <\/p>\n
Que si el accionado afirm\u00f3 que Mar\u00eda se desempe\u00f1aba como trabajadora sexual, y que esta sostuvo relaciones sexuales no solo con \u00e9l, sino tambi\u00e9n con los se\u00f1ores Juan2, Juan1, Juan3 y Juan4, terceros que podr\u00edan ser los padres biol\u00f3gicos de Luna, lo cierto es que al demandado \u00able correspond\u00eda demostrar dicho hecho al pretender desconocer la paternidad que se le endilga\u00bb, lo cual qued\u00f3 desvirtuado con la prueba de ADN que lo tuvo como padre. Luego, \u00absi mantuvo relaciones \u00edntimas con otras personas diferentes al accionado, lo cierto es que las mismas no resultaron id\u00f3neas para la concepci\u00f3n de la adolescente referida, como si lo fueron las sostenidas entre la se\u00f1ora [Mar\u00eda] y \u00e9l\u00bb. <\/p>\n
La se\u00f1ora Mar\u00eda al registrar el nacimiento de su menor hija ante la Notar\u00eda [N\u00famero] del Circuito de Medell\u00edn indic\u00f3 que el presunto padre era Juan1, lo que no implique reconocimiento de paternidad, por cuanto no suscribi\u00f3 el acta, adem\u00e1s la demandada tampoco se encontraba imposibilitada para \u00abpromover la acci\u00f3n de filiaci\u00f3n de paternidad extramatrimonial contra el ac\u00e1 demandado al considerar que era \u00e9ste y no el se\u00f1or [Juan1] quien efectivamente era el padre biol\u00f3gico de la adolescente, lo que as\u00ed se prob\u00f3 con el resultado de la prueba de ADN\u00bb. <\/p>\n
Frente a la inconformidad de que la prueba gen\u00e9tica no se efectuara a Juan2, Juan1, Juan3 y Juan4, \u00abno le asiste raz\u00f3n, toda vez que la acci\u00f3n de filiaci\u00f3n \u00fanicamente se dirigi\u00f3 contra [Jos\u00e9] y no frente a \u00e9stos y la pretensi\u00f3n estaba encaminada a determinar si era \u00e9l o no el padre biol\u00f3gico de la menor y no aquellos, lo que as\u00ed qued\u00f3 establecido con el resultado de la experticia gen\u00e9tica, por lo que no se hizo necesario insistir en la pr\u00e1ctica de la prueba de ADN con los terceros relacionados por el accionado\u00bb, razonamiento que apoy\u00f3 en lo dicho por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia del 26 oct. 2004, exp. 10.265. <\/p>\n
Adem\u00e1s, respecto a la insistencia de efectuar la prueba de ADN a los se\u00f1ores Juan3 y Juan4 debido al v\u00ednculo de consanguinidad que los une con el se\u00f1or Jos\u00e9, se precis\u00f3 que el examen logr\u00f3 identificar que el padre era el demandado, y \u00absolo en aquellos casos de gemelos univitelinos podr\u00eda presentarse una igualdad en la secuencia de ADN, situaci\u00f3n que no es la acaecida en este asunto\u00bb y respecto de la cual el superior funcional se ha pronunciado en sentencia del 22 de sep. 2010, exp. 2006-00314-01. <\/p>\n
En cuanto a la no vinculaci\u00f3n al proceso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por considerar el demandado que es el Estado quien debe responder por los menores de edad al permitir y no tener reglamentado el trabajo sexual y\/o de recreaci\u00f3n ejercido por parte de Mar\u00eda, \u00abno le asiste raz\u00f3n como quiera que los titulares de la acci\u00f3n de filiaci\u00f3n extramatrimonial son el hijo, la persona o la entidad que lo tiene bajo su cuidado, el defensor de familia contra el presunto padre mientras viva o de lo contrario contra la c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite y\/o herederos, nunca se instaura contra personas jur\u00eddicas como lo es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en ninguna de las etapas del proceso se peticion\u00f3 la participaci\u00f3n el ICBF, por lo que el Tribunal \u00abno puede asumir el estudio de dicha inconformidad, porque al hacerlo se estar\u00eda vulnerando a la parte demandante sus derechos de contradicci\u00f3n y de defensa y el principio de congruencia en el art\u00edculo 281 del C\u00f3digo General del Proceso, por tratarse de un hecho nuevo y el mismo nunca fue planteado en el proceso por ninguno de los sujetos procesales\u00bb, razonamiento que apoy\u00f3 en lo dicho en SC4257-2020. <\/p>\n
Contra el fallo de segunda instancia, el demandado instaur\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte. <\/p>\n
III. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n en sede de casaci\u00f3n se estructur\u00f3 en dos cargos, a fin de solicitar se case la sentencia de segunda instancia y, en consecuencia, revocar el fallo de primer grado, \u00abacto seguido\u00bb declarar la nulidad de todo lo actuado \u00abdesde el mismo momento en que qued\u00f3 ejecutoriado el auto del 3 de diciembre de 2012\u00bb, a efectos de que la prueba de ADN se practique tambi\u00e9n a los se\u00f1ores Juan4 y Juan3, sobrinos del demandado, a quienes la demandante, y se vincule al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. <\/p>\n
CARGO PRIMERO <\/p>\n
Invoc\u00f3 como \u00abcausal de casaci\u00f3n la primera de las se\u00f1aladas en el numeral 5\u00ba del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por considerar la sentencia acusada violatoria de la ley sustancial\u00bb, incurri\u00e9ndose en la causal de nulidad prevista en el numeral 8, art\u00edculo 133 de la legislaci\u00f3n procesal. <\/p>\n
Las decisiones de instancia transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia del se\u00f1or Jos\u00e9, cuando se ignor\u00f3 por parte del Tribunal la decisi\u00f3n contenida en la STC9727-2021 que orden\u00f3 integrar el contradictorio, gener\u00e1ndose los determinados defectos sustantivo, f\u00e1ctico y procedimental. <\/p>\n
Entonces, como se indic\u00f3 al sustentar el recurso de apelaci\u00f3n, debe declararse la nulidad de todo lo actuado \u00abdesde el momento en que se dict\u00f3\u00bb el auto del 3 de diciembre de 2012, por cuanto en dicha decisi\u00f3n el juzgado \u00abvincul\u00f3 a todos y cada uno de los sujetos denunciados por el demandado como posibles procreadores de la menor para que estos se practicaran en debida forma la prueba gen\u00e9tica\u00bb, determinaci\u00f3n concordante con el contenido de los autos de 13 de junio de 2013 y 19 de junio de 2014. <\/p>\n
Sin embargo, en providencia del 12 de febrero de 2014 se \u00abincurre en v\u00edas de hecho cuando de manera descaminada cambia el perfeccionamiento de la litis imponiendo en diferentes autos orden desigual a la establecida en el auto del 3 de diciembre de 2012 \u2026 desdiciendo y cambiando de forma truncada lo ya ordenado\u00bb, excluy\u00e9ndose \u00abde manera maliciosa a los se\u00f1ores [Juan4] y [Juan3]\u00bb. <\/p>\n
Que el proceder de la demandante coadyuvada por la Defensora de Familia \u00aba suministrar la[s] direcciones de los se\u00f1ores [Juan4] y [Juan3] en memorial calendado 29 de abril de 2013 tratando de evadir lo ordenado por el operador jur\u00eddico en auto del 3 de diciembre de 2012\u2026 a sabiendas de estar debidamente notificada de la prueba a realizar la hace incursa en la llamada confesi\u00f3n ficta\u00bb contenida en el art\u00edculo 205 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El Agente del Ministerio P\u00fablico que intervino en la audiencia del 28 de enero de 2022 incurri\u00f3 en trato \u00abdiscriminatorio y ofensivo\u00bb cuando confundi\u00f3 \u00abel oficio (de trabajadora sexual) con el g\u00e9nero (mujeres, hombres, heterosexuales, homosexuales, entre otros) \u2026 a sabiendas que el oficio de trabajo sexual tambi\u00e9n es ejercido en Colombia y el mundo entero por hombres, mujeres, heterosexuales, homosexuales, entre otros\u00bb. <\/p>\n
CARGO SEGUNDO <\/p>\n
Se construy\u00f3 bajo la causal 2, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por ser la sentencia \u00abviolatoria de la ley sustancial, civil, procedimental y constitucional (art. 29 C.N. violaci\u00f3n al debido proceso\u00bb, por cuanto los jueces de instancia omitieron \u00abintegrar el llamado contradictorio en debida forma acorde con la facultad oficiosa que lo[s] autoriza\u00bb, omiti\u00e9ndose lo que sobre el particular se\u00f1alan la Corte Suprema y la Corte Constitucional, para lo cual referenci\u00f3 el auto 071A del 22 de febrero de 2016, y las sentencias SU116-2018 y T-237-2017. <\/p>\n
Que se debi\u00f3 vincular \u00aba esta investigaci\u00f3n al Estado colombiano en su Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)\u00bb, por cuanto es la entidad que protege a los menores de edad como sucede con la involucrada Juana, quien hoy alcanz\u00f3 los 18 a\u00f1os y cuatro meses, por lo que \u00abpor mucho que quiera esta conocer a su procreador biol\u00f3gico; quien debe responder por su manutenci\u00f3n y educaci\u00f3n, es el Estado colombiano por permitir esta clase de labores y\/o recreaciones y no por tenerlas reglamentadas conforme a la normatividad existente como Estado social de derecho que prodiga y a quien no se exime de responsabilidad por ser un Estado perteneciente a la organizaci\u00f3n de Estados Americanos OEA\u00bb, para lo cual se\u00f1al\u00f3 \u00abt\u00edtulo II garant\u00eda de derecho y prevenci\u00f3n \u2013 Cap\u00edtulo I \u2013 obligaciones de la familia, la sociedad y el estado. Art\u00edculo 38 \u201cDe las obligaciones de la familia, la sociedad y el estado\u201d\u00bb. <\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El principio de publicidad de las actuaciones de los funcionarios judiciales se desprende de la previsi\u00f3n contenida en el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica al indicar que la administraci\u00f3n de justicia es funci\u00f3n p\u00fablica, las decisiones son independientes y \u00ab[l]as actuaciones ser\u00e1n p\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley\u00bb, derecho de informaci\u00f3n que se da en dos v\u00edas. <\/p>\n
La primera, en beneficio de las partes e intervinientes en virtud de la garant\u00eda al debido proceso (art\u00edculo 29 ib.) a efectos de que se les permita en igualdad ejercer los derechos de acci\u00f3n y defensa en el asunto que les involucra. La segunda, corresponde a la comunidad (art\u00edculo 64 Ley 270 de 1996) que se concreta en el derecho que tienen los ciudadanos de enterarse de manera transparente de las decisiones judiciales y controlar el ejercicio del poder, salvo que exista alguna previsi\u00f3n legal que impida dicho acceso informativo (C.C. C1114-2003, reiterado en SU355-2022). <\/p>\n
Como una de las excepciones a la publicidad se encuentra la intimidad personal y familiar1, derecho humano y fundamental que corresponde al espacio exclusivo de cada persona y n\u00facleo familiar que debe ser preservado por el Estado a fin de evitar la injerencia de extra\u00f1os, cuya informaci\u00f3n por regla general no puede constituirse en dominio p\u00fablico, a menos que excepcionalmente la Constituci\u00f3n y la Ley as\u00ed lo se\u00f1alen por razones de inter\u00e9s general y \u00abbajo unos est\u00e1ndares muy estrictos\u00bb (C.C. SU355-2022). <\/p>\n
Una de las formas de vulneraci\u00f3n al derecho a la intimidad personal y familiar se constituye cuando se divulgan hechos privados (C.C. T696-1996), como puede ocurrir con la informaci\u00f3n que pertenece al c\u00edrculo \u00edntimo de cada persona, no mediando autorizaci\u00f3n y mucho menos advertida excepci\u00f3n alguna que le abra camino a su divulgaci\u00f3n. <\/p>\n
Por tanto, atendiendo a que en este asunto se abordan hechos de trabajo sexual que pertenecen a la esfera \u00edntima de los involucrados y que en el contexto social actual a\u00fan genera estigmatizaci\u00f3n y rechazo, esta Corporaci\u00f3n emitir\u00e1 dos providencias una objeto de publicaci\u00f3n en relator\u00eda con nombres ficticios y otra con los nombres reales que se utilizar\u00e1 \u00fanicamente para la notificaci\u00f3n de los sujetos procesales e intervinientes, la cual contar\u00e1 con car\u00e1cter reservado y de esa forma salvaguardar las garant\u00edas constitucionales de las personas involucradas. <\/p>\n
2. El car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n, supone que es el legislador quien determina los espec\u00edficos motivos de procedencia, los cuales deben ser validados al momento de decidir acerca de la admisibilidad de la demanda, labor\u00edo que debe estar orientado por las reglas del estatuto procesal de acuerdo a las limitaciones que le son propias y que definen los contornos de la actividad jurisdiccional en tanto el tribunal de casaci\u00f3n, debe ce\u00f1irse a las lindes definidas tanto en las causales invocadas, como en los aspectos jur\u00eddicos alegados por el recurrente en su demanda para sustentarlas, \u00absin que le sea permisible, sin rebasar sus poderes jurisdiccionales, examinar de oficio los dem\u00e1s aspectos que, no obstante contenerlos la sentencia, no han sido denunciados como motivo de ataque\u00bb2. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, el art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso al referir los requisitos de la demanda de casaci\u00f3n, incluye que esta debe contener: <\/p>\n
2. La formulaci\u00f3n, por separado, de los cargos contra la sentencia recurrida, con la exposici\u00f3n de los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, en forma clara, precisa y completa y con sujeci\u00f3n a las siguientes reglas: <\/p>\n
a) (\u2026) <\/p>\n
En caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias. <\/p>\n
Cuando se trate de error de derecho, se indicar\u00e1n las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas. Si se invoca un error de hecho manifiesto, se singularizar\u00e1 con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae. En todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia; <\/p>\n
b) Los cargos por las causales tercera y cuarta, no podr\u00e1n recaer sobre apreciaciones probatorias. (\u2026). <\/p>\n
Las distintas causales de casaci\u00f3n se caracterizan por su autonom\u00eda e independencia toda vez que, corresponden a circunstancias dis\u00edmiles y por lo tanto tienen identidad propia, de donde se desprende que el recurrente no puede combinarlas, sino que debe formularlas de manera separada tal y como lo exige la norma en comentario y lo ha decantado la Corte en profusa jurisprudencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el par\u00e1grafo segundo del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Precisado lo anterior, se anticipa que la demanda de casaci\u00f3n que aqu\u00ed se estudia habr\u00e1 de inadmitirse, por no satisfacer las exigencias de t\u00e9cnica. <\/p>\n
3. Cargo primero. <\/p>\n
3.1 La causa quinta de casaci\u00f3n se constata al haberse \u00abdictado sentencia en un juicio viciado de algunas de las causales de nulidad consagradas en la ley, a menos que tales vicios hubieren sido saneados\u00bb. Entonces el sendero de esta inconformidad est\u00e1 delimitado bajo las reglas propias de alegaci\u00f3n oportuna, taxatividad y convalidaci\u00f3n de las nulidades. Adem\u00e1s, es necesario que concurra el inter\u00e9s que debe existir de quien persigue la anulaci\u00f3n, surgido del perjuicio que el defecto le ocasiona (CSJ AC, 18 dic. 2009, rad. 2002-00007; AC4221-2021). <\/p>\n
3.2 En el presente asunto, se incurre en una combinaci\u00f3n de causales, por cuanto se propone de forma expresa la contenida en el numeral 5, y se indica como motivo de nulidad de la sentencia el numeral 8, art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso; sin embargo, el recurrente invoca la violaci\u00f3n de \u00abla ley sustancial\u00bb, lo que es propio de la v\u00eda directa o indirecta (numerales 1 y 2, canon 336). <\/p>\n
Ocurre lo mismo cuando el demandado califica como de confesi\u00f3n ficta de la demandante el memorial del 29 de abril de 2013 en el que le atribuye a la actora que tratara de evadir la orden de pr\u00e1ctica de prueba de ADN proferida en auto del 3 de diciembre de 2012, toda vez que adem\u00e1s de resultar incompleto el cargo, da cuenta de la mixtura, por cuanto este aspecto corresponder\u00eda dirigirlo por la v\u00eda indirecta por error de derecho (numeral 2, art\u00edculo 336 Ley 1564 de 2012) y no por el camino que ahora se propone. <\/p>\n
3.3 Al reprochar la actuaci\u00f3n del Agente del Ministerio P\u00fablico endilg\u00e1ndole un presunto trato discriminatorio respecto del cual no se invoc\u00f3 causal alguna de nulidad que respaldara ese reproche, se falta a la consonancia que indispensablemente debe guardar la cr\u00edtica con la motivaci\u00f3n que se pretende descalificar y que en \u00faltimas corresponde a las bases jur\u00eddicas del fallo de segunda instancia del que ning\u00fan argumento se dirige a lo que ahora se\u00f1ala el demandando. <\/p>\n
3.4 De otra parte, cabe anotar que en la sentencia STC9727-2021 contrario a lo indicado por el recurrente, no se orden\u00f3 integrar el contradictorio, sino se dej\u00f3 sin efecto la decisi\u00f3n del 16 de diciembre de 2020 por medio de la cual la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medell\u00edn declar\u00f3 desierto el recurso de apelaci\u00f3n formulado por Jos\u00e9 contra el fallo de primera instancia, se\u00f1al\u00e1ndose en la considerativa que la apreciaci\u00f3n de las pruebas y cr\u00edticas a la decisi\u00f3n judicial corresponde analizarlo al ad quem de ah\u00ed que el juez constitucional no se involucra en aspecto invocado por el se\u00f1or Jos\u00e9 v\u00eda extraordinaria, todo lo cual no se encuadra en la hip\u00f3tesis de la causal de casaci\u00f3n que propone el recurrente. <\/p>\n
Con todo, falt\u00f3 el inconforme a su deber de separaci\u00f3n, claridad y precisi\u00f3n, pasando por alto que la t\u00e9cnica de este mecanismo extraordinario le exige incorporar su disenso de forma certera y no aleatoria a las hip\u00f3tesis normativas fijadas por el legislador en el art\u00edculo 336 de la Ley 1564 de 2012 (CSJ AC1031-2022). <\/p>\n
4. Cargo segundo. <\/p>\n
4.1 Cuando se invoca la causal segunda prevista en el art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, es preciso que el impugnante determine en cu\u00e1l de las dos modalidades que permite el reproche se inscribe el desacierto del tribunal, es decir, si por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, su contestaci\u00f3n o de una determinada prueba; o de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria. Igualmente, ser\u00e1 menester que indique en qu\u00e9 consiste el yerro de acuerdo con las especificidades de aquellas, con expresa referencia de las normas de orden sustancial aplicables en la definici\u00f3n de la controversia que resulten transgredidas y, en el segundo evento, adem\u00e1s, las de car\u00e1cter probatorio que se consideren violadas. <\/p>\n
4.2 En el sub judice el demandado en contrav\u00eda de los lineamientos expuestos acudi\u00f3 al art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica sin siquiera enlazarlo con normas de car\u00e1cter sustancial (CSJ AC4117-2022), por el contrario, faltando a la t\u00e9cnica propia del medio extraordinario aludi\u00f3 gen\u00e9ricamente a la ley civil, procedimental, y rese\u00f1a normativa extranjera, sin que de tal argumento se evidencie ley sustantiva espec\u00edfica que cree, modifique o extinga relaciones jur\u00eddicas. <\/p>\n
Tampoco se precis\u00f3 por el recurrente si el ataque propuesto por la v\u00eda indirecta obedece a un error de hecho o de derecho y aunque se intentara adecuarlo, lo reprochado no son aspectos de car\u00e1cter probatorio, sino la ausencia de integraci\u00f3n del contradictorio que es m\u00e1s un asunto correspondiente a la causal 5, art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, claro siempre que se atienda a los requisitos que le son propios a esa causal, de ah\u00ed que se advierta tambi\u00e9n la mixtura de las hip\u00f3tesis fijadas por el legislador para acudir en casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. En conclusi\u00f3n, lo que persigue el recurrente es imponer su propio criterio pasando por alto que el recurso de casaci\u00f3n no es una tercera instancia, por lo que su demanda no puede estructurarse como un alegato el que sea dicho se asemeja a la sustentaci\u00f3n que hizo del recurso de apelaci\u00f3n (minuto 14:01 a 29:10) dej\u00e1ndose de confortar los pilares de la decisi\u00f3n de segunda instancia (CSJ AC2133-2020, AC2881-2022), y toda vez que, no se aprecian razones que justifiquen darles v\u00eda en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, de conformidad con el art\u00edculo 346 ejusdem, la demanda se declarar\u00e1 inadmisible. <\/p>\n
IV.- DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: INADMITIR la demanda presentada por el apoderado de Jes\u00fas Heberto Arbel\u00e1ez Gonz\u00e1lez para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n instaurado frente a la sentencia del 28 de enero de 2022, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, dentro del asunto de la referencia. En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
SEGUNDO: De conformidad con lo explicado en esta decisi\u00f3n, se emitir\u00e1 providencia paralela, en la cual los nombres reales ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculos 12 Declaraci\u00f3n Universal de Derechos Humanos, 11 Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, 15 Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2\u0002 Murcia Ball\u00e9n, Humberto. Recurso de Casaci\u00f3n Civil. 4\u00b0 ed. Ediciones Jur\u00eddicas Ib\u00e1\u00f1ez. Bogot\u00e1. 1996. P\u00e1g. 53. <\/p>\n
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AC379-2023 (2010-00310-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC379-2023 Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-31-10-009-2010-00310-01 (Aprobada en sesi\u00f3n de diecis\u00e9is de febrero de dos mil veintitr\u00e9s) Bogot\u00e1, D.C., diecis\u00e9is (16) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). I. ANTECEDENTES 1. Se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71194","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71194","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71194"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71194\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71194"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71194"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71194"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}