AC462-2023 (2016-00830-01)<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
AC462-2023 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-015-2016-00830-01 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). <\/p>\n
Se resuelve la petici\u00f3n formulada por Rousmary Gonz\u00e1lez Pacheco, tendiente a que \u00absea retirada de internet\u00bb la informaci\u00f3n relativa a ella, su hija y sus bienes, consignada en la providencia dictada en el radicado de la referencia. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Mediante el auto CSJ AC749-2020, esta Sala declar\u00f3 inadmisible la demanda presentada para sustentar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n interpuesto por la peticionaria contra la sentencia que dirimi\u00f3 la segunda instancia en el proceso adelantado en su contra, donde se pidi\u00f3 declarar la existencia de una uni\u00f3n marital de hecho, en virtud de la cual se conform\u00f3 sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes, la cual se encontraba disuelta y en estado de liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La recurrente en casaci\u00f3n considera que en ese prove\u00eddo \u00abno solo esta (sic) siendo expuesta informaci\u00f3n (sic) que pertenece a mi intimidad sino que esta (sic) informaci\u00f3n (sic) publica (sic) de mis bienes, lo cual muestra que no esta (sic) siendo protegidos (sic) mi derecho a la proteccion (sic) de mi informacion (sic)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Reza el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica que \u00ab[l]a administraci\u00f3n de justicia es funci\u00f3n p\u00fablica. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones ser\u00e1n p\u00fablicas y permanentes con las excepciones que establezca la Ley\u00bb. <\/p>\n
En desarrollo de esa directriz, el canon 64 de la Ley 270 de 1996, establece que \u00ab[p]or razones de pedagog\u00eda jur\u00eddica, los funcionarios de la rama judicial podr\u00e1n informar sobre el contenido y alcance de las decisiones judiciales. Trat\u00e1ndose de Corporaciones judiciales, las decisiones ser\u00e1n divulgadas por conducto de sus presidentes. Las decisiones en firme podr\u00e1n ser consultadas en las oficinas abiertas al p\u00fablico que existan en cada corporaci\u00f3n para tal efecto o en las secretar\u00edas de los dem\u00e1s despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducci\u00f3n exacta por cualquier medio t\u00e9cnico adecuado, las cuales deber\u00e1n expedirse, a costa del interesado\u00bb. <\/p>\n
2. En virtud de lo anterior, la Carta Magna consagr\u00f3 que \u00ab[t]odas las personas tienen derecho a acceder a los documentos p\u00fablicos salvo los casos que establezca la ley\u00bb (art. 74), garant\u00eda en desarrollo de la cual el legislador estableci\u00f3 que \u00ab[t]oda informaci\u00f3n en posesi\u00f3n, bajo control o custodia de un sujeto obligado es p\u00fablica y no podr\u00e1 ser reservada o limitada sino por disposici\u00f3n constitucional o legal, de conformidad con la presente ley\u00bb (art. 2\u00ba, Ley 1712 de 2014), y su ejercicio \u00abgenera la obligaci\u00f3n correlativa de divulgar proactivamente la informaci\u00f3n p\u00fablica y responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva la obligaci\u00f3n de capturar la informaci\u00f3n p\u00fablica\u00bb, para lo cual \u00ablos sujetos obligados deber\u00e1n implementar procedimientos archiv\u00edsticos que garanticen la disponibilidad en el tiempo de documentos electr\u00f3nicos aut\u00e9nticos\u00bb (art. 4). <\/p>\n
De acuerdo con el literal a del quinto precepto de la normativa en comento, entre los \u00absujetos obligados\u00bb se encuentra \u00ab[t]oda entidad p\u00fablica, incluyendo las pertenecientes a todas las Ramas del poder p\u00fablico, en todos los niveles de la estructura estatal, central o descentralizada por servicios o territorialmente, en los \u00f3rdenes nacional, departamental, municipal y distrital\u00bb. <\/p>\n
2. Ahora bien, tal facultad de \u00abacceder a la informaci\u00f3n\u00bb, no es ilimitada, los ordinales c y d de la regla 6, ejusdem, establecen que existe \u00abinformaci\u00f3n p\u00fablica clasificada\u00bb e \u00abinformaci\u00f3n p\u00fablica reservada\u00bb, la primera, correspondiente a aquella \u00abque estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al \u00e1mbito propio, particular y privado o semiprivado de una persona natural o jur\u00eddica por lo que su acceso podr\u00e1 ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias leg\u00edtimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el art\u00edculo 18 de esta ley\u00bb; la segunda, hace alusi\u00f3n a \u00abinformaci\u00f3n que estando en poder o custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la ciudadan\u00eda por da\u00f1o a intereses p\u00fablicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los requisitos consagrados en el art\u00edculo 19 de esta ley\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, la citada disposici\u00f3n 18, modificada por el Decreto 2199 de 2015 (art. 1\u00ba), permite rechazar o negar el acceso a informaci\u00f3n que pueda causar da\u00f1o a los derechos \u00aba la intimidad, bajo las limitaciones propias que impone la condici\u00f3n de servidor p\u00fablico\u00bb, \u00aba la vida, la salud o la seguridad\u00bb, y a \u00ab[l]os secretos comerciales, industriales y profesionales\u00bb, dejando claro que tales excepciones i) no aplican cuando el titular consienta en la revelaci\u00f3n de sus datos o cuando es claro que la informaci\u00f3n fue entregada como parte de aquella que debe estar bajo el r\u00e9gimen de publicidad aplicable; y ii) son de duraci\u00f3n ilimitada, expresi\u00f3n exequible, seg\u00fan lo juzg\u00f3 la Corte Constitucional, siempre que se entienda que est\u00e1n sujetas al t\u00e9rmino de protecci\u00f3n legal de los secretos profesionales, comerciales o industriales (C 274-2013). <\/p>\n
Para la interpretaci\u00f3n de tales pautas, conviene tener en mente lo regulado en el art\u00edculo 5\u00ba de la Ley 1581 de 2012, aplicable \u00aba los datos personales registrados en cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza p\u00fablica o privada\u00bb (art. 2), donde se decant\u00f3 que son \u00abdatos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminaci\u00f3n, tales como aquellos que revelen el origen racial o \u00e9tnico, la orientaci\u00f3n pol\u00edtica, las convicciones religiosas o filos\u00f3ficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido pol\u00edtico o que garanticen los derechos y garant\u00edas de partidos pol\u00edticos de oposici\u00f3n as\u00ed como los datos relativos a la salud, a la vida sexual y los datos biom\u00e9tricos\u00bb. <\/p>\n
Acto seguido, prohibi\u00f3 el uso de ese tipo de datos, con excepci\u00f3n, entre otros, de aquellos que \u00absean necesarios para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho en un proceso judicial\u00bb (literal d, art. 6, idem). <\/p>\n
No menos importante en ese compendio legislativo es el canon 7\u00ba, a cuyo tenor, \u201cEn el tratamiento se asegurar\u00e1 el respeto a los derechos prevalentes de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes. Queda proscrito el tratamiento de datos personales de ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, salvo aquellos datos que sean de naturaleza p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
3. Con fundamento en este marco legal, el m\u00e1ximo Tribunal de la justicia constitucional admiti\u00f3 que \u00abaun cuando se entiende que las sentencias son p\u00fablicas, y as\u00ed deben seguir si\u00e9ndolo, la informaci\u00f3n personal contenida en ellas est\u00e1 sometida a los principios de la administraci\u00f3n de datos, por lo que eventualmente pueden incluir datos sensibles o semiprivados, en cuya circulaci\u00f3n y acceso deben cumplirse los principios de finalidad, necesidad y circulaci\u00f3n restringida, que rigen el derecho al habeas data. Esta \u00faltima circunstancia habilita la supresi\u00f3n relativa de informaci\u00f3n, con miras a proteger la intimidad, el derecho al trabajo o la reinserci\u00f3n de las personas en la sociedad, a trav\u00e9s de medidas que garanticen la imposibilidad de proceder a su identificaci\u00f3n, en concreto en las versiones que se publiquen en la web de una providencia\u00bb (CC, T020-2014, 27 en., rad. T-4.033.635). <\/p>\n
Sin embargo, en eventos donde la respectiva providencia ya se encuentra publicada y el titular de la informaci\u00f3n desea que se protejan sus datos personales, ha sostenido la Alta Colegiatura que es su deber acudir en un t\u00e9rmino razonablemente cercano a aquella y argumentar de qu\u00e9 manera la divulgaci\u00f3n quebranta sus garant\u00edas. En palabras de ese \u00f3rgano: <\/p>\n
Si bien el peticionario se encuentra legitimado para solicitar la reserva de su nombre en tanto aparece divulgado en el referido Auto, lo cierto es que la solicitud fue radicada por fuera de un t\u00e9rmino prudencial, al haber sido presentada el 30 de septiembre de 2022, dos a\u00f1os y dos meses despu\u00e9s de la publicaci\u00f3n de la providencia judicial. Adem\u00e1s, como esta Corporaci\u00f3n explic\u00f3 recientemente en otros autos con los que tampoco accedi\u00f3 a este tipo de peticiones, quien presente una solicitud de reserva de nombres debe cumplir una carga argumentativa m\u00ednima, que evidencie la afectaci\u00f3n de sus derechos fundamentales y justifique la necesidad de exceptuar la regla general de la publicaci\u00f3n \u00edntegra de las providencias de la Corte Constitucional (CC, A1738-2022, 16 nov., rad. T-7.806.320). <\/p>\n
4. En el sub examine Rousmary Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n acude cerca de tres a\u00f1os despu\u00e9s del pronunciamiento AC749-2020, a pedir que \u00absea retirada de internet lo antes posible\u00bb, su informaci\u00f3n contenida en esa determinaci\u00f3n, \u00abdebido a los perjuicios que [le] esta (sic) causando\u00bb, empero, no explic\u00f3 en qu\u00e9 consiste esa afectaci\u00f3n y de qu\u00e9 manera le ha generado da\u00f1os y cu\u00e1les menoscabos en particular le ha ocasionado la publicaci\u00f3n de la providencia, pues se limit\u00f3 a afirmar que los hechos del proceso, el nombre de su hija, la relaci\u00f3n de los bienes sociales y los datos de la causa adelantada ante el Juzgado Quince de Familia de Bogot\u00e1, pertenecen a su intimidad, olvidando que fueron el sustrato f\u00e1ctico para adoptar las decisiones que, en su momento, el demandante y ella reclamaron de la judicatura. <\/p>\n
Y es que, en el caso de marras no resulta aplicable el Acuerdo 034 de 2020 por medio del cual esta Corporaci\u00f3n acogi\u00f3 medidas tendientes a \u00abla protecci\u00f3n de los datos de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes\u00bb, a trav\u00e9s de la sustituci\u00f3n de la identidad de las partes del litigio por nombres ficticios, por cuanto, para la fecha del prove\u00eddo en comento (4 mar. 2020), la descendiente de la memorialista contaba con 19 a\u00f1os de edad, luego, no hac\u00eda parte de la se\u00f1alada poblaci\u00f3n y por tanto, carece de la condici\u00f3n de sujeto de \u00abespecial protecci\u00f3n\u00bb que amerite el tratamiento privilegiado de sus datos. <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, se despachar\u00e1 adversamente el pedimento de la libelista. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la suscrita Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la solicitud presentada por Rousmary Gonz\u00e1lez Pach\u00f3n, atendidas las consideraciones expuestas en la parte motiva de este auto. <\/p>\n
Notif\u00edquese, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada <\/p>\n
<\/p>\n
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AC462-2023 (2016-00830-01) HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente AC462-2023 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-31-10-015-2016-00830-01 Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00b0) de marzo de dos mil veintitr\u00e9s (2023). Se resuelve la petici\u00f3n formulada por Rousmary Gonz\u00e1lez Pacheco, tendiente a que \u00absea retirada de internet\u00bb la informaci\u00f3n relativa a ella, su hija […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[60],"tags":[],"class_list":["post-71206","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-marzo-2023"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71206","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=71206"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/71206\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=71206"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=71206"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=71206"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}