AC443-2023 (2022-04398-00)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC443-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-04398-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se decide sobre la admisibilidad de la demanda de exequatur promovida por Luis Eduardo Riascos Angulo. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor formul\u00f3 petici\u00f3n de exequatur \u00abde laudo arbitral proferido en el extranjero\u00bb, a trav\u00e9s de la cual pretendi\u00f3 el reconocimiento de efectos, en la Rep\u00fablica de Colombia, al \u00ablaudo arbitral de divorcio de mutuo acuerdo practicado el 1 de marzo del a\u00f1o 2014, en la oficina de registro civil de Paderborn \u2013 Alemania\u00bb (Archivo Digital: 04 Demanda.pdf). <\/p>\n
2. El d\u00eda 24 de enero del cursante a\u00f1o, se inadmiti\u00f3 la aludida solicitud, para que se allegara \u00abla documentaci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 111 de la Ley 1563 de 2012, tal como lo dispone el numeral 2\u00ba de la regla 115 ejusdem\u00bb <\/p>\n
3. En procura de satisfacer dicho requerimiento, el actor aport\u00f3 la \u00abresoluci\u00f3n de divorcio del Juzgado Municipal para Asuntos de Familia de Paderborn \u2013 Alemania, en idioma original y traducci\u00f3n jurada al espa\u00f1ol\u00bb. <\/p>\n
II. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Prima facie, se advierte que, de una atenta revisi\u00f3n a la documental allegada, puede deducirse que lo pretendido por el interesado no es el reconocimiento \u00abde un laudo arbitral\u00bb como inicialmente lo postul\u00f3, sino que su objetivo est\u00e1 orientado a obtener la homologaci\u00f3n de una sentencia judicial extranjera (art. 605, C.G.P.), para cuya admisi\u00f3n deb\u00eda acreditar los requisitos de que trata el art\u00edculo 606 del estatuto adjetivo. <\/p>\n
Clarificado lo anterior, se entrar\u00e1 a constatar si el pedimento re\u00fane tales exigencias. <\/p>\n
2. Seg\u00fan lo tiene precisado la jurisprudencia, ninguna providencia dictada por jueces extranjeros puede tener obligatoriedad ni ejecuci\u00f3n forzada en Colombia, a menos que medie la autorizaci\u00f3n del \u00f3rgano judicial colombiano competente, que seg\u00fan el ordenamiento adjetivo es la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
En ese orden, para que una sentencia judicial extranjera surta efectos vinculantes en nuestro pa\u00eds se requiere el cumplimiento de los presupuestos que se reclaman en el orden legal interno, espec\u00edficamente los contenidos en el Cap\u00edtulo I del T\u00edtulo I del Libro V del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
El tr\u00e1mite del exequatur deber\u00e1 ce\u00f1irse, por tanto, a la forma y t\u00e9rminos establecidos en el art\u00edculo 607 ejusdem, cuyo numeral 2\u00ba prescribe que la demanda ser\u00e1 rechazada si faltare alguna de las exigencias previstas en los numerales 1\u00ba a 4\u00ba del canon 606. <\/p>\n
3. Es requisito sine qua non para que la sentencia extranjera pueda surtir efectos en Colombia, que esa providencia \u00abse encuentre ejecutoriada de conformidad con la ley del pa\u00eds de origen, y se presente en copia debidamente legalizada\u00bb (n\u00fam. 3\u00ba art. 606 del C.G del P.). <\/p>\n
De acuerdo con el inciso 2\u00ba del art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[l]os documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de este o con su intervenci\u00f3n, se aportar\u00e1n apostillados de conformidad con lo establecido en los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el pa\u00eds extranjero no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deber\u00e1n presentarse debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica de Colombia en dicho pa\u00eds, y en su defecto por el de una Naci\u00f3n amiga. La firma del c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico se abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de pa\u00eds amigo, se autenticar\u00e1 previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el c\u00f3nsul colombiano\u00bb. <\/p>\n
En el caso sub judice no se encuentra dentro de la documentaci\u00f3n allegada por la parte actora, la apostilla del fallo cuyo exequatur se depreca, requisito que, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 4\u00ba de la Convenci\u00f3n de la Haya de 5 de octubre de 1961, suscrita por Alemania, debi\u00f3 colocarse \u00absobre el propio documento o sobre una prolongaci\u00f3n del mismo y deber\u00e1 ajustarse al modelo anexo\u00bb a dicho tratado multilateral, tal como lo manda la regla 251 del ordenamiento procesal. La demanda, entonces, no cumple el se\u00f1alado requerimiento. <\/p>\n
4. El inciso 2\u00ba del art\u00edculo 607 de la normativa citada, previene que \u00ab[c]uando la sentencia o cualquier documento que se aporte no est\u00e9 en castellano, se presentar\u00e1 con la copia del original su traducci\u00f3n en legal forma\u00bb, y de dicha traducci\u00f3n se requiere que sea realizada por \u00abel Ministerio de Relaciones Exteriores, por un int\u00e9rprete oficial o por traductor designado por el juez\u00bb. <\/p>\n
Es pertinente recordar que cuanto en asuntos judiciales se imponga la aportaci\u00f3n de documentos en idioma extranjero, es forzoso adjuntar su traducci\u00f3n, pero \u00e9sta debe ser realizada por \u00abun int\u00e9rprete oficial, entendi\u00e9ndose por este, no cualquier profesional entrenado o capacitado en la lengua for\u00e1nea, sino aqu\u00e9l que, en Colombia, est\u00e9 licenciado por el Ministerio de Justicia o haya aprobado los ex\u00e1menes previstos por una universidad con facultad de idiomas autorizada por el ICFES (\u2026)\u00bb (CSJ AC2442-2021, 18 jun., rad. 2021-01595-00, reiterado en CSJ AC4864-2021, 13 oct., rad. 2021-03691-00), todo para que, de acuerdo con lo previsto en el art\u00edculo 251 del C\u00f3digo General del Proceso, tales documentos puedan apreciarse como prueba. <\/p>\n
Adicionalmente, es necesario puntualizar que la evidencia de la licencia para ejercer como traductor oficial en Colombia, en este caso, es la copia de la Resoluci\u00f3n expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, tal y como en otras oportunidades lo ha recabado esta Corte: <\/p>\n
\u00abY es que, sobre los m\u00faltiples int\u00e9rpretes que han intervenido: i) no se alleg\u00f3 el certificado de idoneidad 507 de 2018 expedido por la Universidad Nacional de Colombia, que acredita como traductor oficial a Santiago Quiroz Pardo, ii) no se alleg\u00f3 la resoluci\u00f3n 3275 de 1994 del Ministerio de Justicia donde se acredita como interprete oficial a Jos\u00e9 Martha Mar\u00eda Hubertina Alleleijn, y iii) no se da cuenta que Mariselle R.E. Berm\u00fadez y Elvira Villegas Selma hayan sido reconocidas como traductora oficial o que cumpla los requisitos de capacitaci\u00f3n se\u00f1alados en las normas patrias para fungir en tal calidad\u00bb (CSJ AC4445-2021, 27 sep., rad. 2021-02716-00). <\/p>\n
Lo que significa, que no basta aducir la condici\u00f3n de traductor oficial, sino que es perentorio que al trabajo por ellos realizado se adjunte la documentaci\u00f3n id\u00f3nea que la demuestre, carga que tampoco se satisfizo. <\/p>\n
5. A lo anotado se suma, que en el pliego de apertura no se adjunt\u00f3 evidencia sobre la reciprocidad diplom\u00e1tica o legislativa, siendo deber de las partes y sus apoderados la obtenci\u00f3n de \u00abdocumentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petici\u00f3n hubiere podido conseguir\u00bb (n\u00fam. 10 art. 78 C.G.P.), record\u00e1ndose, adem\u00e1s, que seg\u00fan el inciso segundo del art\u00edculo 173 ibidem, al juez le est\u00e1 vedado ordenar la pr\u00e1ctica de las pruebas que pudieron haberse obtenido por el interesado mediante el derecho de petici\u00f3n. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que \u00abla reciprocidad es un presupuesto neur\u00e1lgico del exequ\u00e1tur, su demostraci\u00f3n constituye carga del interesado1, por lo que el fundamento f\u00e1ctico y jur\u00eddico de la demanda debe contener alusi\u00f3n sobre el particular, en la cual se sustente la existencia de correspondencia jur\u00eddica de orden diplom\u00e1tico o la subsidiaria de car\u00e1cter legislativo. Trat\u00e1ndose de la reciprocidad legislativa, se deber\u00e1 allegar la prueba id\u00f3nea de la ley extranjera en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 177 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb (CSJ AC2822-2021, 14 jul, rad. 2021-02087-00, reiterada en CSJ AC4445-2021, 27 sep., rad. 2021-02716-00). <\/p>\n
6. Por las razones esbozadas, se impone el rechazo de la demanda, tal como lo ordena el art\u00edculo 607 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
III. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia. Sala de Casaci\u00f3n Civil, RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO. Rechazar la demanda de exequatur de la referencia. <\/p>\n
SEGUNDO. No hay lugar a devoluci\u00f3n de anexos por haber sido allegados en medio digital. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
1\u0002 CSJ. SC 15495 de 11 de noviembre de 2015. <\/p>\n
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